Marisela Fernández Cendejas

Expediente 85/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
85/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • Marisela Fernández Cendejas

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la impetrante hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal.

  2. Principal

    (AVISO) NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dos de marzo de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Visto; el oficio 6109/2021 y anexos que lo acompañan, remitidos por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional el contenido del auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 97/2021, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Marisela Fernández Cendejas, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado y otras autoridades, en el que dicho juzgado federal declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, declinándola a favor de este Juzgado de Distrito. Glósese a los autos el oficio y anexos de mérito, acúsese el recibo de estilo al juzgado oficiante, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 85/2021, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). COMPETENCIA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 188643 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". Ahora bien, de la lectura de la demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, además atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, se precisan como actos reclamados: "A) DE LAS ORDENADORAS.- 1) El contenido de la circular 04 de fecha 04 de enero del presente año, expedida por esta autoridad y su Directora de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz, que deriva de la propuesta de reforma, adición y derogación de los Códigos de Derechos y Financiero ambos del Estado de Veracruz, que fueron aprobadas por el Congreso del Estado y que entraron en vigor este 2 de febrero de 2021. Atendiendo a que me encuentro dentro del término para presentar el juicio contencioso administrativo en contra a la modificación a lo pactado en el mismo, sin embargo, la suspensión del acto que ofrece dicho medio de impugnación infiere mayores requisitos a los que la Ley de Amparo señala para otorgarla. 2) Los lineamientos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, respecto de la nueva modalidad de distribución de certificados holográficos que nos fueran entregados en vía electrónica el pasado 27 de enero 2021. Atendiendo a que me encuentro dentro del término para presentar el juicio contencioso administrativo en contra a la modificación a lo pactado en el mismo, sin embargo, la suspensión del acto que ofrece dicho medio de impugnación infiere mayores requisitos a los que la Ley de Amparo señala para otorgarla. B).- DE LA EJECUTORAS.- El cumplimiento que pretenden dar a dicha orden." Establecido lo anterior, esta juzgadora advierte que, en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; [.]" Dicha causa de improcedencia, descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional; ello es así, puesto que el juicio amparo constituye un medio de defensa extraordinario, por lo que resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales previstos en la ley ordinaria, y que sean los idóneos para modificar, revocar o anular el acto que se reclame, pues en esto estriba precisamente dicho principio rector del juicio de garantías. En ese orden de ideas, del precepto legal trascrito se desprende que para que se actualice la causal de improcedencia invocada, deben colmarse las hipótesis siguientes: Que se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. Que respecto de aquéllas, la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y que la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Ahora, de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa se duele de la Circular 04 de cuatro de enero de dos mil veintiuno, expedida por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, así como los lineamientos respecto de la nueva modalidad de distribución de certificados holográficos ; actos que traen como consecuencia directa como lo alega la propia promovente, el dejar de entregarse los hologramas de verificación respectivos a la concesionaria del Centro de Verificación con clave C-PR07, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, del cual es propietaria la aquí quejosa. Así, como se adelantó, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado puede ser impugnado a través del juicio contencioso administrativo en términos del artículo 280, fracción X, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz-Llave, que establece: "Artículo 280. Procede el juicio contencioso en contra de: [.] X. Actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación;" De la transcripción que antecede, se desprende que el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz, procede en contra de actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación, como acontece en la especie, con la Circular de cuatro de enero de dos mil veintiuno, expedida por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz y la Directora de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz, derivada de la propuesta de reforma, adición y derogación de los Códigos de Derechos y Financiero del Estado, que fue aprobada por el Congreso del Estado y que entró en vigor el dos de febrero del año en curso. Así como con los lineamientos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, respecto de la nueva modalidad de distribución de certificados holográficos que fueran entregados el veintisiete de enero de dos mil veintiuno; actos que traen como consecuencia directa, como lo alega la propia promovente, el dejar de entregarse los hologramas de verificación respectivos a la concesionaria del Centro de Verificación con clave C-PR07, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, del cual es propietaria la aquí quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "Registro digital: 2022317 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 41/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 509 Tipo: Jurisprudencia AUTORIZACIÓN PARA OPERAR COMO UNIDAD DE VERIFICACIÓN. LA DETERMINACIÓN DE LA CANCELACIÓN EMITIDA POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, ASOCIACIÓN CIVIL, DEBE COMBATIRSE MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes al conocer de los diversos recursos de revisión y queja, así como de un juicio de amparo directo, analizaron si la cancelación temporal para que los quejosos operen como unidades de verificación (en diversos ámbitos) emitida por la Entidad Mexicana de Acreditación, Asociación Civil, debe impugnarse o no mediante el juicio contencioso administrativo, previo a la promoción del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el acto relativo a la cancelación para operar como unidad de verificación, llevada a cabo por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C., que actúa como auxiliar de la administración pública, debe ser combatido a través del juicio de nulidad, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad a que alude el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Justificación: Si se tiene presente que una cancelación parcial o total de la acreditación como unidad de verificación, tiene la naturaleza de acto administrativo, es emitido por un auxiliar de la administración pública federal y es el resultado de un procedimiento administrativo, obliga a que previo a la promoción del juicio de amparo sea combatido mediante el juicio contencioso, porque la fracción XII del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (antes artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) establece que el tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas y actos administrativos dictados por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y, en su fracción VIII (antes artículo 14, fracción VII) dispone que el juicio contencioso procede contra las determinaciones que se originen por servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal." Ello, sin que se esté en alguna de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 61 fracción XX citado, pues es factible la suspensión del acto reclamado mediante la interposición de citado juicio contencioso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Esto es así, pues basta con remitirse al contenido de los artículos 296, 305, 305 Bis, 306, 308, 309 y 310 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, para verificar que tratándose del juicio contencioso administrativo, se puede solicitar la suspensión del acto impugnado, la cual debe resolverse en el término de veinticuatro horas y podrá otorgarse mientras no se haya dictado sentencia, siempre y cuando no se contravengan disposiciones de orden público ni se deje sin materia el juicio. Asimismo, dicha suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva, o bien, dar efectos restitutorios, según sea el caso; además, establece el otorgamiento de una garantía que tiene por objeto reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtuviere sentencia favorable en el juicio. Los artículos en cita, son del tenor siguiente: "Artículo 296. Dentro de los tres días siguientes a la presentación de la demanda, se dictará acuerdo sobre su admisión. En el mismo acuerdo se admitirán o desecharán las pruebas ofrecidas y, en su caso, se dictarán las providencias necesarias para su desahogo. Tratándose de la suspensión deberá resolverse dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda." "Artículo 305. Iniciado el juicio contencioso administrativo, podrán decretarse todas las medidas cautelares necesarias o la suspensión del acto impugnado, para el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se dicte sentencia. No se otorgarán las medidas cautelares ni la suspensión, si se sigue perjuicio al interés público, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. [.] La suspensión del acto impugnado se decretará dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda y las medidas cautelares se decretarán de plano, ambos casos a cargo de la Sala Unitaria, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda y podrá solicitarlas el actor en el escrito de demanda, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el juicio ante la Sala Unitaria que conozca el asunto. Cuando se otorguen las medidas cautelares o la suspensión del acto, se comunicarán sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento." "Artículo 305 Bis. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte en cualquier momento del juicio, mientras no se haya celebrado la audiencia. Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes y actos que de llegar a consumarse hagan imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos." "Artículo 306. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos, o bien, cuando a criterio de la sala sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó. [.]" "Artículo 308. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtuviere sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, la Sala que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero otorga, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y para pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor." "Artículo 309. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se haya emitido el acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al actor." "Artículo 310. El acuerdo en el que se conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos desde la fecha de su otorgamiento y tendrá vigencia incluso durante la substanciación del recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal. El acuerdo en que se niegue la suspensión dejará expedita la facultad de la autoridad demandada para la ejecución del acto impugnado, aun cuando se interponga el recurso de revisión; pero si la Sala Superior revoca el acuerdo recurrido y concede la suspensión, esta surtirá sus efectos de manera inmediata." (Énfasis añadido) De esta manera, la medida cautelar prevista en el juicio contencioso administrativo no exige mayores requisitos ni mayor plazo para proveer sobre su procedencia que la Ley de Amparo; por lo que no se está en la hipótesis de excepción que señala el artículo 61 fracción XX de esta última. En consecuencia, antes de acudir al juicio de amparo y en observancia del principio de definitividad que lo rige, la parte quejosa debe agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 280, fracción X, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz-Llave, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto que impugna. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: "Registro digital: 2020596 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 126/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 326 Tipo: Jurisprudencia JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en el diverso 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el propio 107 mencionado. Por tanto, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. En este sentido, sí existe la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave antes de acudir al juicio de amparo, en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva, es decir, en ambos casos es posible otorgar efectos restitutorios a la suspensión decretada." De igual forma, tampoco se está en la hipótesis de excepción a que se refiere el párrafo segundo de la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo; esto es, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, o bien, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Asimismo, el propio Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, establece la procedencia del juicio contencioso administrativo, sin que sea necesario remitirse a reglamento alguno; incluso, no se trata de violaciones directas a la constitución pues no se impugna un acto legislativo. Sin que obste a la presente determinación, el hecho de que la parte quejosa impugne normas de carácter general, habida cuenta que, de la detenida lectura de la demanda de amparo, no se advierte que enderece conceptos de violación encaminados a demostrar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de dichas normas, sino que sólo esgrime argumentos de mera legalidad, los cuales son susceptibles de ser analizados por la potestad común. Así las cosas, se considera que antes de acudir al juicio de amparo y en observancia del principio de definitividad que lo rige, la parte quejosa debió agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 280, fracción X, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz-Llave, a través del cual pudo ser modificado, revocado o nulificado, el acto que reclama, sin que se encuentre en alguna de las hipótesis de excepción que establece el propio artículo 61 fracción XX de la ley de la materia. En esa tesitura, al no haberse agotado el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Marisela Fernández Cendejas, por su manifiesta e indudable improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la promovente en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Agustín Rivas Vázquez y Jaime Alberto Méndez Hernández, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del citado numeral a Carlos Ibáñez Rodríguez, por así haberlo solicitado expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo que significa que no podrá practicarse ninguna notificación a través de estos medios, únicamente son para establecer contacto. El contenido de estos contactos deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. DILIGENCIA PERSONAL De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, dicha diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

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