Marisela Barba Castro

Expediente 464/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
464/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
21/12/2016

Partes del expediente

  • Marisela Barba Castro
  • Jose Barba Castro
  • Benito Barba Castro
  • ANA DOLORES BARBA CASTRO y Otros.
  • BENITO BARBA CASTRO y Otros.
  • Hector Barba Castro
  • Recaudacion de Rentas Municipal del Xxi Ayuntamiento de Mexicali, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal de autos se advierte que por auto de quince de diciembre del presente año, se recibió el cuaderno original del incidente de suspensión 464/2016-3A, remitido por el Secretario del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en consecuencia: INCIDENTES DE SUSPENSIÓNToda vez que se advierte que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, pues se concedió y negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, acorde con el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el original del cuaderno incidental, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías, para que el antedicho Centro proceda a la destrucción del mismo. Por otro lado, en términos de la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, en cumplimiento al auto de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. Finalmente, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a quince de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria del incidente en revisión 344/2016, interpuesta por la autoridad responsable Recaudador de Rentas del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Baja California; consecuentemente, acúsese el recibo correspondiente a la Superioridad. Por lo que hace a la materia de la queja se resolvió: "ÚNICO. Se declara sin materia el recurso de revisión interpuesto por la Recaudador de Rentas del XXI Ayuntamiento de Mexicali, contra la resolución de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, dentro de los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 464/2016." Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En diverso aspecto, intégrese al juicio en que se actúa, el cuadernillo que quedó en sustitución del cuaderno original del incidente de suspensión, conforme al principio de economía procesal. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el Libro Uno de Juzgado correspondiente al registro de Juicios de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIAVisto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en esta instancia, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo, se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Por otra parte, toda vez que se encuentra pendiente de resolver el incidente en revisión 344/2016, del índice del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, interpuesto por la Delegada de la Autoridad Responsable Recaudador de Rentas del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en contra de la resolución incidental dictada por este Juzgado el cinco de septiembre de dos mil dieciséis, en consecuencia hágase del conocimiento el presente acuerdo al citado tribunal colegiado para los efectos legales a que haya lugar. Resérvese acordar lo conducente al cuaderno incidental, hasta en tanto, sea resuelto lo anterior. LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Finalmente, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. .VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 464/2016-3A, promovido por MARISELA BARBA CASTRO, BENITO BARBA CASTRO, JOSÉ BARBA CASTRO, CARLOS BARBA CASTRO, ANA DOLORES BARBA CASTRO y HÉCTOR BARBA CASTRO, contra actos que reclama del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, y otras autoridades, por estimar como derechos humanos violados en su perjuicio los consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el nueve de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Mexicali, Baja California, y turnado el citado día por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, los quejosos solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos reclamados que señala en su libelo constitucional. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA. Previa prevención por auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis (fojas 39 y 40), se admitió la demanda de amparo en sus términos, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación y se fijó la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, resulta ser legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2º, 33, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aunado a que son actos atribuidos a autoridades, con residencia en el ámbito territorial en el que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, se advierte que los actos reclamados en la demanda de amparo son los siguientes: El procedimiento administrativo de ejecución seguido contra los quejosos, así como todos los actos realizados en dicho procedimiento. Clarificación de los actos reclamados que se realiza con apoyo en la tesis de jurisprudencia P./.J 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, perteneciente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables XXI Ayuntamiento de Mexicali, Baja California (fojas 46 a 49); y Tesorero Municipal del XXI Ayuntamiento de Mexicali (fojas 51 y 52), consistentes en el procedimiento administrativo de ejecución seguido contra los quejosos, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Ahora bien, en vista de que los quejosos no ofrecieron, ni aportaron prueba alguna en contrario que desvirtuara la negativa de las autoridades responsables, con fundamento en la fracción IV, del Artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías dada la inexistencia del acto reclamado por lo que respecta a las autoridades mencionadas. Sirve de apoyo además en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 284, aparece publicada en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad responsable Recaudador de Rentas del XXI, Ayuntamiento de Mexicali, al rendir su informe justificado (fojas 53 a 59 de autos), manifestó que era cierto el acto reclamado, toda vez que dicha autoridad instauró el procedimiento administrativo de ejecución respecto a los diversos adeudos de los quejosos por concepto de impuesto predial de los ejercicios fiscales de dos mil diez a dos mil catorce. Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que obran a fojas 121 a 123 de autos, a las cuales se otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden, se tiene por cierto el acto reclamado. QUINTO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA DE OFICIO. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, la responsable Recaudador de Rentas del XXI, Ayuntamiento de Mexicali manifiesta que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, porque considera que debió de agotarse previamente al juicio de garantías el recurso ordinario ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. Para resolver dichos argumentos resulta pertinente reproducir lo que dispone el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." El texto de los preceptos transcritos establece la improcedencia del juicio del amparo indirecto cuando proceda contra el acto reclamado un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. La exigencia de iguales o menores requisitos, en comparación con los dispuestos en la Ley de Amparo para suspender el acto, significa que la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa debe exigir condiciones semejantes o menos gravosas para obtener la suspensión del acto reclamado; si efectivamente se verifica esto, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo los quejosos deberán de agotar esos medios ordinarios de impugnación. Establecido lo anterior, resulta necesario señalar que en contra del procedimiento administrativo de ejecución seguido contra los quejosos por la falta de pago del impuesto predial de los años dos mil diez a dos mil catorce, previo a la interposición del juicio de amparo indirecto, procede el juicio contencioso administrativo, en términos de lo dispuesto en la fracción II del numeral 22 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, que dispone: "Artículo 22.- Las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones definitivas siguientes: (.) II.- Los de naturaleza fiscal emanados de Autoridades Fiscales Estatales, Municipales o de sus Organismos Fiscales Autónomos, que causen agravio a los particulares;" También resulta importante reproducir lo previsto en el artículo 2º de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. "Artículo 2. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tendrá a su cargo, dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios, y Organismos Descentralizados y los particulares; así como entre el fisco estatal y los fiscos municipales, sobre preferencias en el cobro de créditos fiscales." De la transcripción que antecede se pone de manifiesto que el ámbito competencial de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, fijado por el legislador, constituye el conocimiento de las controversias que surjan entre los particulares y el fisco municipal entre otros. Es decir, los afectados por actos y resoluciones de las autoridades administrativas de municipios del Estado de Baja California, que se rijan por los ordenamientos correspondientes a los procedimientos que éstas efectúen dentro de su esfera de competencia, en las que como en el caso se notifique y requiera un crédito fiscal, pueden ser impugnados a través del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esta entidad. Una vez que ha quedado establecido lo anterior, se procede entonces a verificar si, previamente a promover el juicio de amparo que nos ocupa, el quejoso debió haber agotado dicho medio ordinario de impugnación; ello a la luz de analizar si la ley local exige mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el amparo indirecto. Deben verificarse los requisitos previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva contenidos en los artículos 56, 57, 59, 60, 62 y 63 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, en comparación con el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en los juicios de garantías, en la vía indirecta, contenida en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. "ARTÍCULO 56.- La suspensión provisional de los actos impugnados deberá resolverse por el Magistrado de la Sala en el mismo auto en que se admita la demanda, haciéndolo saber a la autoridad demandada, para su cumplimiento, si se concede. La suspensión definitiva se resolverá al acordarse la admisión de la contestación de la demanda o el acuse de rebeldía correspondiente de la autoridad demandada. ARTÍCULO 57.- La suspensión podrá solicitarla el actor, en cualquier momento del juicio y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, hasta en tanto se pronuncie sentencia ejecutoria. Si se solicita después de presentada la demanda, se tramitará en forma incidental. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por la autoridad administrativa, o cuando a juicio del Magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al particular. ARTÍCULO 59.- No se otorgará la suspensión, si se sigue perjuicio a evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. ARTÍCULO 60.- Cuando los actos materia de impugnación, hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, y entre tanto se pronuncie la resolución que corresponda, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen pertinentes, para preservar el medio de subsistencia del quejoso. Las medidas cautelares que dicten, no serán impugnables en procedimiento. ARTÍCULO 62.- En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. La suspensión dejará de surtir efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes, a aquél en que surta efectos la notificación del auto que la conceda. Cuando con la suspensión puedan afectarse los derechos de terceros no estimables en dinero, la Sala fijará discrecionalmente el importe de la garantía. ARTÍCULO 63.- La suspensión otorgada conforme al Artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero otorga a su vez, caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efectos la caución que ofrezca el tercero, en el caso del párrafo anterior, deberá cubrir el costo de la que hubiere otorgado el actor." Ley de Amparo. "Artículo 128.Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. " Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. e impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." Del examen comparativo conjunto de los artículos 56, 57, 59, 60, 62 y 63 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, y de los numerales 128 y 129 de la Ley de Amparo, se pone de manifiesto que las condiciones de su concesión local son iguales que las de la Ley de Amparo, al respecto se compara: 1.- Órgano competente: Magistrado Instructor que conozca del asunto conforme a la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, quien puede acordar la suspensión y, en comparación, el juez de Distrito, quien también puede suspender conforme a los artículos 125 y 144 de la Ley de Amparo, que respectivamente señalan: ".La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte ." y que ".en la misma audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, se dará cuenta con los informes previos. . .y se resolverá sobre la suspensión definitiva .". Lo anterior prevé iguales requisitos para la suspensión. 2. Oportunidad: La legislación contenciosa en comento señala que aquella medida cautelar se podrá solicitar en cualquier etapa del juicio de nulidad y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, hasta en tanto no se dicte sentencia ejecutoria; y la Ley de Amparo exige que el quejoso solicite expresamente la concesión de la medida cautelar (artículo 128 fracción I) y dispone que podrá solicitarse con la presentación de la demanda de garantías o en cualquier tiempo, mientras no se dicte la ejecutoria relativa (artículo 130). Ambos ordenamientos tienen requisitos iguales. 3. Efectos: La Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California y la Ley de Amparo contemplan requisitos similares en cuanto a que de llegar a otorgarse la suspensión, ésta no cause perjuicio al interés social, no contravenga disposiciones de orden público, ni deje sin materia el juicio relativo; asimismo, que el actor o quejoso otorguen garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la referida medida cautelar se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio respectivo. De ahí que sobre este punto los ordenamientos son iguales. 4. Requisitos: En cuanto a los requisitos, el artículo 128 de la Ley de Amparo exige los mismos requisitos de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California los cuales son: que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Así, se pone de manifiesto que ambos ordenamientos legales instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por el agraviado mediante escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia, esto es, en cualquier etapa del procedimiento contencioso (en amparo, hasta antes que cause ejecutoria el fallo, obviamente). En ambos juicios opera la suspensión definitiva y la medida cautelar procede cuando de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni se contravengan disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes. Sobre las premisas anteriores se concluye que la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, prevé iguales requisitos para la concesión de la suspensión de los actos impugnados, que los que establece la Ley de Amparo. En dichos términos, los ahora quejosos se encontraban obligados a observar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV de la Constitución General de la República y 61, fracción XX de la Ley de Amparo, agotando el juicio contencioso administrativo establecido en la fracción II del numeral 22 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, dado que en ese medio de defensa se prevén iguales o menores requisitos para conceder la suspensión de los efectos de los actos impugnados en esa instancia contenciosa, que los enunciados en la Ley de Amparo. Apoya tal razonamiento la jurisprudencia XV.4o. J/6 de la Novena Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de 2007, en materia Administrativa que explica lo siguiente: "SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL SISTEMA NORMATIVO QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD PREVIO A INTENTAR LA VÍA CONSTITUCIONAL. Del examen comparativo de los artículos 59 a 62 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los establecidos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia (en amparo, la ejecutoria, obviamente); en ambos juicios operan la suspensión provisional y la definitiva; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni contravenga disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes; por lo tanto, salvo que se actualice alguna diversa excepción al principio de definitividad, debe agotarse el juicio de nulidad previo a intentar la vía constitucional, en contra de los actos impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado." Por consiguiente, es evidente que contra el procedimiento administrativo de ejecución seguido contra los quejosos por la falta de pago del impuesto predial de los años dos mil nueve a dos mil catorce, procede el juicio contencioso administrativo local, toda vez que fue dictado por el Recaudador de Rentas XXI del ayuntamiento de Mexicali, es decir, por una autoridad de la administración pública municipal, que se rige por dicho ordenamiento legal. En esa virtud, la falta de promoción del juicio contencioso, de manera previa al de amparo, consuma la improcedencia de este último, porque a través de ese medio ordinario de defensa los quejosos estaban en aptitud de lograr que se modificará, anulara o revocara el acto reclamado y obtener su paralización, sin someterse a requisitos mayores a los previstos en la ley de la materia. Sirve de apoyo la tesis VII. A.T. 154 K en Materia Común de la Octava Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, noviembre de 1994, página 463 que se transcribe: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE PROMOVERSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. Aun cuando en la demanda de amparo formulada en contra de actos de autoridades administrativas locales sólo se invoquen como violados artículos de la Constitución General de la República y no preceptos de alguna ley secundaria, el afectado debió previamente promover ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado el juicio de nulidad correspondiente, a virtud de que las cuestiones de derecho que plantea se refieren a problemas de legalidad, y el tema de inconstitucionalidad es planteado indirectamente a través de la llamada garantía de legalidad, ya que aceptar lo contrario traería como consecuencia que con alegar únicamente violación a disposiciones de la propia Constitución se eludiría el agotamiento del recurso, juicio o medio de defensa ordinarios, según sea el caso, desacatándose así el requisito de definitividad que rige al juicio constitucional." No pasa inadvertido para este Titular que los quejosos se ostentaron como terceros extraños por equiparación en el procedimiento administrativo de ejecución. Sin embargo, no reclamaron como acto destacado el citatorio y acta de notificación de diecinueve y veinte de marzo de dos mil quince, relativas a las diligencias de pago con número de folio 1009581, no obstante que por auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis se les dio vista a efecto de que manifestaran si tenían interés en reclamar dichos actos. Por lo tanto, queda de manifiesto que los quejosos carecen del carácter de terceros extraños, ya que previamente tuvieron conocimiento del requerimiento de pago de la autoridad, razón por la cual estuvieron en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, es decir, el juicio contencioso administrativo. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Febrero de 2012 Tomo 2, página 1627, de rubro: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." De conformidad con las razones expuestas, el juicio de amparo en que se actúa es improcedente con fundamento en la fracción XX del artículo 61 y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo con apoyo en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. SEXTO. Publicidad de la resolución. Conforme a lo dispuesto en los artículos 6º apartado A), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; conforme al artículo 73 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información establecido. Finalmente, hágaseles saber que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos personales, en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que pueden contener de conformidad con el artículo 116 de la citada Ley General, y con lo dispuesto en los artículos 25 y 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Atento a lo expuesto, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75 y 76 y aplicables de la Ley de Amparo, es procedente resolver y, por ende, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por MARISELA BARBA CASTRO, BENITO BARBA CASTRO, JOSÉ BARBA CASTRO, CARLOS BARBA CASTRO, ANA DOLORES BARBA CASTRO y HECTOR BARBA CASTRO, contra el acto reclamado a las autoridades que quedaron precisadas en el cuerpo de esta resolución y por lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Héctor Guzmán Castillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Herzel Godínez Salas, que autoriza y da fe.

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