Marisa Ávila Trujillo
Expediente 1706/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1706/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 24/03/2023
Partes del expediente
- Marisa Ávila Trujillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió para la parte quejosa el término para interponer el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvanse a la jueza de lo Civil del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, los legajos de pruebas I, II y III, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los autos, se Ahora bien, ante todo debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el presente caso, este órgano jurisdiccional advierte, de oficio, que respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables jueza de lo Civil del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla y directora del Centro del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla, consistentes en el auto del cinco de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de alimentos ********************, en el que se ordenó el desahogo de una prueba pericial en trabajo social -estudio socioeconómico-, así como su ejecución; se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dicho lo anterior, es pertinente explicar por qué en el caso se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que se reclama el auto del cinco de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de alimentos ********************, del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, esto es, el acto reclamado deriva de un procedimiento judicial. En relación al supuesto previsto en el inciso b), se advierte que mediante determinación de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, relativa al incidente de nulidad de actuaciones promovido en el expediente ********************, se resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación del auto de trece de marzo de dos mil veinte, practicada a la parte quejosa ******************** el veintiocho de septiembre de ese año, lo que denota que esta actuación cambió la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud de los actos reclamados. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se destaca que de lo informado por la jueza de lo Civil del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, y de las constancias que remitió consistentes en copia certificada de diversas actuaciones del expediente ********************, se advierte lo siguiente: El dieciocho de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda promovida por la parte quejosa ********************, por propio derecho y en representación de las infantes ******************** y ********************., en contra de ******************** Seguida la secuela procesal, en auto de cinco de julio de dos mil veinte, se ordenó realizar un estudio socioeconómico a los progenitores de las nombradas infantes. Posteriormente, el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se resolvió el incidente de nulidad de actuaciones promovido en el juicio origen, en el que se declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación del auto de trece de marzo de dos mil veinte, practicada a la parte quejosa ******************** el veintiocho de septiembre de ese año. Documentales a las que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo que se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas al auto reclamado de cinco de julio de dos mil veintidós, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se pasaría por alto la nueva situación jurídica, esto es, el pronunciamiento de la jueza de lo Civil del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, en el sentido de que declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación del auto de trece de marzo de dos mil veinte, lo que conlleva la nulidad de las actuaciones practicadas con posterioridad a esa fecha, entre las que destacan al acuerdo reclamado, así como su ejecución. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre el auto que ordenó el desahogo de una prueba pericial en trabajo social -estudio socioeconómico-, y la resolución del incidente de nulidad de actuaciones, en el que se declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación del auto de trece de marzo de dos mil veinte, practicada a la parte quejosa el veintiocho de septiembre de ese año. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva situación jurídica, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda -la orden del desahogo de una prueba pericial en trabajo social (estudio socioeconómico)- y la situación jurídica que se originó con motivo de la determinación en la que se declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación del auto de trece de marzo de dos mil veinte, practicada a la parte quejosa el veintiocho de septiembre de ese año. En otras palabras, no podría analizarse la legalidad del acuerdo reclamada por la parte quejosa, si se declaró la nulidad de todo lo actuado en el juicio origen, pues implicaría afectar la nueva situación procesal que se actualizó en el presente juicio de amparo. Por tanto, se concluye que en el caso, por lo que respecta a los actos reclamados, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; por lo que debe sobreseerse el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas con diez minutos del siete de marzo de dos mil veintitrés. Finalmente, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los autos, se Ahora bien, ante todo debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el presente caso, este órgano jurisdiccional advierte, de oficio, que respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables jueza de lo Civil del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla y directora del Centro del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla, consistentes en el auto del cinco de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de alimentos ********************, en el que se ordenó el desahogo de una prueba pericial en trabajo social -estudio socioeconómico-, así como su ejecución; se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dicho lo anterior, es pertinente explicar por qué en el caso se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que se reclama el auto del cinco de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de alimentos ********************, del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, esto es, el acto reclamado deriva de un procedimiento judicial. En relación al supuesto previsto en el inciso b), se advierte que mediante determinación de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, relativa al incidente de nulidad de actuaciones promovido en el expediente ********************, se resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación del auto de trece de marzo de dos mil veinte, practicada a la parte quejosa ******************** el veintiocho de septiembre de ese año, lo que denota que esta actuación cambió la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud de los actos reclamados. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se destaca que de lo informado por la jueza de lo Civil del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, y de las constancias que remitió consistentes en copia certificada de diversas actuaciones del expediente ********************, se advierte lo siguiente: El dieciocho de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda promovida por la parte quejosa ********************, por propio derecho y en representación de las infantes ******************** y ********************., en contra de ******************** Seguida la secuela procesal, en auto de cinco de julio de dos mil veinte, se ordenó realizar un estudio socioeconómico a los progenitores de las nombradas infantes. Posteriormente, el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se resolvió el incidente de nulidad de actuaciones promovido en el juicio origen, en el que se declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación del auto de trece de marzo de dos mil veinte, practicada a la parte quejosa ******************** el veintiocho de septiembre de ese año. Documentales a las que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo que se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas al auto reclamado de cinco de julio de dos mil veintidós, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se pasaría por alto la nueva situación jurídica, esto es, el pronunciamiento de la jueza de lo Civil del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, en el sentido de que declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación del auto de trece de marzo de dos mil veinte, lo que conlleva la nulidad de las actuaciones practicadas con posterioridad a esa fecha, entre las que destacan al acuerdo reclamado, así como su ejecución. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre el auto que ordenó el desahogo de una prueba pericial en trabajo social -estudio socioeconómico-, y la resolución del incidente de nulidad de actuaciones, en el que se declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación del auto de trece de marzo de dos mil veinte, practicada a la parte quejosa el veintiocho de septiembre de ese año. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva situación jurídica, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda -la orden del desahogo de una prueba pericial en trabajo social (estudio socioeconómico)- y la situación jurídica que se originó con motivo de la determinación en la que se declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación del auto de trece de marzo de dos mil veinte, practicada a la parte quejosa el veintiocho de septiembre de ese año. En otras palabras, no podría analizarse la legalidad del acuerdo reclamada por la parte quejosa, si se declaró la nulidad de todo lo actuado en el juicio origen, pues implicaría afectar la nueva situación procesal que se actualizó en el presente juicio de amparo. Por tanto, se concluye que en el caso, por lo que respecta a los actos reclamados, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; por lo que debe sobreseerse el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas con diez minutos del siete de marzo de dos mil veintitrés. Finalmente, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa
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San Andrés Cholula, Puebla, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos el oficio de cuenta -con anexo- de la jueza de lo Civil del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado el ocho de febrero pasado, remite copia certificada de la resolución del incidente de nulidad de actuaciones promovido en el expediente ... Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas las pruebas anexas a su oficio de cuenta, mismas que se relacionarán en la audiencia constitucional. Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Notifíquese.
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