Marisol Morales Galvan
Expediente 1653/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 21 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1653/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 02/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Marisol Morales Galvan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, la suspensión definitiva se determinó negarla. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diez de diciembre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido ese mismo día, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal Marisol Morales Galván solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. En su carácter de ordenadoras: Fiscalía del Ministerio Público de la Zona Oriente del Municipio de Cuautla, Morelos Unidad Especializada contra el Secuestro y Extorsión adscrita a la Fiscalía General del Estado de Morelos. En su carácter de ejecutoras: Director de la Policía Municipal de Yautepec, Morelos, con domicilio en Yautepec. Comisionado de Seguridad Pública de la Comisión de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Director General de la Policía Preventiva Estatal de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Policía de Investigación Criminal adscrito a la Fiscalía Zona Oriente en Cuautla, Morelos. Policía de Investigación Criminal adscrito a la Fiscalía Zona Oriente en Cuautla, Morelos. Director de la Policía Municipal de Yecapixtla, Morelos. Director de la Policía Municipal de Ayala, Morelos. Director de la Policía Municipal de Yautepec, Morelos. Acto reclamado: ".El cumplimiento que pudieran darle a una orden de aprehensión, detención, búsqueda, localización y presentación." ". La incomunicación." SEGUNDO. El diez de diciembre de dos mil veintiuno, esta autoridad tuvo por recibida la demanda de amparo presentada por Sabino Álvarez Mercado en representación de Marisol Morales Galván, ordenando su ratificación, requisito que se satisfizo en la misma data, por lo que en esa fecha se admitió la demanda de amparo, y se radicó el asunto con el número de expediente 1653/2021, se requirió a las responsables sus informes justificados, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama de las autoridades responsables; A) La orden de aprehensión, detención, búsqueda, localización y presentación ejecutada en su contra. B) Incomunicación. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Inexistencia del acto reclamado. Todas las autoridades señaladas como responsables, negaron el acto reclamado consistente en la incomunicación de la quejosa. Asimismo la Unidad Especializada contra el Secuestro y Extorsión adscrita a la Fiscalía General del Estado, el Director de la Policía Municipal de Yecapixtla, y el Director de la Policía Municipal de Ayala, todos del Estado de Morelos, además de haber negado la existencia de la incomunicación que les reclaman, negaron haber emitido orden de aprehensión, detención, búsqueda, localización y presentación ejecutada contra la quejosa. De manera que lo procedente es sobreseer en este enjuiciamiento constitucional los citados actos reclamados únicamente por lo que respecta a las autoridades mencionadas, ello, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya la jurisprudencia 284, publicada en la página doscientos treinta y seis, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicable por no oponerse a la actual Ley de Amparo en términos de su artículo sexto transitorio, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo". Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en la detención de la quejosa, pues así lo refirieron al rendir su informe justificado las siguientes autoridades: Fiscalía del Ministerio Público de la Zona Oriente del Municipio de Cuautla, Morelos Director de la Policía Municipal de Yautepec, Morelos, con domicilio en Yautepec. Comisionado de Seguridad Pública de la Comisión de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Director General de la Policía Preventiva Estatal de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Policía de Investigación Criminal adscrito a la Fiscalía Zona Oriente en Cuautla, Morelos. Policía de Investigación Criminal adscrito a la Fiscalía Zona Oriente en Cuautla, Morelos. Director de la Policía Municipal de Yautepec, Morelos. Además, se corrobora su dicho con las constancias que aportaron al expediente en el que se actúa (de la foja 54 a la 82, y de la 100 a la 194), a las que se concede valor probatorio pleno acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por contar con la certificación correspondiente de la autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 278, visible en la página 231, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación referente al año 2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la transcripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que las autoridades responsables antes indicadas señalaron que únicamente es cierto el acto reclamado consistente en la detención de la quejosa, la cual se llevó acabo a las dieciséis horas con treinta y siete minutos del nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en la Privada Ahuilican sin número, de la Colonia Ahuilican, del Poblado de Oaxtepec, Yautepec, Morelos, a cargo de los elementos policiales adscritos a la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos, Raúl Eduardo Torres Sotero y Manuela Miranda Nájera, quienes la pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público de la Primera e la Primera Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional Oriente, a las diecinueve horas con treinta minutos, por la probable comisión del delito de quebrantamiento de sellos oficiales. Posteriormente dicho representante social dio inicio a la carpeta de investigación CT/UCD/1055/2021 por el delito antes mencionado, dictando a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos el acuerdo de retención y emitiendo la boleta de internación y custodia de la quejosa Marisol Morales Galván, quedando a su disposición por lo que hace a su libertad por el término de cuarenta y ocho horas para la investigación del delito que se le atribuyó, tal como lo estatuye el numeral 16 Constitucional. Transcurrido dicho término y siendo las dieciocho horas con cinco minutos del once de diciembre del dos mil veintiuno, el Agente del Ministerio público Titular de la Tercera Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional Oriente con sede en Cuautla, Morelos, emitió el acuerdo de libertad de la quejosa Marisol Morales Galván, al considerar que no se reunieron los requisitos previstos en los articulo 16 y 21 Constitucionales en relación con los dispositivos 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que ordenó cancelar la retención de la quejosa, poniéndola en libertad tal como se desprende de las constancias aportadas por la responsable. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la amparista reclama en esta instancia constitucional la detención ejecutada en su contra que trae como consecuencia la privación de su libertad; sin embargo, con las actuaciones señaladas en los párrafos que anteceden, la detención reclamada quedó superada toda vez que la responsable canceló su retención y la puso en libertad, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos al encontrarse gozando de su libertad la justiciable, por lo que ya no está surtiendo sus efectos la detención que reclama, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que el once de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable Agente del Ministerio público Titular de la Tercera Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional Oriente con sede en Cuautla, Morelos, puso en libertad a la quejosa Marisol Morales Galván. Por tanto, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y en consecuencia, se ha restituido a la justiciable en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa María del Rosario García Jiménez, hasta hoy veintiocho de febrero de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, de donde se advierte que en auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se señalaron las "DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS, DEL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO", para la celebración de la audiencia constitucional, siendo que debía ser año dos mil veintidós; en tal virtud, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, para el sólo efecto de regularizar el procedimiento, se subsana dicha omisión y se acuerda lo siguiente: Se señalan las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS, DEL VEINTIDOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Se ordena la notificación personal del presente auto a la parte quejosa Marisol Morales Galván, para que esté en aptitud legal conocer la fecha de la audiencia constitucional y esté en aptitud legal de ofrecer pruebas y alegar lo que sus intereses convenga. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Yautepec; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se imponga de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone y con fundamento en el ordinal 28 de la Ley de la Materia, se tiene por señalado el domicilio que indica. También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecidas a favor de la autoridad de mérito las pruebas documentales que anexa, mismas que se desahogaran por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, a los usuarios que refiere, siempre y cuando se encuentren registradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe
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