Mario Zamarrón Chávez

Expediente 1609/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1609/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
05/12/2018

Partes del expediente

  • Mario Zamarrón Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, firmado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que remite testimonio de la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, pronunciada por ese Tribunal Colegiado, dentro de la queja administrativa 106/2018-2, de la que se desprende que la superioridad, declaró infundado y desechó el recurso de queja, interpuesto por Mario Zamarrón Chávez, contra el auto de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por este juzgado, bajo los siguientes puntos resolutivo: "Primero. Es infundado el recurso de queja. Segundo. Se desecha el recurso de queja, interpuesto por Mario Zamarrón Chávez, en contra del acto y autoridad señalados en el resultando primero de esta ejecutoria." Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y, acúsese el recibo de estilo. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar; y, en su caso, que ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible.

  2. Principal

    Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso Salvador Guerrero Avelar; como lo solicita, se precisa que se tiene a Edgar César Fortuna Rodríguez, por autorizado para "presentar promociones, consultar acuerdos, autos, resoluciones y sentencias" relacionadas con este expediente vía internet, dentro de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación con nombre de usuario IFOI2TUN4; en el entendido que las notificaciones habrán de continuarse practicando de manera personal en el domicilio señalado al efecto; por tanto, se comisiona a la Analista Jurídico S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), para que realice las gestiones necesarias para tales efectos. Asimismo, como lo solicita el quejoso en el escrito de cuenta, se autoriza al citado Edgar César Fortuna Rodríguez, la utilización de medios electrónicos en el presente expediente, por lo que podrá tomar fotografías a este juicio, de estimarlo necesario.

  3. Principal

    Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas, al que anexa los autos del presente juicio de amparo y testimonio de la ejecutoria de veintinueve de agosto del año en curso, bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo 75/2018 del índice de Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, para el efecto precisado en la parte final del considerando último de esta ejecutoria. Notifíquese." Por lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, se repone el procedimiento en este juicio de amparo a partir de la audiencia constitucional de dos de mayo de dos mil dieciocho, celebrada dentro del presente juicio de amparo, quedando insubsistente la misma. Asimismo, se requiere al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe si dentro de sus archivos obra recibo en que conste de manera fehaciente el pago realizado por el quejoso Arnulfo Morales de la Cruz, del impuesto adicional para la Infraestructura en fechas anteriores a enero de dos mil dieciocho, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que lo acrediten; o bien, manifieste el impedimento que tenga para ello. Una vez hecho lo anterior, previa la celebración de la audiencia constitucional, emítase la sentencia conforme a derecho proceda. Para dar oportunidad a lo anterior, se fijan las doce horas con veinte minutos del tres de octubre de dos mil dieciocho, para el verificativo de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Vista; la demanda de amparo, promovido por Mario Zamarrón Chávez, contra actos de la Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Zacatecas "1" y de la Subadministradora Desconcentrada de Auditoria Fiscal "5", por violación a los artículos 14, 16, 17 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, bajo el número 1609/2018-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). El artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la misma; por otro lado, el artículo 113 de la ley en cita, dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, se indica que la parte quejosa señala como acto reclamado, la emisión de la resolución con número de oficio 500-70-00-05-03-2018-07511, de once de julio de dos mil dieciocho, en la que se dejó sin efecto su Certificado de Sello Digital. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme a los antecedentes citados del acto reclamado, a juicio de quien resuelve, permiten concluir que la autoridad responsable emitió dentro del expediente SAT-4S.22-2015-87, el oficio 500-70-00-05-03-2018-07511, de once de julio de dos mil dieciocho, en la que dejó sin efecto el Certificado de Sello Digital para la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del quejoso Mario Zamarrón Chávez, Por ende, se afirma que en el caso el acto reclamado debió ser impugnado a través de los medios legales ordinarios que la ley concede a la parte quejosa, como lo es el recurso de revocación, ante la propia responsable que emitió el acto que reclama en vía de amparo; u, optar por la interposición del juicio contencioso administrativo federal ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la vía tradicional o en línea, a través del sistema de justicia en línea. Es decir, conforme a los preceptos transcritos, se advierte el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consiste en la carga del impetrante de amparo de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. Este principio de definitividad, tiene su razón de ser en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la demanda de amparo, los recursos o medios de defensa ordinarios tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. Bajo esas consideraciones, para evidenciar que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia en estudio, es pertinente destacar que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la emisión de la resolución n con número de oficio 500-70-00-05-03-2018-07511, de once de julio de dos mil dieciocho, en la que se dejó sin efecto su Certificado de Sello Digital. Al respecto, los artículos 116, 117, 120 y 121 del código Fiscal de la Federación; la regla 2.18.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete; y, el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, establecen: Del Código Fiscal de la Federación: "Artículo 116.- Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación. Artículo 117.- El recurso de revocación procederá contra: I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que: a). Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. b). Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley. c). Dicten las autoridades aduaneras. d). Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquéllas a que se refieren los artículos 33-A, 36 y 74 de este Código. (.)" "Artículo 120.- La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que sea competente." "Artículo 121. El recurso deberá presentarse a través del buzón tributario, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación, excepto lo dispuesto en el artículo 127 de este Código, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que en el mismo se señala. El escrito de interposición del recurso también podrá enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio o a la que emitió o ejecutó el acto, a través de los medios que autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general." Resolución de Miscelánea Fiscal para 2018: Regla 2.18.1. Para los efectos del artículo 121, segundo párrafo del CFF, el recurso de revocación deberá presentarse de conformidad con la ficha de trámite 192/CFF "Recurso de revocación en línea presentado a través del buzón tributario", contenido en el Anexo 1-A. (.)" De la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente: "Artículo 23.- Los contribuyentes tendrán a su alcance los recursos y medios de defensa que procedan, en los términos de las disposiciones legales respectivas, contra los actos dictados por las autoridades fiscales, así como a que en la notificación de dichos actos se indique el recurso o medio de defensa procedente, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse. Cuando en la resolución administrativa se omita el señalamiento de referencia, los contribuyentes contarán con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo." En ese contexto, es innegable que contra dicha determinación, previo a instar la acción constitucional, el impetrante del amparo debió promover el recurso de revocación, ante la propia autoridad responsable conforme a los artículos invocados; o bien, conforme al artículo 120 del Código Fiscal de la Federación y artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, optar por el juicio contencioso administrativo, ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con los artículos 13 y 58-A de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, correlacionados con el artículo 3 de la Ley Orgánica de dicho Tribunal, ya que establecen: De la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo: "ARTÍCULO 13.- El demandante podrá presentar su demanda, mediante Juicio en la vía tradicional, por escrito ante la sala regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga este carácter la demanda se presentará en todos los casos en línea a través del Sistema de Justicia en Línea Para el caso de que el demandante no manifieste su opción al momento de presentar su demanda se entenderá que eligió tramitar el Juicio en la vía tradicional. La demanda deberá presentarse dentro de los plazos que a continuación se indican: I. De treinta días siguientes a aquél en el que se dé alguno de los supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, lo que se determinará conforme a la ley aplicable a ésta, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general. (.)" "ARTÍCULO 58-A.- El juicio contencioso administrativo federal se promoverá, substanciará y resolverá en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea que deberá establecer y desarrollar el Tribunal, en términos de lo dispuesto por el presente Capítulo y las demás disposiciones específicas que resulten aplicables de esta Ley. En todo lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones que resulten aplicables de este ordenamiento." De la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; (.) XIX (.) "Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. (.)" Por tanto, al tener la opción el quejoso de combatir el acto que aquí reclama a través del recurso de revocación previsto en el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación ante la propia autoridad responsable; o bien, optar por el juicio contencioso administrativo federal ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo cual no hizo, al no haber agotado uno u otro, vulneró uno de los principios rectores del juicio de garantías, como lo es el de definitividad, pues a los Tribunales de la Justicia de la Unión, es a quienes se debe acudir cuando ya no existe algún medio de impugnación o recurso, mediante el cual se pueda modificar o revocar el acto que se reclama. Tiene apoyo la tesis aislada I.4o.A.74 A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 650, del Tomo XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 212365, de rubro y texto siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. CUANDO HAY QUE AGOTARLOS PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que cuando se alegan substancialmente violaciones a las garantías constitucionales, puede el afectado ocurrir directamente al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, toda vez que en éstos no puede desarrollar los conceptos de violación con toda la eficacia que puede invocarlos en el juicio de garantías; también es cierto que cuando el tema de las cuestiones de derecho planteadas se refieren a problemas de legalidad y el tema de inconstitucionalidad es planteado indirectamente a través de la llamada garantía de legalidad o bien cuando las violaciones a esta garantía se hacen valer de manera accesoria o secundaria, es indispensable agotar previamente los recursos o medios de defensa ordinarios. Sostener lo contrario, llevaría a la práctica inaceptable de que por el hecho de señalar en la demanda de amparo la violación a un precepto constitucional, se eludiría el agotamiento de los recursos ordinarios, desvirtuándose así el requisito de definitividad que debe tener el acto reclamado en el juicio constitucional." Abundando en lo anterior, en el caso no se acredita alguno de los supuestos de excepción a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, para la procedencia del juicio de garantías, dada la naturaleza del acto reclamado. Tampoco aplica la salvedad a que se refiere el inciso d) del artículo 17 del Código Fiscal de la Federación, ya que en el caso no se trata de una resolución a que se refieren los artículos 41, fracciones I y III 78, 79 y 81, fracciones I, II y IV, del código especial citado, sino de una resolución a que se refiere el artículo 17-H del mismo; tampoco se trata de una resolución favorable a un particular, ya que en el caso se dejó sin efecto el Sello Digital para la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet; ni, tampoco la resolución de que se habla, versó sobre la condonación de multas. En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este juzgado no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por Mario Zamarrón Chávez, contra actos de la Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Zacatecas "1" y de la Subadministradora Desconcentrada de Auditoria Fiscal "5" y lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones por parte del quejoso, el ubicado en Calle Del Tule, número ciento dos guión C (102-C), Fraccionamiento Villa Verde en esta ciudad de Zacatecas; asimismo, se tiene por autorizados en términos de la segunda parte del artículo 12 de la Ley de amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, así como imponerse de los autos, a Ruth Mier Carrillo, Mario Alberto Rada Rojas, Oscar Hernández Ultreras y Juan José Galván González.

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