Mario Vargas Martinez

Expediente 422/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
422/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
30/04/2019

Partes del expediente

  • Mario Vargas Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Como de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de quince de abril en curso, que DESECHÓ la demanda de garantías promovida por -, por propio derecho, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos procedentes. Por otra parte, como de los propios autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente juicio es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de garantías planteada por - Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Secretario de Educación en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; en tal virtud, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-422/2019. Por otra parte, del análisis de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: A las autoridades responsables denominadas, SECRETARIO DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, le atribuyo el acto de ordenar a las demás autoridades señaladas como responsables en la presente, de retener mi salario de manera definitiva, a partir de la quincena del 30 de marzo de 2019 (06/2019) sin ninguna justificación legal, en la clave presupuestal legal -; DELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, le atribuyo el acto de ordenar a la Directora de Administración de Personal de la SEE, de retener mi salario correspondiente a la quincena del 30 de marzo de 2019 (06/2019) en la clave presupuestal legal -; DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, le atribuyo el acto de ordenar desposeerme de mi salario correspondiente a la quincena del 30 de marzo de 2019 (06/2019) en la clave presupuestal legal -; JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMALES Y CAMM DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, le atribuyo el acto de retener mi salario correspondiente a la quincena del 30 de marzo de 2019 (06/2019) en la clave presupuestal legal -, en conjunto con las demás instancias de su misma homologación y responsables de la presente; JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, le atribuyo el acto de girar indicaciones al JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PAGOS DE LA SEE, para que, el ahora quejoso no pudiera cobrar su salario correspondiente de la quincena del 30 de marzo de 2019 (06/2019) en la clave presupuestal legal -; y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PAGOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, le atribuyo el acto de no otorgarme mi salario por medio de transferencia, depósito bancario o cheque, mi salario correspondiente a la quincena del 30 de marzo de 2019 (06/2019) en la clave presupuestal legal -." En tal virtud, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 62 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El primero de los preceptos pone de manifiesto, que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el Órgano Jurisdiccional que conozca del juicio de amparo; por su parte el segundo precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Asimismo, los artículos 61 fracción XXIII, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Lo resaltado y subrayado no es de origen. De la interpretación armónica y sistemática, se desprende que el presente juicio es improcedente si el acto reclamado no se adecua a las hipótesis normativas que establecen los citados dispositivos legales, es decir, si el acto combatido no constituye un acto de autoridad para los efectos del amparo. Sobre este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la Tesis 2a. CCIV/2001, publicada en la página 39, del Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el segundo de los preceptos antes mencionados, se establece lo que debe entenderse por "autoridad" en el juicio de amparo. Definición que fue ampliada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del criterio invocado en el párrafo que antecede, del que se obtiene que las notas distintivas de acto de autoridad se rigen por los siguientes elementos: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. En consecuencia, jurisprudencialmente se ha sustentado que, para efectos del amparo, es autoridad la que tiene o se le otorga la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan el interés jurídico del afectado. Es aplicable la Jurisprudencia XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento dieciocho, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estatal, y gestó la llamada administración para estatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Bajo el anterior marco referencial, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia invocada por este Órgano Jurisdiccional, en razón de que el acto que reclama el quejoso no cumple con las características de unilateralidad, imperio y coercitividad que debe tener todo acto de autoridad administrativa para hacer procedente su revisión por la vía del juicio de amparo. En efecto, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, la retención definitiva de su salario correspondiente, a partir de la quincena del treinta de marzo de dos mil diecinueve (06/2019) en la clave presupuestal legal 07 69 38 E7817 000 100007, lo que no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que solamente constituye una determinación tomada por las autoridades responsables correspondientes, en calidad de su patrón -o bien de la dependencia encargada de pagarle en cuanto trabajador de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, lo que deriva de una relación meramente laboral y por consecuencia dichas responsables tienen la libertad de decidir sobre las cuestiones laborales de sus trabajadores. Asimismo, del acto reclamado se advierte que fue emitido por las autoridades, respecto a la relación laboral que tienen con el ahora quejoso; empero, la retención no va dirigida a la inconforme en calidad de gobernado, sino en función del vínculo laboral que aquéllas tienen con éste; es decir, dentro del marco de una relación patrón-trabajador, en el cual la patronal determinó realizar lo que aquí se reclama. Así, el acto que reclama la parte inconforme no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque se ubica en un plano de coordinación característico de las relaciones laborales, pues la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, así como las demás autoridades responsables, no actúan en un esquema de supra a subordinación mediante la emisión de actos de naturaleza legislativa o administrativa, sino dentro de una relación laboral con el particular quejoso. Brinda apoyo a lo anterior la Jurisprudencia publicada en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis III.4o. T.J/3, registro 2011298, página 1639, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo". Y por analogía la Tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 347 del Tomo III, abril de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Por tal motivo, al estar frente a una relación de coordinación, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5 fracción II, del mismo ordenamiento legal, y se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por -, por propio derecho, contra actos del Secretario de Educación en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. Por último, se tiene a - solo como autorizado para oír y recibir notificaciones, toda vez que en la certificación que antecede, se hizo constar que no se encontró registro de su cédula profesional, dentro del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

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