Marisela Contreras Martínez

Expediente 4/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
4/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/01/2022

Partes del expediente

  • Marisela Contreras Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    ...Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Causa estado. Del estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación de cuenta hecha por el Secretario de este Juzgado, se advierte que transcurrió en el plazo de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo a que este juicio se refiere, sin que la parte quejosa lo hubiere hecho valer; por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° MARÍA DEL PILAR ORTIZ SOTO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.f4.ee 03/08/23 15:19:33 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Archivo. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y, archívese este asunto como concluido...

  2. Principal

    ...Notifíquese; personalmente a la parte quejosa...

  3. Principal

    ....NOTIFICACIÓN POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DEL CONTENIDO DEL AUTO DE SIETE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, DENTRO DE LOS DOS DÍAS POSTERIORES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y EN LO CONDUCENTE DICE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, a siete de enero de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Marisela Contreras Martínez, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por violación a sus derechos fundamentales. Radicación de demanda. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 4/2022. Precisión trámite por emergencia sanitaria. Cabe decir que la tramitación del presente asunto, se sujetará a las reglas y precisiones previstas en la circular SECNO/13/2021, apartado III, emitida el veintisiete de febrero del año en curso, por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en la que hizo del conocimiento que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 9/2021 y 10/2021. Desechamiento. Como aspecto previo, este órgano jurisdiccional, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo1, debe proceder al análisis de la demanda de amparo que se plantea para que, en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Así, de la demanda de cuenta se desprende que el acto reclamado consiste en: Auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 106/2021-VI del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, en el cual, se estableció que el emplazamiento realizado a la parte demandada resultó ilegal, en razón de que el actuario omitió especificar si las copias de traslado se encontraban debidamente selladas y cotejadas. Manifestación, que para quien provee, adquiere el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. 1 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito2, de rubro: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." En ese contexto, se estima que el juicio de amparo intentado resulta improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII en relación con los numerales 62 y 107, fracción V3, de la Ley de Amparo, dado que la resolución reclamada no afecta directamente los derechos humanos del promovente ni constituye un acto de imposible reparación. Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b)4, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. De la disposición constitucional citada, se observa que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos 2 Tesis publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. 3 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; [.]". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" 4 "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [...]" dentro de juicio, está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues esa transgresión o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una resolución favorable a sus intereses, precisamente porque la reparación en los derechos vulnerados a la parte quejosa sería imposible. Lo anterior es así, dado que, de dictarse una resolución definitiva favorable en la controversia de origen, puede darse el caso que la violación alegada fuere subsanada o dejada insubsistente y, por ende, la consecuencia sería dejar intacta la esfera jurídica del gobernado al no alterarse ninguno de sus derechos sustantivos. Por ello, esa posibilidad reparatoria conduce a no colocar los aspectos intraprocesales como base para la promoción de un juicio de amparo indirecto o biinstancial, sino que éstos pueden ser subsanados en aquella decisión definitiva o bien al promoverse los medios de defensa ordinarios, o en su caso, el juicio constitucional que hagan valer. Ahora bien, para tener por actualizada la causa de improcedencia invocada, se procede a analizar y determinar si las consecuencias producidas por el acto reclamado, son o no de imposible reparación. En este orden de ideas, debe decirse que el auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 106/2021-VI del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, en el cual se declaró que el emplazamiento realizado a la parte demandada resultaba ilegal, no se ubica dentro del supuesto de los actos que producen una ejecución irreparable, pues la única consecuencia que tiene es que se reponga el procedimiento y se lleve a cabo de nueva cuenta el emplazamiento a la parte demandada. Además, dicha determinación no constituye una afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino una de tipo adjetivo, aunado a que el retardo en la impartición de justicia que podría incluir que esa determinación, por si misma no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto el cual por excepción no permite la impugnación de actos intraprocesales, que si bien es cierto toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas trae como consecuencia una dilación del juicio en mayor grado, hecho que no implica violación al principio de justicia pronta. En ese orden de ideas, es evidente que el acto reclamado, no implica una ejecución de imposible reparación, que afecte de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal o en algún tratado internacional del que México sea parte, sino que se trata de una transgresión a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales, que en todo caso, pudiera vulnerar los derechos formales o procesales de la parte quejosa, pues si bien la parte quejosa no refiere que se haya ordenado practicar de nueva cuenta el emplazamiento a la parte demandada, cierto es, que la consecuencia de dicho acto es la de reponer el procedimiento en el expediente 106/2021-IV para el efecto de llevar de nueva cuenta la diligencia de exequendo y emplazamiento; la cual, no afecta de manera real, actual, ni directa, el ejercicio de alguno de las prerrogativas fundamentales, sino en todo caso, derechos de carácter formal o adjetivo. Ello es así, dado que las violaciones que llegaren a cometerse en perjuicio de la parte promovente, puede quedar subsanada con posterioridad, si en el caso, la sentencia que se dicte en el juicio, es favorable a sus intereses, o bien al impugnarlo por la vía directa, si así lo estima conveniente, alegándolo como violación procesal en los conceptos de violación correspondientes. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el diverso precepto 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; de ahí que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Sirve de sustento por sus consideraciones a la determinación anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el siguiente texto: "EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL). La determinación judicial que en definitiva declara nulo el emplazamiento por edictos y ordena reponer el procedimiento para que se emplace nuevamente a la demandada por ese medio no constituye una afectación a los derechos sustantivos de la actora respecto del pago que hizo de las publicaciones respectivas, sino una de tipo adjetivo, ya que la sola circunstancia del impacto patrimonial consistente en dejar sin efectos los edictos cuya publicación subvencionó, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Esto último encuentra explicación en que si el contenido del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, revela que fue voluntad del legislador proscribir que el juicio de amparo indirecto proceda indiscriminadamente respecto de cualquier acto en el juicio, y si es máxima de la experiencia que en la prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces debe admitirse que jurídicamente y para efectos de fijar el alcance conducente del citado artículo 114, fracción IV, la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda analizar en cada caso particular, si es que existen otras consecuencias de la reposición del procedimiento (diferentes a la sola circunstancia de que el actor tuvo que erogar los gastos de la publicación de los edictos correspondientes) que puedan significar una afectación de imposible reparación para los efectos de decidir sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio."5 Así como, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el siguiente contenido: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER 5 1a./J. 37/2012 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2000789, T Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, página 741, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, Materia Común, Civil. EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta."6 Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, el que precisa en el escrito de su demanda, y por autorizados de su parte a José Mauricio Contreras Martínez y Rogelio Ordoñez Solana, en los amplios términos del artículo 12 de la ley de la materia, toda vez que de la consulta efectuada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se constató que cuentan con registro de su cédula profesional. 6 2a./J. 23/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 170244, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 593, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Materia Común. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.VIII/2020 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación7, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO" Protección de datos personales. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. Objeción a la publicación de datos personales en las listas de notificaciones (física y electrónica). 7 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, agosto 2020, libro 77, tomo V, página 4456. La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa Así lo proveyó Odín Edgardo Bonastre Díaz, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho por vacaciones del titular, con las facultades otorgadas por el artículo 1618 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; ante el secretario Ismael Arroniz Palacios, que autoriza y da fe. Razón. En la misma fecha se registra la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 4/2022, y foja corresponde a la última del acuerdo dictado el día de hoy, siete de enero de dos mil veintidós. Conste.

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