Marisol Pineda Nieto

Expediente 1310/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1310/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
14/02/2023

Partes del expediente

  • Marisol Pineda Nieto
  • Marisol Pineda Nieto y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no realizó manifestaciones con relación a la vista ordenada en proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés, respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio, por tanto, este órgano de control constitucional de oficio se pronuncia en relación con dicho cumplimiento. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que en resolución de catorce de diciembre de dos mil veintidós, por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y por otra se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero realizara lo siguiente: "Deje insubsistente la negativa de vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero dictada en el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en el juicio laboral ***********. Emita una nueva determinación en la que siga los lineamientos del presente fallo protector, por lo que, deberá vincular al cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral *************, al Gobernador del Estado de Guerrero, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero; al Congreso del Estado de Guerrero, así como el Presidente Municipal del ayuntamiento demandado y Tesorero o Secretario de Finanzas de ese mismo ayuntamiento. En el entendido de que en el auto que emita en cumplimiento a esta sentencia, deberá determinar cuáles son los obligaciones de cada una de las autoridades vinculadas, mismas que se desprenden del desarrollo de la presente resolución, a más que, con plenitud de jurisdicción, deberá efectuar los apercibimientos que considere pertinentes." 2. Actuaciones de este Juzgado. Mediante determinación de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dicha resolución causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. 3. Trámites de la responsable. De las constancias que obran en autos se aprecia que la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, remitió las constancias con las que acreditó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 4. Vista y notificaciones. Mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo se notificó a la parte quejosa de manera personal el siete del presente mes y año. Asimismo, se advierte que no obran las constancias de notificaciones de dicho cumplimiento al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pungarabato, Guerrero, lo cual no impide a la suscrita emitir el pronunciamiento correspondiente, en razón de que, los efectos de la sentencia amparadora adquirió firmeza una vez que causó ejecutoria la citada resolución. 5. Manifestaciones de las partes. Las partes no realizaron manifestación alguna respecto al cumplimiento al fallo protector.**************************** 6. Verificación del cumplimiento. Analizada que fue la mencionada determinación, se advierte que la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud que mediante oficio ********************, remitió con firmas autógrafas el auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, emitido en el juicio laboral ************, por el cual dejó sin efectos el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós en el juicio laboral de origen. Asimismo, ordenó vincular al Gobernador del Estado de Guerrero, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero; al Congreso del Estado de Guerrero, así como el Presidente Municipal del ayuntamiento demandado y Tesorero o Secretario de Finanzas de ese mismo ayuntamiento, además, determinó las obligaciones de cada una de las autoridades, en lo cual atendió los lineamientos de la sentencia de amparo dictada en el presente juicio de amparo; razones por las que se estima que la autoridad responsable, se apegó a los lineamientos del fallo federal. 7. Conclusión. En virtud de lo expuesto, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO, en su totalidad sin exceso ni defecto, pues la autoridad efectuó exactamente lo que le fue ordenado. 8. Archivo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12, 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Finalmente, hágase la devolución a su lugar de origen del tomo de copias certificadas del expediente laboral de origen ***************, que remitió la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, como complemento a su informe justificado recibidas en proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós; sin necesidad de solicitar el acuse de recibo, toda vez que, se tomará como tal, el sello de recibido de la autoridad de cuenta. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dos de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo signados por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remite con firmas autógrafas el auto de treinta de enero del año en curso dictado dentro del juicio laboral ***/****. En virtud a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y anexo, córrase traslado y dese vista a la parte quejosa, por el término de TRES DÍAS para que manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, esta juzgadora se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de DIEZ DÍAS que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el catorce de diciembre de dos mil veintidós, en el presente juicio de amparo, misma que, sobreseyó por una parte y por otra concedió el amparo y protección de la justicia federal. Por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, en términos del diverso 2 de la ley en mención, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este juzgado federal, que la obliga a: Deje insubsistente la negativa de vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero dictada en el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en el juicio laboral ********************. ? Emita una nueva determinación en la que siga los lineamientos del presente fallo protector, por lo que, deberá vincular al cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral ******************** al Gobernador del Estado de Guerrero, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero; al Congreso del Estado de Guerrero, así como el Presidente Municipal del ayuntamiento demandado y Tesorero o Secretario de Finanzas de ese mismo ayuntamiento. En el entendido de que en el auto que emita en cumplimiento a esta sentencia, deberá determinar cuáles son los obligaciones de cada una de las autoridades vinculadas, mismas que se desprenden del desarrollo de la presente resolución, a más que, con plenitud de jurisdicción, deberá efectuar los apercibimientos que considere pertinentes.". Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Debe precisarse que el término concedido a la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se otorgó tomando en consideración a lo establecido en los efectos de la ejecutoria de amparo. Es aplicable a lo antes expuesto la Jurisprudencia I.3o.C.J/7 (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Décima Época, Registro: 2005325 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: ".SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE." Conforme a lo anterior, se apercibe a ********************, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento a los artículos 238, 258 y 193 de la Ley de Amparo, equivalente a 9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Es relevante manifestar a la autoridad responsable que la multa indicada se pude imponer sin motivación alguna, con base en la jurisprudencia 2a./J.127/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.". De seguir con la contumacia, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la tesis: 2a./J.36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro IV, enero de 2012, Décima Época, tomo 4, página 3515, con registro 2000099, de rubro y texto siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    En Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a las doce horas con diez minutos del catorce de diciembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo promovido por********************por conducto de su apoderado legal********************; estando en audiencia pública ********************, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa con ********************, Secretario que da fe, declara legalmente abierta la audiencia, sin la asistencia de las partes, ni de persona alguna que las represente. Asimismo, se da cuenta con el oficio y anexos signados por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite el oficio firmado por ********************, quien se ostenta como Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de ****************. Enseguida el Secretario da cuenta a la Jueza, con la totalidad de constancias que obran en el expediente que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. La Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo en vigor, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. De autos se advierte que por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se requirió al Encargado de la Administración Postal, con sede en esta ciudad, para que informara el destino que dio a la pieza postal que ampara el oficio ******************** dirigido al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de ******************** mediante el cual se le notifica la ampliación promovida por la parte quejosa. Ahora, del expediente electrónico se aprecia que el trece de diciembre del presente año, se vinculó el acuse correspondiente al oficio ******************** dirigido al Ayuntamiento Municipal Constitucional de ******************** en virtud a ello, se deja insubsistente el requerimiento formulado al Encargado de la Administración Postal, con sede en esta ciudad en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Asimismo, glósese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite el oficio firmado por ********************, quien se ostenta como Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de ******************** del que se advierte que informa que el treinta y uno de octubre de la presente anualidad recibió el oficio ********************, por el cual se le notificó la ampliación del acto reclamado; de lo que se toma conocimiento. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y se hace relación de las documentales que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda y ampliación y las que remitió la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por conducto de su Presidenta, al rendir su informe justificado de la demanda y ampliación, mismas que fueron recibidas en autos, asimismo, se hace constar que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. A lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales exhibidas por la parte quejosa, las remitidas por la autoridad responsable; y por perdido el derecho de las demás partes para ofrecer pruebas; ahora, no existiendo pruebas por desahogar, se cierra esta etapa probatoria. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que el Agente del Ministerio Público Federal adscrito formuló alegato ministerial, y las demás partes no formularon alegatos. La Jueza acuerda: Se tiene al Agente del Ministerio Público Federal adscrito por formulando alegato ministerial y por precluido el derecho de las demás partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista de la Jueza de Distrito, para dictar la resolución que en derecho proceda. VISTO para resolver el juicio de amparo indirecto ********************, promovido por********************por conducto de su apoderado legal********************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito y anexos presentados el cinco de septiembre de dos mil veintidós, en forma electrónica en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, y turnados el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado;********************por conducto de su apoderado legal********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 103 fracción I y 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Al H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, con domicilio en [.]. Se le reclama: IV.- ACTO RECLAMADO: LA OMISIÓN DE DICTAR LAS MEDIDAS EFICACES Y FIJAR EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN A SEGUIR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, SIN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO. LA NEGATIVA DE VINCULAR AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y AL CONGRESO DEL ESTADO AL CUMPLIMIENTO AL LAUDO." SEGUNDO. Admisión y trámite. El seis de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se emplazó a juicio al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de ******************** Guerrero; la autoridad responsable rindió su informe justificado. TERCERO. Ampliación de la demanda. Por escrito presentado ante este juzgado el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, la parte quejosa, a través de su apoderado, amplió su demanda de amparo, en los términos siguientes: LOS AUTOS(SIC) DE FECHAS 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022, QUE OMITE DICTAR LAS MEDIDAS EFICACES Y FIJAR EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN A SEGUIR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, SIN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO Y NIEGA VINCULAR A LA SECRETARIA DE FIANANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO PARA CUMPLIR EL LAUDO." El veinte de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la ampliación de la inicial demanda de amparo; se notificó al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se notificó al tercero interesado por oficio; la autoridad responsable rindió su informe justificado de ampliación, respecto de la ampliación de la demanda; y la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince; además, los actos reclamados fueron atribuidos a una autoridad que se ubica dentro del ámbito territorial donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo y ampliación, se advierte que la quejosa reclama de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: La omisión de dar respuesta a su escrito presentado el dos de junio de dos mil veintidós en el juicio laboral ********************, donde solicitó vincular al Poder Ejecutivo del Estado, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y Congreso del Estado de Guerrero. El auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, donde omite dictar medidas eficaces para el cumplimiento de laudo al negar vincular a las autoridades señaladas. TERCERO. Certeza del acto reclamado [i]. La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, al rendir su informe justificado (foja 27) negó el acto reclamado; sin embargo, manifestó que el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, proveyó sobre el escrito presentado por el apoderado de la parte actora aquí quejosa el dos de junio de dos mil veintidós; por tanto, se tiene por cierta su existencia, ya que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que fue el cinco de septiembre de dos mil veintidós aún existía la omisión de acordar su escrito. Es aplicable por analogía la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito Octava, que señala: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por lo que respecta al acto reclamado [ii]. Es cierto el acto reclamado de la presidenta responsable debido a que en su informe justificado rendido en la ampliación aceptó haber emitido el acuerdo que se le reclama; entonces, se tiene por cierta su existencia. Es aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado." Lo anterior se corrobora con las copias certificadas del juicio laboral ******************** que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado; actuaciones que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público analizable aun de oficio, lo aleguen o no las partes, y debe ocurrir previo al análisis de fondo del asunto, porque de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el estudio de la litis constitucional planteada. En cuanto al acto reclamado [i], se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo debido a que el acto reclamado cesó en sus efectos. Tal precepto prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, la parte quejosa reclama la omisión de dar respuesta a su escrito presentado el dos de junio de dos mil veintidós, en donde solicitó se vincule al cumplimiento del laudo al Poder Ejecutivo del Estado, a la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y al Congreso del Estado. No obstante, de las constancias remitidas por la autoridad responsable relativas al juicio laboral ********************, se advierte que por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, determinó no vincular a las autoridades solicitadas al considerar que corresponde al propio ayuntamiento aprobar el presupuesto de egresos, contraviene el artículo 115 de la Constitución Federal y porque sólo puede imponer las sanciones estipuladas en el artículo 95 de la Ley Burocrática 51 del Estado de Guerrero, lo cual apoyó en la tesis "LAUDOS, CUMPLIMIENTO DE LOS. LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA NO DEBE AFECTAR LAS PARTIDAS DESTINADAS A LOS MUNICIPIOS, POR CARECER DE FACULTADES LEGALES PARA ELLO." Lo expuesto hace evidente que los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional debido a que la autoridad responsable dio contestación a lo solicitado por la parte quejosa, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. En consecuencia, al quedar acreditado que cesaron los efectos del acto reclamado [i], lo procedente es sobreseer en los autos del presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Analizadas las demás constancias del presente juicio, se advierte que no existe alguna otra causa de improcedencia propuesta por las partes o que se actualice alguna de oficio; por tanto, se procede el análisis del acto reclamado [ii]. QUINTO. Estudio de fondo del acto reclamado [ii]. Los conceptos de violación expresados por la promovente se tienen por reproducidos, en aras de economía procesal, aunado a que en la Ley de Amparo, no existe precepto alguno que establezca la obligación de transcribirlos. En esencia, la parte quejosa reclama que la autoridad responsable vulnera el artículo 17 de la Constitución Federal debido a que, la autoridad laboral no ha emitido medidas más eficaces para dar cumplimiento al laudo, aun cuando cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr la ejecución eficaz de sus determinaciones, como lo es la posibilidad de vincular al Poder Ejecutivo del Estado, Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y Congreso del Estado de Guerrero, de no hacerlo de esa manera, se provoca una dilación en el procedimiento de ejecución. Los conceptos de violación son sustancialmente fundados, suplidos en la deficiencia de la queja, conforme a lo establecido en el artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo. El artículo 17 de la Constitución Federal prevé que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunal expeditos para impartirla en los que fijen las leyes, emitiendo su manera pronta, completa e imparcial. De tal norma jurídica se aprecia que la garantía de acceso a la administración de justicia consiste en: El derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos del Estado competentes, previamente establecidos, para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión y, en su caso, la ejecución de lo juzgado. b) La obligación por parte de los tribunales jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver controversias que ante ellos se diriman. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse de manera pronta, es decir, dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes aplicables al caso; es decir, que las resoluciones, ya sean autos o sentencias, se deben pronunciar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales. Cabe mencionar que la pretensión del Constituyente, al establecer como obligación inexcusable de las autoridades encargadas de impartir justicia "en los plazos y términos que fijen las leyes", se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia, o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquella. En esta tesitura, el incumplir con una justicia pronta se manifiesta a través de dos vertientes: La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio y la tramitación del procedimiento respectivo. En razón de lo anterior, basta que el retardo u omisión anotado, se prolonguen más allá de los términos y plazos legales previstos para la tramitación y solución del juicio o procedimientos respectivos, para así actualizar la violación al derecho a la impartición de justicia pronta, lo cual afecta a todo el procedimiento, pues éste se configura por una serie de actos y etapas concatenadas o unidas entre sí, que se van desarrollando una tras otra en forma lógica y sistematizada para la consecución del resultado. Es aplicable la jurisprudencia 2./J.192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Por su parte, el artículo 97 de la Ley Burocrática 51 del Estado de Guerrero, prevé: "Artículo 97. El Tribunal tiene la obligación de promover a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes." Del precepto legal transcrito se advierte que, el tribunal laboral tiene la obligación de promover la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, sometidos a su potestad, y dictara las medidas necesarias para tal efecto, en los términos procedentes. En el caso, en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós la autoridad responsable negó vincular a las autoridades solicitadas al considerar que corresponde al propio ayuntamiento aprobar el presupuesto de egresos, contraviene el artículo 115 de la Constitución Federal y porque sólo puede imponer las sanciones estipuladas en el artículo 95 de la Ley Burocrática 51 del Estado de Guerrero, lo cual apoyó en la tesis "LAUDOS, CUMPLIMIENTO DE LOS. LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA NO DEBE AFECTAR LAS PARTIDAS DESTINADAS A LOS MUNICIPIOS, POR CARECER DE FACULTADES LEGALES PARA ELLO.". [foja 57] Con tal determinación, es claro que el actuar de la presidente responsable no se ajusta al artículo 97 de la Ley en mención, porque incurre en una dilación en el procedimiento de ejecución del juicio laboral de origen, al no tomar las medidas necesarias para que se cumpla el laudo, como se explica. El artículo 94 de la Ley Burocrática 51 del Estado, prevé: "Artículo 94. Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Arbitraje serán inapelables y deberán ser cumplidas, desde luego por las autoridades y Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados correspondientes." De dicho precepto normativo se advierte que las sentencias dictadas en los juicios laborales por el Tribunal de Arbitraje, deben ser cumplidas; con lo cual se enfatiza la obligación irrestricta que dichas determinaciones deben acatarse por cualquier autoridad del Estado, aunque no haya sido parte en el juicio correspondiente; criterio que se fundamenta en el principio que establece que el cumplimiento de los fallos son de orden público, por lo que dicho precepto vincula a las autoridades a su cumplimiento. Cabe precisar en este punto que las autoridades responsables no son sinónimos de las vinculadas al cumplimiento de la sentencia, ya que éstas se distinguen de las anteriores por su eventual intervención en el acatamiento de la ejecutoria de amparo, por lo que no las hace titulares de un interés jurídico en que subsista el acto reclamado que les resulta ajeno. Además, cualquier cuestión que puedan invocar respecto al cumplimiento de la ejecutoria, podrán plantearla en la fase de ejecución del juicio, ya que para ello no existe impedimento legal. Es aplicable la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que a la letra dice: "AUTORIDADES VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. NO TIENEN EL CARÁCTER DE TERCERAS INTERESADAS NI SE EQUIPARAN A LAS RESPONSABLES, POR ENDE, ES INNECESARIO EMPLAZARLAS AL JUICIO, AL NO TENER LA CALIDAD DE PARTE. El artículo 197 de la Ley de Amparo dispone que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para tal fin. Ahora bien, como lo señala Ignacio Burgoa Orihuela en su libro "El Juicio de Amparo", cuadragésima edición, Editorial Porrúa, México, 2005, página 553 "la obligatoriedad para acatar una sentencia de amparo (impuesta) a cualquier autoridad del Estado, aunque no haya sido responsable en el juicio correspondiente, se funda en el principio que establece que el cumplimiento del fallo constitucional es una cuestión de orden público", por lo que puede afirmarse que los conceptos: autoridades vinculadas al cumplimiento y autoridades responsables, no son sinónimos, pues aquéllas no se equiparan a éstas ni tienen el carácter de terceras interesadas, ya que su eventual intervención en el acatamiento de la ejecutoria de amparo no las hace titulares de un interés jurídico en que subsista el acto reclamado que les resulta ajeno. Además, cualquier cuestión que puedan invocar respecto al cumplimiento de la ejecutoria, podrán plantearla en la fase de ejecución del juicio; por ende, es innecesario emplazarlas en el amparo, al no tener la calidad de parte.". Así, el artículo 71 de la Constitución Local del Estado de Guerrero, establece que el Poder Ejecutivo se deposita en un sólo individuo que se denominará Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero. Por su parte el normativo 87 de la misma ley suprema estatal expresa que para el despacho de los asuntos que competen al poder ejecutivo, el Gobernador se auxiliará de secretarios de despacho y de los servidores públicos que las necesidades de la administración pública demande, en los términos de la ley orgánica respectiva. El artículo 91 de la citada Constitución Política establece que el Gobernador del Estado tiene entre otras atribuciones la de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales, los tratados internacionales, la constitución local y las leyes que de ella emanen. Con relación a la administración de las finanzas públicas el precepto mencionado establece entre otras que el Gobernador del Estado vigilará la recaudación, distribución y administración de los recurso públicos dirigirá las finanzas públicas y preservará el patrimonio del Estado, con arreglos a las leyes de la materia. Asimismo, en la fracción XXIX del artículo 91 referido, se previene que el citado Gobernador celebrará convenios y contratos con los gobiernos federal, estatales o municipales, y con sus correspondientes entidades descentralizadas, así como personas físicas o morales de carácter público o privado. Por su parte el normativo 181 de la misma constitución estatal establece que la hacienda pública del Estado será administrada por el Gobernador en los términos que señalen las leyes respectivas, en cuyo apartado 3 establece que las finanzas públicas del Estado deberán ceñirse a criterios de racionalidad y de estricta disciplina fiscal, procurando que el nivel de gasto establecido anualmente en el presupuesto de egresos sea igual o inferior a los ingresos previstos para el mismo ejercicio fiscal. En el punto 4 del indicado artículo, se precisa que los contratos administrativos que se celebren se ajustaran a los principios de legalidad, publicidad, igualdad, concurrencia, transparencia y máxima publicidad en los términos dispuestos en la ley. Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero "capítulo tercero de la competencia de las dependencias del ejecutivo", artículo 18, se establece que para el estudio, planeación y despacho de los asuntos en los diversos ramos de la administración pública del Estado auxiliaran al Titular del Poder Ejecutivo las siguientes: "A. Secretarías: . III. Secretaría de Finanzas y Administración.". Asimismo, el artículo 22 de la indicada Ley Orgánica establece que la Secretaría de Finanzas y Administración, es el órgano encargado de la administración de la hacienda pública del Estado y de prestar el apoyo administrativo que requieren las dependencias del Poder ejecutivo, correspondiéndole el despacho de los asuntos siguientes: "Artículo 22 . I.- Elaborar y proponer al Ejecutivo, los proyectos de leyes, reglamentos, presupuestos y demás disposiciones de carácter general que se requieran para el manejo de los asuntos financieros, tributarios y de recursos humanos y materiales del Estado; II.- Proyectar y calcular los ingresos del Gobierno del Estado considerando las necesidades del gasto público estatal previstas por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, así como definir y operar los mecanismos de financiamiento de la Administración Pública Estatal; III.- Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que correspondan al Estado; IV.- Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter fiscal aplicables en la Entidad; V.- Ejercer las atribuciones derivadas de los convenios fiscales que celebre el Gobierno del Estado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal y con los Municipios del Estado; VI.- Presentar al Ejecutivo el Proyecto de Ley de Ingresos y el Proyecto de Decreto del Presupuesto Anual de Egresos en sus presentaciones global y sectorial para cumplir las prioridades definidas en el Plan Estatal de Desarrollo, y la Cuenta Pública del Gobierno del Estado; VII.- Proponer, para la aprobación y autorización del Ejecutivo, el presupuesto global, regional y sectorial del Gobierno del Estado, orientado a cumplir las prioridades marcadas en el Plan Estatal de Desarrollo, estableciendo mecanismos de coordinación y cooperación técnica con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional para efectos de planeación, integración, seguimiento y evaluación del gasto; VIII.- Vigilar la actualización permanente del Padrón Fiscal de Contribuyentes; IX.- Controlar las actividades de las oficinas recaudadoras; X.- Proponer al Gobernador del Estado la cancelación de tasas incobrables, así como el otorgamiento de subsidios fiscales en los casos procedentes; XI.- Proporcionar la asesoría en materia de interpretación y aplicación de las Leyes Tributarias del Estado que le sea solicitada por los Ayuntamientos y los particulares; XII.- Participar en el establecimiento de criterios y montos de los estímulos fiscales, en coordinación con las dependencias Estatales y Federales a quienes corresponda el fomento de actividades productivas; XIII.- Administrar el catastro de la Entidad, de conformidad con lo establecido en las Leyes respectivas; (REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) XIV.- Ejercer las atribuciones derivadas de los convenios de colaboración establecidos con los órganos internos de control o las entidades fiscalizadoras, así como hacer efectivas las sanciones económicas por responsabilidad que en términos de la legislación aplicable resulten; (REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) XV.- Coadyuvar con la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado en el cumplimiento de las acciones y medidas que en términos del Sistema Estatal Anticorrupción lleve a cabo en materia de fiscalización de recursos públicos; (REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) XVI.- Facilitar el acceso de los ciudadanos a la información que en materia de fiscalización y gestión gubernamental se deriven de sus actividades; XVII.- Ordenar y practicar las visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, revisiones y verificaciones a los contribuyentes, aplicando en su caso, las sanciones correspondientes, en los términos que señalen las Leyes; XVIII.- Establecer y llevar el Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Administración Pública Estatal; XIX.- Llevar el control del ejercicio del gasto, conforme al presupuesto y ministración de los recursos aprobados, coordinándose con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional para efectos de seguimiento y evaluación de las políticas públicas contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo, Programas Institucionales, Sectoriales, Regionales y Especiales así como de programas cuya fuente de financiamiento sea de carácter federal; XX.- Formular mensualmente los estados financieros de la Hacienda Pública, presentando anualmente al Ejecutivo el informe pormenorizado del ejercicio fiscal anterior en la primera quincena del mes de marzo, excepto el último año de gobierno, que será presentado a más tardar en la primera semana de enero; XXI.- Efectuar la glosa preventiva de los ingresos y egresos, así como solventar las observaciones que sobre la materia finque la Legislatura Local, a través de su órgano de fiscalización; XXII.- Concentrar, integrar y elaborar la Cuenta Pública Anual y el Presupuesto de Egresos, considerando las propuestas formuladas en el seno de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional, y la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; XXIII.- Autorizar el ejercicio del presupuesto de inversión y emitir las órdenes de pago correspondientes, así como las transferencias de los recursos financieros programados para las entidades paraestatales, con base en los techos financieros establecidos; XXIV.- Analizar, dictaminar y autorizar, en coordinación con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, las modificaciones programáticas y presupuestales extraordinarias del presupuesto de inversiones, contando con la aprobación del Gobernador del Estado; XXV.- Efectuar los pagos conforme a los programas y presupuestos aprobados, así como formular mensualmente el estado de origen y aplicación de los recursos financieros del Gobierno del Estado, informando de ello al Titular del Ejecutivo, estableciendo mecanismos de coordinación y seguimiento con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional; XXVI.- Concentrar y custodiar los fondos y valores del Gobierno Estatal, así como los ajenos que estén al cuidado del mismo; XXVII.- Dirigir la negociación y llevar el registro y control de la deuda pública del Estado, informando al Gobernador mensualmente sobre el estado de amortización de capital y del pago de intereses; XXVIII.- Registrar y normar los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones para el Gobierno del Estado; XXIX.- Dictar, en coordinación con la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, las medidas administrativas sobre responsabilidades que afecten la hacienda pública del Estado en el ejercicio del gasto; XXX.- Cuidar que los empleados, con autorización para ejercer los fondos del Estado, otorguen fianza suficiente para garantizar su manejo, en los términos de Ley; XXXI.- Intervenir en todas las operaciones en las cuales las entidades paraestatales hagan uso del crédito público; XXXII.- Llevar el registro de las cuentas corrientes de depósito de dinero u otro tipo de operaciones financieras del Gobierno del Estado; (REFORMADA, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2018) XXXIII. Autorizar, conjuntamente con el Jefe de la Oficina del Gobernador, la reestructuración de las tarifas de los servicios públicos, particularmente, de transporte sujeto a permisos y autorizaciones; XXXIV.- Establecer y operar un Sistema de Administración, Capacitación y Desarrollo de Personal de la Administración Pública Estatal con perspectiva de género, incluido lo relativo a las relaciones laborales; XXXV.- Fijar las normas y lineamientos para la formulación del programa anual de adquisición de bienes y servicios, así como coordinar la elaboración y ejecución del mismo; XXXVI.- Llevar a cabo las adquisiciones de bienes y contratación de servicios que requiera el Poder Ejecutivo para su adecuado funcionamiento; XXXVII.- Normar, coordinar y supervisar el sistema de inventarios y almacenes, así como el de control patrimonial y vigilar la afectación, baja y destino final, en los términos establecidos por la ley vigente; XXXVIII.- Normar y proporcionar los servicios generales que requieran las diferentes dependencias del Ejecutivo Estatal, con criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal; XXXIX.- Representar al Gobierno del Estado en operaciones de adquisición y/o enajenación de bienes muebles e inmuebles en los términos de Ley; XL.- Administrar el Archivo del Personal del Gobierno del Estado; XLI.- Prestar servicios de informática y proporcionar apoyos en materia de computación electrónica a las dependencias de la Administración Pública Estatal; XLII.- Administrar y representar el interés del Patrimonio Inmobiliario, en todos los asuntos del orden legal en que se vea involucrado; (REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) XLIII.- Establecer y operar, en coordinación con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, un sistema de seguimiento de los programas federales relacionados con los asuntos de su competencia, conforme a lo que las leyes y acuerdos de coordinación establezcan; (REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) XLIV.- Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de desincorporación de activos de la Administración Pública Estatal; (ADICIONADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) XLV.- Establecer normas y lineamientos en materia de control del ejercicio del gasto; (ADICIONADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) XLVI.- Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Estatal, y administrar los inmuebles de propiedad estatal cuando no estén asignados a alguna secretaría, dependencia o entidad, así como llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria de la administración estatal y el inventario general correspondiente; (ADICIONADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) XLVII.- Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Estatal y, en su caso, representar el interés jurídico de la administración pública estatal; (ADICIONADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) XLVIII.- Expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles del Estado; (ADICIONADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) XLIX.- Reivindicar los bienes propiedad del Estado, en los términos de las disposiciones legales aplicables. (ADICIONADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) L.- Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.". De los anteriores preceptos debidamente, armonizados se desprende que corresponde al Poder Ejecutivo Estatal representado por el Gobernador del Estado de Guerrero, dirigir las finanzas públicas del Estado vigilando la recaudación, distribución y administración de los recursos públicos, así como preservar el patrimonio del Estado, para lo cual se auxiliará de secretarios de despacho, entre ellos, el Secretario de Finanzas y Administración que sea destinado. En efecto, la hacienda pública estatal será administrada por el Gobernador del Estado, conforme lo dispuesto en el normativo 181 de la Constitución Estatal, por lo cual debe considerarse que es dicha autoridad máxima estatal la directamente responsable de las finanzas públicas del Estado, y no en sí el Secretario de Finanzas y Administración ya que únicamente es el órgano encargado de la administración de la hacienda pública y por ende sólo presta apoyo administrativo o auxilia al poder ejecutivo, más no dirige las finanzas públicas del Estado, dado que esa atribución corresponde directamente por disposición de la constitución local al Gobernador del Estado, sin que por tanto se pueda delegar, es decir, trasladar dicha atribución a alguna otra autoridad, ya que la constitución local no contempla la sustitución en la facultad mencionada. En ese tenor, si el Secretario de Finanzas funge legalmente como encargado de las finanzas públicas, con las atribuciones que establecen las fracciones XXIII y XXV del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, consistentes en elaborar y proponer al ejecutivo los proyectos de leyes, reglamentos, presupuestos y demás disposiciones de carácter general que se requieran para el manejo de los asuntos financieros, tributarios y de recursos humanos y materiales del Estado, así como autorizar el ejercicio del presupuesto de inversión y emitir las órdenes de pago correspondiente, las transferencias de los recursos financieros programados para las entidades paraestatales, con base en los techos financieros establecidos, realizar los pagos conforme a los programas y presupuestos aprobados, como formular mensualmente el estado de origen y aplicación de los recursos financieros del Gobierno del Estado; de todo lo cual informará al titular del ejecutivo, entonces debe considerarse que en lo atinente a las finanzas públicas está subordinado a lo que en la materia determine el Gobernador del Estado. No obstante, debe puntualizarse que con motivo de que el propio Secretario de Finanzas tiene plenas atribuciones legales en términos de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero ya citado, en particular la de autorizar el ejercicio del presupuesto de inversión y emitir las órdenes de pago correspondiente, así como las transferencias de los recursos financieros programados para las entidades paraestatales, con base en los techos financieros establecidos, y realizar los pagos conforme a los programas y presupuestos aprobados, entre otros, debe vincularse al cumplimiento del pago de los laudos condenatorios, al igual que a la Gobernadora del Estado de Guerrero, puesto que finalmente ambos desempeñan funciones en plena coordinación con respecto a las finanzas públicas del Estado de Guerrero. Lo anterior, porque el representante del ejecutivo mencionado es el que dirige las finanzas públicas del Estado y el Secretario de Finanzas y Administración es el órgano encargado de la administración de la hacienda pública del Estado y de prestar el apoyo administrativo al Gobernado en la misma materia, quien con base en las diversas atribuciones constitucionales está apto para que ordene, solicite o realice las gestiones necesarias encaminadas a la efectiva ejecución del laudo condenatorio que hasta el momento no se ha logrado cumplimentar. En adición a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que si en el marco normativo de la entidad federativa de que se trate, los tribunales laborales cuentan con una gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, además que dicha autoridad laboral tiene la obligación de promover el eficaz e inmediato cumplimiento y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. En ese estado de cosas, resulta claro que el incumplimiento a un laudo por parte de los entes municipales, estatales o federales en el que figuraron como demandadas, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de la entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución. La determinación que antecede, como se dijo, se sustenta en la Jurisprudencia 79/2014 (10a.), aplicable al caso por analogía, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 116/2014, misma que ahí se transcribe cuyo rubro dice: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.". Así como resulta aplicable por analogía e identidad de razón la jurisprudencia 2a./J. 34/2018 (10a.), sustentada por la aludida Segunda Sala, cuya literalidad es la siguiente: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales.". Lo que denota que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el incumplimiento a un laudo dictado en un juicio laboral en el que un órgano del estado figuró como demandado, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos de la Ley de Amparo en vigor. De consiguiente, en el caso ya no resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 85/2011 que refiere, de rubro "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4º. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Tampoco escapa a la consideración de este órgano jurisdiccional, que el tesorero o secretario de finanzas municipal, en el procedimiento laboral dicha autoridad esta obligada legalmente a cumplir con el laudo, como se verá a continuación, en términos del artículo 17 Constitucional en relación con el diverso 94 de la ley 51 por obstruir el acceso a la administración de justicia al incumplir con las resoluciones dictadas por el tribunal responsable. Siguiendo en relación al tesorero o secretario de finanzas municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo 106, fracciones I y VIII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, en cuanto establece que participará en la formulación de los proyectos de egresos y de ingresos que corresponde al ayuntamiento; asimismo, es quien tiene la facultad y obligación de ejercer el gasto público municipal promoviendo el cobro de ingresos y el pago de las erogaciones correspondientes a los presupuestos municipales, así como el manejo de los fondos; por tanto, la obligación de cumplir con el laudo condenatorio corresponde a la referida autoridad municipal. Cabe precisar que el artículo 138 de la ley orgánica municipal establece que el gasto público comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo o deuda pública que realice el Ayuntamiento y los órganos o empresas paramunicipales. En esos términos, es el tesorero o secretario de finanzas municipal, a quien corresponde al ejercer el gasto público, pagar las cuentas o adeudos en que se encuentre inmiscuido o haya participado o intervenido el ayuntamiento municipal; por tanto, deberá vincularse a dar cumplimiento al laudo condenatorio emitido en contra de la alcaldía demandada. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Tesorero o Secretario de Finanzas municipales, es a quien corresponde realizar el pago correspondiente, ya que dicho servidor público es el encargado de recaudar, custodiar, concentrar y administrar los ingresos provenientes de los impuestos, derechos, productos, o aprovechamientos que consigne la Ley de Ingresos Municipales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 62, fracción V, 104 y 106 fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, ambas del Estado de Guerrero. Por tanto, también corresponde a la mencionada autoridad dar cumplimiento a la condena emitida en el laudo dictado en el juicio de origen; en ese sentido, también procede vincular al cumplimiento del mismo a dicha autoridad municipal. Por otro lado, el artículo 62, fracciones V y VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, señalan que son facultades y obligaciones del ayuntamiento en materia de hacienda, aprobar, ejercer y controlar su presupuesto de egresos conforme a los ingresos disponibles; así como contratar empréstitos con la autorización del Congreso del Estado, lo que se solicitará mediante el ejecutivo. Asimismo, el normativo 65 de la misma ley establece que son facultades y obligaciones de los ayuntamientos en materia de planeación y presupuesto entre otros preparar, examinar discutir y aprobar el presupuesto de egresos sobre la base de sus ingresos disponibles y de conformidad con el programa operativo anual correspondiente y el plan municipal de desarrollo y los convenios de colaboración respectivo. Por su parte, el artículo 72, fracción XIV, de la indicada legislación municipal, establece que son facultades y obligaciones del Presidente Municipal someter a la aprobación del Ayuntamiento el presupuesto anual de egresos. De igual forma en el título quinto del Presupuesto y Gastos Públicos capítulo I, artículo 138 de la ley orgánica citada, establece que el gasto público municipal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente inversión física, inversión financiera, así como pago de pasivos o deuda pública que realiza el ayuntamiento y los órganos o empresas paramunicipales. Al efecto el normativo 146 del propio ordenamiento jurídico establece que los presupuestos de egresos de los municipios comprenderán las previsiones de gasto público que habrán de realizar los ayuntamientos anualmente entre las que deberá contemplarse una asignación presupuestal, con base en su capacidad financiera destinada a cubrir las liquidaciones, indemnizaciones o finiquitos de ley a que tengan derecho los trabajadores; precepto que fue reformado el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Estableciendo que la falta de observancia a dicha disposición será motivo de responsabilidad política de los integrantes del ayuntamiento; lo que corresponde a una adición al artículo anterior publicada en el periódico oficial de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. El diverso normativo 147, fracción IV, establece que los proyectos de presupuestos de egresos de los Municipios se presentarán para aprobación de los ayuntamientos con la siguiente información: situación de la deuda pública municipal y el tratamiento que se le dará a la misma con la proyección que le corresponda. Asimismo el numeral 148 de la propia ley orgánica citada establece que los presupuestos de egresos de los municipios serán aprobados anualmente por sus respectivos ayuntamientos y se basarán en los ingresos disponibles para el ejercicio fiscal que corresponda; y el artículo 149 precisa que los presupuestos de egresos de los municipios se formularán en base al plan municipal de desarrollo y a los programas derivados, en los términos de los convenios y acuerdos que celebren los ayuntamientos. Por su parte, los normativos 152, 153, 154 y 155 de la propia legislación orgánica establecen que las tesorerías municipales son los órganos de gestión para el ejercicio del gasto público municipal, entendiendo éste como el pago de las erogaciones correspondientes a los presupuestos municipales, así como el manejo de los fondos; que los ayuntamientos están facultados para asignar los recursos que se obtengan en exceso a los previstos en los presupuestos de egresos del municipio, a los programas que se aprueban y podrán autorizar traspasos de partidas presupuestales cuando cuenten con la justificación financiera y programática que corresponda; que el gasto público deberá ajustarse estrictamente al monto autorizado para financiar los programas autorizados en los presupuestos de egresos y se ejercerá con base en las partidas presupuestales aprobadas; de igual manera que el ente municipal podrá autorizar ampliaciones presupuestales cuando se presenten situaciones extraordinarias y siempre que cuente con los recursos necesarios para ello. Descrito el marco normativo anterior conlleva a establecer que acorde con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ayuntamientos municipales tienen la facultad para administrar su patrimonio y formular, aprobar y dirigir su presupuesto de egresos, como características propias del Municipio Libre y autónomo; ello, por conducto del presidente municipal, quien tiene entre otras atribuciones la de someter a la aprobación del ayuntamiento el presupuesto de egresos mencionado; aspectos que están contenidos precisamente en los artículos 62, fracciones V y VII, 65 y 72, fracción XIV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. Ahora, conforme al normativo 186 de la citada carta magna estatal, todas las obligaciones de carácter económico que correspondan al Estado o a los municipios y que se deriven de esa constitución, deben entenderse limitadas por las respectivas capacidades presupuestarias, es decir, las deudas que contraiga el municipio conforme lo establecido en dicha ley suprema para su procedencia, deben encontrarse reconocidas en el presupuesto municipal, a fin de que el ayuntamiento responda con su pago. En efecto, el citado normativo constitucional local es enfático en disponer que todos los bienes que integran la hacienda estatal o municipal, son inembargables e imprescriptibles; lo cual puede conllevar a la idea genérica de que los ayuntamientos no pueden responder de las deudas derivadas de sus relaciones laborales de carácter privado que contraen con sus trabajadores, ya que sus propiedades corresponden al orden público, lo que constituye el obstáculo normativo supremo para que no se pueda garantizar el pago de la deuda con el embargo de dichos bienes. Sin embargo no es así, porque el propio precepto establece que solamente los presupuestos correspondientes, responderán de las obligaciones relativas conforme a las leyes; con lo cual dentro de dichos deberes deben considerarse las deudas laborales contraídas por el ayuntamiento municipal al ser condenado al pago de prestaciones en una controversia en la que fue parte demandada. Lo anterior es así, porque el normativo 146 de la Ley Orgánica del Municipio Libre establece que los presupuestos de egresos de los municipios comprenderán las previsiones de gasto público que habrán de realizar los ayuntamientos anualmente entre las que deberá contemplarse una asignación presupuestal, con base en su capacidad financiera destinada a cubrir las liquidaciones indemnizaciones o finiquitos de ley a que tengan derecho los trabajadores; es decir, que dicho normativo ya previene que en el presupuesto de egresos municipal se incluirá una partida presupuestal destinada a pagar a los trabajadores las prestaciones a que tengan derecho conforme a la ley cuando decidan separarse del cargo, jubilarse, o sean despedidos, entre otras, por lo cual el pago de las condenas a que sea sujeto el ayuntamiento en un juicio laboral ya están garantizadas al incluirse en el gasto público del presupuesto de egresos. En ese sentido, si el numeral 148 de la propia ley orgánica citada establece que los presupuestos de egresos de los municipios serán aprobados anualmente por sus respectivos ayuntamientos y que en el mismo se previene una partida presupuestal destinada a pagar a los trabajadores las prestaciones a que tengan derecho conforme a la ley, entonces ya no hay necesidad de ocurrir a otros instrumentos jurídicos para hacer eficaz el cumplimiento de la condena respectiva; sin que ello implique que éstos no existan. Es así que si el presidente municipal es quien como representante del ayuntamiento, someterá a autorización de la comuna la aprobación del presupuesto de egresos en el cual ya se contiene un rubro para el pago de las deudas que contraiga el ayuntamiento con motivo de sus relaciones laborales con sus empleados, entonces es evidente que dichos entes públicos conforme a sus facultades y obligaciones son los responsables directos de dar cumplimiento al pago del laudo condenatorio emitido en su contra. Lo anterior es así, porque el normativo 148 mencionado en la parte resaltada no atenta contra el libre manejo de la hacienda municipal, toda vez que el propio artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución, establece que es un deber inherente al Municipio regir las relaciones con sus trabajadores conforme a las leyes que expida la Legislatura Estatal con apoyo en lo previsto por el artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias; luego entonces, el manejo libre de la hacienda municipal no es ilimitado o absoluto, pues su ejercicio tiene como norma el cumplimiento de la Constitución y de la ley, quedando sujeto a un orden normativo, que atiende, entre otras cuestiones, a la prestación de ciertos servicios públicos como actividad propia de la vida del Municipio y para lo cual requiere de empleados regulares y permanentes que los desempeñen. Se confirma lo anterior con el hecho de que en los normativos constitucionales como de la ley orgánica ya descritos, se contienen otras herramientas jurídicas con las cuales también se puede llegar a que los citados entes públicos cumplan con el laudo condenatorio correspondiente, porque del contenido armónico de los normativos 152, 153, 154 y 155 de la última legislación se establecen entre otras prevenciones que los ayuntamientos estás facultados para asignar los recursos que se obtengan en exceso a los previstos en los presupuestos de egresos del municipio, a los programas que se aprueban y podrán autorizar traspasos de partidas presupuestales cuando cuenten con la justificación financiera y programática que corresponda; que el gasto público deberá ajustarse estrictamente al monto autorizado para financiar los programas autorizados en los presupuestos de egresos y se ejercerá con base en las partidas presupuestales aprobadas; de igual manera que el ente municipal podrá autorizar ampliaciones presupuestales cuando se presenten situaciones extraordinarias y siempre que cuente con los recursos necesarios para ello. Por tanto, el citado ayuntamiento municipal tiene facultades legales ordinarias y extraordinarias, la primera para asignar los recursos que se obtengan en exceso a los previstos en los presupuestos de egresos del municipio, a los programas aprobados, por lo que pueden autorizar traspasos de partidas presupuestales siempre y cuando cuenten con la justificación financiera y programática que corresponda; y la segunda, que el ente municipal puede autorizar ampliaciones presupuestales cuando se presenten situaciones extraordinarias y siempre que cuente con los recursos necesarios para ello; de ahí que si hubiera algún obstáculo para hacer efectivas las prevenciones establecidas en el artículo 148 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, el ayuntamiento municipal también puede utilizar sus facultades ordinarias y extraordinarias para que eficazmente se ejecute el laudo condenatorio emitido en su contra en los términos precisados. Tiene aplicación a lo anterior la tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente dice: "MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA, NO TRANSGREDE LA LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA DE AQUÉLLOS. De la interpretación del artículo 115, fracciones I, II, IV, parte inicial, así como su último párrafo y VIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende la facultad de los Ayuntamientos para administrar su patrimonio y formular, aprobar y dirigir su presupuesto, como características propias del Municipio Libre y autónomo. Por su parte, el artículo 9o. de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, cuando impone al Ayuntamiento la obligación de considerar en su presupuesto de egresos correspondiente al siguiente ejercicio fiscal como trabajadores de base, a aquellos empleados de confianza o trabajadores incluidos en las listas de raya, que realicen funciones de trabajadores de base, cuando su desempeño se prolongue por más de seis meses, esto es, de reconocerles específicos derechos laborales, no atenta contra el libre manejo de la hacienda municipal, toda vez que el propio artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución, establece que es un deber inherente al Municipio regir las relaciones con sus trabajadores conforme a las leyes que expida la Legislatura Estatal con apoyo en lo previsto por el artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias; luego entonces, el manejo libre de la hacienda municipal no es ilimitado o absoluto, pues su ejercicio tiene como norma el cumplimiento de la Constitución y de la ley, quedando sujeto a un orden normativo, que atiende, entre otras cuestiones, a la prestación de ciertos servicios públicos como actividad propia de la vida del Municipio y para lo cual requiere de empleados regulares y permanentes que los desempeñen.". En ese sentido, quien funge como Presidente Municipal del ayuntamiento demandado, también es responsable directo de dar cumplimiento al pago del laudo condenatorio emitido en su contra; por tanto, procede vincular al cumplimiento del mismo a dicho ente municipal. Otra herramienta que tienen los ayuntamientos para lograr el cumplimiento de sus obligaciones con motivo de las relaciones laborales que sostienen con sus empleados está prevista en la fracción XXVIII, inciso c) del artículo 61 de la constitución local, que constituye una atribución del Congreso del Estado establecer las bases para autorizar a los ayuntamientos municipales la contratación de préstamos cuando se paguen o garanticen con las participaciones y/o aportaciones federales susceptibles de afectarse de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y/o ingresos propios; lo que se conoce como la asignación de una partida presupuestal que si bien tiene su origen en participaciones federales, se integra especialmente para apoyar y fortalecer al ayuntamiento en los compromisos que adquiere con motivo de su administración en cualquier otro rubro. Las participaciones federales conforme lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV inciso b), serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los Estados; de ahí que como estos últimos (municipios) forman parte de la hacienda municipal, y una vez que la Legislatura Local lo determine, podrán ser administradas libremente por los Municipios, sin condicionamiento alguno. En efecto, las participaciones federales a que alude el indicado precepto no son de las que corresponde recibir directamente a los Municipios, sino que son de aquellas que conforme al marco que rige para los ingresos coordinados, provienen del Fondo General de Participaciones que a nivel federal se distribuye directamente a los Estados, es decir, el citado Fondo se integra con recursos propios de la entidad provenientes de una partida estatal autorizada por el Congreso Local para los Municipios; ello con fundamento en el artículo 61 fracción XXVIII, inciso c), de la constitución local que otorga facultades a dicho ente público para establecer las bases sobre las cuales se podrá autorizar a los ayuntamientos para contratar empréstitos cuando se paguen o garanticen con las participaciones y/o aportaciones federales susceptibles de afectarse de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal e ingresos propios. Tienen aplicación a lo expuesto las Jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS. EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY RELATIVA, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. Conforme al artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las participaciones federales que serán cubiertas por la Federación a los Estados y Municipios forman parte de la hacienda municipal, y una vez que la Legislatura Local lo determine podrán ser administradas libremente por los Municipios, sin condicionamiento alguno. Ahora, si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos establece que la constitución del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico de los Municipios se determinará aplicando el 1.5% al monto total que resulte de la suma de los ingresos propios, participaciones federales e ingresos coordinados señalados en la Ley de Ingresos para el Gobierno del Estado de Morelos, también lo es que las participaciones federales a que alude el indicado precepto no son de las que corresponde recibir directamente a los Municipios, sino que son de aquellas que conforme al marco que rige para los ingresos coordinados, provienen del Fondo General de Participaciones que a nivel federal se distribuye directamente a los Estados, es decir, el citado Fondo se integra con recursos propios de la entidad provenientes de una partida estatal autorizada por el Congreso Local para los Municipios, de ahí que el indicado precepto legal no vulnera el principio de libre administración hacendaria municipal, en tanto ésta se integra por los ingresos, activos y pasivos de los Ayuntamientos.". Es así, pues no debe soslayarse que si el ayuntamiento demandado no estuviera en condiciones financieras de dar cumplimiento al laudo a través del presupuesto de egresos, con la partida a que se refiere el normativo 146 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, está también facultado para solicitar empréstitos al Gobierno del Estado, con la previa autorización del Congreso local, en los términos ya precisados. En consecuencia, al resultar fundados los conceptos de violación supliendo la deficiencia de la queja, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección de la Justicia Federal es para el efecto de que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: Deje insubsistente la negativa de vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero dictada en el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en el juicio laboral ********************. Emita una nueva determinación en la que siga los lineamientos del presente fallo protector, por lo que, deberá vincular al cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral ******************** al Gobernador del Estado de Guerrero, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero; al Congreso del Estado de Guerrero, así como el Presidente Municipal del ayuntamiento demandado y Tesorero o Secretario de Finanzas de ese mismo ayuntamiento. En el entendido de que en el auto que emita en cumplimiento a esta sentencia, deberá determinar cuáles son los obligaciones de cada una de las autoridades vinculadas, mismas que se desprenden del desarrollo de la presente resolución, a más que, con plenitud de jurisdicción, deberá efectuar los apercibimientos que considere pertinentes. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; en tales condiciones, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; captura que deberá realizar el Secretario; una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo antes expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por********************por conducto de su apoderado legal********************, contra la omisión reclamada de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, de acuerdo a lo expuesto en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal Ampara y Protege a********************por conducto de su apoderado legal****************************************por conducto de su apoderado legal********************, contra la omisión de vincular a diversas autoridades reclamada de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para los efectos precisados en el considerando sexto de la presente sentencia. TERCERO. Publíquese esta sentencia en términos de lo ordenado en el último considerando. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo resolvió y firma ********************, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero; quien actúa asistido por ********************, Secretario que da fe. ********************, que autoriza y da fe.

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