Marisela Hurtado Avarca

Expediente 1561/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1561/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Marisela Hurtado Avarca
  • Titular del Organo de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución que se cita; en consecuencia y con fundamento en el inciso c), fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2, se ordena agregar a los autos el oficio signado por *****, Juez de Primera Instancia de Control del Único Distrito Judicial del estado de Morelos, con sede en Cuautla, mediante el cual remite copia de la resolución dictada el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en la carpeta judicial ****. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda la constancia de notificación personal realizada a la parte quejosa Marisela Hurtado Avarca, mediante el cual la actuaria adscrita a este juzgado hizo constar la manifestación de la promovente de amparo en el sentido de ratificar en todas y cada una de sus partes el contenido de la demanda de amparo promovida en favor de Marisela Hurtado Avarca Por tanto, se provee lo siguiente: Admisión de la demanda Con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de referencia. Precisión del acto reclamado. Ahora bien, del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: Autoridades responsables Acto reclamado Titular del órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos La negativa de brindar la atención médica, medicamentos y el servicio de hemodiálisis que requiere la directa quejosa Marisela Hurtado Avarca. Director del Hospital General Regional con Medicina Familiar Numero 1 de Cuernavaca, Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Requerimiento a las autoridades responsables de su informe justificado Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del término de quince días, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias en que se apoye el acto que se les reclama. Se exhorta a las responsables para que remitan su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 3jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". A su vez, se pone a disposición de las partes para efectos de confirmar la recepción de promociones, el teléfono celular 7773890206. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su informe con justificación, se les impondrá en la sentencia respectiva, una medida de apremio equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 238 y 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 de la Ley de Amparo, comuníquese a las autoridades responsables que de rendir su informe con justificación expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en los términos que señale dicho precepto. Asimismo, se les hace saber que de conformidad con el artículo 28 de la ley reglamentaria, en caso de negativa a recibir oficios, debido a la imprecisión de la denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente y si a pesar de ello subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la misma. En el entendido que la autoridad responsable podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. De la audiencia constitucional Se señalan las diez horas con veintiún minutos del diez de enero de dos mil veinticuatro, para la celebración de la audiencia constitucional. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario de la adscripción para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª/J.176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero 2013, tomo 2, página 1253, materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Ahora bien, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen en el presente juicio de amparo, a cuales quiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación En términos del numeral 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que compete al Ministerio Público Federal de la adscripción y con fundamento en el diverso numeral 26, fracción III, del ordenamiento legal invocado, notifíquese el presente acuerdo, así como los subsecuentes por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Obligación de las partes de informar causal de sobreseimiento Hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64 de la citada ley, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una medida de apremio equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a que se ha hecho referencia, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Uso de medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales) Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de Internet www.cjf.gob.mx. Finalmente, agréguese a los autos la boleta de cuenta, de la cual se desprende que el recurso de queja interpuesto en el presente juicio fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, para la sustanciación de dicho medio de impugnación; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos el oficio signado por el Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación en Morelos hoy Órgano de Operaciones Administrativa Desconcentrada Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual informa que el servicio de hemodiálisis que solicita la quejosa lo brinda a través de la diversa moral "Clínica San Pablo". Atento a lo anterior, requiérase a la parte quejosa, para que, por escrito, dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste expresamente si es su voluntad ampliar la demanda de amparo señalando como autoridad responsable al Director de la Clínica "San Pablo". En la inteligencia de que su escrito de ampliación de demanda de amparo deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos previstos en los artículos 108, 110 y 111 de la Ley de Amparo. Con el apercibimiento que en caso de no hacer manifestación alguna con motivo del requerimiento anterior, el trámite de este juicio se seguirá la secuela normal del procedimiento. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 760/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. ********************por propio derecho, reclama en esencia, del Ayuntamiento, Presidente Municipal, Tesorería y Dirección General, todos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, la omisión de la responsable de no cumplir de forma correcta, completa e integra el acuerdo de pensión número CPSHAPI/87/2018, resuelto mediante el acta de cabildo de sesión extraordinaria de 30 de mayo del 2018, publicado el 19 de septiembre del 2018 en el periódico oficial tierra y libertad, número 5633, sexta época. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de once de octubre del dos mil veintitrés, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O ÚNICO. Las autoridades responsables antes citadas, al rendir su respectivo informe previo negaron la existencia de los actos que se les reclaman; sin embargo, y no obstante su negativa, se tiene por cierto el acto que se les atribuye en base a las manifestaciones que vierten en su informe. Estudio sobre el otorgamiento de la suspensión: Para efectos de determinar si procede la suspensión, debe atenderse, en primer lugar, a los requisitos exigidos en el artículo 138, de la Ley de Amparo. Así, conforme al citado numeral, se desprende que la suspensión fue solicitada por Armando Martin Millán Cruz; luego, con la finalidad de determinar si con la concesión no se contravienen disposiciones de orden público y no se sigue perjuicio al interés social, debe precisarse que el primero, tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; el segundo, debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio. De igual forma, vinculado con los requisitos citados, se encuentra el análisis del acto reclamado, y de las manifestaciones de la parte quejosa, pues con ello se puede determinar si con la suspensión se evitan notorios perjuicios de difícil o imposible reparación por el peligro en la demora; ya que de ser así, es posible adelantar los efectos propios de la sentencia de amparo en la medida cautelar solicitada. En ese sentido, son dos los extremos que deben actualizarse para obtener la medida cautelar, a saber: 1) apariencia del buen derecho, y 2) peligro en la demora. La apariencia de la existencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se declarará la inconstitucionalidad del acto impugnado; y, por su parte, el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del promovente de la medida, como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia, cuyos datos de localización y texto, enseguida se trascriben: Registro digital: 200136 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 15/96 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996, página 16 Tipo: Jurisprudencia "SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión." En ese sentido, respecto de la abstención u omisión del pago de la pensión por jubilación concedida a la parte quejosa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 138, de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que siga pagando la pensión por jubilación, a la que tenga derecho en los términos fijados mediante acuerdo de pensión número CPSHAPI/87/2018, resuelto mediante el acta de cabildo de sesión extraordinaria de treinta de mayo del dos mil dieciocho, publicado en periódico oficial tierra y libertad, número 5633, sexta época, por el que se le otorgo su pensión por jubilación y demás prestaciones a que tenga derecho conforme al citado decreto y cese la omisión del pago de la misma. Lo anterior encuentra apoyo, por analogía, en la tesis cuyos datos de localización y texto, enseguida se trascriben: Registro número: 174053 Registro digital: 2021263 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 70/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286 Tipo: Jurisprudencia "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." De igual forma, es pertinente citar por similitud jurídica el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 441, del Tomo VII, Junio de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra señala: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA, AL CONCEDERLA, EL JUEZ DE DISTRITO TIENE LA FACULTAD DE FIJAR LAS CONDICIONES Y MEDIDAS PARA CONSERVAR LA MATERIA DEL AMPARO. El juez de Distrito tiene amplia autoridad, al conceder la suspensión, para fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y para tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, de acuerdo con lo previsto por el párrafo final del artículo 124 de la Ley del Amparo. Consecuentemente, si el quejoso obtuvo la suspensión solicitada pero no está conforme con las condiciones y medidas fijadas por el resolutor, debe expresar las razones que pongan de manifiesto que tales determinaciones resultan violatorias de la ley para hacer nugatoria la medida cautelar y si no lo hace, el recurso no puede prosperar." Lo anterior es así, ya que se indica se afectan derechos sustantivos, por lo que debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En el caso los actos reclamados importan violaciones a derechos sustantivos de imposible reparación, por lo que al analizar la naturaleza del acto puede afectarse sustancialmente el goce del derecho humano violado. Ahora bien, debe indicarse se confirió a la suspensión en el amparo un genuino carácter de medida cautelar, siempre que su naturaleza así lo permita, cuya finalidad es conservar la materia de la controversia y, de ser posible material y jurídicamente, restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, en tanto se resuelve el fondo del asunto. Así, de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 131, 138 y 147 de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados a la luz del indicado precepto constitucional, se advierte la posibilidad de que se dote a la suspensión en el amparo de efectos restitutorios sin perder su naturaleza de medida cautelar; lo anterior, ante la naturaleza del acto (pensión por jubilación que fue otorgada CPSHAPI/87/2018), y que se afecta sustancialmente el goce del derecho humano violado, a recibir pensión que sustente su subsistencia de la parte quejosa. La situación jurídica que crea esta suspensión debe prevalecer hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables que la sentencia que se dicte en el juicio principal del cual deriva el presente incidente, ha quedado firme. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ********************respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando único de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Jaime César Pereyra Román, secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.

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