Marissa de los Angeles Vázquez Burgos
Expediente 1556/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1556/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Marissa de los Angeles Vázquez Burgos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
ANTECEDENTES PRIMERO. Solicitud de la Suspensión. En la correspondiente demanda de amparo,******************** o ********************; solicitó la suspensión definitiva contra los actos que reclama de la Juez Tercero Civil y actuaria adscrita a la Central de Actuaría de loa Juzgado Civiles, Mercantiles y Familiares, ambas del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Apertura del cuaderno incidental. Por acuerdo dictado el quince de noviembre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos mediante proveído de esa propia fecha, se ordenó notificar a las partes, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual se hace consistir esencialmente en: El falta de emplazamiento al juicio ordinario civil 285/2022, del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. SEGUNDO. Existencia de actos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues no obstante que al rendir su informe previo la Juez Tercero Civil del Poder Judicial del Estado de Yucatán (17807) y actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambas con sede en esta ciudad (17715), negaron dichos actos; sin embargo, hacen manifestaciones adicionales de las que se evidencia su certeza. Cobra aplicación, por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." TERCERO. Pronunciamiento respecto a la medida suspensoria solicitada. Ahora bien, en principio debe establecerse la naturaleza del acto reclamado, el cual en la especie se trata de un acto consumado con efectos positivos, respecto del cual es procedente analizar la procedencia de la medida cautelar solicitada únicamente respecto de sus efectos y consecuencias. Atendiendo a lo anterior, respecto de los efectos y consecuencias del citado acto reclamado, con fundamento en los artículos 128 interpretado a contrario sensu, y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén; por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado precepto de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. En ese tenor, para resolver sobre la suspensión debe examinarse, en primer lugar, si la parte quejosa la solicitó y si acredita cuando menos, su interés suspensional, ya que tal interés se encuentra vinculado con la afectación que los actos reclamados pudieran ocasionar en la esfera de la parte quejosa. De ahí que, si tales actos reclamados no afectan el interés o no causan un perjuicio o agravio a la parte quejosa, es innecesario el análisis de tal medida suspensional, pues es menester abordar en primer lugar, si dichos actos pueden causar o no un perjuicio al impetrante del amparo, esto es, si el solicitante de la medida cautelar cuenta con un interés tutelado que le pueda ser afectado con la ejecución o continuación de la ejecución de tales actos reclamados. En el caso, atendiendo a las manifestaciones realizadas por la Juez responsable en su informe previo, en las que reconoció que ante el juzgado a su cargo se sigue el juicio ordinario civil 285/2022, en contra de la aquí quejosa, en el cual se dictó sentencia el veinte de abril del año en curso, en la que entre otras cuestiones, se le condenó a otorgar a favor del actor, la escritura definitiva de propiedad del predio marcado con el número seiscientos cincuenta y uno, de la calle cincuenta y uno "B", del Fraccionamiento del Parque, de esta ciudad, lo que llevó a cabo la juez del conocimiento el veintiséis de junio último, en rebeldía de la demandada, aquí quejosa; asimismo, se le condenó a entregar desocupado el referido inmueble a la parte actora, con el auxilio de la fuerza pública; con ello se acredita indiciariamente el interés suspensional de la aquí quejosa al ser la parte demandada en el juicio de origen y existir una orden de desalojo en su contra. Tiene aplicación al caso la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, ubicada en la página 380, del Tomo XV-2, Febrero de 1995, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, Registro: 208502, que reza: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA SUSPENSIÓN. DEBE TENERSE POR ACREDITADO CUANDO SE DESPRENDE DEL INFORME PREVIO. Si del informe previo rendido por la autoridad ordenadora se advierte que el quejoso es parte demandada en el juicio del que provienen los actos reclamados, esto es suficiente para acreditar su interés jurídico en la obtención de la medida cautelar solicitada." De tal forma, que en el caso concreto, el primero de los requisitos previstos en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo queda colmado, ya que la medida suspensional fue solicitada expresamente por la parte quejosa y se encuentra acreditado indiciariamente su interés suspensional. También se satisface el segundo de los requisitos citados, ya que, con la concesión de la suspensión para los efectos indicados, no se advierte que se siga una afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público en términos de la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 138, pues no se está en alguno de los supuestos precisados en el artículo 129 de la ley de la materia. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción X, constitucional, así como en los diversos 128, 129, 130 y 151, de la Ley de Amparo, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada, respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado, únicamente para el efecto de que la parte quejosa no sea desalojada, ni desposeída del bien inmueble en cuestión. Lo anterior, hasta en tanto se resuelva por sentencia ejecutoria el juicio principal del que derivan estos autos; sin que esto implique la suspensión del procedimiento de origen por ser de orden público. FIJACIÓN DE GARANTÍA Dicha medida cautelar surte sus efectos desde luego, como lo dispone el numeral 136, primer párrafo, de la referida Ley de Amparo, pero toda vez que la suspensión otorgada podría ocasionar daños y perjuicios a terceros, la misma dejará de surtirlos si la parte quejosa no constituye depósito dentro del término de cinco días siguientes a aquél en que quede legalmente notificada de este proveído, la cantidad discrecional de $30,000.00 (treinta mil pesos, moneda nacional), para garantizar posibles daños y perjuicios a terceros, que con la medida cautelar concedida podrían causarse si la parte quejosa no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo respectivo; decisión que encuentra fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo, al no existir mayores datos al momento, en cuanto a la cuantía del bien o a la que asciende el juicio de donde deriva el acto reclamado. Garantía que deberá depositar en efectivo a disposición de este Juzgado de Distrito, en la sucursal del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, de esta ciudad, o en cualquiera de las formas establecidas en la ley que rija el acto reclamado. En el supuesto de que exhiba la garantía mediante certificado de depósito, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, deberá ser a disposición de este Juzgado y contener la leyenda siguiente: "otorgo autorización al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia para que solicite y reciba de la institución crediticia la información pertinente". Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince. Si se exhibe póliza de fianza, deberá ser a disposición de este Juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 45 de la Ley de Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado, conforme al precepto 126 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y la compañía respectiva deberá comprometerse a sujetarse al trámite previsto en los numerales 279 a 282 del último ordenamiento para, en su caso, hacerla efectiva. Lo anterior, de conformidad con la tesis de jurisprudencia 2a./J.15/2006, perteneciente a la Novena Época, Instancia Segunda Sala; Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, visible a página 419, Materia Común, con número de registro 175421, con el rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR NO DEBE DETERMINAR LA NATURALEZA DE LA GARANTÍA QUE EL QUEJOSO HABRÁ DE EXHIBIR PARA QUE AQUÉLLA SURTA EFECTOS, SALVO LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. De lo previsto por los artículos 125, 126, 127, 128, 173 y 174 de la citada Ley, se advierte que el Juez de Distrito o la autoridad que conoce del juicio de garantías o de la suspensión no están facultados para determinar la naturaleza de la garantía o caución que debe presentar el quejoso para que surta efectos la suspensión del acto reclamado, porque basta determinen su monto para que se exhiba en cualquiera de las formas establecidas por la ley, salvo lo que establece el artículo 135 del mismo ordenamiento legal, respecto del cobro de contribuciones." En la inteligencia de que este órgano jurisdiccional no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses, rendimientos o contraprestaciones por la suma depositada, pues no genera intereses la garantía exhibida para que surta sus efectos la suspensión, como así deberá asentarse en el billete de referencia. Asimismo, dicho billete o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos: Nombre de la parte quejosa (depositante). Número de expediente dentro del que se gestiona la garantía. Juzgado ante el que se otorga la garantía. Concepto para el cual se exhibe la garantía. Importe por el cual se expidió el certificado o póliza para otorgar la garantía, y Fecha de expedición del certificado o póliza de garantía. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se CONCEDE la suspensión definitiva a******************** o ********************, en contra de los actos reclamados a la Juez Tercero Civil del Poder Judicial del Estado de Yucatán y actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambas con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta interlocutoria. Notifíquese y regístrese.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos los informes previos rendidos por la Juez Tercero Civil y Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, relaciónense en la audiencia incidental relativa. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Como está ordenado en el cuaderno principal, con copia autorizada de los autos de prevención, auto de admisión, copia simple de los escritos aclaratorios y de la demanda de amparo promovida por***, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Juez Tercero Civil y actuario adscrito a la Central de Actuaría de loa Juzgado Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, como facultad exclusiva del juzgador federal, es lo siguiente: ACTO RECLAMADO La falta de emplazamiento al juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se forma por separado y en cuaderno único este incidente de suspensión. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA SUSPENSIÓN SOLICITADA. Ahora bien, en cuanto a la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, atendiendo a la naturaleza del acto, debe estimarse que son consumados con efectos positivos, por lo que sólo respecto de estos últimos, sí es procedente hacer pronunciamiento sobre la concesión o no de la suspensión; sin embargo, en primer lugar, deben satisfacerse los requisitos de procedencia que se prevén en el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es: Que la solicite el quejoso, donde queda inmerso el concepto de demostración de la titularidad del derecho en controversia, para lo cual basta que se pruebe de manera indiciaria ese derecho en atención a que la suspensión provisional de los actos reclamados se equipara a una medida cautelar, cuya finalidad es preservar las cosas en el estado que se encuentran al momento de concederse. De tal manera que no basta con solicitar la concesión de la medida sino también de demostrar el interés suspensional. En la especie, si bien es verdad, que por cuanto al primer requisito se pudiera estimar que se encuentra cubierto, al haber solicitado la suspensión la parte quejosa, lo cierto es, que dentro de dicho requisito se encuentra inmerso el correspondiente a que se acredite el interés suspensional. Lo que en el particular, no lo demostró la parte quejosa, al no estar colmada la titularidad del derecho que defiende, por lo que DEBE NEGARSE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA, toda vez que no acreditó ni aun en forma presuntiva que la directa quejosa sea propietaria de bien alguno. Ello, toda vez que la parte quejosa no exhibió prueba eficaz alguna que acredite, aunque sea de manera presuntiva o indiciaria, el interés que tiene para que se suspendan los actos reclamados. Pues aún y cuando el suscrito juzgador federal, atendiendo a las manifestaciones hechas bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos; sin embargo, debe constatar si la parte promovente demuestra, aunque sea indiciariamente que tales actos efectivamente le agravian. Lo que en la especie no sucede, precisamente porque no acreditó su dicho con alguna prueba idónea, pues únicamente se limitó a manifestar la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Sin que de dicha aseveración se advierta que la quejosa con la falta de emplazamiento al juicio de origen, se hubiese trabado embargo sobre bien alguno de su propiedad. Lo cual, por sí solo, sin otros datos con los que puedan adminicularse dichas aseveraciones, carecen de valor probatorio, al no demostrarse que con motivo de la falta de emplazamiento que dice, no se realizó, se le esté causando algún perjuicio como propietaria o poseedora de algún bien. Por tanto, al no acreditar la parte quejosa su interés indiciario que haga procedente la medida solicitada, en términos de la fracción I, del artículo 128 de la Ley de Amparo, resulta improcedente conceder la suspensión provisional solicitada. Es aplicable al caso, por identidad jurídica, la tesis del rubro y tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. EL QUEJOSO DEBE ACREDITAR SER TITULAR DE UN DERECHO OBJETIVO TUTELADO POR LA LEY PARA PODER OBTENER LA. Es de explorado derecho que para obtener el otorgamiento de la medida cautelar definitiva, se requiere que los quejosos demuestren que son titulares de un derecho (propiedad, posesión, concesión, etc.); por tanto, si los recurrentes al formular la demanda de garantías que dio origen al incidente, se ostentaron como propietarios de algunos inmuebles, así como poseedores calificados de los terrenos que se dijeron afectados a través de la resolución agraria reclamada, manifestando que exhibían diversas documentales en vía de prueba, sin que de las constancias que integran el original del cuaderno incidental se advierta la existencia de éstas, de ahí que al no haber demostrado los quejosos la titularidad de un derecho objetivo tutelado por la ley, es lógico determinar que no acreditaron el interés jurídico que les asiste para obtener la suspensión definitiva del acto que reclaman". (Novena Época, Instancia: Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: I, Mayo de 1995, Tesis: XX.2 A, Página: 07). FIJACIÓN DE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. INFORME PREVIO De conformidad con la fracción III, del artículo 138 de la citada ley de la materia, pídase informe previo a las autoridades responsables, el que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este acuerdo. Apercibida que de no hacerlo dentro del término fijado, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción I, de la ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, equivalente a $******************** (diez mil, trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional). Mandamiento que deberán cumplir las autoridades responsables: a) De ser CIERTO el acto.- A través de la vía ordinaria, entregando su informe ante la oficina de correspondencia respectiva, adjuntando, en su caso, las constancias con las que apoyen el sentido de su informe. b) Únicamente de ser NEGATIVO el acto.- Podrá enviarse vía electrónica a través del correo institucional de este órgano jurisdiccional 2jdo14cto@correo.cjf.gob.mx o bien, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (con su firma electrónica FIREL); y, c) En caso de existir convenio celebrado con el Consejo de la Judicatura Federal, podrán remitirlo vía interconexión. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************. Mientras que a ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y a ********************, con las limitaciones establecidas en el referido numeral, por así haberlo manifestado expresamente la parte quejosa en su ocurso de cuenta. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. JUSTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTOS SIN NECESIDAD DE GIRAR OFICIO Por otra parte, se hace del conocimiento que no habrá necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental, la fecha y hora acordada nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm Lo anterior, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que los actuarios judiciales adscritos a este órgano realicen las notificaciones personales que se ordenen en este incidente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este incidente. EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS En atención a la solicitud de la parte quejosa, relativa a que se le expida copia certificada del presente proveído, hágase de su conocimiento, así como a las demás partes, que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente incidente, en el entendido de que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Plano del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. DISPOSICIÓN RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.
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