Marisela Spezzia Salas
Expediente 891/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 37 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 891/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 27/06/2016
Partes del expediente
- Marisela Spezzia Salas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Advirtiéndose de los presentes autos que a la fecha en que se actúa la parte quejosa no se inconformó en contra de la resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis (fojas 552 a 556), mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; con apoyo en los artículos 196, párrafo tercero, se declara que la citada resolución ha causado estado; hágase saber lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, (que deroga el diverso 1/2001 de veintisiete de agosto de dos mil uno, únicamente por lo que se refiere al tratamiento de los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito) y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hace la indicación de que el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN. Por otro lado, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales". En términos del citado Acuerdo 1/2009, se hace la indicación, de que el presente juicio de amparo, no es de relevancia documental.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla; treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable, respecto de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, página 243, de rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". El doce de noviembre de dos mil catorce, se dictó sentencia en la que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa en los siguientes términos: ".deje insubsistente la resolución de quince de agosto de dos mil catorce, dictada en el juicio laboral D-140/2006, de su índice, relativa al incidente de reposición de autos y provea lo necesario para desahogar la prueba pericial respecto del laudo de dos de julio de dos mil trece, del que el secretario general del Tribunal dio fe de su existencia." (fojas 160 y vuelta) En consecuencia, una vez transcurrido el término sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, mediante proveído de cuatro de diciembre de dos mil catorce se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió a la autoridad responsable para que en el término de tres días informara a este juzgado sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, debiendo remitir copia certificada de las constancias respectivas (fojas 168 y 169). Mediante oficio número 2965/2015 recibido en este juzgado el dieciocho de septiembre de dos mil dieciséis, la responsable informó que en acatamiento a la ejecutoria, mediante acuerdo de once de septiembre de dos mil quince, dejó insubsistente la resolución interlocutoria de quince de agosto de dos mil catorce y señaló las once horas con treinta minutos del siete de octubre de dos mil quince para el desahogo de la prueba pericial dentro del expediente laboral D-140/2006 de su índice y, remitió copia certificada de dicha resolución, para conocimiento de este juzgado federal (fojas 226 a 232). Posteriormente, por oficios 3280/2015 y 3605 recibidos en este órgano jurisdiccional el ocho y veintiocho de octubre de dos mil quince respectivamente, la responsable informó que mediante acuerdos de uno y veintitrés de octubre de dos mil quince, solicitó al Delegado Estatal en Puebla de la Procuraduría General de la República para que en auxilio de sus labores, designara a un perito en caligrafía, grafoscopia y documentoscopia y, señalo las once horas con treinta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil quince a efecto de que acudiera a aceptar y protestar el cargo conferido (fojas 244 a 251 y 270 a 276). Luego, mediante oficio 4021/2015 la responsable manifestó que la incomparecencia de la perito designada por el Delegado Estatal en Puebla de la Procuraduría General de la República, por proveído de once de noviembre de dos mil quince lo que señaló las once treinta horas del veintisiete de noviembre de dos mil quince, para que la audiencia de aceptación y protesta del cargo de perito oficial en materia de caligrafía, grafoscopia y documentoscopia dentro del expediente laboral D-140/2006 de su índice (fojas 305 a 313) En esas condiciones, por oficio número 4124/2015 el tribunal responsable remitió copia certificada del auto de veintisiete de noviembre de dos mil quince en el que Floribel López Salazar acepto y protesto el cargo de perito oficial, y señaló las doce horas del nueve de diciembre de dos mil quince para que tuviera verificativo la prueba pericial de mérito (fojas 319 a 323). Así, mediante oficio 891/2015 recibido en este órgano jurisdiccional el catorce de enero de dos mil dieciséis, la responsable informó que previos requerimientos, por auto de doce de enero de dos mil dieciséis la perito oficial Floribel López Salazar realizo los estudios correspondientes a la probanza de mérito y señaló las doce horas del cuatro de febrero de dos mil dieciséis para que exhibiera y ratificara el dictamen respectivo fojas 376 a 378). En ese tenor, por auto de cuatro de febrero y veintiséis de abril de dos mil dieciséis, la perito oficial Floribel López Salazar exhibió y ratificó los dictámenes de las pruebas periciales en grafoscopía y documentoscopía respectivamente; y, toda vez que, se encontraba pendiente por desahogar la prueba pericial en materia de caligrafía solicitó al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla para que designara a un perito especializado en la referida materia a fin de que compareciera a aceptar y protestar el cargo conferido y a su vez emitiera el dictamen correspondiente ( fojas 387 a 413 y 512 a 530) A ese respecto, por oficio 2092/2015 recibido en este juzgado el tres de mayo de dos mil dieciséis, la responsable informó que mediante acuerdo de veintinueve de abril de dos mil dieciséis tuvo a Fabiola Gómez Flores como perito designada por el Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por tal razón señaló las doce horas del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis a para que la referida perito aceptara y protestara el cargo conferido y emitiera el dictamen en materia de caligrafía (fojas 533 a 539). No obstante, por acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, la perito Fabiola Gómez Flores manifestó que no contaba con los estudios que la acreditaran como especialista en caligrafía que es el análisis de la escritura bella, y toda vez que en los laudos cuestionados no existe escritura para efectuar el análisis respectivo, el tribunal responsable determinó turnar los autos del expediente laboral al área correspondiente a efecto de que emitiera la resolución respectiva (fojas 546 a 548). Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a realizar el análisis relativo a si se encuentra o no cumplido el fallo protector. De la lectura de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se cumplió con la ejecutoria de amparo en su totalidad el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, toda vez que: El once de septiembre de dos mil quince, dejó insubsistente la resolución interlocutoria de quince de agosto de dos mil catorce y señaló las once horas con treinta minutos del siete de octubre de dos mil quince para el desahogo de la prueba pericial dentro del expediente laboral D-140/2006 de su índice, El uno y veintitrés de octubre de dos mil quince, solicitó al Delegado Estatal en Puebla de la Procuraduría General de la República para que en auxilio de sus labores, designara a un perito en caligrafía, grafoscopia y documentoscopia y, señalo las once horas con treinta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil quince a efecto de que acudiera a aceptar y protestar el cargo conferido, El once de noviembre de dos mil quince lo que señaló las once treinta horas del veintisiete de noviembre de dos mil quince, para que la audiencia de aceptación y protesta del cargo de perito oficial en materia de caligrafía, grafoscopia y documentoscopia dentro del expediente laboral D-140/2006 de su índice, El veintisiete de noviembre de dos mil quince en el que Floribel López Salazar acepto y protesto el cargo de perito oficial, y señaló las doce horas del nueve de diciembre de dos mil quince para que tuviera verificativo la prueba pericial de mérito, El doce de enero de dos mil dieciséis la perito oficial Floribel López Salazar realizo los estudios correspondientes a la probanza de mérito y señaló las doce horas del cuatro de febrero de dos mil dieciséis para que exhibiera y ratificara el dictamen respectivo, El cuatro de febrero y veintiséis de abril de dos mil dieciséis, la perito oficial Floribel López Salazar exhibió y ratificó los dictámenes de las pruebas periciales en grafoscopía y documentoscopía respectivamente; y, toda vez que, se encontraba pendiente por desahogar la prueba pericial en materia de caligrafía solicitó al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla para que designara a un perito especializado en la referida materia a fin de que compareciera a aceptar y protestar el cargo conferido y a su vez emitiera el dictamen correspondiente, El veintinueve de abril de dos mil dieciséis tuvo a Fabiola Gómez Flores como perito designada por el Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por tal razón señaló las doce horas del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis a para que la referida perito aceptara y protestara el cargo conferido y emitiera el dictamen en materia de caligrafía; y, El diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, la perito Fabiola Gómez Flores manifestó que no contaba con los estudios que la acreditaran como especialista en caligrafía que es el análisis de la escritura bella, y toda vez que en los laudos cuestionados no existe escritura para efectuar el análisis respectivo, el tribunal responsable determinó turnar los autos del expediente laboral al área correspondiente a efecto de que emitiera la resolución respectiva. En mérito de lo anterior, se ha logrado el cumplimiento a la sentencia protectora dictada en este juicio de amparo, en razón de que el efecto de la sentencia fue para que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución de quince de agosto de dos mil catorce, dictada en el juicio laboral D-140/2006, de su índice, relativa al incidente de reposición de autos y proveyera lo necesario para desahogar la prueba pericial respecto del laudo de dos de julio de dos mil trece, del que el secretario general del Tribunal dio fe de su existencia y, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el once de septiembre de dos mil quince, dejó insubsistente la resolución interlocutoria de quince de agosto de dos mil catorce y señaló las once horas con treinta minutos del siete de octubre de dos mil quince para el desahogo de la prueba pericial dentro del expediente laboral D-140/2006 de su índice Luego por autos de uno y veintitrés de octubre de dos mil quince, solicitó al Delegado Estatal en Puebla de la Procuraduría General de la República para que en auxilio de sus labores, designara a un perito en caligrafía, grafoscopia y documentoscopia y, señalo las once horas con treinta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil quince a efecto de que acudiera a aceptar y protestar el cargo conferido En consecuencia, el once de noviembre de dos mil quince lo que señaló las once treinta horas del veintisiete de noviembre de dos mil quince, para que la audiencia de aceptación y protesta del cargo de perito oficial en materia de caligrafía, grafoscopia y documentoscopia dentro del expediente laboral D-140/2006 de su índice, el veintisiete de noviembre de dos mil quince en el que Floribel López Salazar acepto y protesto el cargo de perito oficial, y señaló las doce horas del nueve de diciembre de dos mil quince para que tuviera verificativo la prueba pericial de mérito, el doce de enero de dos mil dieciséis la perito oficial Floribel López Salazar realizo los estudios correspondientes a la probanza de mérito y señaló las doce horas del cuatro de febrero de dos mil dieciséis para que exhibiera y ratificara el dictamen respectivo. En esas condiciones, el cuatro de febrero y veintiséis de abril de dos mil dieciséis, la perito oficial Floribel López Salazar exhibió y ratificó los dictámenes de las pruebas periciales en grafoscopía y documentoscopía respectivamente; y, toda vez que, se encontraba pendiente por desahogar la prueba pericial en materia de caligrafía solicitó al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla para que designara a un perito especializado en la referida materia a fin de que compareciera a aceptar y protestar el cargo conferido y a su vez emitiera el dictamen correspondiente. Así, el veintinueve de abril de dos mil dieciséis tuvo a Fabiola Gómez Flores como perito designada por el Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por tal razón señaló las doce horas del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis a para que la referida perito aceptara y protestara el cargo conferido y emitiera el dictamen en materia de caligrafía. Finalmente, el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, la perito Fabiola Gómez Flores manifestó que no contaba con los estudios que la acreditaran como especialista en caligrafía que es el análisis de la escritura bella, y toda vez que en los laudos cuestionados no existe escritura para efectuar el análisis respectivo, el tribunal responsable determinó turnar los autos del expediente laboral al área correspondiente a efecto de que emitiera la resolución respectiva . En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida en su totalidad la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos, y se ordena el archivo del expediente una vez que quede firme esta resolución. Finalmente se hace constar que la fecha en que se llevó acabo el cumplimiento por parte de la responsable ocurrió el día diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, constancias que se recibieron en oficialía de partes de este juzgado federal el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis; lo anterior, con el fin de registrar dicha información en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales Estado de Puebla, ante Ingrid Jordana Arteaga Hughes, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio y anexos del Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por el que informa el cumplimiento dado a la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo, al tenor de las constancias que adjunta a su comunicación oficial, así como las diversas acordadas en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil quince (foja 233) y veintinueve de abril de dos mil dieciséis (foja 531). En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de cuenta por el término de tres días legalmente computado, para que se impongan de su contenido y, en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga respecto del aludido cumplimiento dado a la ejecutoria por parte de la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; apercíbase a las partes que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Iván Pantoja Salazar, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio y anexos del Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por el cual, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, informa que se señalaron las doce horas del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, a efecto de que la perito Fabiola Gómez Flores, designada por la Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, comparezca ante dicho Tribunal a aceptar y protestar el cargo de perito en la materia de caligrafía, en consecuencia, turnó los autos al Actuario de su adscripción, a fin de que se notifique a las partes lo anterior, y mediante oficio dirigido a dicho Instituto, se comunique a la perito aludida el día y hora indicados para tal aceptación de cargo, y allega copia certificada de lo que asevera la autoridad oficiante. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la ley de la materia, a efecto de resolver sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; requiérase a la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el término de veinticuatro horas siguientes a la fecha que se señaló para la aceptación de cargo de perito en la materia de caligrafía, lo informe a esta potestad, o en su caso, comunique las gestiones que se encuentra realizando para ello, debiendo remitir las constancias relativas que acrediten lo anterior. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a Joel Figueroa Tentori persona física que actualmente ocupa el cargo de autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, José Reyes Solís Pérez, representante de los trabajadores, una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 193 y 258, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; segundo y tercero transitorios del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto será equivalente al monto vigente del salario mínimo en todo el país al momento de la entrada en vigor del referido decreto, esto es, a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis. Y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 192 segundo párrafo de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2o.T. J/2 (10a.), aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, publicada en la página 2579, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el contenido siguiente: APERCIBIMIENTO DE MULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES UN TRIBUNAL, INTEGRADO POR MÁS DE UN TITULAR, DEBE HACERSE A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES (ESPECIFICANDO NOMBRE Y APELLIDOS) Y NO AL TRIBUNAL EN ABSTRACTO. El artículo 192 de la Ley de Amparo prevé el procedimiento para el cumplimiento de una ejecutoria en la que se otorga la protección de la Justicia Federal. Inicialmente, establece que una vez que la sentencia protectora haya adquirido firmeza, la autoridad federal la notificará a la autoridad responsable y le requerirá que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibiéndola que, de no hacerlo sin causa justificada, le impondrá a su titular una multa de cien a mil días de salario, de acuerdo con el artículo 258 de la ley de la materia, y remitirá el expediente a la superioridad (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación) para seguir el trámite de inejecución. Conforme a esta disposición, cuando la autoridad responsable es un órgano integrado por más de un titular, el apercibimiento de multa no debe hacerse a dicho órgano en abstracto, sino a cada una de las personas físicas que lo integran, especificando el nombre y apellidos de cada una de ellas, en el entendido de que, en términos de la última parte del primer párrafo del artículo 193 de la citada ley, los titulares a quienes se les imponga la multa seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo y las personas físicas que los sustituyan tendrán responsabilidad, si durante el ejercicio de sus funciones debe darse cumplimiento a la ejecutoria. Asimismo, tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de seis de noviembre de 2014, publicada en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el contenido siguiente: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Sin que haya lugar a requerir al Tribunal responsable por conducto de su superior jerárquico en términos del artículo 192 de la ley de la materia, en virtud de que dicha autoridad es un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurisdiccional. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J.36/2011(10a), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de dieciséis de noviembre de dos mil once, publicada en la página 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese. Así lo acordó y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Iván Pantoja Salazar, Secretario que autoriza. Doy fe.
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