Marisol Yolanda Michaud Hurtado
Expediente 949/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 949/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 13/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Marisol Yolanda Michaud Hurtado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
Visto el auto que se dictó en esta fecha en el cuaderno principal del que deriva el incidente en que se actúa, mediante el cual causó ejecutoria la sentencia que negó el amparo a la parte quejosa y decretó el sobreseimiento; y, toda vez que no existe actuación pendiente de resolver, archívense los presentes autos incidentales como asunto concluido y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, la medida suspensional provisional y definitiva se negó a la parte quejosa, por consiguiente, en cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su destrucción, sin requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billete de depósito al no obrar estos en autos, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.
- Principal
Vista, la certificación que antecede y el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que resolvió el presente juicio de amparo, en la que por un lado se sobreseyó y por otro, se negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en la materia, se declara que ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Con apoyo en el precepto legal 214 de la propia ley, archívese el presente asunto como concluido; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tómese nota que el presente asunto es susceptible de depuración, de conformidad con lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena que una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, se proceda a su depuración, previo a generar por duplicado de los documentos a que se refiere el artículo 22 del citado acuerdo. Provéase lo que en derecho corresponda en el incidente de suspensión respectivo, dada la naturaleza de la determinación asentada en líneas que anteceden.
- Principal
Aviso. Se notifica por medio de lista a la quejosa la sentencia de veintitrés de junio del año en curso, en virtud de haber dejado aviso para que compareciera al local del juzgado a darse por notificada de tal determinación, sin que lo haya hecho, en términos de lo previsto por el inciso c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo.
- Principal
R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, Marisol Yolanda Michaud Hurtado, solicitó el amparo contra las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables: a) Jueces de control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, con sede en el Edificio de Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento en Neza Bordo, Armando Osorio González y José Ramón Medina Miranda, lo que intervinieron en la carpeta administrativa 372/2020 por el delito de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia por el imputado José Ramón Hinojosa Pérez, en contra de la suscrita víctima del delito y hoy quejosa Marisol Yolanda Michaud Hurtado. b) Notificador adscrito al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, con sede en el Edificio de Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento en Neza Bordo, Fernando Pineda Trujillo quien intervino en la carpeta administrativa 372/2020 por el delito de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia por el imputado José Ramón Hinojosa Pérez, en contra de la suscrita víctima del delito y hoy quejosa Marisol Yolanda Michaud Hurtado. c) Agentes del Ministerio Público del Área de Litigación de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado de México, con sede en las oficinas ubicadas a espaldas de los Juzgados de Control y Juicios Orales de Nezahualcóyotl, Estado de México, Flor Nallely Orduña Rodríguez, Edgar Acosta García y Agni Enrique Ayala Domínguez, quienes han participado en la etapa de investigación complementaria, en la etapa intermedia y la de juicio, respectivamente, de la carpeta de investigación identificada con NIC: FRO/VCO/00/MPI/628/00270/20/03 y NUC: ECA/FRO/VCO/027/070390/20/03 por el delito de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia por el imputado José Ramón Hinojosa Pérez, en contra de la suscrita víctima del delito y aquí quejosa Marisol Yolanda Michaud Hurtado. d) Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, con sede en el Edificio de Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento en Neza Bordo, Gerardo Castro Mota, que ha intervenido en la causa penal 200/2020, por el delito de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia por el acusado José Ramón Hinojosa Pérez, en contra de la suscrita víctima del delito y ahora quejosa Marisol Yolanda Michaud Hurtado. e) Notificadora adscrita al Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, con sede en el Edificio de Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento en Neza Bordo, que ha intervenido en la causa penal 200/2020, por el delito de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia por el acusado José Ramón Hinojosa Pérez, en contra de la suscrita víctima del delito y ahora quejosa Marisol Yolanda Michaud Hurtado. Actos reclamados: 1. A la responsable Jueces de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl Estado de México. a) La omisión de garantizar mi derecho humano de acceso a la justicia y de intervención de forma eficaz en el proceso para hacer valer mis derechos sustantivos a la reparación del daño, pues omitieron verificar que se hayan realizado las notificaciones en términos de ley del inicio del proceso a la hoy quejosa Marisol Yolanda Michaud Hurtado con lo que se afectó todas y cada una de las actuaciones, diligencias y audiencias celebradas en la carpeta administrativa 372/2020 por el delito de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia por el imputado José Ramón Hinojosa Pérez, en contra de la suscrita quejosa y víctima del delito Marisol Yolanda Michaud Hurtado, con ello afectando mis derechos humanos de acceso a la justicia y a la seguridad jurídica privándome del derecho de comparecer en las etapas preliminares hacer mis derechos sustantivos a exigir la reparación del daño de forma integral. b) Le emisión del auto de cierre de investigación complementaria del que bajo protesta desconozco su fecha, pues éste fue dictado dentro de una audiencia viciada en donde no fue llamada legalmente para comparecer para hacer valer mis derechos sustantivos en calidad de víctima violando así mi derecho humano de acceso a la jurisdicción efectiva. c) La emisión del auto de apertura a juicio de fecha 21 de agosto del año 2020, pues este fue emitido dentro de una audiencia viciada en donde no fui llamada legalmente para comparecer para hacer valer mis derechos sustantivos en calidad de víctima violando así mi derecho humano de acceso a la jurisdicción efectiva. 2. A la responsable notificador adscrito al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México. La legalidad de todas y cada una de las supuestas notificaciones que se hayan realizado a la suscrita, toda vez que yo nunca fui notificada de audiencia, acuerdo, o resolución alguna y con ello, se han violado mis derechos humanos al acceso a la justicia, a la igualdad procesal de partes, al debido proceso y mis derechos como víctima. 3. A la responsable C. Agentes del Ministerio Público del área de litigación de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado de México, sede Neza Bordo. La omisión de llamarme por los conductos autorizados por la ley para intervenir de forma eficaz en el proceso dentro de la etapa de investigación complementaria de la carpeta de investigación -identificada con NIC: FRO/VCO/00/MPI/628/00270/20/03 y NUC: ECA/FRO/VCO/027/070390/20/03 por el delito de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia- la omisión de llamarme para la audiencia de cierre de investigación, así como la omisión de llamarme para intervenir en la etapa intermedia, para hacer valer mi derecho humano a la reparación del daño de forma integral dentro del debido proceso, derivado de esa omisión, jamás dentro del proceso fui informada de mis derechos, ni representada debidamente, ni estuve en aptitud de solicitar actos de investigación idóneos y pertinentes a mi favor dentro de la carpeta de investigación y para oponerme legalmente a la celebración de acuerdos probatorios tendientes a beneficiar la teoría del caso del acusado. 4. A la responsable C. Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México. En la causa penal 200/2020 con los mismos datos, le reclamo el inicio de la continuación de la audiencia de juicio, pues éste está motivado en un auto de apertura a juicio viciado en donde se violentó mi derecho humano de acceso eficaz a la justicia pues jamás fui llamada a hacer valer mis derechos constitucionales derivados del artículo 20 apartado C de los Derechos la víctima u ofendidos en las etapas preliminares a su emisión; asimismo, en verificar que se hayan realizado las notificaciones en términos de ley. 5. A la responsable Notificador adscrito al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México. La legalidad de todas y cada una de las supuestas notificaciones que se hayan realizado a la suscrita, toda vez que yo nunca fui notificada de audiencia, acuerdo, o resolución alguna y con ello, se han violado mis derechos humanos al acceso a la justicia, a la igualdad procesal de las partes, al debido proceso y mis derechos como víctima. Razón por la cual la hoy suscrita y quejosa solicita que ante todas las violaciones del proceso existentes en mi contra se ordene la reposición del mismo desde su etapa de investigación complementaria.". Para lo cual, narró antecedentes, formuló motivos de disenso, y señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión de la demanda de amparo. El diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se admitió la demanda a trámite, registrándose con el número al rubro indicado; se solicitaron los informes justificados; se dio intervención al Fiscal Federal adscrito, se señaló día y hora para la audiencia constitucional; la cual tuvo verificativo el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, de conformidad con el acta que antecede; por lo que, al no existir cuestión pendiente de acordar, se procede a emitir sentencia, al tenor de los siguientes: C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Federal, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en términos del Acuerdo General 3/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en razón de que los actos reclamados fueron emitidos por autoridades judiciales que tienen su residencia dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Oportunidad de la demanda de amparo. Del capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa manifestó haber tenido conocimiento de los actos reclamados el dieciséis de octubre de dos mil veinte, y la demanda de amparo fue presentada el veintiocho del mismo mes y año, por lo que es evidente que la demanda se promovió dentro del plazo de quince días, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Tercero. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, éste órgano federal estima pertinente precisar los actos que se reclaman en esta instancia constitucional a partir del análisis integral del escrito de demanda, por lo que se tiene que los actos reclamados consistes en: La omisión de los agentes del Ministerio Público de llamarla a juicio para intervenir en la etapa de investigación complementaria en la carpeta de investigación -identificada con NIC: FRO/VCO/00/MPI/628/00270/20/03 y NUC: ECA/FRO/VCO/027/070390/20/03, por el delito de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia- ya que nunca fue informada de sus derechos ni representada debidamente, pues no estuvo en aptitud de solicitar actos de investigación idóneos y pertinentes y para oponerse a la celebración de acuerdos probatorios tendentes a beneficiar la teoría del caso del acusado. La omisión de las autoridades judiciales de notificar en términos de ley a la quejosa Marisol Yolanda Michaud Hurtado, el inicio del proceso, así como todas y cada una de las audiencias celebradas en la causa penal 200/2020. Le emisión del auto de cierre de investigación complementaria y del auto de apertura a juicio de veintiuno de agosto de dos mil veinte, sin haber sido llamada a juicio para hacer valer sus derechos en calidad de víctima. El inicio y continuación de la audiencia de juicio, ya que estuvo viciada al no ser llamada a juicio para hacer valer sus derechos constitucionales derivados del artículo 20, apartado C, de los derechos de las víctimas. Cuarto. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados las autoridades responsables señaladas como agentes del Ministerio Público del Área de Litigación de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado de México, indicaron que no era cierto el acto a ellos reclamado, consistente en ". La omisión de llamarme por los conductos autorizados por la ley para intervenir de forma eficaz en el proceso dentro de la etapa de investigación complementaria de la carpeta de investigación -identificada con NIC: FRO/VCO/00/MPI/628/00270/20/03 y NUC: ECA/FRO/VCO/027/070390/20/03 por el delito de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia- la omisión de llamarme para la audiencia de cierre de investigación, así como la omisión de llamarme para intervenir en la etapa intermedia, para hacer valer mi derecho humano a la reparación del daño de forma integral dentro del debido proceso, derivado de esa omisión, jamás dentro del proceso fui informada de mis derechos, ni representada debidamente, ni estuve en aptitud de solicitar actos de investigación idóneos y pertinentes a mi favor dentro de la carpeta de investigación y para oponerme legalmente a la celebración de acuerdos probatorios tendientes a beneficiar la teoría del caso del acusado..". Negativas que no fueron desvirtuadas por la parte quejosa, ya que no ofreció prueba alguna para tal efecto, ni objetó los informes rendidos por las responsables; por tanto, es de establecerse que éstos surten sus efectos plenos; en virtud de ellos, la parte quejosa estaba obligada en todo caso a desvirtuar su contenido, lo cual no aconteció. En efecto, es de resaltar, que las autoridades responsables se constituyen como parte dentro del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo. Los informes justificados que son rendidos por las autoridades responsables revisten el carácter de documentales públicas, como lo disponen los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo anterior se afirma dado que, se trata de documentos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a funcionarios públicos revestidos de fe pública. Consideraciones que se arriba a la convicción, de que al no objetar la parte quejosa los informes correspondientes, entonces, se produce el efecto de que como documento público, surtan sus efectos legales. Motivo por el cual, la carga de la prueba de la existencia de los actos reclamados, estuvo a cargo de la quejosa; es decir, estaba obligada a aportar elementos de convicción para desvirtuarlos y de esa forma poder acreditar la existencia de los actos que les reclama a las responsables. Así, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de las autoridades señaladas, por el acto que aquí se relaciona. Quinto. Son ciertos los demás actos reclamados a las diversas autoridades jurisdiccionales señaladas como responsables por la quejosa, ya que si bien, los niega, refieren circunstancias que atañen al estudio de fondo de las omisiones reclamadas, por lo que deben tenerse por ciertas para efectos de este estudio. Sexto. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, deben examinarse las causales de improcedencia, por ser de orden preferente y conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, toda vez que no fue hecha valer ninguna causal ni de oficio se advierte que se actualice alguna, es pertinente continuar con el examen de la controversia planteada. Séptimo. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto que nos ocupa, se procede a relatar los antecedentes del acto reclamado más relevantes como sigue: 1. El veintidós de marzo de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia inicial para la formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, en la que se decretó la detención judicial del imputado José Ramón Hinojosa Pérez, por su probable intervención en el hecho delictuoso de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia, en agravio de la quejosa Marisol Yolanda Michaud Hurtado. 2. El veinticinco de marzo de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia de prórroga de plazo constitucional, por lo que a las dieciséis horas con cuatro minutos de esa misma fecha, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de José Ramón Hinojosa Pérez, por el hecho delictuoso de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia en agravio de la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado, ilícito previsto y sancionado por los artículos 287, 289, fracción I, 290, fracciones I, inciso b) y V), en relación con los numerales 6, 7 y 8, fracción I y III y 11, fracción I, inciso d) del Código Penal para el Estado de México. 3. Así también, en dicha audiencia el Juez de Control de Nezahualcóyotl, ordenó girar oficio a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, Subdirección Regional de la Defensora Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito Zona Oriente, a efecto de que designara asesor jurídico a la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado. 4. Resolución de plazo constitucional (auto de vinculación a proceso) que fue notificada a la víctima por instructivo el veintisiete de marzo de dos mil veinte, en el domicilio ubicado en calle Valle de Hoz de Arreba 5, extensión 212, Valle de Aragón, Primera Sección, Nezahualcóyotl, Estado de México. Lo anterior, en virtud que el actuario adscrito a ese Juzgado, se presentó el veintiséis de marzo de dos mil veinte en el citado inmueble, del cual se cercioró de ser la calle y colonia correctas, por así indicarlo las diversas placas que se ubican sobre las mismas, así como por dicho de los vecinos, quien procedió a tocar la puerta sin que nadie atendiera su llamado, por lo que procedió a dejar citatorio para el día hábil siguiente, tal como se advierte de la siguiente imagen. En cumplimiento al referido citatorio, el actuario se presentó en el domicilio de la víctima, a las nueve horas del veintisiete de marzo de dos mil veinte, por lo que procedió a tocar la puerta de acceso, sin que nadie acudiera a su llamado, por lo que procedió a fijar cédula en lugar visible, tal como se advierte de la siguiente imagen: 5. Mediante proveído de veintidós de junio de dos mil veinte, el Juez de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, tuvo por presentado el escrito de la agente del Ministerio Público, en el que formuló acusación en contra de José Ramón Hinojosa Pérez, por el hecho delictuoso de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia, en agravio de la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado; así también, informó que la audiencia intermedia de treinta y uno de julio de dos mil veinte, fue reprogramada para las diez horas del diecisiete de agosto de dos mil veinte. Determinaciones que fueron notificadas a la víctima el dos de agosto de dos mil veinte, como se desprende de la siguiente imagen. 6. Mediante oficio presentado ante el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, el veintinueve de junio de dos mil veinte, la Subdirectora Regional Subsede Nezahualcóyotl de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito en el Estado de México, designó a la licenciada Ana María Cerqueda Segundo, como asesora jurídica de la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado, como se advierte de la siguiente imagen. 7. Audiencia de continuación de intermedia de diecisiete de agosto de dos mil veinte, la cual fue reprogramada para las once horas del veintiuno de agosto de dos mil veinte; determinación que fue notificada a la víctima por instructivo el dieciocho de agosto de dos mil veinte, como se advierte de la siguiente imagen. 8. Audiencia de veintiuno de agosto de dos mil veinte, en la cual la fiscal expuso acusación, enunció medios de prueba y subsanó vicios formales y la asesora jurídica no se opuso a la acusación presentada por la fiscal, por lo que se dictó auto de apertura a juicio oral respecto al imputado José Ramón Hinojosa Pérez por su probable intervención en el hecho delictuoso de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido en agravio de la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado, por lo que ordenó su remisión al Juez del Tribunal de Enjuiciamiento. 9. El veintiséis de agosto de dos mil veinte, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, dictó auto de radicación a juicio oral, a efecto de dar inicio a la causa penal 200/2020, por lo que se señalaron las catorce horas del veinte de octubre de dos mil veinte para lleva a cabo la audiencia de juicio; determinación que fue notificada a la víctima por instructivo el uno de septiembre de dos mil veinte. 10. El veinte de octubre de dos mil veinte, se suspendió la audiencia de juicio, en virtud de haber sido la primera intervención de la defensa privada, por lo que de nueva cuenta se señalaron las catorce horas del tres de noviembre de dos mil veinte para su verificativo; el tres de noviembre de dos mil veinte, de igual forma se suspendió la audiencia de juicio, a petición del asesor jurídico, al informar que existía un amparo promovido por la víctima, por lo que se señalaron las catorce horas del diecisiete de noviembre de dos mil veinte para la continuación de dicha audiencia, la cual también fue suspendida señalándose de nueva cuenta las catorce horas del uno de diciembre del mismo año. Octavo. Estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. No se transcriben los conceptos de violación planteados por la quejosa, pues para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo su transcripción resulta innecesaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". No obstante lo anterior, este Juzgado de Distrito con el propósito de lograr una mayor claridad y entendimiento del asunto, se sintetizan los conceptos de violación que expone la quejosa para quedar en esencia, en los siguientes: 1. La quejosa se vio gravemente afectada en sus derechos fundamentales, en virtud que dentro de la carpeta administrativa 372/2020 seguida ante el Juzgado de Control de Nezahualcóyotl, por el hecho delictuoso de robo de vehículo en contra del imputado José Ramón Hinojosa Pérez, en agravio de la víctima (quejosa) Marisol Yolanda Michaud Hurtado, así como en la causa penal 200/2020, seguida ante el Tribunal de Enjuiciamiento del mismo Distrito Judicial, no se siguieron las formalidades del procedimiento, toda vez que nunca fue llamada a juicio para hacer valer sus derechos al principio de contradicción de forma amplia y eficaz para lograr el pago de la reparación material y moral. 2. Como víctima del delito no tuvo las mismas oportunidades que el imputado, ya que no se le garantizó igualdad en el pleno ejercicio de sus derechos, ya que en ningún momento se veló por su derecho a contar con un asesor jurídico que le hiciera conocer sus derechos como víctima e hiciera valer los mismos, para poder ofrecer medios de prueba en una acusación coadyuvante y se le diera atención psicológica, así como para que velara por la reparación del daño en forma integral. 3. El Ministerio Público no cumplió con sus obligaciones, ya que no recabó información suficiente para ser aportada como medios de prueba, en virtud que no se le requirió personalmente para que exhibiera documentos y facturas para acreditar el daño a su patrimonio. 4. No acudió a la audiencia inicial y a la audiencia intermedia, toda vez que nunca fue citada; y a la audiencia de debate se enteró porque recibió un mensaje a través de la aplicación whatsapp. Son infundados los conceptos de violación, por las consideraciones siguientes: Respecto al primer concepto de violación consistente en que la quejosa se vio gravemente afectada en sus derechos fundamentales, en virtud que dentro de la carpeta administrativa 372/2020 seguida ante el Juzgado de Control de Nezahualcóyotl, por el hecho delictuoso de robo de vehículo en contra del imputado José Ramón Hinojosa Pérez, en agravio de la víctima (quejosa) Marisol Yolanda Michaud Hurtado, así como en la causa penal 200/2020, seguida ante el Tribunal de Enjuiciamiento del mismo Distrito Judicial, no se siguieron las formalidades del procedimiento, toda vez que nunca fue llamada a juicio para hacer valer sus derechos al principio de contradicción de forma amplia y eficaz para lograr el pago de la reparación material y moral, es infundado. Lo anterior es así, pues previamente cabe destacar que la notificación es el acto jurídico mediante el cual, se le hace del conocimiento a las partes, la determinación que sea tomada por el órgano jurisdiccional e indispensable para que las partes al tener conocimiento de las mismas estén en condiciones de atender los requerimientos que éstas contengan. Ahora bien, contrario a lo que aduce la quejosa Marisol Yolanda Michaud Hurtado, de las constancias remitidas en formato DVD por el Juez de Control de Nezahualcóyotl, Estado de México, se advierte que la impetrante sí fue notificada de las determinaciones dictadas en la carpeta administrativa 372/2020 seguida ante el Juzgado de Control de Nezahualcóyotl, Estado de México, tal como quedó especificado con las imágenes de las notificaciones realizadas a la quejosa en el considerando cuarto de la presente resolución. Esto es, de las pruebas documentales que acompañó la quejosa a su escrito de demanda y de las que ofreció en el presente juicio, se advierte que al momento de su entrevista ante el fiscal que conoció de la investigación inicial, al proporcionar sus datos generales señaló como domicilio el ubicado en calle Valle de Hoz de Arreba, número 212, interior 5, colonia Valle de Aragón, Primera Sección, Nezahualcóyotl, Estado de México. Domicilio en el cual fueron realizadas las notificadas de las diversas actuaciones y audiencias celebradas en la carpeta administrativa 372/2020, habida cuenta que el auto de vinculación a proceso dictado en contra de José Ramón Hinojosa Pérez, por el hecho delictuoso de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia en agravio de la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado, le fue notificada por instructivo el veintisiete de marzo de dos mil veinte, en el domicilio ubicado en calle Valle de Hoz de Arreba 5, extensión 212, Valle de Aragón, Primera Sección, Nezahualcóyotl, Estado de México, ello, toda vez que el veintiséis de marzo de dos mil veinte, al presentarse el actuario adscrito al Juzgado de Control de Nezahualcóyotl, en el referido inmueble, del cual se cercioró de estar en la calle y colonia correctas, por así indicarlo las diversas placas que se ubican sobre las mismas, así como por dicho de los vecinos, tocó la puerta sin que nadie atendiera su llamado, por lo que procedió a dejar citatorio para las nueve horas del día hábil siguiente, y al no haber atendido nadie el citatorio procedió a fijar cédula en lugar visible. Así también, el dos de agosto de dos mil veinte, la víctima fue notificada por instructivo del proveído de veintidós de junio de dos mil veinte, en el que el Juez de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, tuvo por presentado el escrito de la agente del Ministerio Público, en el que formuló acusación en contra de José Ramón Hinojosa Pérez, por el hecho delictuoso de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia en agravio de la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado, así como de la audiencia intermedia señalada para el diecisiete de agosto del mismo año (punto 5 de los antecedentes narrados en el considerando cuarto). De igual forma, el dieciocho de agosto de dos mil veinte, la víctima fue notificada por instructivo de la reprogramación de la continuación de la audiencia intermedia, la cual fue señalada para las once horas del veintiuno de agosto de dos mil veinte. Del mismo modo, el uno de septiembre de dos mil veinte, la víctima fue notificada por instructivo del proveído de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictado por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, en el que se le hizo de su conocimiento que se señalaron las catorce horas del veinte de octubre de dos mil veinte para lleva a cabo la audiencia de juicio. Al respecto, es pertinente señalar que el artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: "Artículo 82. Formas de notificación [.] I. Personalmente podrán ser: [.] d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: 1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; 2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atiende el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y 3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique; [.]." Del citado precepto legal, se advierte la forma en que debe realizarse una notificación dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en específico aquéllas que deban practicarse de manera personal en el domicilio señalado para tal efecto; para lo cual: ? El funcionario encargado de practicarla, primeramente debe cerciorarse de que se trata de la dirección señalada para ello. ? En caso de no encontrarse la persona buscada, pero que sea atendido por una diversa, a ésta le podrá dejar un citatorio para que lo espere al día siguiente en una hora previamente establecida para tal efecto. ? Llegada la fecha establecida, si la persona a la que se encuentra dirigida la notificación correspondiente no espera al notificador, éste podrá realizar la notificación con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, y en caso de negarse a recibirla o se encuentra cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio. Requisitos que, contrario a lo establecido por la quejosa, se encuentran satisfechos. Se afirma lo anterior, toda vez que el veintiséis de marzo de dos mil veinte, se advierte que el notificador judicial Felix Velázquez Paulino adscrito al Juzgado de Control de Nezahalcóyotl, a efecto de realizar la notificación del auto de vinculación dictado al imputado José Ramón Hinojosa Pérez, se presentó en el domicilio proporcionado por la víctima en su entrevista en la etapa de investigación inicial (calle Valle de Hoz de Arreba, número 212, interior 5, colonia Valle de Aragón, Primera Sección, Nezahualcóyotl, Estado de México), se cercioró que se trataba del lugar indicado, por así indicarlo las diversas placas que se ubican sobre las mismas, así como por dicho de los vecinos, por lo que procedió a tocar la puerta principal de acceso al mismo, por un lapso de cinco minutos sin obtener ninguna respuesta favorable. Al tratarse del domicilio proporcionado y autorizado para recibir las notificaciones de la víctima, a las once horas del mismo día (veintiséis de marzo de dos mil veinte), el notificador procedió a dejar citatorio de espera fijado en la puerta del domicilio, en el que se señaló que al día siguiente (veintisiete de marzo de dos mil veinte), la requerida debía esperar al notificador a las nueve horas, para que se practicara la diligencia de notificación de forma personal. A las nueve horas del veintisiete de marzo de dos mil veinte, nuevamente se presentó el notificador en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones de la víctima; tocó la puerta de acceso sin que ninguna persona acudiera a su llamado, motivo por el cual procedió a dejar fijada en la puerta de acceso al domicilio el acta de notificación, mediante la cual se hacía del conocimiento el auto de vinculación a proceso dictado al imputado José Ramón Hinojosa Pérez, por su probable intervención en el hecho delictuoso de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia en agravio de la quejosa Marisol Yolanda Michaud Hurtado. Lo mismo aconteció, respecto a la notificación del proveído de veintidós de junio de dos mil veinte, en el que se hizo del conocimiento de la víctima la acusación que formuló el agente del Ministerio Público en contra de José Ramón Hinojosa Pérez, por el hecho delictuoso de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia en agravio de la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado; así como de los diversos diferimientos de la audiencia intermedia y la citación para la audiencia de juicio, realizadas por instructivo el dieciocho de agosto y uno de septiembre de dos mil veinte, tal como quedó especificado con la imágenes en los antecedentes señalados en el considerando cuarto de la presente resolución. Lo que pone de manifiesto, que los notificadores cumplieron con las formalidades que establece el artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Nacional de Procedimientos, al practicar las notificaciones personales a la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado; esto es: ? Se cercioraron que se trata del domicilio señalado para esos efectos. ? Al no encontrarse la interesada en el domicilio, dejaron citatorios pegados en la puerta de acceso (en virtud de que nadie acudió a los llamados), en los que señalaron que la víctima debía esperarlos al día siguiente para atender dicho citatorio. ? Al no atender los citatorios la víctima y no acudir nadie a los llamados que hicieron los notificadores al tocar la puerta en diversas ocasiones, procedieron a dejar fijadas en la puerta de acceso al domicilio las actas de notificación, mediante los cuales se hacía del conocimiento los diversos auto. En ese contexto, se estima que las notificaciones realizadas a la víctima, respecto al inicio del proceso y diversas etapas procesales, fueron realizadas conforme a derecho y contrario a lo que sostiene la quejosa, de las constancias remitidas se advierte que sí fue llamada a juicio para hacer valer sus derechos, siguiendo las formalidades del procedimiento. Es aplicable al respecto la tesis I.6o.P.124 P (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2404, libro 59, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octubre de 2018, décima época, materia penal, bajo el rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. LAS PRACTICADAS EN EL DOMICILIO QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL ESTABLEZCA PARA TAL EFECTO, DEBEN REALIZARSE SIN EXIGIR MAYORES REQUISITOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN I, INCISO D), DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El precepto mencionado establece las formalidades a seguir cuando se practica una notificación en el domicilio señalado por el órgano jurisdiccional para tal efecto; de ahí que si el notificador se cercioró de que se trata de la dirección señalada; que al no encontrarse el interesado en el domicilio, dejó citatorio pegado en la puerta de acceso (en virtud de que nadie acudió al llamado), en el que señaló que la persona buscada debía esperarlo al día siguiente a la hora indicada; que al no atender el citatorio la persona buscada y no acudir nadie al llamado que hizo al tocar la puerta en diversas ocasiones, procedió a realizarla por instructivo que dejó fijado en la puerta de acceso al domicilio, ello evidencia que se hizo legalmente. Por tanto, si el Juez de Distrito que conoció del amparo, al analizar la legalidad de la notificación, exige que el notificador debe señalar la ubicación exacta del domicilio, su descripción, así como que el instructivo debe contener el apercibimiento decretado en el auto a notificar, entre otros, se estima que exigió mayores requisitos a los establecidos en el artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Nacional de Procedimientos Penales". Ahora bien, la circunstancia de que la víctima aquí quejosa, se haya apersonado en el proceso de origen hasta la etapa de juicio, de ninguna manera puede considerarse que se haya vulnerado su derecho a una adecuada defensa o que se le haya dejado en estado de indefensión, habida cuenta que sí fue notificada del inicio del proceso, así como de las diversas etapas procesales, por lo que siempre estuvo en condiciones de hacer válidos los recursos y actos que a sus intereses conviniera, más aún siempre ha estado representada por un asesor jurídico quien ha velado por sus intereses; de ahí lo infundado del primer concepto de violación esgrimido por la quejosa. Así también, es infundado el segundo concepto de violación consistente en que la víctima del delito no tuvo las mismas oportunidades que el imputado, ya que no se le garantizó igualdad en el pleno ejercicio de sus derechos, ya que en ningún momento se veló por su derecho a contar con un asesor jurídico que le hiciera conocer sus derechos como víctima e hiciera valer los mismos, para poder ofrecer medios de prueba en una acusación coadyuvante y se le diera atención psicológica, así como para que velara por la reparación del daño en forma integral. Al respecto, es pertinente señalar que el artículo 14 de la Ley General de Víctimas, establece lo siguiente: "Artículo 14. Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser reconocidas como sujetos procesales en el mismo, en los términos de la Constitución y de los Tratados Internacionales de derechos humanos, pero si no se apersonaran en el mismo, serán representadas por un Asesor Jurídico o en su caso por el Ministerio Público, y serán notificadas personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos interpuestos ya sean ordinarios o extraordinarios, así como de las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física o modificaciones a la sentencia". Bajo ese contexto, contrario a lo señalado por la quejosa, de las constancias remitidas por el Juez de Control de Nezahualcóyotl, Estado de México, se advierte que desde la continuación de la audiencia inicial, ordenó girar oficio a la Subdirectora Regional Subsede Nezahualcóyotl de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito en el Estado de México, a efecto de que designara un asesor jurídico que representara a la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado. Lo que efectivamente aconteció, en virtud que la Subdirectora Regional Subsede Nezahualcóyotl de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito en el Estado de México, designó a la licenciada Ana María Cerqueda Segundo, como asesora jurídica de la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado, y representara a ésta en todo el proceso. Asesora jurídica que estuvo presente en todas y cada una de las audiencias celebradas en el proceso; no obstante lo anterior, en la audiencia intermedia celebrada el veintiuno de agosto de dos mil veinte, el agente del Ministerio Público solicitó: ".se le conmine al acusado a la reparación del daño material en favor de la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado, por la cantidad de $215,899 (doscientos quince mil ochocientos noventa y nueve pesos), lo que se acreditará con su propio ateste en la etapa de juicio y por lo que hace a la reparación del daño moral esta fiscalía solicita se dejen a salvo los derechos de la víctima para que los haga valer incluso en la etapa de ejecución." (primer video a partir del minuto 00:09:50) Así también, en la audiencia intermedia fue admitido como medio de prueba por parte del Fiscal la testimonial de la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado, así como la factura del vehículo Seat, tipo Ibiza, modelo 2016, color azul, número de serie VSSBB26J7GR038201, con número de motor CWV143640 y placas de circulación MWR3310 del Estado de México, de la que se advierte que la propietaria de dicho automotor es Marisol Yolanda Michaud Hurtado, cuyo valor asciende a la cantidad de $215,899.56 (doscientos quince mil ochocientos noventa y nueve pesos 56/100 moneda nacional) (segundo video a partir del minuto 00:11:20). Medios de prueba a las que también se adhirió la asesora jurídica de la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado. De ahí que, no le asiste razón a la quejosa en el sentido de que el Juez de Control incurrió en violación de derechos fundamentales de la víctima directa, toda vez que la determinación de la autoridad responsable de ninguna manera transgredió el derecho de la víctima de contar con un asesor jurídico que interviniera en el proceso haciendo valer lo que considere oportuno a los intereses de la víctima a quien representa, sino por el contrario, tal derecho se ha garantizado por la responsable, como se advierte de los videos que en formato DVD remitió el Juez de Control con su informe justificado, donde se desprende que la asesora jurídica de la aquí quejosa, estuvo en todas y cada una de las audiencias respectivas de la etapa intermedia, otorgándosele el uso de la voz en distintas ocasiones para que manifestara lo que considerara pertinente, por lo que de ninguna manera se lesiona el derecho de la víctima a contar con un asesor jurídico, ni se ha impedido o restringido que intervenga en representación de los intereses de aquélla, tantas veces sea necesario, por lo que al tenerlo con ese carácter y darle intervención en el proceso, patentiza que no existe desequilibrio procesal en perjuicio de la víctima directa, garantizando con ello el principio de equilibrio procesal entre las partes, toda vez que la víctima en todo momento ha sido representada por su asesor jurídico quien en coadyuvancia con el agente del Ministerio Público, incorporaron diversos medios de prueba para ser desahogados en la audiencia de juicio, así también, en la acusación respectiva solicitaron se condenara al imputado a la reparación del daño material y moral, incluso, solicitaron que se dejara a salvo el derecho de la víctima para hacerlo valer en la etapa de ejecución; de ahí que en ningún momento se transgredió su derecho fundamental a estar asistida en el proceso por un asesor jurídico. Es aplicable al respecto la tesis I.10o.P.38 P (10a.), sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2235, libro 80, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, noviembre de 2020, décima época, materia Constitucional-Penal, bajo el rubro y texto siguiente: "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. AL TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE PARTE ACTIVA EN TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES, DEBEN GARANTIZARSE SUS DERECHOS DE DEFENSA ADECUADA, DEBIDO PROCESO Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, MEDIANTE LA DESIGNACIÓN DE UN ASESOR JURÍDICO CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER SUS GARANTÍAS PROCESALES Y EVITAR QUE SUS DERECHOS HUMANOS SE VEAN LESIONADOS. El carácter de parte otorgado a la víctima u ofendido del delito en el proceso penal acusatorio y oral está reconocido constitucional y jurisprudencialmente. Así, en congruencia con los artículos 14, 17 y 20, apartado C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para que pueda tener un verdadero acceso a la justicia y ejercer eficazmente sus derechos humanos, entre otras cosas, debe recibir asesoría jurídica adecuada; lo que no debe entenderse de manera aislada, es decir, en el sentido estricto de que existe un derecho genérico a favor de la víctima u ofendido del delito a contar con asesoría jurídica. Por el contrario, en su interpretación debe partirse de una lectura sistemática con el apartado C del artículo 20 constitucional, y funcional con el principio de igualdad, subyacente en el artículo 1o. de la Norma Suprema; ello, en virtud de que los alcances de ese derecho -asesoría jurídica- son un reflejo de la defensa técnica adecuada que asiste a los imputados y, por ende, tienen los mismos alcances. De ahí que para garantizar sus derechos de defensa adecuada, debido proceso y tutela judicial efectiva, así como atendiendo a los principios de igualdad procesal y contradicción, la víctima u ofendido no sólo debe contar con un asesor jurídico con conocimientos técnicos en derecho, suficientes para actuar diligentemente durante las diversas etapas del procedimiento penal, sino además, ese asesor debe tener conocimiento en el sistema penal acusatorio y estar debidamente impuesto de la carpeta de investigación, es decir, conocer los hechos que motivan su intervención, con el fin de proteger sus garantías procesales y evitar que sus derechos humanos se vean lesionados; forma en que se garantiza el equilibrio procesal entre las partes, ya que si existe deficiente actuación de la asesoría jurídica, se trastoca el derecho humano de tutela judicial efectiva que le asiste como víctima u ofendido del delito, pues la igualdad de circunstancias en el proceso es una condición de equilibrio que el juzgador debe asegurar por los medios legales a su alcance, a efecto de que se cumplan las condiciones que posibiliten su ejercicio y que el triunfo de uno no se deba a la deficiencia del otro. Así también, es infundado el tercer concepto de violación, consistente en que el Ministerio Público no cumplió con sus obligaciones, ya que no recabó información suficiente para ser aportada como medios de prueba, en virtud que no se le requirió personalmente para que exhibiera documentos y facturas para acreditar el daño a su patrimonio. Lo anterior es así, pues contrario a lo esgrimido por la quejosa, en la audiencia intermedia celebrada el veintiuno de agosto de dos mil veinte, el Ministerio Público ofreció diversos medios de prueba, los cuales fueron admitidos para ser desahogados en la audiencia de juicio, entre ellos, el testimonio de la víctima aquí quejosa y la factura del vehículo del cual fue desposeída que la acredita como propietaria del mismo, así como diversas periciales, así también, solicitó la reparación del daño material en favor de la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado, por la cantidad de $215,899 (doscientos quince mil ochocientos noventa y nueve pesos), y por lo que hace a la reparación del daño moral solicitó se dejen a salvo los derechos de la víctima para que los haga valer incluso en la etapa de ejecución. De ahí que nunca estuvo en estado de indefensión, sino por el contrario siempre estuvo representada por su asesora jurídica quien coadyuvó con el Fiscal incorporando diversos medios de prueba para ser desahogados en la audiencia de juicio. De igual forma, es infundado el último concepto de violación, consistente en que no acudió a la audiencia inicial y a la audiencia intermedia, toda vez que nunca fue citada; y a la audiencia de debate se enteró porque recibió un mensaje a través de la aplicación whatsapp. Lo anterior es así, en virtud que contrario a lo que señala la quejosa, de las constancias remitidas por el Juez de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, fue debidamente notificada del inicio del proceso, así como de las diversas etapas procesales, habida cuenta que como quedó especificado en párrafos precedentes, el veintisiete de marzo de dos mil veinte, fue notificada por instructivo de la resolución dictada el veinticinco del mismo mes y año, en el que se dictó auto de vinculación a procesado al imputado José Ramón Hinojosa Pérez, por su probable intervención en el hecho delictuoso que la ley señala como delito de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia en agravio de la quejosa Marisol Yolanda Michaud Hurtado. Así también, fue notificada del proveído de veintidós de junio de dos mil veinte, en el que se hizo del conocimiento de la víctima la acusación que formuló el agente del Ministerio Público en contra de José Ramón Hinojosa Pérez, por el hecho delictuoso de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia en agravio de la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado; así como de los diversos diferimientos de la audiencia intermedia y la citación para la audiencia de juicio, realizadas por instructivo el dieciocho de agosto y uno de septiembre de dos mil veinte, tal como quedó especificado con la imágenes de los antecedentes señalados en el considerando cuarto de la presente resolución. De ahí lo infundado del concepto de violación, en virtud que fue ajustado a derecho el actuar de las autoridades judiciales, toda vez que contrario a lo que aduce la quejosa, sí se le realizaron las notificaciones respecto al inicio del proceso y diversas etapas procesales (audiencia intermedia y de juicio), por lo que en ningún momento se le dejó en estado de indefensión en la causa penal de origen, dando cumplimiento a las formalidades del procedimiento. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es negar a la quejosa Marisol Yolanda Michaud Hurtado el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio, promovido por Marisol Yolanda Michaud Hurtado, por propio derecho, contra los actos y autoridades precisados en el considerando cuarto. Segundo. La justicia de la unión no ampara ni protege a Marisol Yolanda Michaud Hurtado, contra los actos especificados en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando último de esta resolución. Notifíquese; personalmente a la quejosa y al tercero interesado; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma electrónicamente Óscar García Vega, Juez Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, el día de hoy veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en que las labores de este órgano jurisdiccional lo permitieron, quien actúa ante Dulce María Trujano Hernández secretaria que da fe. En la misma fecha se giraron los oficios 17841, 17842, 17843, 17844 y 17845, al tenor de la minuta que se agrega. Conste. A LAS NUEVE HORAS DEL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, NOTIFICO A LAS PARTES (CON EXCEPCIÓN DE LAS QUE SE HAYAN ORDENADO DE MANERA PERSONAL, POR OFICIO O DE FORMA ELECTRÓNICA) LA DETERMINACIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA QUE FIJO EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. DOY FE. EL ACTUARIO JUDICIAL. LETICIA VALERIO VÁZQUEZ. A LAS NUEVE A LAS PARTES (CON EXCEPCIÓN DE LAS QUE SE HAYAN ORDENADO DE MANERA SOR OFE FORMA ELECTRÓNICA) LA DETERMINACIÓN QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LISTA QUE FIJO EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III, Y 29 R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, Marisol Yolanda Michaud Hurtado, solicitó el amparo contra las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables: a) Jueces de control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, con sede en el Edificio de Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento en Neza Bordo, Armando Osorio González y José Ramón Medina Miranda, lo que intervinieron en la carpeta administrativa 372/2020 por el delito de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia por el imputado José Ramón Hinojosa Pérez, en contra de la suscrita víctima del delito y hoy quejosa Marisol Yolanda Michaud Hurtado. b) Notificador adscrito al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, con sede en el Edificio de Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento en Neza Bordo, Fernando Pineda Trujillo quien intervino en la carpeta administrativa 372/2020 por el delito de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia por el imputado José Ramón Hinojosa Pérez, en contra de la suscrita víctima del delito y hoy quejosa Marisol Yolanda Michaud Hurtado. c) Agentes del Ministerio Público del Área de Litigación de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado de México, con sede en las oficinas ubicadas a espaldas de los Juzgados de Control y Juicios Orales de Nezahualcóyotl, Estado de México, Flor Nallely Orduña Rodríguez, Edgar Acosta García y Agni Enrique Ayala Domínguez, quienes han participado en la etapa de investigación complementaria, en la etapa intermedia y la de juicio, respectivamente, de la carpeta de investigación identificada con NIC: FRO/VCO/00/MPI/628/00270/20/03 y NUC: ECA/FRO/VCO/027/070390/20/03 por el delito de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia por el imputado José Ramón Hinojosa Pérez, en contra de la suscrita víctima del delito y aquí quejosa Marisol Yolanda Michaud Hurtado. d) Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, con sede en el Edificio de Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento en Neza Bordo, Gerardo Castro Mota, que ha intervenido en la causa penal 200/2020, por el delito de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia por el acusado José Ramón Hinojosa Pérez, en contra de la suscrita víctima del delito y ahora quejosa Marisol Yolanda Michaud Hurtado. e) Notificadora adscrita al Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, con sede en el Edificio de Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento en Neza Bordo, que ha intervenido en la causa penal 200/2020, por el delito de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia por el acusado José Ramón Hinojosa Pérez, en contra de la suscrita víctima del delito y ahora quejosa Marisol Yolanda Michaud Hurtado. Actos reclamados: 1. A la responsable Jueces de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl Estado de México. a) La omisión de garantizar mi derecho humano de acceso a la justicia y de intervención de forma eficaz en el proceso para hacer valer mis derechos sustantivos a la reparación del daño, pues omitieron verificar que se hayan realizado las notificaciones en términos de ley del inicio del proceso a la hoy quejosa Marisol Yolanda Michaud Hurtado con lo que se afectó todas y cada una de las actuaciones, diligencias y audiencias celebradas en la carpeta administrativa 372/2020 por el delito de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia por el imputado José Ramón Hinojosa Pérez, en contra de la suscrita quejosa y víctima del delito Marisol Yolanda Michaud Hurtado, con ello afectando mis derechos humanos de acceso a la justicia y a la seguridad jurídica privándome del derecho de comparecer en las etapas preliminares hacer mis derechos sustantivos a exigir la reparación del daño de forma integral. b) Le emisión del auto de cierre de investigación complementaria del que bajo protesta desconozco su fecha, pues éste fue dictado dentro de una audiencia viciada en donde no fue llamada legalmente para comparecer para hacer valer mis derechos sustantivos en calidad de víctima violando así mi derecho humano de acceso a la jurisdicción efectiva. c) La emisión del auto de apertura a juicio de fecha 21 de agosto del año 2020, pues este fue emitido dentro de una audiencia viciada en donde no fui llamada legalmente para comparecer para hacer valer mis derechos sustantivos en calidad de víctima violando así mi derecho humano de acceso a la jurisdicción efectiva. 2. A la responsable notificador adscrito al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México. La legalidad de todas y cada una de las supuestas notificaciones que se hayan realizado a la suscrita, toda vez que yo nunca fui notificada de audiencia, acuerdo, o resolución alguna y con ello, se han violado mis derechos humanos al acceso a la justicia, a la igualdad procesal de partes, al debido proceso y mis derechos como víctima. 3. A la responsable C. Agentes del Ministerio Público del área de litigación de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado de México, sede Neza Bordo. La omisión de llamarme por los conductos autorizados por la ley para intervenir de forma eficaz en el proceso dentro de la etapa de investigación complementaria de la carpeta de investigación -identificada con NIC: FRO/VCO/00/MPI/628/00270/20/03 y NUC: ECA/FRO/VCO/027/070390/20/03 por el delito de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia- la omisión de llamarme para la audiencia de cierre de investigación, así como la omisión de llamarme para intervenir en la etapa intermedia, para hacer valer mi derecho humano a la reparación del daño de forma integral dentro del debido proceso, derivado de esa omisión, jamás dentro del proceso fui informada de mis derechos, ni representada debidamente, ni estuve en aptitud de solicitar actos de investigación idóneos y pertinentes a mi favor dentro de la carpeta de investigación y para oponerme legalmente a la celebración de acuerdos probatorios tendientes a beneficiar la teoría del caso del acusado. 4. A la responsable C. Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México. En la causa penal 200/2020 con los mismos datos, le reclamo el inicio de la continuación de la audiencia de juicio, pues éste está motivado en un auto de apertura a juicio viciado en donde se violentó mi derecho humano de acceso eficaz a la justicia pues jamás fui llamada a hacer valer mis derechos constitucionales derivados del artículo 20 apartado C de los Derechos la víctima u ofendidos en las etapas preliminares a su emisión; asimismo, en verificar que se hayan realizado las notificaciones en términos de ley. 5. A la responsable Notificador adscrito al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México. La legalidad de todas y cada una de las supuestas notificaciones que se hayan realizado a la suscrita, toda vez que yo nunca fui notificada de audiencia, acuerdo, o resolución alguna y con ello, se han violado mis derechos humanos al acceso a la justicia, a la igualdad procesal de las partes, al debido proceso y mis derechos como víctima. Razón por la cual la hoy suscrita y quejosa solicita que ante todas las violaciones del proceso existentes en mi contra se ordene la reposición del mismo desde su etapa de investigación complementaria.". Para lo cual, narró antecedentes, formuló motivos de disenso, y señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión de la demanda de amparo. El diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se admitió la demanda a trámite, registrándose con el número al rubro indicado; se solicitaron los informes justificados; se dio intervención al Fiscal Federal adscrito, se señaló día y hora para la audiencia constitucional; la cual tuvo verificativo el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, de conformidad con el acta que antecede; por lo que, al no existir cuestión pendiente de acordar, se procede a emitir sentencia, al tenor de los siguientes: C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Federal, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en términos del Acuerdo General 3/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en razón de que los actos reclamados fueron emitidos por autoridades judiciales que tienen su residencia dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Oportunidad de la demanda de amparo. Del capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa manifestó haber tenido conocimiento de los actos reclamados el dieciséis de octubre de dos mil veinte, y la demanda de amparo fue presentada el veintiocho del mismo mes y año, por lo que es evidente que la demanda se promovió dentro del plazo de quince días, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Tercero. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, éste órgano federal estima pertinente precisar los actos que se reclaman en esta instancia constitucional a partir del análisis integral del escrito de demanda, por lo que se tiene que los actos reclamados consistes en: La omisión de los agentes del Ministerio Público de llamarla a juicio para intervenir en la etapa de investigación complementaria en la carpeta de investigación -identificada con NIC: FRO/VCO/00/MPI/628/00270/20/03 y NUC: ECA/FRO/VCO/027/070390/20/03, por el delito de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia- ya que nunca fue informada de sus derechos ni representada debidamente, pues no estuvo en aptitud de solicitar actos de investigación idóneos y pertinentes y para oponerse a la celebración de acuerdos probatorios tendentes a beneficiar la teoría del caso del acusado. La omisión de las autoridades judiciales de notificar en términos de ley a la quejosa Marisol Yolanda Michaud Hurtado, el inicio del proceso, así como todas y cada una de las audiencias celebradas en la causa penal 200/2020. Le emisión del auto de cierre de investigación complementaria y del auto de apertura a juicio de veintiuno de agosto de dos mil veinte, sin haber sido llamada a juicio para hacer valer sus derechos en calidad de víctima. El inicio y continuación de la audiencia de juicio, ya que estuvo viciada al no ser llamada a juicio para hacer valer sus derechos constitucionales derivados del artículo 20, apartado C, de los derechos de las víctimas. Cuarto. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados las autoridades responsables señaladas como agentes del Ministerio Público del Área de Litigación de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado de México, indicaron que no era cierto el acto a ellos reclamado, consistente en ". La omisión de llamarme por los conductos autorizados por la ley para intervenir de forma eficaz en el proceso dentro de la etapa de investigación complementaria de la carpeta de investigación -identificada con NIC: FRO/VCO/00/MPI/628/00270/20/03 y NUC: ECA/FRO/VCO/027/070390/20/03 por el delito de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia- la omisión de llamarme para la audiencia de cierre de investigación, así como la omisión de llamarme para intervenir en la etapa intermedia, para hacer valer mi derecho humano a la reparación del daño de forma integral dentro del debido proceso, derivado de esa omisión, jamás dentro del proceso fui informada de mis derechos, ni representada debidamente, ni estuve en aptitud de solicitar actos de investigación idóneos y pertinentes a mi favor dentro de la carpeta de investigación y para oponerme legalmente a la celebración de acuerdos probatorios tendientes a beneficiar la teoría del caso del acusado..". Negativas que no fueron desvirtuadas por la parte quejosa, ya que no ofreció prueba alguna para tal efecto, ni objetó los informes rendidos por las responsables; por tanto, es de establecerse que éstos surten sus efectos plenos; en virtud de ellos, la parte quejosa estaba obligada en todo caso a desvirtuar su contenido, lo cual no aconteció. En efecto, es de resaltar, que las autoridades responsables se constituyen como parte dentro del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo. Los informes justificados que son rendidos por las autoridades responsables revisten el carácter de documentales públicas, como lo disponen los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo anterior se afirma dado que, se trata de documentos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a funcionarios públicos revestidos de fe pública. Consideraciones que se arriba a la convicción, de que al no objetar la parte quejosa los informes correspondientes, entonces, se produce el efecto de que como documento público, surtan sus efectos legales. Motivo por el cual, la carga de la prueba de la existencia de los actos reclamados, estuvo a cargo de la quejosa; es decir, estaba obligada a aportar elementos de convicción para desvirtuarlos y de esa forma poder acreditar la existencia de los actos que les reclama a las responsables. Así, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de las autoridades señaladas, por el acto que aquí se relaciona. Quinto. Son ciertos los demás actos reclamados a las diversas autoridades jurisdiccionales señaladas como responsables por la quejosa, ya que si bien, los niega, refieren circunstancias que atañen al estudio de fondo de las omisiones reclamadas, por lo que deben tenerse por ciertas para efectos de este estudio. Sexto. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, deben examinarse las causales de improcedencia, por ser de orden preferente y conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, toda vez que no fue hecha valer ninguna causal ni de oficio se advierte que se actualice alguna, es pertinente continuar con el examen de la controversia planteada. Séptimo. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto que nos ocupa, se procede a relatar los antecedentes del acto reclamado más relevantes como sigue: 1. El veintidós de marzo de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia inicial para la formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, en la que se decretó la detención judicial del imputado José Ramón Hinojosa Pérez, por su probable intervención en el hecho delictuoso de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia, en agravio de la quejosa Marisol Yolanda Michaud Hurtado. 2. El veinticinco de marzo de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia de prórroga de plazo constitucional, por lo que a las dieciséis horas con cuatro minutos de esa misma fecha, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de José Ramón Hinojosa Pérez, por el hecho delictuoso de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia en agravio de la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado, ilícito previsto y sancionado por los artículos 287, 289, fracción I, 290, fracciones I, inciso b) y V), en relación con los numerales 6, 7 y 8, fracción I y III y 11, fracción I, inciso d) del Código Penal para el Estado de México. 3. Así también, en dicha audiencia el Juez de Control de Nezahualcóyotl, ordenó girar oficio a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, Subdirección Regional de la Defensora Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito Zona Oriente, a efecto de que designara asesor jurídico a la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado. 4. Resolución de plazo constitucional (auto de vinculación a proceso) que fue notificada a la víctima por instructivo el veintisiete de marzo de dos mil veinte, en el domicilio ubicado en calle Valle de Hoz de Arreba 5, extensión 212, Valle de Aragón, Primera Sección, Nezahualcóyotl, Estado de México. Lo anterior, en virtud que el actuario adscrito a ese Juzgado, se presentó el veintiséis de marzo de dos mil veinte en el citado inmueble, del cual se cercioró de ser la calle y colonia correctas, por así indicarlo las diversas placas que se ubican sobre las mismas, así como por dicho de los vecinos, quien procedió a tocar la puerta sin que nadie atendiera su llamado, por lo que procedió a dejar citatorio para el día hábil siguiente, tal como se advierte de la siguiente imagen. En cumplimiento al referido citatorio, el actuario se presentó en el domicilio de la víctima, a las nueve horas del veintisiete de marzo de dos mil veinte, por lo que procedió a tocar la puerta de acceso, sin que nadie acudiera a su llamado, por lo que procedió a fijar cédula en lugar visible, tal como se advierte de la siguiente imagen: 5. Mediante proveído de veintidós de junio de dos mil veinte, el Juez de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, tuvo por presentado el escrito de la agente del Ministerio Público, en el que formuló acusación en contra de José Ramón Hinojosa Pérez, por el hecho delictuoso de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia, en agravio de la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado; así también, informó que la audiencia intermedia de treinta y uno de julio de dos mil veinte, fue reprogramada para las diez horas del diecisiete de agosto de dos mil veinte. Determinaciones que fueron notificadas a la víctima el dos de agosto de dos mil veinte, como se desprende de la siguiente imagen. 6. Mediante oficio presentado ante el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, el veintinueve de junio de dos mil veinte, la Subdirectora Regional Subsede Nezahualcóyotl de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito en el Estado de México, designó a la licenciada Ana María Cerqueda Segundo, como asesora jurídica de la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado, como se advierte de la siguiente imagen. 7. Audiencia de continuación de intermedia de diecisiete de agosto de dos mil veinte, la cual fue reprogramada para las once horas del veintiuno de agosto de dos mil veinte; determinación que fue notificada a la víctima por instructivo el dieciocho de agosto de dos mil veinte, como se advierte de la siguiente imagen. 8. Audiencia de veintiuno de agosto de dos mil veinte, en la cual la fiscal expuso acusación, enunció medios de prueba y subsanó vicios formales y la asesora jurídica no se opuso a la acusación presentada por la fiscal, por lo que se dictó auto de apertura a juicio oral respecto al imputado José Ramón Hinojosa Pérez por su probable intervención en el hecho delictuoso de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido en agravio de la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado, por lo que ordenó su remisión al Juez del Tribunal de Enjuiciamiento. 9. El veintiséis de agosto de dos mil veinte, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, dictó auto de radicación a juicio oral, a efecto de dar inicio a la causa penal 200/2020, por lo que se señalaron las catorce horas del veinte de octubre de dos mil veinte para lleva a cabo la audiencia de juicio; determinación que fue notificada a la víctima por instructivo el uno de septiembre de dos mil veinte. 10. El veinte de octubre de dos mil veinte, se suspendió la audiencia de juicio, en virtud de haber sido la primera intervención de la defensa privada, por lo que de nueva cuenta se señalaron las catorce horas del tres de noviembre de dos mil veinte para su verificativo; el tres de noviembre de dos mil veinte, de igual forma se suspendió la audiencia de juicio, a petición del asesor jurídico, al informar que existía un amparo promovido por la víctima, por lo que se señalaron las catorce horas del diecisiete de noviembre de dos mil veinte para la continuación de dicha audiencia, la cual también fue suspendida señalándose de nueva cuenta las catorce horas del uno de diciembre del mismo año. Octavo. Estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. No se transcriben los conceptos de violación planteados por la quejosa, pues para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo su transcripción resulta innecesaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". No obstante lo anterior, este Juzgado de Distrito con el propósito de lograr una mayor claridad y entendimiento del asunto, se sintetizan los conceptos de violación que expone la quejosa para quedar en esencia, en los siguientes: 1. La quejosa se vio gravemente afectada en sus derechos fundamentales, en virtud que dentro de la carpeta administrativa 372/2020 seguida ante el Juzgado de Control de Nezahualcóyotl, por el hecho delictuoso de robo de vehículo en contra del imputado José Ramón Hinojosa Pérez, en agravio de la víctima (quejosa) Marisol Yolanda Michaud Hurtado, así como en la causa penal 200/2020, seguida ante el Tribunal de Enjuiciamiento del mismo Distrito Judicial, no se siguieron las formalidades del procedimiento, toda vez que nunca fue llamada a juicio para hacer valer sus derechos al principio de contradicción de forma amplia y eficaz para lograr el pago de la reparación material y moral. 2. Como víctima del delito no tuvo las mismas oportunidades que el imputado, ya que no se le garantizó igualdad en el pleno ejercicio de sus derechos, ya que en ningún momento se veló por su derecho a contar con un asesor jurídico que le hiciera conocer sus derechos como víctima e hiciera valer los mismos, para poder ofrecer medios de prueba en una acusación coadyuvante y se le diera atención psicológica, así como para que velara por la reparación del daño en forma integral. 3. El Ministerio Público no cumplió con sus obligaciones, ya que no recabó información suficiente para ser aportada como medios de prueba, en virtud que no se le requirió personalmente para que exhibiera documentos y facturas para acreditar el daño a su patrimonio. 4. No acudió a la audiencia inicial y a la audiencia intermedia, toda vez que nunca fue citada; y a la audiencia de debate se enteró porque recibió un mensaje a través de la aplicación whatsapp. Son infundados los conceptos de violación, por las consideraciones siguientes: Respecto al primer concepto de violación consistente en que la quejosa se vio gravemente afectada en sus derechos fundamentales, en virtud que dentro de la carpeta administrativa 372/2020 seguida ante el Juzgado de Control de Nezahualcóyotl, por el hecho delictuoso de robo de vehículo en contra del imputado José Ramón Hinojosa Pérez, en agravio de la víctima (quejosa) Marisol Yolanda Michaud Hurtado, así como en la causa penal 200/2020, seguida ante el Tribunal de Enjuiciamiento del mismo Distrito Judicial, no se siguieron las formalidades del procedimiento, toda vez que nunca fue llamada a juicio para hacer valer sus derechos al principio de contradicción de forma amplia y eficaz para lograr el pago de la reparación material y moral, es infundado. Lo anterior es así, pues previamente cabe destacar que la notificación es el acto jurídico mediante el cual, se le hace del conocimiento a las partes, la determinación que sea tomada por el órgano jurisdiccional e indispensable para que las partes al tener conocimiento de las mismas estén en condiciones de atender los requerimientos que éstas contengan. Ahora bien, contrario a lo que aduce la quejosa Marisol Yolanda Michaud Hurtado, de las constancias remitidas en formato DVD por el Juez de Control de Nezahualcóyotl, Estado de México, se advierte que la impetrante sí fue notificada de las determinaciones dictadas en la carpeta administrativa 372/2020 seguida ante el Juzgado de Control de Nezahualcóyotl, Estado de México, tal como quedó especificado con las imágenes de las notificaciones realizadas a la quejosa en el considerando cuarto de la presente resolución. Esto es, de las pruebas documentales que acompañó la quejosa a su escrito de demanda y de las que ofreció en el presente juicio, se advierte que al momento de su entrevista ante el fiscal que conoció de la investigación inicial, al proporcionar sus datos generales señaló como domicilio el ubicado en calle Valle de Hoz de Arreba, número 212, interior 5, colonia Valle de Aragón, Primera Sección, Nezahualcóyotl, Estado de México. Domicilio en el cual fueron realizadas las notificadas de las diversas actuaciones y audiencias celebradas en la carpeta administrativa 372/2020, habida cuenta que el auto de vinculación a proceso dictado en contra de José Ramón Hinojosa Pérez, por el hecho delictuoso de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia en agravio de la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado, le fue notificada por instructivo el veintisiete de marzo de dos mil veinte, en el domicilio ubicado en calle Valle de Hoz de Arreba 5, extensión 212, Valle de Aragón, Primera Sección, Nezahualcóyotl, Estado de México, ello, toda vez que el veintiséis de marzo de dos mil veinte, al presentarse el actuario adscrito al Juzgado de Control de Nezahualcóyotl, en el referido inmueble, del cual se cercioró de estar en la calle y colonia correctas, por así indicarlo las diversas placas que se ubican sobre las mismas, así como por dicho de los vecinos, tocó la puerta sin que nadie atendiera su llamado, por lo que procedió a dejar citatorio para las nueve horas del día hábil siguiente, y al no haber atendido nadie el citatorio procedió a fijar cédula en lugar visible. Así también, el dos de agosto de dos mil veinte, la víctima fue notificada por instructivo del proveído de veintidós de junio de dos mil veinte, en el que el Juez de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, tuvo por presentado el escrito de la agente del Ministerio Público, en el que formuló acusación en contra de José Ramón Hinojosa Pérez, por el hecho delictuoso de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia en agravio de la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado, así como de la audiencia intermedia señalada para el diecisiete de agosto del mismo año (punto 5 de los antecedentes narrados en el considerando cuarto). De igual forma, el dieciocho de agosto de dos mil veinte, la víctima fue notificada por instructivo de la reprogramación de la continuación de la audiencia intermedia, la cual fue señalada para las once horas del veintiuno de agosto de dos mil veinte. Del mismo modo, el uno de septiembre de dos mil veinte, la víctima fue notificada por instructivo del proveído de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictado por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, en el que se le hizo de su conocimiento que se señalaron las catorce horas del veinte de octubre de dos mil veinte para lleva a cabo la audiencia de juicio. Al respecto, es pertinente señalar que el artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: "Artículo 82. Formas de notificación [.] I. Personalmente podrán ser: [.] d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: 1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; 2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atiende el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y 3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique; [.]." Del citado precepto legal, se advierte la forma en que debe realizarse una notificación dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en específico aquéllas que deban practicarse de manera personal en el domicilio señalado para tal efecto; para lo cual: ? El funcionario encargado de practicarla, primeramente debe cerciorarse de que se trata de la dirección señalada para ello. ? En caso de no encontrarse la persona buscada, pero que sea atendido por una diversa, a ésta le podrá dejar un citatorio para que lo espere al día siguiente en una hora previamente establecida para tal efecto. ? Llegada la fecha establecida, si la persona a la que se encuentra dirigida la notificación correspondiente no espera al notificador, éste podrá realizar la notificación con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, y en caso de negarse a recibirla o se encuentra cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio. Requisitos que, contrario a lo establecido por la quejosa, se encuentran satisfechos. Se afirma lo anterior, toda vez que el veintiséis de marzo de dos mil veinte, se advierte que el notificador judicial Felix Velázquez Paulino adscrito al Juzgado de Control de Nezahalcóyotl, a efecto de realizar la notificación del auto de vinculación dictado al imputado José Ramón Hinojosa Pérez, se presentó en el domicilio proporcionado por la víctima en su entrevista en la etapa de investigación inicial (calle Valle de Hoz de Arreba, número 212, interior 5, colonia Valle de Aragón, Primera Sección, Nezahualcóyotl, Estado de México), se cercioró que se trataba del lugar indicado, por así indicarlo las diversas placas que se ubican sobre las mismas, así como por dicho de los vecinos, por lo que procedió a tocar la puerta principal de acceso al mismo, por un lapso de cinco minutos sin obtener ninguna respuesta favorable. Al tratarse del domicilio proporcionado y autorizado para recibir las notificaciones de la víctima, a las once horas del mismo día (veintiséis de marzo de dos mil veinte), el notificador procedió a dejar citatorio de espera fijado en la puerta del domicilio, en el que se señaló que al día siguiente (veintisiete de marzo de dos mil veinte), la requerida debía esperar al notificador a las nueve horas, para que se practicara la diligencia de notificación de forma personal. A las nueve horas del veintisiete de marzo de dos mil veinte, nuevamente se presentó el notificador en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones de la víctima; tocó la puerta de acceso sin que ninguna persona acudiera a su llamado, motivo por el cual procedió a dejar fijada en la puerta de acceso al domicilio el acta de notificación, mediante la cual se hacía del conocimiento el auto de vinculación a proceso dictado al imputado José Ramón Hinojosa Pérez, por su probable intervención en el hecho delictuoso de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia en agravio de la quejosa Marisol Yolanda Michaud Hurtado. Lo mismo aconteció, respecto a la notificación del proveído de veintidós de junio de dos mil veinte, en el que se hizo del conocimiento de la víctima la acusación que formuló el agente del Ministerio Público en contra de José Ramón Hinojosa Pérez, por el hecho delictuoso de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia en agravio de la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado; así como de los diversos diferimientos de la audiencia intermedia y la citación para la audiencia de juicio, realizadas por instructivo el dieciocho de agosto y uno de septiembre de dos mil veinte, tal como quedó especificado con la imágenes en los antecedentes señalados en el considerando cuarto de la presente resolución. Lo que pone de manifiesto, que los notificadores cumplieron con las formalidades que establece el artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Nacional de Procedimientos, al practicar las notificaciones personales a la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado; esto es: ? Se cercioraron que se trata del domicilio señalado para esos efectos. ? Al no encontrarse la interesada en el domicilio, dejaron citatorios pegados en la puerta de acceso (en virtud de que nadie acudió a los llamados), en los que señalaron que la víctima debía esperarlos al día siguiente para atender dicho citatorio. ? Al no atender los citatorios la víctima y no acudir nadie a los llamados que hicieron los notificadores al tocar la puerta en diversas ocasiones, procedieron a dejar fijadas en la puerta de acceso al domicilio las actas de notificación, mediante los cuales se hacía del conocimiento los diversos auto. En ese contexto, se estima que las notificaciones realizadas a la víctima, respecto al inicio del proceso y diversas etapas procesales, fueron realizadas conforme a derecho y contrario a lo que sostiene la quejosa, de las constancias remitidas se advierte que sí fue llamada a juicio para hacer valer sus derechos, siguiendo las formalidades del procedimiento. Es aplicable al respecto la tesis I.6o.P.124 P (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2404, libro 59, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octubre de 2018, décima época, materia penal, bajo el rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. LAS PRACTICADAS EN EL DOMICILIO QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL ESTABLEZCA PARA TAL EFECTO, DEBEN REALIZARSE SIN EXIGIR MAYORES REQUISITOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN I, INCISO D), DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El precepto mencionado establece las formalidades a seguir cuando se practica una notificación en el domicilio señalado por el órgano jurisdiccional para tal efecto; de ahí que si el notificador se cercioró de que se trata de la dirección señalada; que al no encontrarse el interesado en el domicilio, dejó citatorio pegado en la puerta de acceso (en virtud de que nadie acudió al llamado), en el que señaló que la persona buscada debía esperarlo al día siguiente a la hora indicada; que al no atender el citatorio la persona buscada y no acudir nadie al llamado que hizo al tocar la puerta en diversas ocasiones, procedió a realizarla por instructivo que dejó fijado en la puerta de acceso al domicilio, ello evidencia que se hizo legalmente. Por tanto, si el Juez de Distrito que conoció del amparo, al analizar la legalidad de la notificación, exige que el notificador debe señalar la ubicación exacta del domicilio, su descripción, así como que el instructivo debe contener el apercibimiento decretado en el auto a notificar, entre otros, se estima que exigió mayores requisitos a los establecidos en el artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Nacional de Procedimientos Penales". Ahora bien, la circunstancia de que la víctima aquí quejosa, se haya apersonado en el proceso de origen hasta la etapa de juicio, de ninguna manera puede considerarse que se haya vulnerado su derecho a una adecuada defensa o que se le haya dejado en estado de indefensión, habida cuenta que sí fue notificada del inicio del proceso, así como de las diversas etapas procesales, por lo que siempre estuvo en condiciones de hacer válidos los recursos y actos que a sus intereses conviniera, más aún siempre ha estado representada por un asesor jurídico quien ha velado por sus intereses; de ahí lo infundado del primer concepto de violación esgrimido por la quejosa. Así también, es infundado el segundo concepto de violación consistente en que la víctima del delito no tuvo las mismas oportunidades que el imputado, ya que no se le garantizó igualdad en el pleno ejercicio de sus derechos, ya que en ningún momento se veló por su derecho a contar con un asesor jurídico que le hiciera conocer sus derechos como víctima e hiciera valer los mismos, para poder ofrecer medios de prueba en una acusación coadyuvante y se le diera atención psicológica, así como para que velara por la reparación del daño en forma integral. Al respecto, es pertinente señalar que el artículo 14 de la Ley General de Víctimas, establece lo siguiente: "Artículo 14. Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser reconocidas como sujetos procesales en el mismo, en los términos de la Constitución y de los Tratados Internacionales de derechos humanos, pero si no se apersonaran en el mismo, serán representadas por un Asesor Jurídico o en su caso por el Ministerio Público, y serán notificadas personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos interpuestos ya sean ordinarios o extraordinarios, así como de las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física o modificaciones a la sentencia". Bajo ese contexto, contrario a lo señalado por la quejosa, de las constancias remitidas por el Juez de Control de Nezahualcóyotl, Estado de México, se advierte que desde la continuación de la audiencia inicial, ordenó girar oficio a la Subdirectora Regional Subsede Nezahualcóyotl de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito en el Estado de México, a efecto de que designara un asesor jurídico que representara a la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado. Lo que efectivamente aconteció, en virtud que la Subdirectora Regional Subsede Nezahualcóyotl de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito en el Estado de México, designó a la licenciada Ana María Cerqueda Segundo, como asesora jurídica de la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado, y representara a ésta en todo el proceso. Asesora jurídica que estuvo presente en todas y cada una de las audiencias celebradas en el proceso; no obstante lo anterior, en la audiencia intermedia celebrada el veintiuno de agosto de dos mil veinte, el agente del Ministerio Público solicitó: ".se le conmine al acusado a la reparación del daño material en favor de la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado, por la cantidad de $215,899 (doscientos quince mil ochocientos noventa y nueve pesos), lo que se acreditará con su propio ateste en la etapa de juicio y por lo que hace a la reparación del daño moral esta fiscalía solicita se dejen a salvo los derechos de la víctima para que los haga valer incluso en la etapa de ejecución." (primer video a partir del minuto 00:09:50) Así también, en la audiencia intermedia fue admitido como medio de prueba por parte del Fiscal la testimonial de la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado, así como la factura del vehículo Seat, tipo Ibiza, modelo 2016, color azul, número de serie VSSBB26J7GR038201, con número de motor CWV143640 y placas de circulación MWR3310 del Estado de México, de la que se advierte que la propietaria de dicho automotor es Marisol Yolanda Michaud Hurtado, cuyo valor asciende a la cantidad de $215,899.56 (doscientos quince mil ochocientos noventa y nueve pesos 56/100 moneda nacional) (segundo video a partir del minuto 00:11:20). Medios de prueba a las que también se adhirió la asesora jurídica de la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado. De ahí que, no le asiste razón a la quejosa en el sentido de que el Juez de Control incurrió en violación de derechos fundamentales de la víctima directa, toda vez que la determinación de la autoridad responsable de ninguna manera transgredió el derecho de la víctima de contar con un asesor jurídico que interviniera en el proceso haciendo valer lo que considere oportuno a los intereses de la víctima a quien representa, sino por el contrario, tal derecho se ha garantizado por la responsable, como se advierte de los videos que en formato DVD remitió el Juez de Control con su informe justificado, donde se desprende que la asesora jurídica de la aquí quejosa, estuvo en todas y cada una de las audiencias respectivas de la etapa intermedia, otorgándosele el uso de la voz en distintas ocasiones para que manifestara lo que considerara pertinente, por lo que de ninguna manera se lesiona el derecho de la víctima a contar con un asesor jurídico, ni se ha impedido o restringido que intervenga en representación de los intereses de aquélla, tantas veces sea necesario, por lo que al tenerlo con ese carácter y darle intervención en el proceso, patentiza que no existe desequilibrio procesal en perjuicio de la víctima directa, garantizando con ello el principio de equilibrio procesal entre las partes, toda vez que la víctima en todo momento ha sido representada por su asesor jurídico quien en coadyuvancia con el agente del Ministerio Público, incorporaron diversos medios de prueba para ser desahogados en la audiencia de juicio, así también, en la acusación respectiva solicitaron se condenara al imputado a la reparación del daño material y moral, incluso, solicitaron que se dejara a salvo el derecho de la víctima para hacerlo valer en la etapa de ejecución; de ahí que en ningún momento se transgredió su derecho fundamental a estar asistida en el proceso por un asesor jurídico. Es aplicable al respecto la tesis I.10o.P.38 P (10a.), sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2235, libro 80, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, noviembre de 2020, décima época, materia Constitucional-Penal, bajo el rubro y texto siguiente: "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. AL TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE PARTE ACTIVA EN TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES, DEBEN GARANTIZARSE SUS DERECHOS DE DEFENSA ADECUADA, DEBIDO PROCESO Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, MEDIANTE LA DESIGNACIÓN DE UN ASESOR JURÍDICO CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER SUS GARANTÍAS PROCESALES Y EVITAR QUE SUS DERECHOS HUMANOS SE VEAN LESIONADOS. El carácter de parte otorgado a la víctima u ofendido del delito en el proceso penal acusatorio y oral está reconocido constitucional y jurisprudencialmente. Así, en congruencia con los artículos 14, 17 y 20, apartado C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para que pueda tener un verdadero acceso a la justicia y ejercer eficazmente sus derechos humanos, entre otras cosas, debe recibir asesoría jurídica adecuada; lo que no debe entenderse de manera aislada, es decir, en el sentido estricto de que existe un derecho genérico a favor de la víctima u ofendido del delito a contar con asesoría jurídica. Por el contrario, en su interpretación debe partirse de una lectura sistemática con el apartado C del artículo 20 constitucional, y funcional con el principio de igualdad, subyacente en el artículo 1o. de la Norma Suprema; ello, en virtud de que los alcances de ese derecho -asesoría jurídica- son un reflejo de la defensa técnica adecuada que asiste a los imputados y, por ende, tienen los mismos alcances. De ahí que para garantizar sus derechos de defensa adecuada, debido proceso y tutela judicial efectiva, así como atendiendo a los principios de igualdad procesal y contradicción, la víctima u ofendido no sólo debe contar con un asesor jurídico con conocimientos técnicos en derecho, suficientes para actuar diligentemente durante las diversas etapas del procedimiento penal, sino además, ese asesor debe tener conocimiento en el sistema penal acusatorio y estar debidamente impuesto de la carpeta de investigación, es decir, conocer los hechos que motivan su intervención, con el fin de proteger sus garantías procesales y evitar que sus derechos humanos se vean lesionados; forma en que se garantiza el equilibrio procesal entre las partes, ya que si existe deficiente actuación de la asesoría jurídica, se trastoca el derecho humano de tutela judicial efectiva que le asiste como víctima u ofendido del delito, pues la igualdad de circunstancias en el proceso es una condición de equilibrio que el juzgador debe asegurar por los medios legales a su alcance, a efecto de que se cumplan las condiciones que posibiliten su ejercicio y que el triunfo de uno no se deba a la deficiencia del otro. Así también, es infundado el tercer concepto de violación, consistente en que el Ministerio Público no cumplió con sus obligaciones, ya que no recabó información suficiente para ser aportada como medios de prueba, en virtud que no se le requirió personalmente para que exhibiera documentos y facturas para acreditar el daño a su patrimonio. Lo anterior es así, pues contrario a lo esgrimido por la quejosa, en la audiencia intermedia celebrada el veintiuno de agosto de dos mil veinte, el Ministerio Público ofreció diversos medios de prueba, los cuales fueron admitidos para ser desahogados en la audiencia de juicio, entre ellos, el testimonio de la víctima aquí quejosa y la factura del vehículo del cual fue desposeída que la acredita como propietaria del mismo, así como diversas periciales, así también, solicitó la reparación del daño material en favor de la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado, por la cantidad de $215,899 (doscientos quince mil ochocientos noventa y nueve pesos), y por lo que hace a la reparación del daño moral solicitó se dejen a salvo los derechos de la víctima para que los haga valer incluso en la etapa de ejecución. De ahí que nunca estuvo en estado de indefensión, sino por el contrario siempre estuvo representada por su asesora jurídica quien coadyuvó con el Fiscal incorporando diversos medios de prueba para ser desahogados en la audiencia de juicio. De igual forma, es infundado el último concepto de violación, consistente en que no acudió a la audiencia inicial y a la audiencia intermedia, toda vez que nunca fue citada; y a la audiencia de debate se enteró porque recibió un mensaje a través de la aplicación whatsapp. Lo anterior es así, en virtud que contrario a lo que señala la quejosa, de las constancias remitidas por el Juez de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, fue debidamente notificada del inicio del proceso, así como de las diversas etapas procesales, habida cuenta que como quedó especificado en párrafos precedentes, el veintisiete de marzo de dos mil veinte, fue notificada por instructivo de la resolución dictada el veinticinco del mismo mes y año, en el que se dictó auto de vinculación a procesado al imputado José Ramón Hinojosa Pérez, por su probable intervención en el hecho delictuoso que la ley señala como delito de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia en agravio de la quejosa Marisol Yolanda Michaud Hurtado. Así también, fue notificada del proveído de veintidós de junio de dos mil veinte, en el que se hizo del conocimiento de la víctima la acusación que formuló el agente del Ministerio Público en contra de José Ramón Hinojosa Pérez, por el hecho delictuoso de robo de vehículo con la modificativa de haberse cometido con violencia en agravio de la víctima Marisol Yolanda Michaud Hurtado; así como de los diversos diferimientos de la audiencia intermedia y la citación para la audiencia de juicio, realizadas por instructivo el dieciocho de agosto y uno de septiembre de dos mil veinte, tal como quedó especificado con la imágenes de los antecedentes señalados en el considerando cuarto de la presente resolución. De ahí lo infundado del concepto de violación, en virtud que fue ajustado a derecho el actuar de las autoridades judiciales, toda vez que contrario a lo que aduce la quejosa, sí se le realizaron las notificaciones respecto al inicio del proceso y diversas etapas procesales (audiencia intermedia y de juicio), por lo que en ningún momento se le dejó en estado de indefensión en la causa penal de origen, dando cumplimiento a las formalidades del procedimiento. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es negar a la quejosa Marisol Yolanda Michaud Hurtado el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio, promovido por Marisol Yolanda Michaud Hurtado, por propio derecho, contra los actos y autoridades precisados en el considerando cuarto. Segundo. La justicia de la unión no ampara ni protege a Marisol Yolanda Michaud Hurtado, contra los actos especificados en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando último de esta resolución. Notifíquese; personalmente a la quejosa y al tercero interesado; y por oficio a las autoridades responsables.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · 9,026 expedientes
- Marisol Cruz Sánchez270/2023
- Marisol Gabino Pérez222/2021
- Marisol Ibarra Ramírez761/2019
- Marisol Moreno Colin349/2020
- Marisol Ruiz Rosas1031/2023
- Marisol Tapia Mendieta842/2022
- Marisol Zamora Moreno199/2020
- Maritza Mayorga Luna611/2018
- Marlen Arvizu López554/2022
- Marlen Monserrat Sabas Barrera245/2022
- Marlen Salgado Cuellar189/2023
- Marlen Valdés Rayón8/2023