Marisela González Velázquez
Expediente 2163/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2163/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Marisela González Velázquez
Actuaciones
- Principal
Se notifica a la quejosa que por auto de 07 de diciembre de 2022 se dictó un auto que desechó su demanda de amparo
- Principal
...téngase a Marisela González Velázquez, solicitando el amparo y la protección de la justicia federal contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial de Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1°, 14 y 16, de la Constitución Federal; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 2163/2022. Al respecto, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano.". Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace el promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: Lo es el auto de fecha: El auto de fecha 28 de noviembre del presente año dos mil 2022, el primero que ordena el envió de oficios para la guardia nacional para que proporcione los elementos necesario a efecto de que auxilien al actuario que tenga a bien designar el Coordinador de la central de actuarios para la práctica ordenada por auto de fecha 13 de octubre del 2022, mediante la cual se ordena el desalojo del local comercial ubicado en avenida Carrera Torres, esquina con Pino Suarez 8189, Numero 226 - A, Código Postal Numero 87000, del Plano Oficial de Ciudad Victoria, Tamaulipas, lo que en esencia CONSTITUYE COMO EL ULTIMO ACTO, ya que con dicha resolución se debe de tener por cumplida la sentencia dictada en el expediente ********************, por la autoridad señalada como responsable. Esto a pesar de que en autos del referido expediente civil a la fecha la suscrita no ha sido legalmente notificada del auto de fecha 13 de octubre del 2022, por lo que la responsable incurre en una clara inobservancia a la ley, y afecta los derechos humanos y fundamentales cuando ordena dar cumplimiento el auto del que derivo la inconformidad, (28 de noviembre del 2022. b).- Como una consecuencia del anterior también lo es el auto de fecha 13 de octubre del 2022 que ordena el DESALOJO Y DESPOSESION FÍSICA Y MATERIAL del inmueble ubicado en avenida Carrera Torres, esquina con Pino Suarez, Numero 226 - A, Código Postal Numero 87000, del Plano Oficial de Ciudad Victoria, Tamaulipas, por lo que acudo ante ese Juzgado a su cargo a efecto de que se otorgue el Amparo y Protección de la Justicia Federal a favor de la suscrita.". Al respecto, se actualiza la causal de improcedencia se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Dichas disposiciones normativas, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.". Respecto de este último precepto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido de manera general, que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia sólo procede el amparo contra el último acto dictado en ese procedimiento. Así también, que por "última resolución", para los efectos de los actos dictados en ejecución de sentencia, debe tenerse a aquél que tiene por cumplida la sentencia o declara la imposibilidad física o jurídica de cumplirla. Esto se sostiene en la jurisprudencia P./J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y uno del tomo XIII, abril de dos mil uno, en la Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". Por otra parte, las excepciones al criterio general antes aludido para quienes son parte y que dan posibilidad para atacarlos sin necesidad de esperar a la última resolución, exclusivamente son: a) Cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos (la integridad física, la libertad y los bienes); y b) Cuando los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia; es decir, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Esta última excepción contiene la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán de llevarse a cabo. Esta consideración se contiene en la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página seis, tomo XXXIII, enero de dos mil once, en la Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto.". En el caso que nos ocupa, dentro de lo manifestado por la promovente en su ocurso inicial, se advierte que es parte demandada en el procedimiento natural, que en el mismo fue dictada sentencia y se encuentra en etapa de ejecución. Bajo este presupuesto, se advierte que el auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, derivado de la orden de ejecución de embargo contenida en la sentencia dictada dentro del expediente natural ********************, ordenada por la autoridad responsable, no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución en el citado expediente, entendida ésta como el pronunciamiento respecto a la declaración de que se encuentre enteramente cumplido dicho procedimiento o bien, que se reconozca la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento; cuya declaración o situación permite acceder a la vía constitucional. Luego, dicha determinación, deberá impugnarse en el amparo indirecto que en su momento se intente contra la última resolución del juicio en la que se reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento de la sentencia emitida en dicho expediente o, en su defecto, la declaratoria en el sentido que haya imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento. De ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, y, en vía de consecuencia, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal mencionado, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, por la causa manifiesta e indudable de improcedencia resaltada. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, punto a, de la ley de la materia. Asimismo, téngasele señalando el correo electrónico: mterangonzalez639@gmail.com, para oír y recibir notificaciones. De igual manera, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista que señala en su demanda, por tener registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE; y personalmente a la parte quejosa.
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