Marisol Lara Cervantes

Expediente 95/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
95/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
06/03/2019

Partes del expediente

  • Marisol Lara Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso revisión, contra el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha quedado firme. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    "...Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que el término de tres días otorgado a la parte quejosa mediante auto de primero de febrero del presente año, para el efecto de que señalara domicilio dentro de la residencia de este juzgado para oír y recibir notificaciones de su parte, transcurrió en exceso, sin que hubiera realizado manifestación alguna al respecto; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento y se tiene como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, hasta en tanto no señale un domicilio procesal donde se le pueda localizar prontamente y dentro de la residencia de este Órgano Jurisdiccional (municipio de Naucalpan de Juárez), o en su defecto dentro de la zona conurbada de este Juzgado (municipio de Huixquilucan, Estado de México); esta determinación, así como las subsecuentes que les resulten de carácter personal, les serán notificadas mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este juzgado. Por otro lado, visto el estado procesal que guarda el presente expediente se advierte que mediante proveído dictado el primero de febrero del presente año, se radico el presente asunto derivado de la separación de juicios (aperturado en el juicio de amparo 1982/2018-V-A), únicamente por lo que respecta al acto reclamado consistente en la ejecución del acuerdo administrativo dictado en el expediente DDU/CJ/PA/381/2018, el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se señalan como autoridades responsables ejecutoras a 1. la licenciada Claudia María Gutiérrez Lorenza Lauces, Directora de Desarrollo Urbano y a 2. José Luis Cid Fuentes, con numero de empleado 022225, Verificador, inspector, notificador y ejecutor adscrito ambos dependientes de Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, sin que hubiera lugar a solicitar a las citadas autoridades responsables su informe justificado, en virtud que obran agregados en las copias certificadas del juicio de amparo 1982/2018-V-A, que constan en autos. Ahora bien, los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." "Artículo 81. Procede el recurso de revisión: I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes: (.) d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; (.) Del contenido de dichos preceptos se desprende que la Ley de Amparo prevé la posibilidad que durante el juicio sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 63 de ese ordenamiento legal. Tan es así que el primero de los artículos en cita (63, fracción V) refiere que el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en la ley. Mientras que el segundo numeral (81, fracción I, incido d) estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos que declaren el sobreseimiento fuera de audiencia, siendo éstos los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese contexto, se estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)". La causal de improcedencia en comento tiene sustento en el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, el cual exige que el agraviado por un acto promueva todas las instancias procesales tendientes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate, y solo cuando por virtud de esas instancias no se haya obtenido éxito podrá promoverse demanda de amparo. Para los efectos de este principio, se entiende que un recurso o medio legal de defensa, se agota cuando se hace valer y se substancía en todos sus términos, hasta que se dicte la sentencia o resolución que lo dé por terminado. Sin esa resolución o sentencia, no podrá decirse que se agotó el recurso o medio de defensa legal y, entonces, el juicio de amparo es improcedente, por coexistir el recurso de mérito, al mismo tiempo en que se promueve el juicio de amparo. En efecto, la aludida fracción XIX es aplicable cuando se promueve el citado juicio, no obstante que se encuentra en trámite; y por lo mismo no ha sido resuelto, algún recurso o medio de defensa legal que podría tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que la quejosa estuviese o no obligada a agotar dicho recurso. Consecuentemente, en términos de la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio legal de defensa que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación del acto de autoridad respectivo, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de garantías que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto por ser materia de un recurso ordinario o medio legal de defensa, con efectos semejantes a los que se pretenden y pudieran obtenerse o derivar de la acción constitucional, de ser así se actualiza la improcedencia en estudio. Sobre el tema, se sostiene que la causa de improcedencia en estudio debe tener por objeto que el promovente del mismo pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses, de modo tal que no cualquier medio de impugnación puede dar lugar a la actualización de la causal de improcedencia en examen, sino sólo aquellos que están establecidos por la ley correspondiente y que tengan los efectos precisados, requisito éste que debe examinar el juzgador federal. Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, en cuanto a que el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, se impuso al juzgador de amparo el deber de analizar si la actualización de la causal de improcedencia que se examina deja a la promovente del amparo en estado de indefensión, esto es, si está en posibilidad o no de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es necesario la demostración fehaciente de que el recurso haya sido admitido, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En el mismo orden de ideas, se ha determinado que al término utilizado en el precepto referido, en el sentido de que el recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso "se esté tramitando", no debe dársele una interpretación restrictiva, esto es, que la operancia de la causal de mérito se origine por la simple presentación del escrito mediante el que se interpuso el recurso, sino que en concordancia con el aludido principio y atendiendo al estado de indefensión en que pudiera quedar la promovente del amparo, debe considerarse que el medio de impugnación hecho valer debe estar pendiente de resolución, lo que implica su admisión por la autoridad respectiva. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que quedan comprendidos los tribunales ordinarios, ya que existe la misma razón que impide al tribunal de amparo resolver la cuestión jurídica sometida a su consideración, al estar impugnados o combatidos los mismos actos por el propio afectado a través de una vía diversa, esto es, que no se ventilen simultáneamente diversos medios de impugnación respecto de la misma materia o resolución a fin de evitar que culminen con resoluciones contradictorias. Sustentando los referidos argumentos, por identidad de razón la jurisprudencia de rubro: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." En resumen, si bien conforme al precepto en estudio no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de garantías que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional, no lo es menos que la improcedencia del juicio de garantías por la causal prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, solo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se promueva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. En ese contexto, la Magistrada de la Sexta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, admitió a trámite la demanda promovida por...(hoy quejosa) señalando como demandados a la licenciada...Directora de Desarrollo Urbano y...con numero de empleado 022225, y Verificador, inspector, notificador y ejecutor adscrito ambos dependientes de Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en contra el procedimiento administrativo número DDU/CJ/PA/381/2018, instaurado en su contra el diecinueve de septiembre del mismo año. Concerniente al primer requisito que ha sido señalado en el inciso a), se acredita plenamente ya que la parte quejosa interpuso medio de defensa (demanda) en contra del procedimiento administrativo número DDU/CJ/PA/381/2018 que por esta vía impugna. De lo anterior, es incuestionable que en el presente asunto y en la demanda promovida por la parte quejosa se reclama un acto de la misma naturaleza, circunstancia por la cual se encuentra acreditado el requisito que se analiza. Ahora, en lo relativo al segundo punto, se considera que en la especie también se acredita, toda vez que el medio de defensa interpuesto por la aquí quejosa se encuentra en trámite, según se advierte de las constancias que obran en autos. Por otro lado, respecto del tercer requisito, debe decirse que se encuentra probado en el sumario, en virtud que la demanda promovida por la aquí quejosa en contra del procedimiento administrativo número DDU/CJ/PA/381/2018, es la vía idónea para combatir su pretensión. Ello es así, toda vez que el citado juicio administrativo se encuentra previsto en los artículos 229, 232, 239, y 243 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. "CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO". "CAPÍTULO TERCERO Del Juicio Contencioso Administrativo SECCIÓN PRIMERA De las Disposiciones Generales" "Artículo 229.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO 36 procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. Los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. Las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de quince días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos diez días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y X. Actos o resoluciones en materias administrativa o fiscal emitidas por autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten a otras autoridades que no se encuentren en la misma situación de imperio que les permita ejercer unilateralmente las atribuciones que les confieren los ordenamientos legales aplicables; XI. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales." ".Artículo 232.- En el proceso administrativo no procederá la gestión oficiosa. El particular que promueva a nombre de otro, deberá acreditar su personalidad, mediante poder notarial o carta poder firmada ante dos testigos. La representación de las autoridades corresponderá a los servidores públicos que señalen, en su caso, las disposiciones legales aplicables. Cuando las partes tengan reconocida la personalidad ante la autoridad administrativa, ésta será admitida en el proceso administrativo, siempre que se compruebe esa circunstancia con las constancias respectivas." ".Artículo 239.- La demanda deberá contener los siguientes requisitos formales: I. El nombre y domicilio del actor para recibir notificaciones y, en su caso, de quien promueva en su nombre; II. El acto o la disposición general que se impugna; III. Las autoridades o particulares que se demanden, en su caso; IV. El nombre y domicilio del tercero interesado, si lo hubiere; V. Las pretensiones que se deducen; VI. La fecha en que se notificó o se tuvo conocimiento del acto impugnado; VII. La fecha en que entró en vigor la disposición general impugnada, en su caso; VIII. Los hechos que sustenten la impugnación del actor; IX. Las disposiciones legales violadas, de ser posible; X. Las pruebas que se ofrezcan; y XI. La solicitud de suspensión del acto impugnado, en su caso. Los demandantes podrán formular conceptos de invalidez y ofrecer pruebas aun cuando no se hayan hecho valer en el procedimiento administrativo o en el recurso de inconformidad." ".Artículo 243.- Si al examinarse la demanda se advierte que ésta carece de algún requisito formal, el magistrado de la sala regional la subsanará en el momento de admitirla." Razón por la cual, se estima que sobrevino la causal de improcedencia invocada, toda vez que se encuentra pendiente de resolver el juicio administrativo 575/2018, del índice de la Magistrada de la Sexta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el cual se encuentran señaladas como demandadas a la licenciada...Directora de Desarrollo Urbano y...con numero de empleado 022225, y el Verificador, inspector, notificador y ejecutor adscrito ambos dependientes de Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en contra el procedimiento administrativo número DDU/CJ/PA/381/2018, que por esta vía de amparo combate. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. La anterior determinación, encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que señala: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto". En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE..."

  3. Principal

    Agréguese para el único efecto de que obre como legalmente corresponda el oficio enviado por la Secretaria de Acuerdos de la Sexta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por medio del cual comunica que tuvo por recibido el oficio 2836/2019, que contiene el acuerdo dictado el primero de febrero del presente año, y por el que informa que en el presente asunto no advierte se actualice alguna causal de improcedencia o sobreseimiento. Lo anterior en virtud que por auto dictado el primero de los corrientes, se radico el presente asunto derivado de la separación de juicios (aperturado en el juicio de amparo 1982/2018-V-A), únicamente por lo que respecta al acto reclamado consistente en la ejecución del acuerdo administrativo dictado en el expediente DDU/CJ/PA/381/2018 el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se señala como autoridad responsable ejecutoria a 1. La licenciada Claudia María Gutiérrez Lorenza Lauces, Directora de Desarrollo Urbano y José Luis Cid Fuentes, con numero de empleado 022225, y 2. Verificador, inspector, notificador y ejecutor adscrito ambos dependientes de Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, no así a la autoridad oficiante.

  4. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por medio del cual en atención a la solicitud formulada por este órgano jurisdiccional, remite copia certificada de la lista de publicación del juzgado de su adscripción de fecha siete de febrero del presente año, por la cual se advierte notificó a la parte quejosa del auto dictado el uno de los corrientes, dentro del presente asunto, de lo que se toma conocimiento.

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