Marisol Martínez Cordova
Expediente 888/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 888/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Marisol Martínez Cordova
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Causa estado auto de desechamiento. Se ordena archivo y destrucción. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Marisol Martínez Córdova; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo. Por otra parte, una vez cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Por otra parte, devuélvase los discos compactos que la parte quejosa acompañó a su escrito de demanda, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos discos serán depurados junto con el expediente. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los discos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 81 90 extensión 1308, (dentro de un horario de ocho a trece horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, cinco de agosto de dos mil veintidós. Cumple prevención Agréguese a los autos el escrito signado conjuntamente por la quejosa Marisol Martínez Córdova y su defensor particular, mediante el cual desahogan el requerimiento formulado en auto de veintisiete de julio del año en curso; en consecuencia, se provee: Se desecha demanda Ahora bien, visto nuevamente el escrito inicial de demanda, así como escrito aclaratorio; con apoyo en lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por presentarse fuera del plazo establecido para tal efecto, el cual es de quince días, atento a las siguientes consideraciones. Del escrito de demanda de amparo, así como escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, lo constituyen: La imposición de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa, impuesta por el Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes del estado de Tlaxcala, dentro de la Causa Judicial 296/2021, por el delito de violación. Ahora bien, de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, la quejosa manifestó lo siguiente: "En fecha 6 de septiembre del año 2021, en la continuación de la audiencia inicial (.), el agente del ministerio público LICENCIADA. AURORA COCOLETZI HERNANDEZ ratifica la petición de que le sea impuesta a MARISOL MARTINEZ CORDOVA la medida cautelar consistente en (prisión preventiva) contemplada en la fracción XIV del numeral 155 del código nacional de procedimientos penales vigente. La agente del ministerio público LICENCIADA. AURORA COCOLETZI HERNANDEZ, solicita al C. JUEZ la vinculación a proceso, así mismo como tiempo de investigación complementaria, el consistente en 2 meses para el cierre de investigación, a lo cual una vez que da el uso de la voz a nuestra defensa, es que nos adherimos al tiempo en mención. Acto seguido El sr. Juez Procede a dar lectura al auto de vinculación a proceso de MARISOL MARTINEZ CORDOVA en calidad de imputada, ordenando al Área de MEDIDAS CAUTELARES se tenga impuesta y ejecutada dicha medida cautelar (prisión preventiva oficiosa), 2 meses para cierre de investigación complementaria la cual fenecería el día 7 de noviembre de 2021, así mismo sea trasladada por policía procesal, nuevamente a las instalaciones anexas al CERESO FEMENIL, indicando y ordenando de igual manera a la DIRECTORA del penal el resguardo y cuidados de MARISOL MARTINEZ CORDOVA por esta encontrarse sujeta a proceso judicial y a medida cautelar de prisión preventiva oficiosa." (sic) En virtud de lo anterior, se advierte que en el presente caso, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, que a la letra señalan: ""Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo se encuentra fuera de las hipótesis previstas en el artículo 17, fracciones I a la IV, de la Ley de Amparo, por tanto, puede presentarse en los plazos que prevé este último numeral, en los cuales existen tres hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente el en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, o incluso, al en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, tomo XXXIII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a enero de 2011, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que el acto reclamado fue consentido tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad de la parte quejosa con él. Ahora, en el presente caso la parte quejosa reclama: La imposición de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa, impuesta por el Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes del estado de Tlaxcala, dentro de la Causa Judicial 296/2021, por el delito de violación. Acto reclamado que, bajo protesta de decir verdad, manifestó haber tenido conocimiento en la continuación de audiencia inicial, llevada a cabo el seis de septiembre de dos mil veintiuno, fecha que debe tomarse como referencia para analizar la oportunidad en la promoción de la demanda que dio origen a este juicio. Bajo esa óptica, como quedó señalado, en el presente asunto se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, pues como ya se asentó, la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamados, el seis de septiembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda, transcurrió del siete al treinta de septiembre de dos mil veintiuno, sin contar los días inhábiles; tal como se pone de manifiesto en el siguiente calendario: Septiembre de 2021 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 4 5 6 (tuvo conocimiento) 7 (día uno) 8 (día dos) 9 (día tres) 10 (día cuatro) 11 (día inhábil) 12 (día inhábil) 13 (día cinco) 14 (día inhábil) 15 (día inhábil) 16 (día inhábil) 17 (día seis) 18 (día inhábil) 19 (día inhábil) 20 (día siete) 21 (día ocho) 22 (día nueve) 23 (día diez) 24 (día once) 25 (día inhábil) 26 (día inhábil) 27 (día doce) 28 (día trece) 29 (día catorce) 30 (día quince) vence plazo Consecuentemente, al haber presentado su demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, hasta el veinticinco de julio de dos mil veintidós, tal como lo revela el sello de la citada oficina de correspondencia; debe concluirse que es extemporánea la presentación del juicio de amparo, pues es inconcuso que se presentó fuera del plazo de quince días que tenía para impugnar los actos que reclama. Sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos en el citado artículo 17 de la ley de la materia, conforme a las siguientes consideraciones: En efecto, los actos de los que se duele la parte quejosa no constituyen una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, para que de esa manera se haga valer el juicio de amparo dentro del plazo de treinta de días. Asimismo, no se trata de una sentencia definitiva condenatoria dictada en un proceso penal que imponga pena de prisión, hipótesis en la cual el juicio de amparo podrá interponerse hasta en un plazo de ocho años. Tampoco es un juicio de amparo que se promueva contra actos que causen perjuicio a un núcleo de población ejidal o comunal, caso en el que el juicio constitucional podrá hacerse valer en un plazo de hasta siete años. De igual manera, debe decirse que los actos aquí reclamados no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. En tales condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Olga Viviana López González, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve José Orlando Domínguez Velázquez, en representación de Marisol Martínez Córdova, contra actos del Juez Octavo del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 888/2022-III. Prevención. A efecto de acordar el escrito de demanda, debe tomarse en consideración que el artículo108, de la Ley de Amparo en vigor prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentran los establecidos en las fracciones IV y V, que a la letra señalan: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)". De los preceptos legales transcritos se desprende que la parte quejosa se encuentra obligada a manifestar bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado actos, pues ello constituye información indispensable para que el Juez de Distrito esté en aptitud de analizar la constitucionalidad de los actos que se les atribuyen, así como proporcionar todos los datos correspondientes. Ahora bien, la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: Asimismo, en el apartado de autoridades responsables señalo: No obstante, lo anterior, de lectura de los apartados relativos a los antecedentes del acto reclamado, así como de sus conceptos de violación, no se aprecia con claridad el acto que reclama a cada autoridad. Entonces, resulta indispensable que la parte promovente cumpla con los requerimientos exigidos por el artículo 108 de la Ley de la materia, a fin de lograr seguridad jurídica y se esté en aptitud de resolver la litis planteada. En consecuencia, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 108, fracciones IV y V, además del 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, "bajo protesta de decir verdad" aclare tal situación; esto es, deberá precisar lo siguiente: Precise cuál es el acto o actos que reclama de la autoridad que señaló como responsable ordenadora; esto es, si señala la imposición de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa, o bien señala, la negativa de otorgar la libertad bajo reservas de ley; en ambos casos, deberá señalar la fecha en que se emitió el acto reclamado y cuándo tuvo conocimiento del mismo o le fue notificado; Abunde más sobre los antecedentes del acto reclamado; y, Señale el estado procesal que actualmente guarda la causa judicial 296/2021, que se sigue en su contra. Copias de escrito aclaratorio Además, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo". Asimismo, resulta aplicable, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente". Apercibimiento. Por tanto, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento precisado dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Ahora bien, tomando en consideración que el domicilio para oír y recibir notificaciones que señala la parte quejosa (Benito Juárez Sur, número ciento cincuenta y cuatro, San Pedro Xalostoc, Ecatepec de Morelos Estado de México), se encuentra ubicado fuera de la residencia de este juzgado, no ha lugar a acordar de conformidad y tener por designado el mismo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo, realícese las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos, que se pública en los estrados de este juzgado, en el entendido que queda expedito su derecho para señalar domicilio en la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal. Se ordena notificación en centro de reclusión. No obstante, lo anterior dado que de la demanda de amparo se aprecia que la quejosa se encuentra privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social Femenil de Apizaco, Tlaxcala, con fundamento en lo establecido en el numeral 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquese la presente y subsecuentes notificaciones en dicho centro penitenciario. Autorizados. Teniéndose como autorizado a José Orlando Domínguez Velázquez, únicamente para oír y recibir notificaciones, por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Comunicación no procesal. Así también, téngasele señalando un número telefónico y correo electrónico; los cuales en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toman en cuenta únicamente para mantener comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Se ordena resguardo de discos versátiles. Ahora, por lo que respecta a los discos versátiles digitales, que adjunta (dos), se ordena su resguardo en la Secretaría de este Juzgado Federal. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se trámite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Asimismo, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
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