Marisol Rodríguez Méndez
Expediente 535/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 535/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 02/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Marisol Rodríguez Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, dos de febrero de dos mil veintiuno. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron el auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado; en tal virtud, agréguese a los autos el cuaderno original del incidente de suspensión. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto, Número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. Toda vez que el duplicado del incidente es susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado Acuerdo, dese nueva cuenta para acordar lo procedente; en la inteligencia de que la Secretaría deberá realizar el cómputo correspondiente para facilitar, en su oportunidad, la destrucción respectiva. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no tiene valor jurídico ni relevancia documental, por no actualizarse ninguno de los supuestos indicados en las fracciones de referencia. En atención a que obra en este expediente copia certificada de diverso documento que la parte agraviada allegó con su demanda de amparo; por tanto, se hace de su conocimiento que cuenta con un plazo de noventa días legalmente computado para que acuda a recogerlo, apercibida que de no hacerlo dicho documento correrá la suerte del presente sumario constitucional, en términos de lo señalado en el punto décimo primero del referido acuerdo general conjunto. Finalmente, remítanse al Juzgado Tercero de Primera Instancias del Ramo Civil las constancias allegadas, las cuales ya no son de utilidad en este asunto. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso C) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercero interesada Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Finaciero Banorte, el auto de catorce de de diciembre del presente año, que dice: Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa por medio del cual se desiste del presente juicio de amparo por así convenir a sus intereses, escrito que se encuentra debidamente ratificado ante el Notario Público 160, con residencia en esta ciudad. En ese sentido, los artículos 5, fracción I y 63, fracción I, ambos de la Ley de Amparo en vigor, en lo que interesa, establecen: 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.] 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio. [.] En consecuencia, se tiene por desistida a la quejosa del presente juicio de amparo, por lo que se sobresee fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Es aplicable la Tesis 70, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 54, Tomo VI, Común, P.R. SCJN, Novena Época, Apéndice 2000, que dice: DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, por lo que es patente que el derecho de acción en demanda de garantías individuales lo tiene el quejoso ante el órgano jurisdiccional en contra de actos de autoridad; de ahí que existe la posibilidad jurídica de que lo retire, en cualquier momento, por una mera declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la acción. Por consiguiente, el desistimiento de la acción, ratificado plenamente por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia, e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para renunciar al ejercicio de su acción, en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. Atento a lo anterior, se deja sin efectos lo ordenado por proveído de veintiséis de noviembre del año en curso, única y exclusivamente en lo referente al señalamiento de la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional (doce horas con diez minutos del siete de enero de dos mil veintiuno). Notifíquese personalmente
- Principal
Culiacán, Sinaloa, catorce de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa por medio del cual se desiste del presente juicio de amparo por así convenir a sus intereses, escrito que se encuentra debidamente ratificado ante el Notario Público 160, con residencia en esta ciudad. En ese sentido, los artículos 5, fracción I y 63, fracción I, ambos de la Ley de Amparo en vigor, en lo que interesa, establecen: 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.] 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio. [.] En consecuencia, se tiene por desistida a la quejosa del presente juicio de amparo, por lo que se sobresee fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Es aplicable la Tesis 70, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 54, Tomo VI, Común, P.R. SCJN, Novena Época, Apéndice 2000, que dice: DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, por lo que es patente que el derecho de acción en demanda de garantías individuales lo tiene el quejoso ante el órgano jurisdiccional en contra de actos de autoridad; de ahí que existe la posibilidad jurídica de que lo retire, en cualquier momento, por una mera declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la acción. Por consiguiente, el desistimiento de la acción, ratificado plenamente por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia, e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para renunciar al ejercicio de su acción, en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. Atento a lo anterior, se deja sin efectos lo ordenado por proveído de veintiséis de noviembre del año en curso, única y exclusivamente en lo referente al señalamiento de la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional (doce horas con diez minutos del siete de enero de dos mil veintiuno). Notifíquese personalmente
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Del estado que guardan los autos se advierte que está programada en este juicio la audiencia constitucional para este día. No obstante lo anterior, con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el informe justificado rendido por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en el que señala ciertos los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental la que se remite con el referido informe. Con sustento en el numeral 117 de la citada legislación, con el informe y documento de referencia dese cuenta y hágase relación en la audiencia constitucional; asimismo, fórmese anexo relativo a dicho juicio, el cual deberá conservar su folio y entresello. Por tanto, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por el apoderado legal de la moral tercera interesada Altasierra Inmuebles, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través del cual formula alegatos y ofrece pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que menciona y que ya obran en autos, y por cuanto hace a la resolución del juicio de amparo 1101/2019, téngase a la vista la versión electrónica de dicha resolución al momento de resolver el presente asunto; asimismo, se tiene por hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, sin perjuicio de relacionarlas y tomarlos en consideración, todo al momento de resolver el presente asunto. De igual forma, ofrece como medio de prueba la inspección judicial en el domicilio ubicado en avenilla Valle de Yucatán, 2463 Norte, fraccionamiento Valle Alto III, conocido como Valle Alto, sección Optima, Culiacán, Sinaloa; sin embargo, no resulta dable su admisión, virtud su ofrecimiento resulta extemporáneo. El ofrecimiento de la inspección judicial en el juicio de amparo debe cumplir los requisitos de tiempo y forma que señalada el artículo 119 de la ley de la materia; esto es, deberá ofrecerse a más tardar cinco días hábiles antes de la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, en el entendido de que el diferimiento de la audiencia constitucional no podrá considerarse como una ampliación de término para efectos de su ofrecimiento. Luego, si de autos se advierte: en proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte se fijó el veinte de octubre del año en curso para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se difirió para este día, y el emplazamiento de la moral tercera interesada se llevó mediante lista publicada el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, es evidente que a la fecha de su ofrecimiento ya había transcurrido el tiempo señalado para tal efecto, máxime si lo que pretende evidenciar deriva son cuestiones de las cuales tenía conocimiento desde el momento en que se le emplazó a juicio. Por tanto, al no ofrecerse dicho medio de prueba con la anticipación establecida en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se concluye que debe ser desechada por extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 109/2016 (10a.) de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 33, agosto de 2016, Tomo II, visible en la página 1057, registro 2012368, cuyo rubro se cita: PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL O DE INSPECCIÓN JUDICIAL. EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, AL DISPONER, COMO REGLA GENERAL, QUE EL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO NO PODRÁ AMPLIARSE CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Notifíquese y de manera personal a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, ante José Alejandro Bringas Aquino, Secretario que autoriza y da fe.
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