Marisol Estrella Caamal
Expediente 2034/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2034/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Marisol Estrella Caamal
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el telegrama remitido por el Juez de Control en el Estado, actuando en los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo; mediante el cual informa a este Juzgado que el veintiséis de septiembre del año en curso, el quejoso Juan Pablo Guillermo Molina, compareció voluntariamente a la audiencia inicial llevada a cabo ante la citada autoridad responsable, por lo que dejó sin efecto la orden de aprehensión dictada en contra del citado quejoso; y para acreditar su dicho, remite copia certificada del disco formato DVD que contiene la videograbación de la audiencia de fecha veintiséis de septiembre del año en curso, así como copia certificada del acta mínima de dicha audiencia. En virtud de lo anterior, estese en espera de los anexos antes mencionados a fin de proveer lo que a derecho corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de lo que se advierte que mediante auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós se previno a la parte quejosa respecto del escrito de ampliación de la demanda que se presentó; y que transcurrió el término de cinco días concedido a efecto que cumpliera con los requerimientos que se realizaron en dicho proveído, sin que hubiese dado cumplimiento. Cierto, obra constancia en el expediente que el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós se le notificó electrónicamente el cuatro de septiembre de dos mil veintidós; al corresponder a un día inhábil, se tiene por hecha la notificación y surte efectos el día hábil siguiente, es decir el cinco de septiembre de dos mil veintidós; ello de conformidad con el artículo 31, fracción III de la Ley de Amparo. En este punto es relevante señalar que al resolver la contradicción de tesis 439/2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el referido precepto legal y en lo que interesa sostuvo: "(.) 66. Ahora bien, dado que en las notificaciones electrónicas no es necesario que el actuario se constituya en domicilio alguno puesto que el quejoso o tercero interesado tienen el deber de ingresar diario al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, entonces los supuestos que pueden presentarse con motivo de esta modalidad de notificaciones no son los mismos sino más sencillos, a saber: I. El quejoso o tercero interesado diariamente cumplen el deber de acceder al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y, ante ello, el día siguiente a aquel en que se dictó el acuerdo a notificar y se cargó en ese sistema, igualmente fue generada la constancia de notificación. En este caso, la notificación se entiende hecha y surte efectos en ese momento (artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo). II. El quejoso o tercero interesado accede al sistema al segundo día siguiente a aquel en que se cargó el acuerdo o resolución a notificar. Dado que la parte respectiva cumplió con el deber de acceder al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro del plazo máximo de dos días que se le otorga, la constancia correspondiente se genera ese segundo día y en ese mismo momento, en forma simultánea, se tiene hecha la notificación y por surtidos sus efectos (artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo). III. La parte a quien se ordenó notificar personalmente por medios electrónicos no accedió dentro del plazo máximo de dos días al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Este es el caso en que se centra la presente contradicción de tesis.(44)" Lo subrayado es propio de este Juzgado. En el caso, como se anticipó la notificación que nos ocupa surtió efectos el cinco de septiembre de dos mil veintidós, por lo que plazo para dar cumplimiento a las prevenciones realizadas concluyó el doce de septiembre de dos mil veintidós, sin que la parte quejosa lo hubiese hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado acuerdo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo aplicable, se tiene por no presentada la ampliación de la demanda de amparo a que este asunto se refiere. Por otra parte, agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda el escrito a nombre de la quejosa, el cual se advierte que no fue signado por ésta, sino que contiene la firma electrónica de Marco Antonio Escamilla Ramírez, autorizado de la parte quejosa en este asunto; mediante el cual pretende cumplir la prevención formulada en proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, sin que sea el caso tomarla en consideración para efecto de la prevención realizada, pues por una parte, dicho escrito se presentó el trece de septiembre de dos mil veintidós, es decir cuando ya había vencido el plazo que se concedió para ese efecto; pero al margen de lo anterior, de cualquier forma no puede ser tomado en consideración ya que dicho escrito no fue signado electrónicamente por la directa quejosa y el cumplimiento de la prevención debió ser realizado directamente por ésta, sin que pueda ser sustituida por aquéllos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia : P./J. 4/2020 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2022217, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 19, de texto: "PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU EXIGIBILIDAD EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY ABROGADA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos de queja y de revisión respectivos, sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar si es exigible la expresión formal "bajo protesta de decir verdad" en el escrito aclaratorio de demanda de amparo indirecto, aun cuando haya sido plasmada en el escrito inicial de demanda y, de ser así, si resulta obligatoria para el documento en el que se desahoga toda clase de prevención. Criterio jurídico: La expresión formal "bajo protesta de decir verdad" prevista en los artículos 108, fracciones II y V, de la Ley de Amparo vigente y 116, fracción IV, de la abrogada, como requisito de procedencia para las demandas de amparo indirecto, también resulta aplicable al escrito de aclaración de demanda, en los supuestos a que se refiere esa normativa. Justificación: Aun cuando en la demanda de amparo se manifieste la referida expresión, ésta sólo puede tener vinculación con lo plasmado en ese documento, ya que pretender vincularla a lo expuesto en un escrito posterior de aclaración de demanda, impediría responsabilizar al quejoso por las nuevas manifestaciones, respecto de su falsedad u omisión de datos, máxime en los casos en que el requerimiento versara sobre hechos nuevos que constituyeran los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior se justifica, además, al considerarse que no es un formalismo procesal, al contrario, es uno de los requisitos esenciales para la procedencia del juicio de amparo, ya que crea certeza en el juzgador constitucional para desplegar todas sus facultades relativas a este juicio y en relación con la veracidad de la información prevista en las fracciones invocadas, es el único elemento con el que inicialmente cuenta para tomar las decisiones que conlleva la admisión de la demanda, entre las que se encuentra proveer sobre la suspensión del acto reclamado, pues la autoridad de amparo debe ceñirse al contenido de la demanda y de sus anexos, para desentrañar la voluntad del quejoso y la necesidad, en su caso, de la medida cautelar." Asimismo guarda relación por similitud de razón la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2010471, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, página 713, de texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable." De igual forma sirve de orientación la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2007285, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, de texto: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Karen Azalia Mendoza Sánchez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el informe previo rendido por la Directora General de Amparos contra Leyes, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, autoridad señalada como responsable en este asunto, y con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos para ser tomado en consideración en el momento procesal oportuno. Se tiene por señalado el domicilio procesal que indica la responsable en el informe de cuenta y como delegados a las personas que refieren las referidas autoridades, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
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