Marisol Peña Rodríguez

Expediente 991/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
991/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
07/10/2021

Partes del expediente

  • Marisol Peña Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la resolución de referencia. En tal virtud, en su oportunidad, archívense los autos del presente juicio como totalmente concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su oportunidad procédase a la destrucción de este expediente.

  2. Principal

    Victoria de Durango, Durango, a veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, el escrito de la promovente Marisol Peña Rodríguez, ******(personal) lrs En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En tal virtud, en acatamiento a lo dispuesto por el invocado artículo 113 de la Ley de Amparo y atento a la obligación que ahí se contiene, se procede a analizar la demanda de amparo y escrito de cuenta. Pues bien, *************solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: De la lectura integral de la demanda de amparo, interpretada en su conjunto, como un todo, se advierte que Marisol Peña Rodríguez reclama: Todo lo actuado en el expediente INV/014-2019, del índice de la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, así como las consecuencias derivadas del mismo; y, El citatorio girado a fin de que se presente ante la Autoridad Investigadora de la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, el veintiséis de agosto del año en curso, a las ocho treinta horas. De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se desprende claramente que el juicio de amparo se torna improcedente cuando no se haga valer dentro del plazo a que se refiere el segundo de los numerales en cita (quince días); salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición que será de treinta días; la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, que es de hasta ocho años; contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, que será de siete años; y actos que impliquen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Federal, así como incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, que podrá ser en cualquier tiempo. El artículo 18 de la ley de la materia previene tres hipótesis, a partir de la cuales da inicio el referido plazo, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto que reclame o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del acto que reclame o de su ejecución. Luego, la omisión del gobernado de promover el juicio de amparo contra el acto que estima conculcatorio de sus derechos fundamentales, dentro del plazo a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, entraña un consentimiento tácito, entendiéndose por tal, la actitud pasiva que asume el que se estima afectado por el acto de autoridad de no defenderse de éste, en términos de los preceptos de que se trata. Pues bien, es pertinente destacar que la parte quejosa, en su escrito aclaratorio de cuenta, precisa: "[.] bajo protesta de decir verdad manifiesto que la fecha en que me fue notificado las observaciones por parte de la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, fue el día 16 de diciembre de dos mil veinte, y que la fecha con que se presentaron las solventaciones fue el día 27 de enero de 2021.". Señalamiento, que constituye una confesión expresa en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo. En consecuencia, tomando en consideración que la parte quejosa manifiesta que dio cumplimiento a las observaciones el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, debe decirse que el término de quince días para la presentación de la demanda, inició a partir del día hábil siguiente (veintiocho de enero siguiente). Ahora bien, en la presente instancia constitucional la parte quejosa presentó su demanda de amparo el día veinte de agosto de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado; de ahí que resulta evidente la extemporaneidad de dicha demanda, ya que se presentó fuera del plazo de quince días a que alude el numeral 17 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo de conformidad con la Ley de Amparo, transcurrió del veintiocho de enero al diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, con descuento de los días treinta y treinta y uno de enero, seis, siete, trece y catorce de febrero de dos mil veintiuno, por ser sábados y domingos, así como uno y cinco de febrero del año en curso, inhábiles de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74 de la Ley Federal del Trabajo y 19 de la Ley de Amparo, respectivamente. Por lo anterior, es evidente que, como se dijo, la demanda de amparo presentada por la parte quejosa (veinte de agosto de dos mil veintiuno), resulta notoriamente extemporánea, ya que se presentó fuera del término de quince días, para promover el amparo, pues, en efecto, lo está impetrando con exceso de más de seis meses. De una interpretación armónica y sistemática de dichos preceptos legales, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente, entre otros supuestos, contra los actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que no produzcan una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, es decir, si el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen derechos humanos, se llega a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que no exista un derecho humano que pueda ser transgredido con el acto reclamado. Así, la fracción II del numeral 107 de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Sin embargo, en este punto conviene recalcar que no todos los actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo son combatibles mediante el amparo biinstancial. Esto, pues del análisis sistemático a la Ley de Amparo, la hipótesis de procedencia referida se actualiza en aquéllos casos en que se esté ante un acto u omisión cuya ejecución sea irreparable, esto es, que afecte de manera directa derechos sustantivos del justiciable; acorde a la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En síntesis, a partir de la entrada de la Ley de Amparo en vigor, los actos de ejecución irreparables únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte; por ende, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la tesis P. LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página nueve, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; pues de modo alguno crea o extingue una situación jurídica que vulnere o restringa los derechos humanos del justiciable. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte. Entonces, si los actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no afectan materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, será improcedente el juicio de amparo indirecto. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa reclama el citatorio girado el expediente INV/014-2019, del índice de la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, a fin de que se presente ante la Autoridad Investigadora de la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, el veintiséis de agosto del año en curso, a las ocho treinta horas. Sin embargo, el mencionado acto reclamado y sus consecuencias, no causa un perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa, en virtud de que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental, pues no se plantea la infracción de derechos sustantivos, al no afectarle su integridad personal, su libertad o su propiedad, etcétera, entre los que se encuentran el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conmina a una parte para que desempeñe un trabajo forzosamente, el arraigo, entre otros, pues en dicho comunicado, solo se le informa que deberá comparecer a las ocho horas con treinta minutos del veintiséis de agosto del año en curso, ante la Autoridad Investigadora de la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, a fin de solventar las observaciones detectadas dentro del expediente INV/014-2019, del índice de la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, sin que le hubiere formulado apercibimiento alguno. En esa tesitura, se pone de relieve que la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado consistente en todo lo actuado en el expediente INV/014-2019, del índice de la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, así como las consecuencias derivadas del mismo, que en esta vía defiende, dada la extemporánea e inoportuna presentación de la demanda de amparo, y respecto del diverso acto reclamado relativo al citatorio girado el expediente INV/014-2019, del índice de la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, a fin de que se presente ante la Autoridad Investigadora de la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, el veintiséis de agosto del año en curso, a las ocho treinta horas, no causa un perjuicio irreparable a la parte quejosa, en la medida que no le afecta derecho sustantivo alguno.

  3. Principal

    *****(personal) lrs NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.- Agréguese a los autos, el escrito de la promovente, mediante el cual, en atención a la prevención formulada en auto del veinticuatro de agosto del año en curso, indica la fecha en que le fue notificado el citatorio que reclama. Sin embargo, no ha lugar a tener por cumplida la citada prevención, pues de la imposición del escrito de demanda, se advierte que la quejosa también reclama todo lo actuado en el expediente INV/0014-2019, esto es, todos y cada uno de los acuerdos pronunciados en el citado expediente. Además, en los antecedentes del escrito de demanda, la quejosa menciona que se desempeña como Presidenta Municipal de Mapimí, Durango, y que recibió un pliego de observaciones (realizadas por la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango) a la cuenta pública de ese municipio, para el ejercicio presupuestal de septiembre a diciembre de dos mil diecinueve. Que esas observaciones fueron solventadas a la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango, sin que esta haya emitido la resolución correspondiente. De ello se sigue que la agraviada ha tenido conocimiento del procedimiento de origen, en el que aduce, solventó las observaciones realizadas por la mencionada autoridad. En consecuencia, se encuentra obligada a precisar la fecha en que tuvo conocimiento de todos y cada uno de los actos reclamados. En consecuencia, dígasele al ocursante que no satisface la prevención formulada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, relativa a proporcionar la fecha exacta en que tuvo conocimiento o se le notifico cada uno de los actos reclamados. Por tanto, dado que el plazo de cinco días concedido a la promovente, para efecto de que especificara los antecedentes de los actos reclamados y proporcionara la fecha exacta en que tuvo conocimiento de los mismos no ha fenecido, se hace constar que se interrumpe en virtud del escrito que se provee y que se reanudará en cuanto sea legalmente notificada del presente auto, Lo anterior, es así toda vez que la notificación del multicitado auto se apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término que para tal efecto le resta, esto es, cuatro días, el cual contará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique del presente acuerdo; se hará efectivo el apercibimiento decretado el veinticuatro de agosto del año dos mil veintiuno. realizó el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno; y el escrito de cuenta fue presentado el tres de septiembre del año curso, ante éste órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    *** (PERSONAL) "gve" NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA. Ahora bien, antes de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en los artículos 108, fracción V, 112 y 114, fracción I, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días, computados legalmente, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con las copias necesarias para las partes, de cumplimiento a lo siguiente: ÚNICO. De cumplimiento al requerimiento establecido en el ordinal 108, fracción V, de la ley de la materia, en el sentido de que bajo protesta de decir verdad, especifique los antecedentes de los actos reclamados; esto es, proporcione la fecha exacta en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, pues es omisa en proporcionar ese dato. Se le apercibe a la promovente que de no cumplir íntegramente con lo anterior, se procederá en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo.

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