MARISOL MUÑOZ ORTÍZ y Otros.
Expediente 38/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 38/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/02/2019
Partes del expediente
- JUAN GILBERTO MUÑOZ ORTÍZ y Otros.
- MARISOL MUÑOZ ORTÍZ y Otros.
- Marisol Muñoz Ortíz
- Juan Gilberto Muñoz Ortíz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio de cuenta signado por el Actuario de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y en atención a su contenido, con sustento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias certificadas que indica, las cuales se remiten mediante oficio que al efecto se envié. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que mediante auto de veintiséis de febrero de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió reporte de trasferencias SPEI, del que se advierte la transacción realizada a la parte quejosa por la cantidad de ******************** . En relación con lo anterior, se ordenó dar vista a los promoventes del amparo, con el citado libelo y documentales para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente, manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este órgano jurisdiccional de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos; sin que los quejosos hayan hecho manifestación alguna al respecto. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, esta juzgadora procede resolver si de acuerdo con las constancias de autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante sentencia dictada en el presente sumario constitucional el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a********************, por lo que se determinó que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas atribuciones debían: " 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los numerales 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de ********************, respecto de la cantidad de ********************, que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a los solicitantes del amparo. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Resolución que causó ejecutoria el once de septiembre de dos mil diecisiete. De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar el Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: Que no le fuera aplicado a la parte quejosa el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los numerales 12, 13 y 14 del mismo ordenamiento legal; esto es, para que la misma vigilara que fuera desincorporado de la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, en el presente y en el futuro; y B) Devolverle el remanente que excediera de la aplicación de ********************, respecto de la cantidad de ********************, la cual debía ser actualizada en términos de la ejecutoria de que se trata. Luego, posterior a múltiples gestiones para que se informara el cumplimiento, mediante oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, finalmente remitió reporte de transferencias SPEI, del que se advierte la transacción realizada a los quejosos por la cantidad de ********************, del que se advierte la cantidad erogada con motivo del cobro declarado inconstitucional. En ese tenor, si tenemos que al monto total de ********************, se le resta la cuota mínima a pagar de ********************se obtiene como resultado la cantidad de********************, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron pagados el ********************y en el mes de febrero de dos mil dieciocho, se efectuó la devolución correspondiente mediante transferencia interbancaria; por tanto, la actualización de que se habla comprende el periodo transcurrido entre dichos meses; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, en el caso, los meses de junio de dos mil diecisiete y febrero de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de junio de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores al periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil diecisiete fue de 126.09 y para el mes de febrero de dos mil dieciocho de 131.50. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.04290. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver ********************, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, ********************; entonces, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remante a devolver, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de ******************** Por tanto, si la autoridad responsable entregó a los quejosos la suma de ********************, como se advierte del reporte de transferencias SPEI que consta agregado en autos, es evidente que con ello se les ha restituido en el goce de ********************violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver por concepto de actualización a la parte quejosa es de ******************** y que éste realizó una transferencia por la diversa cantidad de ********************, es decir, existe un excedente de $********************), ya que dicha diferencia no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada su magnitud a nada práctico conduciría reintegrarla. Bajo ese contexto, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el escrito en línea, enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por ***, así como la evidencia criptográfica del archivo magnético del libelo en comento, a través del cual solicita se le autorice la consulta vía internet del expediente electrónico del presente juicio de garantías con nombre de usuario ale.garciduenas, en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, de conformidad con el artículo 3, parte final del párrafo octavo de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica del presente expediente a*** con nombre de usuario ale.garciduenas, ya que en términos del precepto de previa mención, el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitió los acuerdos generales que consideró necesarios a fin de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica, que al día de hoy, se encuentran en vigor; por tanto, agréguense a los autos del presente cuadernillo para que obren como corresponda, en virtud de encontrarse el expediente principal 1360/2017 para estudio y resolución, por lo que una vez que deje de estar en ese estadio procesal, adjuntése dicho cuadernillo a las actuaciones del sumario constitucional de referencia para que surta los efectos legales conducentes. Por último, respecto a la persona que dice señalar como autorizado para consultar electrónicamente el expediente, indíquese que del líbelo de referencia, no se advierte que haga mención de persona alguna para tal efecto; por ende, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. VISTO LO DE CUENTA, SE TIENE COMO NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA.
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