Marisa Aguilera García

Expediente 556/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
556/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
09/11/2017

Partes del expediente

  • Marisa Aguilera García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    El nueve de noviembre de dos mil diecisiete, el secretario CERTIFICA: El término de tres días que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo transcurrió del seis al ocho del mes y año en curso. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos originales que ameritan la devolución al quejoso. No se tramitó incidente de suspensión en el presente juicio, así como no se exhibió billete de depósito, ni garantías alguna que se deba ordenar su devolución Doy fe En misma fecha, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo; se analizará si la sentencia está cumplida. Mediante ejecutoria de once de septiembre de la presente anualidad (fojas 83 a 91), este Juzgado concedió el amparo solicitado para el efecto de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas: Determinara, de manera inmediata, la regularización del procedimiento de origen, en el sentido de resultar innecesario el emplazamiento de quien resulte responsable de la relación laboral, dado que al tratarse de una persona indeterminada, su vinculación debe realizarse en términos del artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, lo que ya había acontecido; y sobre esa base, resolviera lo conducente para la continuación del procedimiento natural. En dicha determinación, debía observar el principio de justicia pronta, en concreto, los plazos que prevé el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. De lo anterior destaca que los efectos de la ejecutoria en comento se concretan en la obligación de la continuación del juicio de origen, sobre la base de que la parte demandada había sido emplazada, en particular, quien resultara responsable de la relación laboral, porque ya se había emplazado a la fuente de trabajo. En cumplimiento de la ejecutoria anterior, la autoridad responsable emitió el auto de veinticinco de octubre de la presente anualidad, mediante el cual determinó innecesario el emplazamiento de quien resultara responsable de la relación contractual dentro del juicio 849/I/2016 y señaló fecha, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (foja 113). De lo expuesto se sigue que la autoridad responsable consideró toralmente que no era necesario realizar el emplazamiento de quien resultara responsable de la relación contractual y señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; lo que implica que estimó emplazada a la parte demandada y ordenó la continuación del procedimiento natural. Luego, se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector, porque se regularizó el procedimiento en el sentido asentado en la ejecutoria. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención con lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla Secretario que autoriza. Doy fe. Jessy*

  2. Principal

    CUENTA. El seis de noviembre de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta al juez con el escrito y anexos registrado con el folio 14623, con anexos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a seis de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta, signado por Raúl García Sánchez, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual promueve incidentes de inejecución de sentencia concesoria y de repetición del acto reclamado; se provee: En atención al trámite de inejecución de sentencia concesoria, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, resulta improcedente su petición, toda vez que mediante proveído de veintisiete de octubre de la presente anualidad (foja 114), se dio vista con el cumplimiento de la ejecutoria dado por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, por lo que es evidente que no puede existir inejecución, sin perjuicio de que el cumplimiento pudiera ser deficiente o excesivo, lo que será materia de pronunciamiento por parte de este juzgado una vez que transcurra el plazo que marca el artículo 196 de la ley de la materia. En cuanto a la repetición del acto reclamado, en términos del numeral 199 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la denuncia realizada, porque se advierte que la pretensión descansa en la actuación de seis de septiembre de dos mil diecisiete realizada por la autoridad responsable, siendo que la sentencia concesoria fue dictada el once de septiembre de la presente anualidad (foja 83), y causó ejecutoria el tres de octubre de dos mil diecisiete (foja 104); por lo que es evidente que no puede existir incumplimiento a la cosa juzgada, al tratarse de una actuación realizada con anterioridad a que se conformará ésta, es decir, no se puede tratar de un acto posterior que reitere los mismos vicios de que adolecía el acto declarado inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por razón que informa, la tesis 2a. CXX/2017 (10a.), sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 1242, del libro 45, agosto de 2017, tomo II, materia común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA NO ESTÁ CONDICIONADA A UN PRONUNCIAMIENTO PREVIO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO, NI A QUE EL ACTO DENUNCIADO COMO REITERATIVO SEA DISTINTO DEL QUE SE TOMÓ EN CUENTA PARA EMITIR LA DECLARATORIA RESPECTIVA [ABANDONO DE LA TESIS 2a. XV/2014 (10a.) (*)]. En términos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sancionar la inobservancia de las ejecutorias de amparo refiere dos supuestos diversos: a) el incumplimiento inexcusable de la sentencia de amparo; y b) la repetición del acto reclamado; lo anterior, conforme al procedimiento previsto para cada uno de esos supuestos en la Ley de Amparo. Por tanto, dichos supuestos de inobservancia a una ejecutoria de amparo son distintos y excluyentes entre sí, ya que mientras el primero supone la existencia de una actitud contumaz de la autoridad responsable para acatar debidamente todos los deberes impuestos en el fallo protector, el segundo presume la intención de burlar la calidad de cosa juzgada de la sentencia de amparo que se ha declarado cumplida, mediante la emisión posterior de un acto dictado en pretendido cumplimiento que reitera los mismos vicios de que adolecía el acto declarado inconstitucional. Así, la procedencia de la denuncia de repetición del acto reclamado no está condicionada a la existencia de una resolución que declare cumplida la sentencia de amparo, ni a que el acto denunciado como reiterativo sea distinto del que se tomó en cuenta para emitir la declaratoria respectiva, pues del precepto constitucional citado, no se advierte la existencia de esa condición para que pueda configurarse la repetición del acto reclamado, al establecer que si una vez concedido el amparo se repitiera el acto reclamado, el Máximo Tribunal, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y dará vista al Ministerio Público Federal, sin que sea posible inferir que el artículo constitucional de referencia prevea como precondición para la existencia y procedencia de la repetición del acto reclamado que exista una resolución que declare cumplida la sentencia de amparo. Por tanto, una vez concedido el amparo, entendiéndolo como una vez que ha causado ejecutoria la sentencia, la autoridad responsable puede incurrir en repetición del acto reclamado incluso en el acto por el que aduce dar cumplimiento a la sentencia, sin que esa circunstancia origine en forma excluyente la declaratoria de su incumplimiento e imposibilite la configuración de la figura de repetición del acto reclamado." NOTIFIQUESE. Lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con secretario que autoriza licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla.- DOY FE. Jessy*

  3. Principal

    El veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta al juez con el oficio registrado bajo el número 14426.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, por medio del cual adjunta auto de veinticinco del mes y año en curso, emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, con apoyo en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacer manifestación alguna, de oficio, este órgano jurisdiccional, resolverá sobre el referido cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla Secretario que autoriza. Doy fe. Jessy*

  4. Principal

    El diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta al juez con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas no ha informado sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, requiérase a la citada autoridad, para que dentro de término de tres días, informe sobre el referido cumplimiento, apercibida de que, de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a CIENTO CINCUENTA DÍAS de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo vigente (al ser el segundo requerimiento en este sentido); asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR MEDIO DE LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. Jessy*

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