Marisol Grajales Marín
Expediente 381/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 381/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Marisol Grajales Marín
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que transcurrió el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, a través del cual se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, Punto 2 relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 21, inciso b) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el que desechó la demanda de amparo. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE A LA QUE SE LE DEJO AVISO, LA RESOLUCION QUE DICE: Téngase por presentada la demanda de amparo que promueve...se ordena formar expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 381/2023-III, que es el que le correspondió. Ahora, en principio, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe analizar ante todo el escrito inicial de demanda, y que, en caso de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado. Además, el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, con independencia que las hayan invocado las partes, o no; dada su naturaleza de orden público y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. En el caso particular, de la lectura integral de la demanda se advierte que el acto esencialmente reclamado en este asunto es: La omisión del juez señalado como responsable, en notificar a la quejosa la resolución de quince de febrero de dos mil veintitrés dictada por la Octava Sala Especializada en Materia de Familia, con sede en Xalapa, Veracruz, dentro del toca de apelación 2183/2022, del índice de la referida sala, ya que ordenó la notificación por lista el doce de abril de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario civil 840/2022. Asimismo, cabe señalar que la quejosa no es tercero extraña al procedimiento pues manifiesta bajo protesta de decir verdad en su demanda, que dio contestación al incidente de cancelación de pensión alimenticia que promovió José Guillermo Valle Díaz y que al resultarle adversa la resolución que le recayó, interpuso recurso de apelación en su contra, el cual fue resuelto el quince de febrero de dos mil veintitrés y que los Magistrados que conocieron de ese recurso ordenaron que el Juez responsable le notificara esa resolución, cuya omisión de notificar íntegramente es su acto reclamado en esta vía. Así, a juicio de quien esto resuelve, debe decirse que por cuanto hace a dicho acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo...Del numeral antes transcrito, se advierte que uno de los principios rectores del juicio de amparo, es el de definitividad, el cual ordena que antes de promover la demanda de amparo por un acto de autoridad, ya sea en la vía directa o indirecta, la parte quejosa debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado, entendiendo por agotar esas instancias, la presentación del escrito en que se haga valer y el desahogo del proceso o procedimiento respectivo en todas sus partes y que tengan por efecto revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada. Las consideraciones medulares en torno a la referida causal, son en el sentido de que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, entendido el procedimiento como la serie coordinada de actos que deben realizarse en un orden predeterminado por la ley cuyo inicio persigue el pronunciamiento de una resolución que dirima una controversia. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Asimismo, los que dispone el artículo 107, Constitucional, fracción III, inciso c), es decir, contra actos que afecten a personas extrañas al juicio, IV respecto de los administrativos en los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución, y XII, los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal, así como en el diverso 61, de la Ley de Amparo, fracciones XIV, en amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación, XVIII los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, y XX los que carezcan de fundamentación, según la Ley de Amparo, además de los señalados expresamente en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese orden, el acto reclamado que se analiza, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional a combatir la ilegalidad de cualquier notificación efectuada dentro del procedimiento en el cual es parte demandada, o la omisión de la misma, como en el presente caso, la quejosa tuvo que haberlo impugnado a través del medio ordinario de defensa (incidente de nulidad), por virtud del cual pudiera obtener la nulificación de la misma y, al no haberlo hecho así, lo que procede es desechar la demanda de cuenta por su notoria improcedencia. En el caso, la ley que rige el acto reclamado, es el Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual en su artículo 90. Por tanto, en estricto apego a lo que establece la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo transcrito precedentemente, se pone de manifiesto que previo a la promoción del juicio de amparo, la promovente debió hacer valer en contra de dicha omisión de notificación o la deficiente notificación, al aducir que la lista de acuerdos no contiene la transcripción íntegra de la resolución dictada en apelación, el incidente de nulidad de notificaciones, que establece el artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por el que podría ser nulificada la misma. Así las cosas, deviene evidente que la peticionaria de amparo no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, y por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la citada fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia descrita con antelación, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por cuanto hace al acto reclamado en esta vía. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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