Marisol Magallan Medina

Expediente 1990/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1990/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Marisol Magallan Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa Marisol Magallan Medina, haya interpuesto recurso alguno en contra del auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguense a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el oficio 12899/2021 de cinco de octubre del presente año, por el cual requirió el cumplimiento a la ejecutoria de amparo a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, mismo que fue recibido el seis del mismo mes y año, sin que a la fecha haya informado sobre el cabal cumplimiento al fallo protector. Por tanto, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, así como a la autoridad vinculada Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días cumpla con la sentencia ejecutoriada, en la que determino lo siguiente: ". dicte forma pronta y expedita dé trámite y conclusión al procedimiento de ejecución del laudo, dictado dentro del juicio laboral 951/E/2016, en específico, lo resuelto en la interlocutoria de tres de diciembre de dos mil diecinueve y se realice en favor del quejoso el pago por la cantidad de $559,528.42 (quinientos cincuenta y nueve mil quinientos veintiocho pesos 42/100 m.n.), por diversos concepto, observando los plazos y términos legales, lo cual implica el deber de llevar a cabo los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin.". En la inteligencia que de no acatar lo anterior, dentro del término concedido, sin causa justificada, se hará efectivo el apercibimiento formulado por acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho y se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada y, sin perjuicio de que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, téngase a Marisol Magallan Medina, solicitando el amparo y la protección de la justicia federal contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, y por estimarlos violatorios del artículo 14 y 16 de la Constitución Federal. Consecuentemente, fórmese expediente y regístrese bajo el número 1990/2021. Ahora, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace la promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el presente asunto la parte quejosa hace consistir como acto reclamado lo siguiente: "La Resolución Interlocutoria de fecha 15 de julio de 2021 emitida en el expediente natural.". En aras de contribuir a una mejor comprensión del presente asunto, es pertinente atender a los antecedentes que hace la promovente bajo protesta de decir verdad, que son los siguientes: "La suscrita quejosa presente demanda laboral ante la oficialía de partes del H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, formándose así el expediente laboral Numero 1178/M/2017, dentro del cual se emplaza al Ayuntamiento demandado se da contestación a la demanda y con posterioridad se presenta incidente de falta de Personalidad. Por tal motivo, se señalan las doce horas del día cuatro del mayo del año en 2021, para la celebración de la audiencia incidental respectiva. En dicha audiencia, la responsable emite un acuerdo en el que tiene por celebrada la audiencia incidental de pruebas y alegatos relativa al incidente de falta de personalidad y por reservándose la resolución correspondiente Por ello, en fecha 18 de mayo del año 2021, se solicita a la responsable dicte la resolución interlocutoria respectiva para estar en posibilidades de continuar con el procedimiento dentro del expediente natural, misma que es emitida en fecha l5 de julio 2021, la cual trae perjuicios a la suscrita." Como se puede apreciar, a través del auto que por esta vía combate la quejosa, la responsable dictó resolución interlocutoria incidental de fecha quince de julio de dos mil veintiuno, por el cual declaró improcedente el incidente de falta de personalidad planteado por la directa quejosa. Determinación que la quejosa señala que la resolución que ahora se combate se dejó de cumplir con lo que le exigen los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo por lo que dicha resolución es violatoria de las garantías de legalidad y certeza jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Al venir en demanda de garantías, la quejosa se duele que al actuar en ese sentido, la autoridad responsable declaró improcedente el incidente de falta de personalidad. Ahora, analizado dicho acto, se concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V (en sentido contrario), de la Ley de Amparo, toda vez que fue emitido dentro de juicio, y no tiene efectos de imposible reparación, como se pasa a exponer. Los citados preceptos, en lo conducente señalan: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" En efecto, el último precepto citado establece que el amparo biistancial procede contra actos dictados dentro de juicio, sólo cuando sean de imposible reparación, y explica que por éstos se entiende los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con tal precisión, el legislador secundario proporcionó seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de naturaleza irreparable, pues mediante esa fórmula legal estableció que esos actos -para ser calificados como irreparables- necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una afectación de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; esto es, que recaigan sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De lo anterior se deducen las dos condiciones que el citado legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, atinente a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que implica situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", lo que de suyo implica deben ser antagónicos a los de naturaleza formal o adjetiva "procesales", estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al resultado del juicio cuando se emite resolución -de fondo o no- que dé fin al procedimiento respectivo; momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En efecto, de los preceptos transcritos se infiere, que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V de la Ley de Amparo), es necesario que los actos de autoridad que se combatan, sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el procedimiento de donde emana. A lo anterior, se hace necesario invocar la tesis número II.1o.C.T.9 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de Segundo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y ocho, Tomo II, Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN; QUE DEBE CONSIDERARSE COMO, EN EL JUICIO DE AMPARO. Por actos de imposible reparación, se deben considerar aquellos cuyas consecuencias, sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, cuyos efectos no puedan repararse en el juicio del que dimanan tales actos, aunque se obtenga sentencia definitiva favorable, así como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento; y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna, dada en el trámite y resolución del juicio." Asimismo, es aplicable la diversa tesis I.13o.A.2 K, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil treinta y dos, tomo XIII, de abril de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "AMPARO INDIRECTO, PROCEDENCIA DEL, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS DEL GOBERNADO. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación." Así, los actos de imposible reparación a los que se refiere este precepto legal, podrán ser los impugnados a través de una demanda de amparo indirecto que, no obstante de que se trate de actos intraprocesales, el gobernado no puede esperar a que se dicte la resolución definitiva para igualmente impugnarlos, toda vez que afectan de manera directa sus derechos sustantivos, lesionando los derechos fundamentales consagrados en nuestro texto constitucional a través de las llamadas garantías individuales y, que con motivo de la afectación causada, dicha lesión no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio." Además, cabe reiterar que para establecer la procedencia del juicio de amparo indirecto, en tratándose de actos de imposible reparación, debe atenderse únicamente a lo establecido por el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, ya que define a los actos de imposible reparación, como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí que, una violación procesal, como la que nos ocupa, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. En ese tenor, el acto reclamado por la parte quejosa, lo hace consistir en la resolución interlocutoria de quince de julio de dos mil veintiuno, emitida en el expediente natural, relativo incidente de personalidad. Tal determinación reclamada no es impugnable en amparo indirecto, ya que no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ello el que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la carta magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; en consecuencia, no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo biinstancial. Se sostiene lo anterior, porque la determinación de que se trata, en todo caso no constituye más que una violación intraprocesal, cuyas consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la quejosa, pues el hecho de que la autoridad responsable, haya emitido la resolución interlocutoria de quince de julio de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 1178/M/2017, a través del cual se declaró improcedente dicho incidente, con ello únicamente se afectan derechos adjetivos que son susceptibles de reparación, pues si obtiene sentencia favorable, la violación no trascenderá al resultado del fallo en su perjuicio; y de ser adverso tendrá sus derechos expeditos para hacerlos valer, en la vía correspondiente. Es aplicable al caso, la jurisprudencia I.7o.C. J/3, Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, Agosto de 1993, página 49 y que a la letra dice: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." En suma, como las consecuencias del acto reclamado son de carácter intraprocesal y no tienen una ejecución de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquella cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución; es de concluirse que la determinación en estudio, impugnada por la parte quejosa, no cumple los requisitos necesarios para poder ser atacada por esta vía constitucional, porque sólo afecta los derechos adjetivos o procesales y los efectos intraprocesales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable, y en el supuesto de que no lo fuera, estaría en aptitud de promover en su contra el juicio de amparo directo en el cual podría delatar las violaciones procesales; por lo que no hay duda de que no se está en presencia de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial. Asimismo, es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) por el Pleno, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, con número de registro 2006589 libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 39 y que a la letra dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por las razones apuntadas, se torna claro que se actualiza la causal de improcedencia a que alude la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V (en sentido contrario), de la Ley de Amparo y, en vía de consecuencia, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal mencionado, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por la causa manifiesta e indudable de improcedencia resaltada. Por último, con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.

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