Marisol Mejía Rojas

Expediente 732/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
732/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Marisol Mejía Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    IV... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia en la que se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la justicia federal; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Por tanto, hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno y comuníquese lo anterior a las partes. ... requiérase a la responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, dé cabal cumplimiento al fallo constitucional y remita copia certificada de las constancias con las que lo acrediten. Lo anterior, bajo apercibimiento ...

  2. Principal

    IV... V i s t o s para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo 732/2023-IV; R E S U L T A PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el trece de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este órgano jurisdiccional el catorce siguiente, Marisol Mejía Rojas, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que señaló en su escrito de demanda. SEGUNDO. Tramite. Por auto de quince de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirieron a las autoridades responsables rindieran sus informes con justificación y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional Seguida la secuela procesal y una vez integrado el juicio, se llevó a cabo la referida audiencia conforme al acta que antecede; por lo que se: C O N S I D E R A PRIMERO. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 Constitucionales; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 con relación al 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el acuerdo 3/2013 emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo que establece la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se tiene como acto reclamado: La omisión de las autoridades responsables de dar respuesta a la solicitud de pensión de fecha nueve de marzo de dos mil veintitrés, con número de folio 2,199,556-42102. TERCERO. Inexistencia. Por cuestión de método y técnica jurídica a continuación se determinará si se encuentra acreditado o no el acto reclamado, debido a que de no ser así, sería innecesario e incluso ocioso, abordar el estudio de la procedencia del juicio de amparo y menos aún sería conducente analizar la constitucionalidad del acto reclamado. En ese contexto, al rendir informe justificado, el Jefe del Departamento de lo Contencioso Administrativo adscrito a la Unidad Consultiva y de Igualdad de Género del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, negó la existencia del acto que se le atribuye a los "Integrantes del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios"; pues argumentó que no se colocan en la hipótesis normativa que refiere el artículo 5, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo, pues no son los que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, considerando que no se advierte la existencia de lo reclamado a dicha autoridad responsable. Dicha inexistencia no quedó desvirtuada por la amparista, ya que no objetó el informe justificado, aun cuando se encontraba obligada a probar la existencia del acto impugnado; por lo tanto surte efectos plenos. Ahora, se debe señalar que las autoridades responsables son parte en el juicio de amparo, de conformidad al artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por ello los informes con justificación que rinden tienen el carácter de documentos públicos, como lo disponen los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que se tratan de documentos expedidos por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que les confiere la ley. Bajo esa premisa, si la quejosa no lo objetó conforme al numeral 122 de la Ley de Amparo, debe arribarse a la convicción, que como documento público, surte efectos legales. En ese sentido, la carga de la prueba de la existencia del acto reclamado, estuvo a cargo de la peticionaria de amparo -al ser un acto positivo-; es decir, existió la obligación de su parte de aportar elementos de convicción para acreditar su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia PC.I.P. J/54 K (10a.), con registro digital 2019326, emitida por el Pleno de Circuito en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 1967, en la Décima Época, de texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CON INDEPENDENCIA DE QUE OTRAS TAMBIÉN SEÑALADAS COMO RESPONSABLES LO ACEPTEN. La causal de sobreseimiento en el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado, en términos del precepto y fracción citados, se actualiza cuando las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, lo niegan o cuando el quejoso no prueba su existencia en la audiencia constitucional, con independencia de que otras autoridades también señaladas como responsables lo admitan, pues la aceptación del acto reclamado por estas últimas, salvo casos de excepción, no desvirtúa la negativa de las autoridades a quienes de manera independiente y autónoma se les atribuyó por el quejoso, por lo que dicha causal de sobreseimiento es de estudio preferente a la diversa de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, relacionada con la actualización de alguna causal de improcedencia." En consecuencia, toda vez que no se acreditó la obligación de la autoridad para actuar en la forma que la parte quejosa pretendía, se sobresee en el juicio de amparo respecto a la autoridad responsable consistente en los "Integrantes del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios", de conformidad con la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia. Ahora, al rendir informe justificado, el referido Jefe del Departamento de lo Contencioso Administrativo adscrito a la Unidad Consultiva y de Igualdad de Género del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, aceptó la existencia del acto reclamado únicamente respecto al Presidente de Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Afirmación que, además, se robustece con la constancia que exhibió la quejosa, consistente en el acuse de recibo de nueve de marzo de dos mil veintitrés, por la Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, relativo a la solicitud de pensión formulada por la peticionaria del amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, procede examinar si sobreviene alguna causa de improcedencia, de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, el representante del Presidente responsable sostiene que el presente juicio es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad, previo a intentar la presente vía constitucional, toda vez que el acto reclamado debió atacarse previamente por medio del juicio contencioso administrativo del Estado de México. Precisado lo anterior, esta autoridad considera que debe desestimarse la causal de improcedencia invocada, en atención a que no se cumplen los extremos establecidos en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, para considerar que la quejosa estaba obligada a agotar el principio de definitividad. Ello es así, puesto que el dispositivo legal en comento establece claramente que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a dichas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte quejosa, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Esto es, para que la parte quejosa deba agotar el principio de definitividad previo a instar el juicio constitucional resulta imperativo que el medio de defensa o juicio que deba promoverse suspenda la ejecución del acto con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo sin exigir mayores requisitos ni un término mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sin embargo, del análisis de los artículos 254, 255, 257 y 258 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que señala la autoridad responsable en su informe justificado, se desprende que no establece un plazo para proveer sobre la suspensión, mientras que en la Ley de Amparo la suspensión del acto reclamado debe proveerse en un plazo de veinticuatro horas, según lo disponen los artículos 112 y 115. De ahí, que contrario a lo que sostienen la autoridad responsable, la quejosa no se encontraba obligada a agotar el principio de definitividad y, por tanto, resulta claro que no se actualiza la causal de improcedencia en análisis. SEXTO. Estudio de Fondo. Se procede a analizar los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa, los cuales se dan por reproducidos, al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que señale que deba hacerse en la sentencia transcripción de ellos. En ese contexto, adujo la quejosa, en sus motivos de disenso que la responsable había sido omisa en dar respuesta a su solicitud de pensión, en los plazos y términos fijados en las leyes, debiendo emitir su resolución en forma pronta, pues a la fecha de la presentación de la demanda han transcurrido más de treinta días hábiles, desde que la quejosa realizó su solicitud de pensión. Tal concepto de violación es fundado y suficiente para concederle el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Debe señalarse que el numeral 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "ARTÍCULO 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El ordinal transcrito, consagra el llamado derecho de petición, que impone a las autoridades, la obligación de dictar ante toda solicitud hecha por escrito, un acuerdo, lo que deberá hacerse en breve término y notificarse al promovente. De lo anterior se desprende que el referido mandamiento constitucional contiene los siguientes lineamientos: Que los funcionarios y empleados públicos deben respetar el derecho de dar respuesta a toda petición. No obstante tal derecho, estarán exentos de hacerlo cuando los particulares no lo hagan por escrito y de manera respetuosa; o que tratándose de materia política no sean requeridos por ciudadanos de la República. Que a toda solicitud deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido éste. Que dicha autoridad lo deberá dar a conocer al peticionario en un plazo breve. Siendo así, se tiene que hasta en tanto no se cumplan con las anteriores premisas, no se podrá estimar agotado el derecho de petición reclamado. A ese respecto, resulta que el requisito de la existencia de una solicitud, formulada ante una autoridad por escrito, de manera pacífica y respetuosa, se acredita en el caso, en virtud de que, la quejosa presentó por escrito ante la Unidad de Atención al Derechohabiente de Naucalpan del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el nueve de marzo del año en curso, solicitud de pensión debidamente requisitada. Con lo anterior, resulta claro que la parte quejosa cumplió con la totalidad de los supuestos descritos a su cargo, impuestos en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así las cosas, pese a que fue recibida la petición en estudio por la Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, como se observa del sello que obra en la parte inferior de la copia del acuse de recibo que la quejosa acompañó a su escrito de demanda, la autoridad responsable ha sido omiso en dar contestación a la solicitud de referencia, lo cual hace evidente que su proceder, resulta violatorio de lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, se precisa que, a la fecha, han transcurrido más de treinta días sin que la autoridad señalada como responsable haya emitido la respuesta en la que atienda la petición de la quejosa, en torno al otorgamiento de pensión que le fue presentada. No obstante que en términos del artículo 73, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, contaba con un plazo máximo de treinta días, contados a partir de la fecha en que recibió la solicitud, para emitir la respuesta correspondiente, sin que lo hubiera hecho así, con lo que sin duda alguna se está violando en perjuicio del peticionario de amparo el derecho fundamental contenido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es así, ya que la autoridad responsable estaba vinculada a dar una respuesta en la que decidiera si la parte quejosa reunía los requisitos o no para que se le otorgara la pensión solicitada; sin embargo, eso no sucedió. Aunado a que, se insiste, la autoridad responsable ha demorado en exceso en emitir la respuesta a la solicitud referida, sin que al efecto se haya justificado el motivo o razón por la cual, no ha podido dar una respuesta en la que atienda cabalmente la solicitud de pensión de la quejosa. En ese sentido, es importante destacar que no se desconoce que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene, consistentemente, que la razonabilidad de los plazos en los que deben desarrollarse los procesos judiciales, en términos de los artículos 1°, 5°, 7° y 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está determinada por: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, de manera que la justificación de la dilación de una decisión judicial depende de las circunstancias concretas que concurran en el asunto de que se trate; aspectos que pueden aplicarse por analogía al derecho de petición en estudio. Sin embargo, en el presente juicio no existe constancia que acredite fehacientemente la complejidad del asunto, así como tampoco un orden de prelación a la petición presentada por la quejosa (por razón de turno), o bien, que el cúmulo de trabajo no ha permitido que se emita la respuesta correspondiente. Por tanto, si la autoridad responsable contaba con un máximo de treinta días para dar contestación a la petición formulada y ésta se presentó el nueve de marzo de dos mil veintitrés, resulta evidente que dicho plazo transcurrió en exceso y, por ende, su actuar resulta trasgresor del artículo 8º Constitucional. Por su aplicación, se cita la tesis aislada I.2°.A.5 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Marzo de 1991, Octava Época, página 137, con número de registro 223375, que establece: "DERECHO DE PETICIÓN, VIOLACIÓN AL. La violación al derecho de petición puede ser invocada siempre que un funcionario público no dé respuesta a una solicitud formulada en los términos exigidos por el artículo octavo constitucional, aun cuando lo que se pide se encuentre expresamente previsto en algún precepto ordinario." Además, por las razones que la contienen, se cita la jurisprudencia VI.1°.A. J/49, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Febrero de 2010, Materia Común, página 2689, registro 165204, que establece: "PETICIÓN. MODALIDADES DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO. El derecho de petición previsto en el artículo 8º constitucional, como premisa normativa se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. De dicha premisa pueden advertirse distintos elementos o variables de los actos reclamados en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, dependiendo de la actuación omisiva o positiva que asuma la autoridad ante quien se presente una solicitud en los términos señalados en el precepto antes referido. Las variables fundamentales a que se alude son enunciativamente las siguientes: 1.- Si el quejoso reclama que la autoridad responsable no ha dado respuesta a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo tendrá inicialmente como finalidad obligar a la responsable para que en breve término emita una respuesta congruente a lo que le fue solicitado, y la notifique legalmente al quejoso. En este supuesto, en el juicio de amparo pueden derivar al menos otras dos situaciones complementarias: 1.1.- Que exista una solicitud presentada ante la responsable con la oportunidad debida y en la forma que prevé el artículo 8º constitucional, sin que ésta haya sido respondida por dicha autoridad, situación en que el acto reclamado es en sí mismo inconstitucional y amerita la concesión del amparo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. 1.2.- Que se demuestre la existencia de la mencionada solicitud, en los términos ya descritos, pero que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a dicha petición y su notificación, en cuyo caso, inclusive cuando la responsable aduzca que tales actuaciones son anteriores a la presentación de la demanda inicial, éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. 2.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida y notificada por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, es incongruente a lo realmente solicitado, el acto reclamado será de naturaleza positiva, siendo la materia de litis en el juicio de garantías el contenido propio del acto de autoridad, en cuyo caso el juzgador de amparo deberá analizar y calificar la congruencia de la respuesta frente a lo solicitado por el quejoso, y en el supuesto de concluir que no se respondió lo realmente pedido, el amparo deberá concederse para el fin de que se responda congruentemente y se notifique la nueva contestación. 3.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, no le ha sido notificada, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo buscará obligar a la responsable para que notifique al quejoso la respuesta emitida a su solicitud, y que éste desconoce. En este último caso, dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, pueden presentarse también en el juicio de amparo dos diversas situaciones complementarias: 3.1.- Que aun cuando se demuestre la existencia de la respuesta, ésta no se haya notificado al quejoso, en cuyo caso la concesión del amparo tendrá como finalidad notificar tal contestación al impetrante. 3.2.- Que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a la solicitud y su notificación, supuesto en el que éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. En consecuencia, el derecho de petición reviste características diversas que por su naturaleza práctica y casuista deberán ponderarse por el juzgador de amparo en cada caso concreto en que se promueva un juicio de garantías por violación al artículo 8º constitucional, pues será atendiendo a ellas que surjan en aquél diversas cargas y oportunidades procesales para las partes, que influirán en el trámite y resolución del juicio, en congruencia con los principios contenidos en el artículo 17 constitucional y con la finalidad de garantizar una debida capacidad de defensa del quejoso." Por lo anterior, en atención a que se trasgredió en perjuicio de la quejosa el derecho fundamental del que se ocupa el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para efecto de que el Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, dentro del término de tres días, posteriores a que cause ejecutoria la presente sentencia, emita una respuesta fundada y motivada, respecto de la solicitud de pensión presentada por Marisol Mejía Rojas, el nueve de marzo de dos mil veintitrés, y se la notifique personalmente. En el entendido de que la responsable no está vinculada a responder favorablemente a los intereses de la quejosa, por lo que bastará con que dé respuesta de manera congruente al ocurso antes referido y lo notifique a la solicitante. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por Marisol Mejía Rojas, por propio derecho, contra el acto de la autoridad responsable señalada en el considerando tercero, por las razones ahí expuestas. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Marisol Mejía Rojas, en contra del acto de la autoridad precisada en el considerando cuarto, por los motivos y para los efectos expuestos en el último punto considerativo de este fallo ...

  3. Principal

    IV... Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, .... se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos del tres de agosto de dos mil veintitrés, para su verificativo.

  4. Principal

    IV... se tiene a los Integrantes del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, rindiendo informe justificado; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. ... se tienen como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones los que señala. Por lo que hace al correo electrónico que refiere, será tomado en consideración para entablar comunicaciones no procesales. Finalmente, de conformidad con el numeral 3 de la Ley de Amparo, que reglamenta la posibilidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, sea de forma impresa o electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, y en virtud de que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el nombre de usuario "Mario_Rs_88", se le autoriza consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo.

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