Marisela Zuñiga Cerón
Expediente 829/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 829/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Marisela Zuñiga Cerón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
(CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA CON LA SENTENCIA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: V I S T O S para resolver el juicio de amparo 829/2023, promovido por ****** por propio derecho, contra actos de la Sexta Sala Civil de la Ciudad de México, y; R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos tutelados en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Segundo. Admisión. El siete de agosto de dos mil veintitrés, se admitió la demanda, se dio intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; se requirió el informe justificado y se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. Tercero. Trámite. La representante social no intervino, se tuvo por rendido el informe de ley, se emplazó a la parte tercera interesada, y la audiencia constitucional fue celebrada acorde al acta precedente. C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este órgano judicial es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido en un tribunal del fuero común en materia civil con sede en la Ciudad donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Acorde al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: Resolución de dieciséis de junio de dos mil veintitrés dictada por la Sexta Sala Civil de la Ciudad de México, en el toca ... que declaró improcedente la excepción de incompetencia. Tercero. Existencia. La certeza de la actuación combatida quedó acreditada con el informe justificado rendido en sentido afirmativo; certeza corroborada con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado. 1. El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, ****** por propio derecho demandó en la vía ordinara civil a *****; el uno de julio siguiente se dio trámite a la demanda ordenándose el emplazamiento. 2. En doce de septiembre de dos mil veintidós, la quejosa dio contestación a la demanda, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria. 3. La Sala responsable declaró fundada la excepción de incompetencia y legalmente incompetente al Juez Sexagésimo Quinto Civil de la Ciudad de México. 4. Inconforme la actora promovió juicio de amparo que conoció el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y en ejecutoria de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, otorgó el amparo en el expediente *****, relacionado con los diversos **** 5. En cumplimiento la Sala responsable el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, declaró improcedente la excepción de incompetencia. Esta última resolución integra la materia del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación. 1. El acto reclamado debe ser revocado considerando que las opiniones a juzgar, se amparan en la autonomía del poder legislativo, dado que fueron emitidas dentro de un recinto legislativo, como lo demuestra la valoración de los documentos, sobre los horarios y lugares. Por ello debe aplicarse la inmunidad a que se refiere el artículo 61 en relación al 29 apartado A, inciso 6, ambos de la Constitución Federal, y 10 de la Ley Orgánica del Congreso e la Ciudad de México. 2. Acorde al amparo directo relacionado, se concedió la protección constitucional para obtener un pronunciamiento colegiado y no unitario, sin ordenar la restitución de un derecho al impetrante. El concepto de violación identificado en el inciso a) es inoperante; y el diverso b) es infundado. Para justificar lo anterior, respeto a la inoperancia del primer concepto de violación se indican las argumentaciones del acto reclamado: En este momento procesal los motivos de la excepción opuesta, no se consideran contundentes. La existencia de mecanismos internos de los poderes legislativo y ejecutivo para dirimir conflictos reales de competencia, no significa soslayar la naturaleza de la acción reclamada, que se determina al analizar cuidadosamente prestaciones, hechos, pruebas y preceptos invocados, prescindiendo de la relación jurídica sustancial entre las partes. Ese análisis corresponde al fondo del asunto, pues de lo contrario se prejuzgaría, y vincularía injustificadamente al órgano declinado. La materia de litigio son los presuntos calificativos utilizados por los demandados, realizados en un recinto legislativo, cuya naturaleza es civil porque se demanda daño moral, y determina la improcedencia de la excepción, hasta este momento. Las violaciones al derecho al honor encuadran en dicha acción, competencia del Poder Judicial local. No es obstáculo la deferencia a las opiniones legislativas emitidas en el desempeño de su cargo, porque no es el momento procesal para analizar la calidad de las partes, la relación que guardan, porque serán objeto del fondo de la controversia, además el límite de tal prerrogativa es el insulto. Para analizar todos los puntos planteados es necesario desahogar todas las pruebas, ponderarlas en conjunto con la demanda, contestación excepciones, defensas y alegatos; y por ello es improcedente la excepción. Bajo ese contexto, como se adelantó, resulta inoperante el primer concepto de violación, porque la peticionaria de amparo sostuvo argumentos vinculados únicamente en cuanto al fondo de la cuestión planteada, sin sustentar razones para desestimar las consideraciones torales del acto reclamado. Esto es, la sala responsable analizó que las pruebas, alegaciones y posturas de las partes que integran actualmente el expediente, son insuficientes para revisar debidamente y con la profundidad, el objeto de la excepción, que depende de la naturaleza jurídica de la acción. Tal postura de la sala responsable constituye un impedimento jurídico, para resolver la excepción propuesta, en el actual momento procesal, que en concepto de la Ad Quem debe analizarse como parte del fondo de la controversia, una vez desahogadas todas las pruebas, así como integradas las partes a la litis. Sobre ese aspecto el concepto de violación que se analiza no debate lo sustentando por la Sala responsable, sino que reitera las consideraciones que inicialmente motivaron la excepción. Esto es, la inconforme sólo sostiene posturas sobre el objeto de la litis principal, sin atender las cuestiones que alegó la sala para posponer la resolución. Lo cual es relevante, porque la alzada fijó reglas y una metodología para analizar la controversia, que específicamente incluyen elementos a considerar, así como la exclusión de otros, respecto de los cuales la quejosa debió sustentar que se cuenta con los datos necesarios o en su caso, controvertir la parte donde se enlistan los rubros que orientaran el estudio. Luego, al no haber expresado las transgresiones que estima se ocasionaron a sus derechos fundamentales, los argumentos que expone no son idóneos para ser analizados por esta autoridad de amparo. Al respecto se invoca el criterio de jurisprudencia XX. J/54 de la Octava Época, con registro: 213355. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 74, Febrero de 1994, en Materia(s): Común, Página: 80, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Son inoperantes los conceptos de violación en la medida de que el quejoso no combate a través de un razonamiento jurídico concreto, las consideraciones en que se sustentó el fallo impugnado, supuesto que no basta indicar los preceptos legales que se consideren infringidos, sino que es indispensable explicar, concretizar el daño o perjuicio ocasionado por la autoridad responsable y además argumentar jurídicamente los razonamientos o consideraciones de la resolución que se reclama.". Énfasis añadido. Ahora, sin que pase inadvertido el criterio aislado citado por la promovente, de rubro: "INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA. LA CALIFICACIÓN Y LA CONSECUENTE SANCIÓN POR LAS OPINIONES QUE PUDIERAN CONSIDERARSE OFENSIVAS O INFAMANTES, O DE CUALQUIER FORMA INADMISIBLES. EMITIDAS POR LOS LEGISLADORES EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PARLAMENTARIA, CORRESPONDEN AL PRESIDENTE DEL ÓRGANO LEGISLATIVO RESPECTIVO.". Sin embargo, en dicho criterio se estableció que el elemento que debe determinarse para saber si cierta opinión emitida por un legislador está protegida por la inviolabilidad parlamentaria, consiste en haberlas emitido en el desempeño propio de la función parlamentaria. De lo que se observa, el criterio en comento se emitió para dilucidar una excepción que fue resulta al momento de emitir sentencia definitiva en juicio, por lo que no es aplicable al caso en concreto, pues en la determinación que constituye el acto reclamado no se analiza la figura jurídica de inviolabilidad parlamentaria, pues se consideró como improcedente la excepción de incompetencia planteada al establecer que no era el momento procesal oportuno para ello. Lo cual implica que la aplicación de tal criterio, acorde a lo resuelto, será en el fondo de la controversia, como sustento de la naturaleza jurídica de la excepción y los elementos que a juicio de la sala, deben incorporarse. Por otra parte, el concepto de violación identificado en el inciso b) es infundado, porque del propio acto reclamado se advierte que la concesión del amparo fue para el efecto de que la Sala responsable procediera de manera colegiada y no unitaria, integrando al codemandado *****, sin que impusiera a la alzada la obligación de resolver en determinado sentido; lo que permite concluir que gozaba de libertad de jurisdicción para sustentar los argumentos que dan contenido al acto reclamado. En las relatadas condiciones, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación, procede NEGAR el amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **** por propio derecho, contra actos de la Sexta Civil de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones indicadas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 829/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa ofreció diversas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver el juicio de amparo 829/2023, promovido por ****** por propio derecho, contra actos de la Sexta Sala Civil de la Ciudad de México, y; R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos tutelados en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Segundo. Admisión. El siete de agosto de dos mil veintitrés, se admitió la demanda, se dio intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; se requirió el informe justificado y se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. Tercero. Trámite. La representante social no intervino, se tuvo por rendido el informe de ley, se emplazó a la parte tercera interesada, y la audiencia constitucional fue celebrada acorde al acta precedente. C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este órgano judicial es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido en un tribunal del fuero común en materia civil con sede en la Ciudad donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Acorde al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: Resolución de dieciséis de junio de dos mil veintitrés dictada por la Sexta Sala Civil de la Ciudad de México, en el toca ... que declaró improcedente la excepción de incompetencia. Tercero. Existencia. La certeza de la actuación combatida quedó acreditada con el informe justificado rendido en sentido afirmativo; certeza corroborada con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado. 1. El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, ****** por propio derecho demandó en la vía ordinara civil a *****; el uno de julio siguiente se dio trámite a la demanda ordenándose el emplazamiento. 2. En doce de septiembre de dos mil veintidós, la quejosa dio contestación a la demanda, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria. 3. La Sala responsable declaró fundada la excepción de incompetencia y legalmente incompetente al Juez Sexagésimo Quinto Civil de la Ciudad de México. 4. Inconforme la actora promovió juicio de amparo que conoció el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y en ejecutoria de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, otorgó el amparo en el expediente *****, relacionado con los diversos **** 5. En cumplimiento la Sala responsable el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, declaró improcedente la excepción de incompetencia. Esta última resolución integra la materia del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación. 1. El acto reclamado debe ser revocado considerando que las opiniones a juzgar, se amparan en la autonomía del poder legislativo, dado que fueron emitidas dentro de un recinto legislativo, como lo demuestra la valoración de los documentos, sobre los horarios y lugares. Por ello debe aplicarse la inmunidad a que se refiere el artículo 61 en relación al 29 apartado A, inciso 6, ambos de la Constitución Federal, y 10 de la Ley Orgánica del Congreso e la Ciudad de México. 2. Acorde al amparo directo relacionado, se concedió la protección constitucional para obtener un pronunciamiento colegiado y no unitario, sin ordenar la restitución de un derecho al impetrante. El concepto de violación identificado en el inciso a) es inoperante; y el diverso b) es infundado. Para justificar lo anterior, respeto a la inoperancia del primer concepto de violación se indican las argumentaciones del acto reclamado: En este momento procesal los motivos de la excepción opuesta, no se consideran contundentes. La existencia de mecanismos internos de los poderes legislativo y ejecutivo para dirimir conflictos reales de competencia, no significa soslayar la naturaleza de la acción reclamada, que se determina al analizar cuidadosamente prestaciones, hechos, pruebas y preceptos invocados, prescindiendo de la relación jurídica sustancial entre las partes. Ese análisis corresponde al fondo del asunto, pues de lo contrario se prejuzgaría, y vincularía injustificadamente al órgano declinado. La materia de litigio son los presuntos calificativos utilizados por los demandados, realizados en un recinto legislativo, cuya naturaleza es civil porque se demanda daño moral, y determina la improcedencia de la excepción, hasta este momento. Las violaciones al derecho al honor encuadran en dicha acción, competencia del Poder Judicial local. No es obstáculo la deferencia a las opiniones legislativas emitidas en el desempeño de su cargo, porque no es el momento procesal para analizar la calidad de las partes, la relación que guardan, porque serán objeto del fondo de la controversia, además el límite de tal prerrogativa es el insulto. Para analizar todos los puntos planteados es necesario desahogar todas las pruebas, ponderarlas en conjunto con la demanda, contestación excepciones, defensas y alegatos; y por ello es improcedente la excepción. Bajo ese contexto, como se adelantó, resulta inoperante el primer concepto de violación, porque la peticionaria de amparo sostuvo argumentos vinculados únicamente en cuanto al fondo de la cuestión planteada, sin sustentar razones para desestimar las consideraciones torales del acto reclamado. Esto es, la sala responsable analizó que las pruebas, alegaciones y posturas de las partes que integran actualmente el expediente, son insuficientes para revisar debidamente y con la profundidad, el objeto de la excepción, que depende de la naturaleza jurídica de la acción. Tal postura de la sala responsable constituye un impedimento jurídico, para resolver la excepción propuesta, en el actual momento procesal, que en concepto de la Ad Quem debe analizarse como parte del fondo de la controversia, una vez desahogadas todas las pruebas, así como integradas las partes a la litis. Sobre ese aspecto el concepto de violación que se analiza no debate lo sustentando por la Sala responsable, sino que reitera las consideraciones que inicialmente motivaron la excepción. Esto es, la inconforme sólo sostiene posturas sobre el objeto de la litis principal, sin atender las cuestiones que alegó la sala para posponer la resolución. Lo cual es relevante, porque la alzada fijó reglas y una metodología para analizar la controversia, que específicamente incluyen elementos a considerar, así como la exclusión de otros, respecto de los cuales la quejosa debió sustentar que se cuenta con los datos necesarios o en su caso, controvertir la parte donde se enlistan los rubros que orientaran el estudio. Luego, al no haber expresado las transgresiones que estima se ocasionaron a sus derechos fundamentales, los argumentos que expone no son idóneos para ser analizados por esta autoridad de amparo. Al respecto se invoca el criterio de jurisprudencia XX. J/54 de la Octava Época, con registro: 213355. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 74, Febrero de 1994, en Materia(s): Común, Página: 80, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Son inoperantes los conceptos de violación en la medida de que el quejoso no combate a través de un razonamiento jurídico concreto, las consideraciones en que se sustentó el fallo impugnado, supuesto que no basta indicar los preceptos legales que se consideren infringidos, sino que es indispensable explicar, concretizar el daño o perjuicio ocasionado por la autoridad responsable y además argumentar jurídicamente los razonamientos o consideraciones de la resolución que se reclama.". Énfasis añadido. Ahora, sin que pase inadvertido el criterio aislado citado por la promovente, de rubro: "INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA. LA CALIFICACIÓN Y LA CONSECUENTE SANCIÓN POR LAS OPINIONES QUE PUDIERAN CONSIDERARSE OFENSIVAS O INFAMANTES, O DE CUALQUIER FORMA INADMISIBLES. EMITIDAS POR LOS LEGISLADORES EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PARLAMENTARIA, CORRESPONDEN AL PRESIDENTE DEL ÓRGANO LEGISLATIVO RESPECTIVO.". Sin embargo, en dicho criterio se estableció que el elemento que debe determinarse para saber si cierta opinión emitida por un legislador está protegida por la inviolabilidad parlamentaria, consiste en haberlas emitido en el desempeño propio de la función parlamentaria. De lo que se observa, el criterio en comento se emitió para dilucidar una excepción que fue resulta al momento de emitir sentencia definitiva en juicio, por lo que no es aplicable al caso en concreto, pues en la determinación que constituye el acto reclamado no se analiza la figura jurídica de inviolabilidad parlamentaria, pues se consideró como improcedente la excepción de incompetencia planteada al establecer que no era el momento procesal oportuno para ello. Lo cual implica que la aplicación de tal criterio, acorde a lo resuelto, será en el fondo de la controversia, como sustento de la naturaleza jurídica de la excepción y los elementos que a juicio de la sala, deben incorporarse. Por otra parte, el concepto de violación identificado en el inciso b) es infundado, porque del propio acto reclamado se advierte que la concesión del amparo fue para el efecto de que la Sala responsable procediera de manera colegiada y no unitaria, integrando al codemandado *****, sin que impusiera a la alzada la obligación de resolver en determinado sentido; lo que permite concluir que gozaba de libertad de jurisdicción para sustentar los argumentos que dan contenido al acto reclamado. En las relatadas condiciones, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación, procede NEGAR el amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **** por propio derecho, contra actos de la Sexta Civil de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones indicadas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las DIEZ HORAS DEL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Considerando que esta determinación no contiene requerimiento para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, es innecesario enviarles oficio, con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes
- Marisa Rodriguez Blasquez1257/2023
- Marisela Montoya Espinoza1318/2018
- Marisela Nolasco Orozco1378/2022
- MARISELA REYES RODRÍGUEZ y Otros.497/2020
- MARISELA REYES RODRÍGUEZ y Otros.599/2022
- Marisela Robles Carlos372/2014
- Marisol de Guadalupe Lira Álvarez611/2019
- Marisol Espinosa Hernández875/2018
- Marisol German López169/2022
- MARISOL LIMON CORONA y Otros.526/2022
- MARISOL MANILLA MOTA y Otros.351/2022
- Marisol Mijares de la Piedad312/2021