Marisela Pérez Tellez y Otros.

Expediente 1009/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1009/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
13/07/2016

Partes del expediente

  • Marisela Pérez Tellez y Otros.
  • Marisela Pérez Tellez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA II A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trece de julio de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el diecisiete de junio último (fojas 51 a 53), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA II A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para su debido conocimiento. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias antes mencionadas se advierte que la quejosa reclama de la autoridad responsable, Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la falta de prosecución de desahogar pruebas en el juicio laboral 399/2012, y en vía de consecuencia, la omisión de dictar el laudo correspondiente. En ese orden, el suscrito juzgador advierte que contra el precisado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.). El dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que el acto reclamado, se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto de la falta de prosecución de desahogar pruebas en el juicio laboral 399/2012, y en vía de consecuencia la omisión de dictar el laudo correspondiente, con el cual no deja sin defensa a la quejosa ni puede verse de forma autónoma, ya que se trata de una violación de carácter adjetivo que no afecta de manera directa un derecho sustantivo, debido a que por regla general es improcedente el amparo indirecto interpuesto por alguna de las partes contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos, aunado a que de las constancias anexas al informe justificado no se advierte una paralización total del juicio, si no que permiten advertir que se están desahogando las pruebas correspondientes; por ello, el acto reclamado no es de imposible reparación. Por tanto, el juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado que se hace consistir en la falta de prosecución de desahogar pruebas en el juicio laboral 399/2012, y en vía de consecuencia, la omisión de dictar el laudo correspondiente, es improcedente, puesto que no es de naturaleza irreparable, sin que se pueda analizar el acto referente a la omisión de dictar el laudo en atención en que fue reclamado en vía de consecuencia. Por similitud jurídica sustancial, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), que es del tenor. AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. [Época: Décima Época, Registro: 2011580, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 06 de mayo de 2016 10:06 h, Materia(s): (Constitucional, Común)]. En tales condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los artículos 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, y no se causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aún celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y textos siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 22). Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese, personalmente. Así lo proveyó, el Juez Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el Secretario Ernesto Valdivia Vásquez, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    POR LISTA: MESA II A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para su debido conocimiento. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias antes mencionadas se advierte que la quejosa reclama de la autoridad responsable, Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la falta de prosecución de desahogar pruebas en el juicio laboral 399/2012, y en vía de consecuencia, la omisión de dictar el laudo correspondiente. En ese orden, el suscrito juzgador advierte que contra el precisado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.). El dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que el acto reclamado, se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto de la falta de prosecución de desahogar pruebas en el juicio laboral 399/2012, y en vía de consecuencia la omisión de dictar el laudo correspondiente, con el cual no deja sin defensa a la quejosa ni puede verse de forma autónoma, ya que se trata de una violación de carácter adjetivo que no afecta de manera directa un derecho sustantivo, debido a que por regla general es improcedente el amparo indirecto interpuesto por alguna de las partes contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos, aunado a que de las constancias anexas al informe justificado no se advierte una paralización total del juicio, si no que permiten advertir que se están desahogando las pruebas correspondientes; por ello, el acto reclamado no es de imposible reparación. Por tanto, el juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado que se hace consistir en la falta de prosecución de desahogar pruebas en el juicio laboral 399/2012, y en vía de consecuencia, la omisión de dictar el laudo correspondiente, es improcedente, puesto que no es de naturaleza irreparable, sin que se pueda analizar el acto referente a la omisión de dictar el laudo en atención en que fue reclamado en vía de consecuencia. Por similitud jurídica sustancial, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), que es del tenor. AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. [Época: Décima Época, Registro: 2011580, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 06 de mayo de 2016 10:06 h, Materia(s): (Constitucional, Común)]. En tales condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los artículos 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, y no se causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aún celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y textos siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 22). Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese, personalmente. Así lo proveyó, el Juez Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el Secretario Ernesto Valdivia Vásquez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    MESA II A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos y la certificación que antecede toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días para que la autoridad responsable en el presente asunto, rinda su informe justificado, por ello la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo.

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