Marisol Santacruz Gutiérrez
Expediente 1054/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1054/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 08/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marisol Santacruz Gutiérrez
- Marisol Santacruz Gutiérrez y Otros.
- Guillermo Santacruz Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de marzo de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en proveído de cuatro de marzo de este año, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto y se ordenó el archivo del juicio en que se actúa, señalando que no se hacía pronunciamiento en torno a los cuadernos incidentales por no haberse formado; sin embargo, del auto de admisión de diez de noviembre de dos mil diecisiete, se desprende que sí se ordenó formar por duplicado y en cuerda separada incidente de suspensión. En consecuencia, a fin de darle destino a dichos cuadernos incidentales, se ordena proveer lo que en derecho corresponda respecto de los mismos. Original del incidente de suspensión Así, de las constancias de los cuadernos incidentales, se aprecia que se negó la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), y por tanto, de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, del capítulo quinto del aludido acuerdo, se estima que el cuaderno original es susceptible de DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto vigésimo del acuerdo en consulta, los que comienzan a contar a partir de la fecha antes anotada en que se dictó resolución interlocutoria. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el once de mayo de dos mil dieciocho, la Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio de este órgano jurisdiccional, concedió la protección constitucional a MARISOL y GUILLERMO, ambos de apellidos SANTACRUZ GUTIÉRREZ, para el efecto de que la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: ".deje insubsistente la resolución reclamada, únicamente en lo que se refiere a su considerando octavo, en el que estableció que no se demostró el delito de fraude específico, previsto en el artículo 218, fracción XVI, del Código penal del Estado de Michoacán, por el que se decretó auto de formal prisión en contra de José Antulio Vega González, para el efecto de que ejerza control ex officio de constitucionalidad siguiendo los tres pasos que ha establecido nuestro Máximo Tribunal, esto es, realizando una interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme sentido estricto e inaplicación, si fuere el caso, a través de un análisis exhaustivo y motivado, y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda; debiendo mantener intocadas las demás consideraciones del fallo que no ameritaron la concesión de la protección constitucional". Inconforme con dicha resolución, la propia parte quejosa interpuso recurso de revisión en su contra. Consecuentemente, mediante ejecutoria correspondiente a la sesión pública de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia recurrida. Trámites para cumplir con el fallo protector En auto de uno de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se ordenó requerir a la responsable para que acatara el fallo protector. Luego, por oficio presentado el cinco de febrero del año en curso, el magistrado responsable informó que en auto de cinco de esa propia fecha, se dejó insubsistente la sentencia dictada el doce de octubre de dos mil diecisiete; solicitando además a este juzgado, una ampliación de término para cumplir con la ejecutoria de amparo, lo que así se acordó de conformidad en auto de siete de febrero de este año. Mediante oficio presentado el ocho de febrero de la presente anualidad, la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, allegó copia certificada de la resolución de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el toca número I-86/2017, en la cual, para cumplir con la ejecutoria de amparo, se realizó lo siguiente: 1. En el considerando sexto de la sentencia, procedió a efectuar control de constitucionalidad ex officio del artículo 218, fracción XVI, del Código Penal del Estado, que prevé el delito de fraude específico atribuido al imputado José Antulio Vega González, ello siguiendo los tres pasos que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2. En el caso concreto, la responsable advirtió la sospecha de que dicho precepto legal, es contrario a los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a lo previsto en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en la porción que refiere que será sancionable penalmente la persona que, teniendo permiso o licencia de autoridad competente, pero no se hayan satisfecho los requisitos legales, venda, prometa vender o transfiera, mediante fraccionamiento, lotificación, relotificación o subdivisión un terreno, causando a perjuicio a una persona. 3. Siguiendo los pasos orientadores fijados para la evaluación de la constitucionalidad de la norma cuestionada, procedió a realizar lo siguiente: I. Identificó el derecho humano, sub derecho o garantía prevista en la Constitución o en un tratado internacional; II. Reconoció los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establezcan su alcance e interpretación; III. Fijó la norma o poción normativa que será objeto de control; IV. Determinó si ésta tiene como fin promover, respetar, proteger y garantizar otros derechos humanos; V. Examinó las posibles interpretaciones que la norma permite y verificó si una de ellas guarda conformidad con el derecho humano, sub derecho o garantía; VI. Analizó si no permite interpretaciones conformes, o todas sus interpretaciones resultan disconformes con el derecho humano, procediendo a contrastarla frontalmente; VII. Hecho lo anterior, concluyó que el juzgador que decretó la formal prisión al imputado, aplicó el artículo 218, fracción XVI, del Código Penal del Estado, en la fracción indicada, pero que haciendo un control ex officio de constitucionalidad, debe inaplicarse, por tratarse de una norma genérica, no clara, vaga e imprecisa, que infringe el principio de legalidad en materia penal, procediendo a decretar su libertad por lo que a esa hipótesis normativa se refiere. 4. Consecuentemente, al no haber sido objeto del amparo concedido y por encontrarse firme, reiteró que no se acreditó el delito de fraude específico atribuido, del que se catalogó como víctimas a los aquí quejosos, en el supuesto contenido en el artículo 218, fracción II, del Código Penal del Estado; ejerciendo el control ex officio de constitucionalidad, inaplico el artículo 218, fracción XVI, del Código Penal del Estado y revocó el auto de formal prisión apelado, de quince de agosto de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, dentro del proceso penal número 8/2017, para ahora decretar auto de libertad por falta de pruebas para procesar y bajo las reservas legales. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente la sentencia de doce de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el toca I-86/2017, y en su lugar, con fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve, luego de ejercer control ex officio de constitucionalidad siguiendo los tres pasos que ha establecido nuestro Máximo Tribunal, determinó inaplicar el artículo 218, fracción XVI, del Código penal del Estado de Michoacán, por el que se decretó auto de formal prisión en contra de José Antulio Vega González, para ahora decretar auto de libertad por falta de pruebas para procesar, manteniendo intocadas las demás consideraciones del fallo que no ameritaron la concesión de la protección constitucional; con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTGO: Morelia, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el once de mayo de dos mil dieciocho, la Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio de este órgano jurisdiccional, concedió la protección constitucional a MARISOL y GUILLERMO, ambos de apellidos SANTACRUZ GUTIÉRREZ, para el efecto de que la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: ".deje insubsistente la resolución reclamada, únicamente en lo que se refiere a su considerando octavo, en el que estableció que no se demostró el delito de fraude específico, previsto en el artículo 218, fracción XVI, del Código penal del Estado de Michoacán, por el que se decretó auto de formal prisión en contra de José Antulio Vega González, para el efecto de que ejerza control ex officio de constitucionalidad siguiendo los tres pasos que ha establecido nuestro Máximo Tribunal, esto es, realizando una interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme sentido estricto e inaplicación, si fuere el caso, a través de un análisis exhaustivo y motivado, y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda; debiendo mantener intocadas las demás consideraciones del fallo que no ameritaron la concesión de la protección constitucional". Inconforme con dicha resolución, la propia parte quejosa interpuso recurso de revisión en su contra. Consecuentemente, mediante ejecutoria correspondiente a la sesión pública de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia recurrida. Trámites para cumplir con el fallo protector En auto de uno de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se ordenó requerir a la responsable para que acatara el fallo protector. Luego, por oficio presentado el cinco de febrero del año en curso, el magistrado responsable informó que en auto de cinco de esa propia fecha, se dejó insubsistente la sentencia dictada el doce de octubre de dos mil diecisiete; solicitando además a este juzgado, una ampliación de término para cumplir con la ejecutoria de amparo, lo que así se acordó de conformidad en auto de siete de febrero de este año. Mediante oficio presentado el ocho de febrero de la presente anualidad, la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, allegó copia certificada de la resolución de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el toca número I-86/2017, en la cual, para cumplir con la ejecutoria de amparo, se realizó lo siguiente: 1. En el considerando sexto de la sentencia, procedió a efectuar control de constitucionalidad ex officio del artículo 218, fracción XVI, del Código Penal del Estado, que prevé el delito de fraude específico atribuido al imputado José Antulio Vega González, ello siguiendo los tres pasos que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2. En el caso concreto, la responsable advirtió la sospecha de que dicho precepto legal, es contrario a los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a lo previsto en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en la porción que refiere que será sancionable penalmente la persona que, teniendo permiso o licencia de autoridad competente, pero no se hayan satisfecho los requisitos legales, venda, prometa vender o transfiera, mediante fraccionamiento, lotificación, relotificación o subdivisión un terreno, causando a perjuicio a una persona. 3. Siguiendo los pasos orientadores fijados para la evaluación de la constitucionalidad de la norma cuestionada, procedió a realizar lo siguiente: I. Identificó el derecho humano, sub derecho o garantía prevista en la Constitución o en un tratado internacional; II. Reconoció los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establezcan su alcance e interpretación; III. Fijó la norma o poción normativa que será objeto de control; IV. Determinó si ésta tiene como fin promover, respetar, proteger y garantizar otros derechos humanos; V. Examinó las posibles interpretaciones que la norma permite y verificó si una de ellas guarda conformidad con el derecho humano, sub derecho o garantía; VI. Analizó si no permite interpretaciones conformes, o todas sus interpretaciones resultan disconformes con el derecho humano, procediendo a contrastarla frontalmente; VII. Hecho lo anterior, concluyó que el juzgador que decretó la formal prisión al imputado, aplicó el artículo 218, fracción XVI, del Código Penal del Estado, en la fracción indicada, pero que haciendo un control ex officio de constitucionalidad, debe inaplicarse, por tratarse de una norma genérica, no clara, vaga e imprecisa, que infringe el principio de legalidad en materia penal, procediendo a decretar su libertad por lo que a esa hipótesis normativa se refiere. 4. Consecuentemente, al no haber sido objeto del amparo concedido y por encontrarse firme, reiteró que no se acreditó el delito de fraude específico atribuido, del que se catalogó como víctimas a los aquí quejosos, en el supuesto contenido en el artículo 218, fracción II, del Código Penal del Estado; ejerciendo el control ex officio de constitucionalidad, inaplico el artículo 218, fracción XVI, del Código Penal del Estado y revocó el auto de formal prisión apelado, de quince de agosto de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, dentro del proceso penal número 8/2017, para ahora decretar auto de libertad por falta de pruebas para procesar y bajo las reservas legales. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente la sentencia de doce de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el toca I-86/2017, y en su lugar, con fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve, luego de ejercer control ex officio de constitucionalidad siguiendo los tres pasos que ha establecido nuestro Máximo Tribunal, determinó inaplicar el artículo 218, fracción XVI, del Código penal del Estado de Michoacán, por el que se decretó auto de formal prisión en contra de José Antulio Vega González, para ahora decretar auto de libertad por falta de pruebas para procesar, manteniendo intocadas las demás consideraciones del fallo que no ameritaron la concesión de la protección constitucional; con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Razón actuarial Vista la razón levantada por el Actuario Judicial de la adscripción, en el sentido de que no le fue posible notificar personalmente a la parte tercero interesada el auto de once de febrero en curso, por los motivos esgrimidos en la misma. Se ordena notificar por lista En tal virtud, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificar nuevamente por lista a la parte tercero interesada el acuerdo de mérito, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal, hasta en tanto comparezca ante este juzgado a designar domicilio para tal efecto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
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