Marisol Constantini Islas

Expediente 1179/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1179/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
03/04/2017

Partes del expediente

  • Marisol Constantini Islas
  • 1. Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado de Querétaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Se agrega información de la responsable en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que se tomará en consideracón al momento de realizar la calificación correspondiente.

  2. Principal

    Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado de Querétaro, en su carácter de delegado del Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a través del cual desahoga el requerimiento formulado en proveído pasado e informa que se encuentra a disposición de la parte quejosa el cheque emitido con el nombre correcto y por la cantidad de $**** y al efecto remite copia simple de dicha constancia. Consecuentemente, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el domicilio ubicado en ***, en esta ciudad, a fin de llevar a cabo el trámite administrativo para que le sea devuelta la cantidad erogada de los impuestos que tildó de inconstitucionales en la presente instancia; haciendo de su conocimiento que el horario para recoger dicho título es de las diez a las doce horas, de los días martes y jueves hábiles, y siendo requisito acompañar identificación oficial y copia de la misma.

  3. Principal

    En esta fecha se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, que a la letra dice: Santiago de Querétaro, Querétaro a veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado de Querétaro, en su carácter de delegado del Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a través del cual desahoga el requerimiento formulado en proveído pasado e informa que se encuentra a disposición de la parte quejosa el cheque emitido con el nombre correcto y por la cantidad de $**** y al efecto remite copia simple de dicha constancia. Consecuentemente, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el domicilio ubicado en ***, en esta ciudad, a fin de llevar a cabo el trámite administrativo para que le sea devuelta la cantidad erogada de los impuestos que tildó de inconstitucionales en la presente instancia; haciendo de su conocimiento que el horario para recoger dicho título es de las diez a las doce horas, de los días martes y jueves hábiles, y siendo requisito acompañar identificación oficial y copia de la misma.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diez de marzo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa, a través del cual manifiesta que por error, la demanda de amparo, fue tramitada con el apellido de la quejosa como xxxxxx, no obstante lo correcto es "xxxxxxxx", aclaración que efectuá toda vez que al momento de presentarse ante la responsable, esta niega la entrega del cheque emitido en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada en el presente juicio de amparo, pues el nombre no pertenece a la misma persona respecto de la cual se emitió el fallo. Al respecto, es importante traer a glosa, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia." Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 196. (.) .La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. El contenido de las letras reproducidas, tiene dos vertientes, en primer orden, en relación al texto constitucional, se enaltece la predilección interpretativa que más beneficie en la esfera de derechos humanos del gobernado, por su parte, el numeral perteneciente a la Ley de Amparo, versa sobre aspectos relativos a la etapa de ejecución de sentencia, concretamente, dispone que el tribunal de amparo no podrá enviar un expediente al archivo hasta que se encuentre debidamente cumplida la sentencia, por ello, se deberá procurar su observancia por ser una cuestión de orden público, aunado a que, precisamente la existencia de una sentencia en la que se haya determinado conceder la protección constitucional, tiene su origen en un acto de autoridad que vulneró derechos fundamentales, y sancionado por el órgano de control constitucional, debe retrotraerse hasta antes de la violación de derechos humanos, y restituir plenamente al gobernado en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados. Lo que además encuentra sustento en el Principio pro persona, es decir, acudir a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trate de derechos protegidos e, inversamente, a la interpretación más restringida, cuando se trate de establecer límites para su ejercicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVIII.3o.1 K (10a.), emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2 Materia(s): Constitucional, Página: 1838 de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO HOMINE. SU CONCEPTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTOS. En atención al artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, las normas en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Carta Magna y con los tratados internacionales de la materia, procurando favorecer en todo tiempo a las personas con la aplicación más amplia. Dicho precepto recoge de manera directa el criterio o directriz hermenéutica denominada principio pro homine, el cual consiste en ponderar ante todo la fundamentalidad de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor del hombre, lo que implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trate de derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trate de establecer límites para su ejercicio. Asimismo, en el plano del derecho internacional, el principio en mención se encuentra consagrado en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación, de manera respectiva, el siete y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno." En consecuencia, con apoyo en los artículos 192 de la Ley de Amparo, y 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérasele al Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, a efecto de que en el término de tres días hábiles:  Acredite haber reintegrado al nombre correcto la parte quejosa xxxxxxxxx, la cantidad restante entre el pago de derechos registrales consignado en los recibos con números de operación xxxxxxx. Apercibimiento. Se apercibe a la citada autoridad que de no hacerlo se le aplicará una medida de apremio consistente en multa por cien días de Unidad de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con el artículo 237, fracción I y 250 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de dar vista al Ministerio en términos del artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo; en el entendido de que acorde con lo previsto en el numeral 269 del ordenamiento en cita, la pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo. Sin que obste a lo anterior, que mediante proveído de veintitrés de febrero de la presente anualidad, se declaró cumplida la ejecutoria, pues como quedó visto, materialmente no se ha restituido a la quejosa el pleno uso de sus derechos fundamentales vulnerados. Notifíquese.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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