Marisol Cortes Gallegos
Expediente 387/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 387/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Marisol Cortes Gallegos
Actuaciones
- Principal
Se declara firme el auto en el que se desechó la demanda de amparo; archívese este asunto como total y definitivamente concluido, mismo que es susceptible de depuración y destrucción en los términos señalados. ®
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, siendo las nueve horas notifico a la quejosa M. C. G. el proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo 387/2018-III del índice del juzgado de mi adscripción por lista en los estrados del juzgado y por lista en la página electrónica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, sito en http://www.cjf.gob.mx/, conforme al precepto indicado y al artículo 29 de la misma Ley, PROVEÍDO QUE DICE: Visto el escrito de demanda signado por Marisol Cortés Gallegos, por propio derecho, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, Estado de México. Fórmese expediente y regístrese con el número 387/2018-III, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. A su vez, de conformidad con los artículos 15 y 16 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y conforme a los lineamientos para su integración, publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para formar cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Para ello, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. Conforme a este artículo, las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entendiéndose por lo primero lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales la juzgadora se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Sentado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la modificación de la medida provisional, de entregarle pensión alimenticia, en el Juicio de Divorcio Incausado, promovido por Rogelio Espinosa Espinosa, radicado bajo el número de expediente 1882/2017, del índice de la autoridad responsable. Expuesto lo anterior, se aprecia que en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de la Materia: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El precepto trascrito contempla el principio de definitividad, al establecer que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales, la ley ordinaria concede algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Dicho principio supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, de existir algún medio ordinario de defensa que la parte quejosa no hubiese interpuesto, el amparo resulta improcedente. Además, este principio, responde a la naturaleza jurídica del juicio biinstancial como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos humanos o fundamentales de los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de impugnación del acto reclamado legalmente establecidos. Ahora bien, el artículo 5.75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, dispone: "Artículo 5.75.- En audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra de: [.] IV. El que resuelva sobre la revisión de medidas provisionales." De este artículo, se advierte que en los juicios sobre controversias del estado civil de las personas y del derecho familiar, serán revocables las determinaciones que se dicten durante audiencia, respecto medidas provisionales, que se dicten conforme a las reglas generales que se especifican para tal medio de impugnación. En consecuencia, si la quejosa Marisol Cortés Gallegos, reclama la modificación de la medida provisional, de entregarle pensión alimenticia, en el Juicio de Divorcio Incausado, promovido por Rogelio Espinosa Espinosa, radicado bajo el número de expediente 1882/2017, del índice de la autoridad responsable, se desprende que dicha determinación fue dictada durante la celebración de la segunda audiencia de avenencia, por lo que, en su contra procede recurso de revocación previsto en el artículo 5.75 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, el cual, tiene por objeto que el órgano jurisdiccional analice los agravios que formule al respecto la parte quejosa y, de ser fundados, puedan revocar o modificar las consideraciones que dieron origen al acto reclamado, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal. Por tanto, al conceder la ley ordinaria un recurso por virtud del cual pueda ser modificada o revocada la determinación combatida, es inconcuso que la peticionaria estaba obligada a agotar tal medio ordinario de impugnación, previo a acudir a esta instancia constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, ni constituye un acto que afecte la libertad personal de la inconforme; ni la peticionaria tiene el carácter de tercera extraña a juicio, como se establece en el inciso c) del citado numeral, puesto que es parte en el procedimiento de origen. Finalmente, tampoco se actualiza la hipótesis prevista en la última parte de la supracitada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la procedencia del recurso de revocación no está sujeto a interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, pues el artículo 5.75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México es claro en determinar que las determinaciones que se dicten durante audiencia, respecto medidas provisionales, serán revocables conforme a las reglas generales. Por tanto, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, concatenada con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, del referido cuerpo de leyes, con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que nos ocupa. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Nohemi Velasco Maldonado, mientras que a las diversas personas que menciona de conformidad con el numeral 24, párrafo segundo, de dicho precepto legal, al no contar con registro de cédula profesional ante el sistema único de Profesionales de Derecho, acreditados ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. Finalmente, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 1° y 9° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición de su publicación.
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