Marisela Cedeño Arvizu
Expediente 2037/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2037/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/12/2021
Partes del expediente
- Marisela Cedeño Arvizu
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Causa estado acuerdo. Visto el estado que guarda este asunto y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de queja contra el proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que la determinación de mérito ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales, por lo que es susceptible de destrucción una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en inciso b) del artículo 21 del aludido acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2, de este último ordenamiento, se acuerda: Causa ejecutoria sentencia. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes en dicho plazo haya recurrido la sentencia dictada el once de octubre de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Se requiere cumplimiento. Ahora, con el fin de lograr el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo -respetándose con ello el procedimiento derivado de los artículos 107, fracción XVI, constitucional, y del 192 al 197 de la ley de la materia-, se indica, de forma puntual, a la autoridad o autoridades responsables y/o a la autoridad o autoridades vinculadas, los actos que deben verificar y/o ejecutar para cumplimentar el fallo, que en la especie consisten en: a) Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 77, fracción X, inciso c), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, siendo lo correcto que se le aplique por concepto de refrendo del giro bar en restaurante y giros similares, la tarifa prevista en la fracción X, inciso a) de dicho compilación normativa, dado que la cédula de licencia municipal que obra en autos, corresponde a un giro donde no se hace distinción sobre la venta de bebidas de alta o baja graduación, lo que implica la posibilidad de que se expendan ambas; asimismo, la autoridad deberá dejar insubsistente el pago que por dicho concepto recibió el treinta de abril de dos mil veintiuno, mediante el recibo oficial ***, expedido por la Dirección de Ingresos, dependiente de la Tesorería Municipal de Zapopan, Jalisco, por constituir el acto de aplicación de la norma impugnada, así como sus consecuencias, por ser frutos de un acto viciado. b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, emita otro recibo de pago por el mismo concepto, devolviendo al quejoso la cantidad que se haya pagado en exceso, para así respetar la garantía constitucional violada en los términos aquí apuntados. Ello, sin perjuicio de que si al aplicar la tarifa prevista en el artículo 77 de la fracción X, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, la autoridad observa, en ejercicio de sus atribuciones legales, la generación de diversos gastos, tales como multas y/o recargos y /o gastos de ejecución por pago tardío, en términos de la legislación aplicable, que no se declaró inconstitucional, así podrá o no determinarlo, de manera fundada y motivada. Es así, pues la sentencia no tiene por efecto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación, porque la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. De manera que la restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada consistirá, por un lado, en hacerle extensiva en un futuro de la tarifa prevista en el artículo 77 de la fracción X, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno y, por otro, en devolverle la cantidad que hubiere pagado correspondiente al diferencial entre ambas cantidades, ya que la concesión del amparo no impide a la autoridad fiscal cobrar los derechos por concepto de refrendo del giro centro nocturno, siempre y cuando lo haga conforme a la tarifa aplicable a quienes se encontraban en la misma situación, esto es, la tarifa prevista en el artículo 77 de la fracción X, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 188/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido"1. c) Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del penúltimo párrafo del artículo 77, en relación con el diverso 7, fracción VIII, ambos de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, siendo lo correcto que se le devuelva el pago del 3% (tres por ciento) recibido; asimismo, la autoridad deberá dejar insubsistente el pago que por dicho concepto recibió el treinta de abril de dos mil veintiuno, mediante el recibo oficial ***, expedido por la Dirección de Ingresos, dependiente de la Tesorería Municipal de Zapopan, Jalisco, por constituir el acto de aplicación de la norma impugnada, así como sus consecuencias, por ser frutos de un acto viciado. En el entendido de que tales devoluciones deberán comprender, en su caso, la actualización de las diferencias erogadas, de acuerdo con los numerales aplicables del Código Fiscal del Estado de Jalisco. Es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada III.2o.A.164 A sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO QUE DECLARAN INCONSTITUCIONALES LAS NORMAS QUE PREVÉN UN IMPUESTO. SU CUMPLIMIENTO SE COLMA CON LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS Y SU 1 Página 3987, tomo II, apéndice 1917-septiembre 2011, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 179675. ACTUALIZACIÓN, PERO NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES2. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo, los efectos de la protección constitucional son restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Así, la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un impuesto, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector. Estimar lo contrario provocaría desnaturalizar la finalidad del juicio de amparo". Ahora bien, para cumplir la ejecutoria de amparo, el Congreso y el Gobernador del Estado de Jalisco, no tienen que ejecutar acto alguno, pues se les reclamaron, dentro de sus atribuciones, actos legislativos como son, la expedición, aprobación o promulgación de las normas impugnadas. Sobre el particular, son aplicables los siguientes criterios: La tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, cuyo rubro y contenido es: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN. La decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley que se tome en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria, constituye cosa juzgada. Consecuentemente, si se concedió el amparo, el efecto inmediato será nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con el quejoso y si el juicio se promovió con motivo del primer acto de aplicación, éste también será contrario al orden constitucional; dentro del mismo supuesto de concesión del amparo, ninguna autoridad puede volverle a aplicar válidamente la norma jurídica que ya se juzgó, dado que la situación jurídica del quejoso se rige por la sentencia protectora. En cambio, cuando el fallo es desfavorable respecto de la ley, las autoridades pueden aplicársela válidamente; por ello, una vez que el juicio de garantías se ha promovido contra la ley y se obtiene pronunciamiento de fondo, sea que se conceda o se niegue la protección solicitada en sentencia ejecutoria, la decisión sobre su congruencia o incongruencia con el orden constitucional se ha convertido en cosa juzgada." 2 Página mil ochocientos veinte, Novena Época, Tomo XXVII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta relativa a marzo de dos mil ocho, registro 170013. 3 visible con el número 201, en las páginas 195 y 196, Tomo I, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Así como la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación4, cuyo epígrafe y contenido son: "LEYES, AMPARO CONTRA LA EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS. En el amparo contra la promulgación, publicación y refrendo de la norma legal impugnada, no procede el sobreseimiento, porque si bien es cierto que en el procedimiento de formación de la ley intervienen diversos órganos constitucionales, como lo son el Legislativo que las expide y el Ejecutivo que las promulga y ordena su publicación, dichos actos no pueden considerarse consumados irreparablemente para los efectos del amparo, toda vez que en su conjunto son los que otorgan vigencia a la ley reclamada y, por tanto, hacen que el ordenamiento respectivo pueda ser aplicado a los casos concretos comprendidos en las hipótesis normativas, y son todos ellos los que pueden ser reparados a través del juicio de garantías. La expedición, promulgación y publicación de una ley no pueden quedar subsistentes o insubsistentes, aisladamente, puesto que tales actos concurren para que tenga vigencia la ley y pueda ser aplicada, y en cambio necesariamente dejan de producir efectos conjuntamente al pronunciarse una ejecutoria que declara inconstitucional a la ley, en el caso concreto a que se refiere el fallo. Consecuentemente, a pesar de que se produzcan por órganos diferentes, no pueden considerarse consumados irreparablemente ni improcedente su declaración en el juicio de amparo que se interpone contra una ley." Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la nueva Ley de Amparo, requiérase a la Tesorería Municipal de Zapopan, Jalisco, para que en el término de tres días legalmente computados, a partir de que se le comunique el presente proveído, cumpla cabalmente con cada uno de los deberes impuestos en la sentencia de amparo conforme a los lineamientos establecidos en ella y lo acredite de manera fehaciente ante este órgano de control constitucional. Es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, página 832 de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, 4 Visible con el número 204, en la página 198, Tomo I, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995. dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción,5 en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Anotaciones en el Libro de Gobierno. Asimismo, realícense las anotaciones que procedan en el Libro de Gobierno correspondiente. Notifíquese.
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