Mario Zuñiga Nonato

Expediente 1780/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1780/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Mario Zuñiga Nonato

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Intégrese el escrito signado por ************** a través del cual desahoga el requerimiento de catorce de noviembre pasado y, al efecto exhibe copia simple de la determinación de dos de agosto de dos mil veintitrés, dictada por el juez responsable en el expediente de origen, y contra la cual hizo valer incidente de nulidad de notificaciones; en ese sentido provéase lo que corresponda. ACTOS RECLAMADOS Del contenido íntegro de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, lo siguiente: - El proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés dictado en el expediente 5***, a través del cual inadmite el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de diecisiete de octubre del mismo año en el que se inadmitió el incidente de nulidad de notificación. En ese sentido, se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en estudio. Lo anterior, se robustece con la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Por tanto, en términos de lo previsto en los artículos 61, fracción XVIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, y 113, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia. En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" De la interpretación del precepto legal parcialmente transcrito, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. El juicio de amparo es un juicio extraordinario; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio que consagra la Carta Magna en el inciso a), fracción III de su artículo 107 en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del agraviado trascendiendo al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procurar que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de garantías individuales, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del aludido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como último recurso. Por lo que, se concluye que la sanción que corresponde al no cumplimiento del principio de la definitividad que se examina, consiste precisamente en el desechamiento del juicio intentado, merced a la improcedencia de la acción de amparo que en su caso se promueva. Así pues, de la intelección del precepto legal que sirve de sustento a esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: a) El acto reclamado emane de una autoridad de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal; c) Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. d) Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. Ahora bien, el quejoso reclama en esta vía de amparo el proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés dictado en el expediente ***por el Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, a través del cual inadmite el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de diecisiete de octubre del mismo año en el que se inadmitió el incidente de nulidad de notificación. En tales condiciones, el estudio oficioso del asunto permite observar la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues contra del auto de veintiséis de octubre de la presente anualidad, por el que se inadmitió el recurso de apelación procede recurso de queja. Lo anterior, púes la ley aplicable al acto reclamado en el presente asunto es el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, ya que este deriva de un juicio sucesorio intestamentario, razón por la cual debemos estar a lo establecido por los artículos 1.393 y 1.398 del ordenamiento antes citado y toda vez que el auto de referencia, por el cual se inadmitió el recurso de apelación interpuesto por el ahora quejoso contra el auto de veintiséis de octubre pasado en el expediente ****, no tiene el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de una correcta y sana interpretación de los artículos 1.393 y 1.398 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se estima que el auto reclamado puede ser modificado a través del recurso de queja respectivamente este último, en términos del artículo 1.398 del mismo ordenamiento; razón por la cual en el caso se actualiza la hipótesis normativa prevista en la transcrita fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México en vigor, concede la posibilidad de que esa determinación sea impugnada a través del recurso de queja, según el artículo 1.393. Dicho medio de impugnación es susceptible de hacerse valer dentro del procedimiento en el cual se emitió la determinación reclamada. Por virtud del recurso de queja aludido, dicho proveído podría ser revocado según lo establecido en los artículos 1.393 y 1.398 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México en vigor, cuyo contenido es: "Artículo 1.393. El recurso de queja tiene lugar contra resoluciones del Juez cuando: I. No admite una demanda; II. Deniega una apelación." "Artículo 1.398. Si se declara fundada la queja, se ordenará admitir la demanda o apelación." Entonces, es incuestionable que debió haber observado el principio de definitividad, que resulta necesario para la procedencia del juicio de amparo, de acuerdo con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que la resolución combatida no se encuentra entre las excepciones que la propia fracción contempla, en donde se establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al ejército, fuerza armada o fuerza aérea nacionales, o bien cuando el acto reclamado consista en ordenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal o Cuando se trate de persona extraña al procedimiento, o en su caso cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2230 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta época, Tomo LXXI, del rubro y texto siguiente: "APELACION, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA RESOLUCION QUE LA DESECHA (LEGISLACION DE CHIAPAS).El artículo 697, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, establece el recurso de queja contra el auto que no admite el de apelación, y por lo mismo, el juicio de garantías es improcedente contra dicho auto." Asimismo, tiene aplicación al caso, la tesis XVII. 1º.7 C de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 636 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo VII Junio de 1998, del rubro y texto siguiente: "DENEGADA APELACIÓN. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO LA ADMITE SI ANTES NO SE AGOTA LA QUEJA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 845 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA. Los artículos 841 a 844 del Código de Procedimientos Civiles del Estado disponen sustancialmente que contra las resoluciones que declaren inadmisible la apelación, procede el recurso de denegada apelación, misma que en todo caso el Juez admitirá forzosamente; por otra parte, el artículo 845 de la citada codificación procesal previene que cuando el Juez no cumpla con lo ordenado por los preceptos citados en primer término, el interesado podrá entonces ocurrir en queja ante el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien una vez interpuesta la queja prevendrá al Juez para que informe sobre los hechos de la misma; que si de ese informe resultaren comprobados éstos, ordenará al Juez expida dentro del tercer día el certificado de denegada apelación e impondrá multa al a quo; luego, de lo antes expuesto se advierte que en contra de aquella determinación que niegue tramitar la denegada apelación procede el citado medio de defensa, mismo que se sustanciará ante el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y el cual, de resultar fundado, produce un doble efecto pues primeramente y de manera sustancial deberá ordenarse al Juez a quo que dé trámite a la denegada apelación y expida el certificado respectivo y en segundo lugar se impondrá multa a este último funcionario; de manera entonces, que el medio de defensa en mención es de aquellos que pueden modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, puesto que puede variar el sentido de la determinación en que se niegue el trámite de la denegada apelación, en tanto que de resultar procedente, su efecto es ordenar la tramitación de este último recurso; por ello, si el acto reclamado se hace consistir por la parte quejosa en el acuerdo por el cual el Juez natural negó el trámite de la denegada apelación, y contra esta determinación no se hace valer la queja en comento, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo que se interponga contra dicha resolución, ya que conforme al principio de definitividad rector del juicio de amparo, antes de promoverse éste deben agotarse los recursos o medios de defensa que la ley previene, y de no hacerlo se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Sirve de apoyo también la jurisprudencia I.4º.C.J./25 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN", asimismo la diversa intitulada: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA." De igual forma, funda lo expuesto el criterio que contiene la Jurisprudencia VI.2o.C. J/260, publicada en la página 1816, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2006, Tomo XXIII, que dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Por tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por M*********o, contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Devolución de Documentos Intégrese el escrito signado por la apoderada legal de la parte quejosa, a través del cual, solicita la devolución de las carta poder exhibidas con la demanda de amparo. Atento a ello, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse los documentos de referencia al haberse presentado en original, previa copia certificada y razón de recibo obre en autos por conducto de persona autorizada para tal efecto. **

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Oficio Agréguese el oficio signado por el delegado de la autoridad responsable, por medio del cual remite diversas constancias con las que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Vista Con lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. ***

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