Marisol García González
Expediente 1244/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1244/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Marisol García González
Actuaciones
- Principal
La parte quejosa no impugnó la resolución dictada en autos...en consecuencia, se declara que esa resolución causó estado...archívese el presente juicio como asunto concluido.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Se ordena notificar por este medio a la parte quejosa de la determinación de once de octubre de dos mil veintitrés, que en su parte conducente dice: "...Visto; téngase por recibido el escrito suscrito por la parte quejosa, a través del cual cumple la prevención formulada en autos y, al respecto, se advierte lo siguiente: Por un aparte, precisa que también desea señalar como autoridades responsables a las identificadas con los incisos "A)" y "B)", e indica los actos que les reclama a cada una de ellas, así como adjunta las copias de traslado de los escritos de demanda y aclaratorio de cuenta requeridas, respectivamente. Por otra parte, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que sí estuvo presente en la audiencia reclamada de contestación, pruebas, alegatos y resolución de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, pero que, entre otras cosas, fue hasta el veintinueve de septiembre pasado cuando le entregaron las copias simples del expediente 05/2023, la cuales adjuntó su escrito inicial como prueba. ? Análisis de la demanda y escrito aclaratorio Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, así como la copia simple que adjunto de la resolución reclamada, se advierte que el acto reclamado fue consentido tácitamente. Ello, en virtud de que la parte quejosa reclama la resolución de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente 05/2023 por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera y Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima; así como su ejecución consistente en la suspensión provisional por treinta días naturales sin goce de sueldo a partir del once de septiembre al diez de octubre de la presente anualidad; y, la falta de notificación de la misma. Y, del escrito aclaratorio, se destaca que la quejosa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que estuvo presente en la audiencia de contestación, pruebas, alegatos y resolución de cuatro de septiembre del año actual, circunstancia que se corrobora con las copias simples de esa resolución que adjuntó a su demanda. Por ende, se puede concluir que si bien la quejosa reclama la falta de notificación de la resolución reclamada, se advierte que tuvo conocimiento de esa resolución desde el día que se dictó, esto es el cuatro de septiembre del año actual, al haber estado presente en la misma. De ahí que, si la demanda de amparo la presentó hasta el dos de octubre pasado, es dable indicar que ese acto fue consentido tácitamente. Desechamiento de la demanda Al respecto, conviene mencionar que el artículo 113 de la ley impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. De la anterior porción normativa se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por aquellos contra los cuales no se promueva amparo dentro del plazos previstos por el artículo 17 de la ley. El elemento que materializa la extemporaneidad del amparo es el consentimiento tácito de la parte quejosa lo que acontece cuando no impugna el acto de autoridad dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la ley de la materia, en los términos prescriptivos siguientes: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De conformidad con el primer párrafo de este precepto, el plazo genérico para impugnar cualquier acto de autoridad es de quince días, excepto en aquellos supuestos enumerados en las fracciones I, II, III y IV, de los cuales prevé un plazo distinto. En el caso en análisis, como ya se dijo, se advierte que la promovente reclama la resolución de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente 05/2023 por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera y Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima; así como su ejecución consistente en la suspensión provisional por treinta días naturales sin goce de sueldo. Por lo que al no constituir un acto de los previstos en los supuestos de excepción del numeral 17 de la ley, toda vez que no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, es que la oportunidad para promover juicio de amparo contra ese acto, es el genérico de quince días. Además, se precisa que la quejosa, en su escrito aclaratorio, manifiesta bajo protesta de decir verdad que estuvo presente en la audiencia reclamada de contestación, pruebas, alegatos y resolución de cuatro de septiembre del año actual, dictada en el expediente 05/2023 y que firmó al final de la misma; asimismo, de las copias simples que adjuntó a su escrito inicial se advierte que efectivamente se hizo constar que la quejosa estuvo presente en esa audiencia, así como firmó al margen y alcance de la misma. Ello, sin que pasen desapercibidas las manifestaciones respecto a no estuvo en oportunidad de presentarse asistida por un abogado, que no se le corrió traslado en ese momento, así como que fue hasta el veintinueve de septiembre pasado cuando le fueron entregadas la copias simples que adjuntó a su demanda, pues esas son cuestiones de fondo de su reclama, no motivo de la procedencia del amparo. Pues, tal como se indicó, en los párrafos que anteceden, en su escrito aclaratorio manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que sí estuvo presente en la resolución reclamada de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés y que efectivamente firmó la misma, de ahí que desde ese día tuvo conocimiento de dicha resolución y de la sanción impuesta en su contra. Por tanto, de acuerdo a lo previsto por el artículo 108 de la Ley, entre los requisitos que debe satisfacer el escrito de demanda, se encuentra el de manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación (fracción V); requisito éste que puede ser desahogado tanto por la parte quejosa en forma personal, como por su representante, quien promueve en su nombre, como se desprende del artículo 6º del mencionado ordenamiento legal; el hecho de que sean precisamente la parte quejosa o su representante legal quienes realicen la protesta de decir verdad, obedece a que sólo a ellos les constan los hechos expuestos en la demanda de amparo; esto es, tales manifestaciones revisten el carácter de personalísimas. Además, la manifestación "bajo protesta de decir verdad" puede adquirir la responsabilidad que conlleva su manifestación; tan es así que el numeral 261, fracción I, de la Ley, contempla como delito la falsedad u omisión de datos en que incurra el quejoso al suscribir la demanda de amparo. De tal precepto, se desprende que para que se configure el delito de falsedad u omisión de datos en la demanda de amparo, es presupuesto indispensable que se dé la calidad del sujeto activo exigido que en el caso recae en la persona que, con el carácter específico de quejoso, formule una demanda de amparo. Ahora bien, la finalidad de que se manifiesten bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, es para que el juzgador de amparo pueda, con base en esa narrativa de antecedentes, desplegar todas las atribuciones inherentes al juicio de amparo; de ahí también que tal manifestación deba ser de forma personalísima. Al efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente de contradicción de tesis 30/94, en sesión de cuatro de junio de mil novecientos noventa y seis, en la parte que aquí interesa, sostuvo lo siguiente: ".Al respecto, conviene mencionar que el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el artículo 95, señala las diversas formas mediante las cuales surge la confesión, entendida ésta como la prueba que se constituye mediante el reconocimiento, expreso o tácito, de una parte, formal o material, de un hecho que le perjudica. Dice así ese precepto: "La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley." (Lo destacado es propio) El texto transcrito permite distinguir las distintas formas que dan nacimiento a la confesión; entre las cuales se encuentra la confesión expresa, la cual es admisible en el juicio de amparo y debe valorarse en los términos fijados por el código adjetivo civil federal, por ser aplicable supletoriamente a la ley. Así, la confesión expresa que realiza en el escrito aclaratorio se reconoce valor de prueba plena, al así disponerlo los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Es aplicable a lo expuesto, la tesis de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 294, Primera Parte, del Tomo LXXXIX, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto indican: "AMPARO, CONFESION EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúa" Además, con la copia simple que adjuntó a su escrito inicial, correspondiente al expediente 5/2023, en específico de la determinación reclamada, se advierte que la quejosa estuvo presente en la audiencia de contestación, pruebas, alegatos y resolución de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, así como firmó al final de la resolución reclamada en virtud de su intervención. Por ende, con forme a ese documental se obtiene que ese día la quejosa conoció de la resolución reclamada; documenta, la cual hace prueba en contra de la parte quejosa al advertirse notoriamente extemporánea la presentación de su demanda. De ahí que, dichas manifestaciones no contravienen, ni justifican la presentación extemporánea de la demanda. Ahora, para verificar a partir de cuándo se debe computar el plazo aludido, es pertinente referir a las reglas previstas en el artículo 18 de la ley, del cual se obtienen los siguientes supuestos: a) Cuando surta sus efectos la notificación de la resolución o el acuerdo impugnado, conforme a la ley que lo regula. b) Desde el momento en que la parte quejosa conozca los actos reclamados. c) A partir de que la parte impetrante se ostente sabedora de los actos que le agravian o de su ejecución. d) Al momento de la entrada en vigor, cuando se traten de disposiciones de carácter general. En ese sentido, a efecto de determinar la fecha en que la promovente tuvo conocimiento de la resolución reclamada, conviene traer a colación, su manifestación con la protesta de decir verdad, en el escrito aclaratorio de cuenta; así como la copia simple de la determinación reclamada, la cual adjunta al escrito inicial, de lo que se advierte que: -La quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que estuvo presente cuando se dictó la resolución reclamada de cuatro de septiembre del año actual y firmó la misma, por ende ese día conoció el acto reclamado. -Además, de las copias simples de la resolución reclamada se advierte que la quejosa estuvo presente en la misma y firmó en virtud de su intervención. Atento a lo expuesto, se obtiene que el cuatro de septiembre del presente año, la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado. Consecuentemente, el supuesto para computar el plazo que tuvo el quejoso para promover la demanda de amparo es el descrito en el inciso b). Con vista a lo anterior, la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado en cuestión desde el cuatro de septiembre del año en curso, por lo que el término para promover el juicio de garantías conforme a la regla prevista en el inciso b), le comenzó a correr a partir del día siguiente hábil, esto es, el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, y feneció el veintisiete de septiembre del año actual, sin contar sábados y domingos (ocho, nueve, dieciséis, diecisiete, veintidós y veintitrés de septiembre) así como días inhábiles (catorce y quince de septiembre). En consecuencia, al haber presentado la demanda hasta el dos de octubre de dos mil veintitrés, lo hizo fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la legislación de la materia invocada, sin contar los sábados, domingos y demás días inhábiles, pues, en la especie como ya se dijo, tampoco se trata de ninguno de los casos de excepción que señala el referido numeral 17 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, resultando extemporánea la presente demanda por lo que ve a la orden reclamada. Cabe mencionar que esta conclusión no se modificaría en caso de que se admitiera la demanda, ya que se no se podría desvirtuar el consentimiento tácito de la parte quejosa respecto del acto reclamado. Por lo expuesto en líneas que anteceden, se considera que la demanda de amparo es improcedente. Por tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, 18 y113 todos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.
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