Marisol Josette Ojeda Núñez

Expediente 711/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
711/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
15/02/2023

Partes del expediente

  • Marisol Josette Ojeda Núñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista al tercero interesado de iniciales M.A.A.A., el proveído de trece de febrero de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: "...Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, de los que se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido la sentencia de veintidós de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución causa ejecutoria; por tanto, archívese el asunto como totalmente concluido...":-

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, de los que se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido la sentencia de veintidós de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución causa ejecutoria; por tanto, archívese el asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista al tercero interesado de iniciales M.A.A.A., la sentencia de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: "...ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ..., quien promovió por propio derecho y en representación de los menores de identidad reservada con iniciales M.A.O. y J.M.A.O....".-

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el contenido de la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el fedatario adscrito para notificar de manera personal a la parte quejosa la sentencia de veintidós de diciembre del años en curso; en esas condiciones, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese dicha determinación, por medio de la lista. La citada resolución, emitida el veintidós de diciembre de la presente anualidad, en su punto resolutivo establece: "VISTOS, los autos, para resolver el juicio de amparo ********************, promovido por ********************, por propio derecho y en representación de los menores de identidad reservada con iniciales ******************** y J.********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de junio de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, que por razón de turno se remitió el dieciséis de junio siguiente a la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, ********************, por propio derecho y en representación de los menores de identidad reservada con iniciales ******************** y J.********************, demandó el amparo de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que enseguida se transcriben: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Señalo como autoridad responsable: El C. Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Distrito judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, (.). IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamo de la Autoridad ordenadora, la violación por parte de la responsable, misma que al dictar la SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, publicada el PRIMERO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, en el boletín judicial 9360, en la cual resuelve el RECURSO DE REVOCACIÓN, interpuesto por la suscrita en representación de mis menores hijos, en contra del auto de fecha dos de diciembre del año dos mil veintiuno, (.)." SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, se dio la intervención que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación, se ordenó emplazar al tercero interesado y se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, el cual se rindió con ocho días de anticipación en relación con la celebración de la audiencia constitucional, misma que, previos diferimientos, se verificó sin la comparecencia personal de las partes, tal como se asentó en el acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio para conocer y fallar este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, y 107 de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se emitió por una autoridad con residencia dentro del territorio en el que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa deriva del expediente ********************, y consiste en la resolución dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama al Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Al caso se invoca la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las actuaciones que adjuntó dicha autoridad en copia certificada, relativas al expediente ********************, cuyo valor probatorio es pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, página 153, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En esos términos, al no existir causas de improcedencia que hubiesen hecho valer las partes o que deban atenderse de oficio, se continúa con el análisis de los motivos de inconformidad alegados por la parte quejosa. CUARTO. Estudio de fondo. A manera de antecedentes en el asunto, es conveniente reseñar los antecedentes de la resolución reclamada por la parte quejosa, a saber: Por auto de catorce de enero de dos mil veinte, el Juez Supernumerario Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, admitió a trámite la controversia de violencia familiar promovida por ********************, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada con iniciales ******************** y J.********************, en contra de ********************, bajo el número de expediente ******************** (fojas 21 a 23 del primer tomo de pruebas). Seguido el trámite correspondiente, a través del escrito registrado con el número 21837/2021, la actora manifestó haber iniciado diversas carpetas de investigación ante la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en contra del progenitor de los menores, cuyas constancias exhibió en sobre cerrado; además, solicitó que se le diera vista al Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado de origen, a fin de que manifestara lo que a su representación social corresponde. Al citado ocurso recayó el auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, que es del tenor siguiente (foja 207 del segundo tomo de pruebas): "A sus autos el escrito de cuenta, visto su contenido y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1.134, 1.138 y 5.38 fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por la ocursante, en virtud de que no se encuentra en la hipótesis contenida en el último precepto legal invocado; al no haberla ofrecido como prueba superveniente, con todos y cada uno de los requisitos que se establecen por la porción normativa indicada, para tal efecto. Aunado a lo anterior, debe decirse que las constancias exhibidas y pruebas ofertadas dentro del presente asunto deben ser del conocimiento de ambos contendientes; no solo del conocimiento del suscrito y del Agente del Ministerio Público. Finalmente, se deja a disposición de la ocursante el sobre cerrado que adjunta al de cuenta, previa razón que por su recibo quede agregada a las actuaciones para debida constancia legal." Mediante escrito registrado bajo el número 22170/2021, la actora reiteró su pretensión y manifestó ofrecer como pruebas de hechos supervenientes las documentales consistentes en las carpetas de investigación que afirmó haber iniciado en contra de ********************; asimismo, refirió exhibir copia simple de los acuses de recibo de las denuncias en sobre cerrado, y solicito dar vista al representante social adscrito al juzgado. Dicho ocurso se proveyó el dos de diciembre de dos mil veintiuno, en los siguientes términos (foja 217 del segundo tomo de pruebas): "A sus autos el escrito de cuenta, visto lo solicitado y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1.134, 1.138 y 1.153 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en atención a que de las actuaciones que integran el presente sumario se advierte que mediante promoción registrada con el número 21837/2021, realizó diversas manifestaciones respecto a las carpetas de investigación que refirió haber iniciado ante la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género en el Estado de México; petición que no se acordó favorable, por las razones expuestas mediante proveído emitido en fecha veintinueve de noviembre del año en curso, por lo que rectificar su pretensión en base a las consideraciones que se le hicieron notar por parte de este órgano jurisdiccional, ocasionaría un desequilibrio en el proceso en perjuicio de su contrario." En desacuerdo con lo anterior, la hoy quejosa interpuso recurso de revocación, mismo que se admitió a trámite el siete de diciembre del citado año. Derivado de la excusa planteada por el juzgador de origen, la entonces Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, el uno de febrero del año en curso tuvo por recibidos los autos del expediente ********************; acto seguido, se ordenó continuar con el trámite del procedimiento y notificar a las partes la radicación del expediente ******************** (foja 335 del segundo tomo de pruebas). Así, mediante resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 506 a 507 del segundo tomo de pruebas); determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio. Expuesto lo anterior, del análisis de los conceptos de violación se advierte que la parte quejosa, al margen de las expresiones subjetivas formuladas contra el juzgador responsable y que en nada coadyuvan a los argumentos tendentes a desvirtuar la legalidad del acto reclamado, manifiesta esencialmente lo siguiente: Sostiene que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio las garantías de legalidad y de seguridad jurídica consagradas por los artículos 1, 4, 8, 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que le causa molestias sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. Además, manifiesta el juzgador pierde de vista que el juicio de origen versa sobre violencia familiar y que se le hizo de su conocimiento que la actora inició las carpetas de investigación debido a los actos de violencia que ejerce el demandado en su contra y de sus menores hijos; en tal sentido, arguye que lo considerado por el A quo les impide defenderse y los coloca en un estado de vulnerabilidad. Por último, alega que la resolución combatida le genera perjuicio porque no está apegada al estricto derecho y a la jurisprudencia, además de que el juez responsable soslaya que no se trata de un procedimiento ordinario, sino de uno especial de violencia familiar regulado por un capítulo expreso en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, siendo inexacta la consideración de que el auto admisorio de pruebas es apelable y no revocable. Tales argumentos, cuyo análisis se aborda de manera conjunta, se concluye que son infundados, sin que este juzgado de Distrito advierta alguna cuestión que deba ser examinada en suplencia de la deficiencia de la queja para conceder el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, y la tesis 2a. LXXV/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII (julio de 2000), página 161, Materia Común, Civil, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PROCEDE EN TODO CASO, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. Los Jueces Federales tienen el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios respectivos, siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o el recurso de revisión, toda vez que el interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en las concernientes a los menores y a los incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar la situación de los hijos menores; por el contrario, es la sociedad, en su conjunto, la que tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Lo anterior, debido a que el propósito del Constituyente y del legislador ordinario, plasmada en los artículos 107, fracción II, párrafo segundo, constitucional y 76 bis, fracción V y 91, fracción VI, de la Ley de Amparo, y de las interpretaciones realizadas por la Suprema Corte fue tutelar el interés de los menores de edad y de los incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, incluso hasta el grado de hacer valer todos aquellos conceptos o razones que permitan establecer la verdad y lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. Luego, no hay excusa tocante a la materia ni limitante alguna para la intervención oficiosa y obligada de las autoridades jurisdiccionales en esta clase de asuntos, pues la sociedad y el Estado tienen interés en que los derechos de los menores de edad y de los incapaces queden protegidos supliendo la deficiencia de la queja, independientemente de quienes promuevan en su nombre o, incluso, cuando sin ser parte pudieran resultar afectados por la resolución que se dicte." Al analizar en su integridad la resolución reclamada de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se advierte que la autoridad responsable, tomando como base lo dispuesto por los artículos 1.259, 1.362 y 5.75 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, llegó a la conclusión de que el recurso de revocación no es procedente para impugnar el auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno. Lo anterior, expuso el juzgador, toda vez que dicho proveído no dio trámite a la solicitud relacionada con las pruebas supervenientes ofertadas por la parte actora, por lo que la inadmisión de las carpetas de investigación que pretendió exhibir se ajusta al contenido del numeral 1.259, por cuanto establece que "El auto que admita pruebas no es recurrible; el que las deseche es apelable sin efecto suspensivo." De igual forma, puntualizó que si bien el artículo 5.75 del código adjetivo civil establece que el recurso de revocación procede en contra del auto que inadmite pruebas, lo cierto es que debe interponerse en audiencia, sin que ello se actualice en la especie. En esos términos, el juzgador responsable concluyó que el recurso de revocación interpuesto por la actora es improcedente para combatir el proveído de dos de diciembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, como se dijo al reseñar los antecedentes del acto reclamado, a través del escrito registrado con el número 22170/2021, la actora reiteró su pretensión y manifestó exhibir como pruebas de hechos supervenientes las documentales consistentes en las carpetas de investigación que dijo inició en contra del demandado, ocurso al que recayó el auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, en el sentido de no proveer de conformidad lo solicitado por las razones ahí expuestas. Por ende, considerando que tal decisión lleva implícito el efecto de no admitir las documentales exhibidas por la aquí quejosa, entonces la conclusión a la que arribó la autoridad responsable está ajustada a derecho, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1.259 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, se colige que el auto que inadmite y/o desecha medios de prueba es susceptible de impugnación a través del recurso de apelación, sin que resulten aplicables los diversos 1.362 y 5.75, fracción II, del mismo cuerpo de normas, ya que no es procedente el recurso de revocación atendiendo a un criterio de exclusión, y el auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno no se emitió en audiencia, como lo señaló la autoridad responsable. Los citados preceptos, en el orden señalado, disponen lo siguiente: "Artículo 1.259.- El auto que admita pruebas no es recurrible; el que las deseche, es apelable sin efecto suspensivo. "Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." "Artículo 5.75.- En audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra de: (.) II. El que inadmita pruebas;" En esa tesitura, si de conformidad con los citados preceptos se corrobora que el recurso de apelación es procedente en contra del auto que inadmite y/o desecha pruebas, válidamente se concluye que la resolución reclamada no transgrede los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya que la autoridad responsable declaró improcedente el recurso de revocación ajustándose a su contenido y, por ende, resulta inexacto estimar que vulneró en su perjuicio las garantías de legalidad y de seguridad jurídica. Se afirma lo anterior, porque el juzgador de origen cumplió con lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal, que establece las garantías de legalidad y seguridad jurídica como elementos fundamentales que debe cumplir todo acto de autoridad, lo cual genera la obligación ineludible de expresar con exactitud el precepto legal aplicable al caso (fundamentación) y señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para dictarlo (motivación), además que debe existir adecuación entre las razones aducidas y las normas aplicables. Ello es así, toda vez que dicha autoridad fundó la emisión de la resolución reclamada en los artículos 1.362, 1363, 1364 y 1.365 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, y sustentó sus conclusiones en términos de los diversos 1.259, 1.362 y 5.75 de la misma legislación, exponiendo con precisión las circunstancias especiales o razones particulares que justifican declarar improcedente el recurso de revocación interpuesto por la quejosa, mismas que se adecuan al contenido de los citados ordinales. Al caso es aplicable, la jurisprudencia número 73, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, Séptima Época, Tomo III, parte SCJN, página 52, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Concordante con lo expuesto, debe precisarse que la efectividad del recurso intentado acontece cuando, una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial correspondiente evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada; por ende, el hecho de que en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que se analice el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, máxime que tales exigencias son indispensables y obligatorias para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo. Al caso se transcribe, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, visible en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4 (marzo de 2014), Tomo I, página 325, relativa a la Décima Época, que es del tenor siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Por otra parte, en oposición a lo manifestado en los conceptos de violación, se acredita que el juez responsable cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que oportunamente le notificó a la actora el auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, tan es así, que en su contra interpuso el recurso de revocación, mismo que se admitió a trámite y concluyó con la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, cuya legalidad controvirtió en el presente juicio. De ahí que los argumentos de la quejosa son infundados, sin que se adviertan elementos para considerar que el acto de autoridad reclamado le impidió defenderse o que vulnere el interés superior de los menores involucrados en la controversia de origen, contemplado primordialmente en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño. En las relatas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita, en contra del acto reclamado al Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, consistente en la resolución dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, que dio solución al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, en el expediente ********************. Lo anterior, como se dijo, sin que del análisis íntegro del acto reclamado se advierta alguna violación procesal, formal o de fondo que tuviera que analizarse oficiosamente en suplencia de la deficiencia de la queja para conceder el amparo, de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la ley de la materia, y la tesis 2a. LXXV/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 161 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII (julio de 2000), Materia Común, Civil, Novena Época, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PROCEDE EN TODO CASO, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74, fracción V, 77, fracción II, y 107 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, quien promovió por propio derecho y en representación de los menores de identidad reservada con iniciales ******************** y J.******************** Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado, mediante correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma Samuel Sánchez Sánchez, Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, hasta hoy veintidós de diciembre de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado permitieron su engrose, quien actúa asistido de Giovanni Rodríguez Martínez, secretario que autoriza, firma y da fe. Doy fe."

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · 8,254 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano