Mario Vallejo Pérez

Expediente 185/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 39 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
185/2022
Año
2022
Actuaciones
39
Última actuación
15/08/2022

Partes del expediente

  • Mario Vallejo Pérez
  • Jueces de Control y el Tribunal de Juicio Oral, Región 9, Centro en el Estado de Tabasco.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Actuaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparos en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del cual informa que el órgano de su adscripción ACEPTÓ LA COMPETENCIA Y SE AVOCÓ AL CONOCIMIENTO para continuar conociendo de la demanda de amparo relativa al presente juicio en que se actúa, la cual quedó registrada con el número de expediente 848/2022-VIII de su índice. En ese contexto, al no existir diligencia pendiente por practicar ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran SEIS MESES a esta fecha, se proceda a su DESTRUCCIÓN, toda vez que encuentra en la hipótesis del artículo 20, fracción I, incido a), del citado Acuerdo General, al ser un expediente auxiliar (cuaderno de antecedentes), previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente para su debida destrucción. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con treinta y cinco minutos del trece de julio de dos mil veintidós, en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistida de Fabiola del Carmen Pacheco de la Cruz, secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 185/2022-8, promovido por Mario Vallejo Pérez. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la Secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa, consistente en: ? Documental, relativa a la copia digitalizada del instrumento notarial 123,496, pasado ante la fe del Notario Público número 49 de la Ciudad de México. Por otro lado, se tienen las documentales que remitió el Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente con Sede en San Andrés Cholula Puebla, al rendir su informe justificado, las cuales consisten en copia certificada de la carpeta judicial administrativa 468/2021/CHOLULA, de su índice; documentales que obran agregadas en el presente sumario. Al respecto la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 185/2022-8, promovido por Mario Vallejo Pérez, contra los actos que reclama de los Jueces de Control y el Tribunal de Juicio Oral, Especializado en Materia de Adolescentes, Centro, en el Estado de Tabasco., Jueces de Control y el Tribunal de Juicio Oral, Región 9, Centro en el Estado de Tabasco., Jueces de Control y el Tribunal de Juicio Oral, Especializado en materia de Adolescentes, Centro en el estado de Tabasco., Daniel Iván Cruz Luna, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad y Ejecución de todas las regiones judiciales del Estado de Puebla., Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Penal Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla., Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región judicial oriente, con sede en Teziutlán, Puebla., Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Penal Acusatorio Adversarial de la Región Judicial centro-poniente, con sede en Cholula., Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente, con sede en San Juan de los Llanos, Puebla., Jueces de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur, con sede en Matamoros, Puebla., Jueces -todos- de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur, con sede en Acatlán, Puebla., Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con sede en Huachinango, Puebla., Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla., Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Atlixco, Puebla., Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente con sede en San Martín Texmelucan, Puebla., Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente con sede en Tecamachalco, Puebla., Daniel Flores Garrido, Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Acatlán en el estado de Puebla., Miguel Ángel Martín Hernández Jiménez, Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, en el estado de Puebla. y Delegado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla., por estimarlos violatorios de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el quince de febrero de dos mil veintidós, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el dieciséis del citado mes y año, Mario Vallejo Pérez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS "a) De las autoridades judiciales ordenadoras -1 a 30 del capítulo que antecede se reclama: -La orden de aprehensión o medida cautelar que implique la privación de la libertad prevista en el artículo 166 de la Ley de Amparo, cuando refiere: ""Artículo 166."", dictada dentro del procedimiento judicial". b) De las autoridades ministeriales ordenadoras yo ejecutoras 31 a 37 del capítulo III que antecede, se reclama: -La ejecución por sí o a través de sus subordinados, de la orden de aprehensión o medida cautelar que implica la privación de la libertad mismas que han sido reclamadas a las autoridades señaladas bajo puntos 1 a 31 del capítulo III que antecede de esta demanda, las cuales pretende ser ejecutadas en el lugar donde este Tribunal ejerce jurisdicción". AUTORIDADES RESPONSABLES 1 "Todos los C.C. Jueces de Control y el Tribunal de Juicio Oral, Especializado en Materia de Adolescentes, Centro, en el Estado de Tabasco.". SEGUNDO. RETURNO POR CONOCIMIENTO PREVIO. El diecisiete de febrero de dos mil veintidós, este órgano remitió la demanda de que se trata al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, pues se estimó que correspondía conocer de ésta a dicho órgano pues fue quien primero tuvo conocimiento previo de los actos relacionados con el que aquí se reclama. No obstante lo anterior, mediante proveído de veinticinco de febrero del año en curso, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, no aceptó la competencia planteada pues estimó que no se surtía hacia ese órgano la competencia declinada al no actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con los sistemas de turno de asuntos por las Oficinas de Correspondencia Común. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En mérito de lo anterior, el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 185/2022-8; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por así haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional, previo diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. INCOMPETENCIA LEGAL. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, carece legalmente de competencia para conocer de este juicio de constitucional, conforme al primer párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado los actos reclamados. La anterior determinación encuentra sustento en las siguientes consideraciones: Carlos Miguel Ortiz García, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Mario Vallejo Pérez, personalidad que acreditó con la documental pública consistente en copia del instrumento notarial 123,496, pasado ante la fe del Notario Público número 49 de la Ciudad de México, que exhibió como anexo a su escrito de demanda. Misma que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, por ser copia de sus originales autentificada por servidor público con facultades legales para ello. En apoyo se invoca la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". El citado quejoso promovió amparo en contra de las autoridades siguientes: De Villahermosa, Tabasco 1. Juez de Control y el Tribunal de Juicio Oral, Especializado en Materia de Adolescentes de Centro, Tabasco. 2. Juez de Control y el Tribunal de Juicio Oral, de la Región Judicial 9, en el Estado de Tabasco. 3. Todos los Jueces de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Tabasco. 4. Fiscal General del Estado de Tabasco. 5. Dirección General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. 6. Delegado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Tabasco. Del Estado de Puebla 7. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en Funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad y ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla. 8. Todos los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Penal Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. 9. Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlan, Puebla 10. Todos los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Penal Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro - Poniente, con sede en Cholula, Puebla. 11. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de la Ciudad de Puebla, del Sistema Tradicional. 12. Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de la Ciudad de Puebla, del Sistema Tradicional. 13. Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de la Ciudad de Puebla, del Sistema Tradicional. 14. Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de la Ciudad de Puebla, del Sistema Tradicional. 15. Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de la Ciudad de Puebla, del Sistema Tradicional. 16. Todos los Jueces de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio y Adversarial de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Puebla. 17. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente, con sede en San Juan de los Llanos, Puebla. 18. Todos los Jueces de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur, con sede en Matamoros, Puebla. 19. Todos los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur, con sede en Acatlán, Puebla. 20. Todos los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con sede en Huachinango, Puebla. 21. Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla. 22. Todos los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur - Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla. 23. Todos los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Atlixco, Puebla. 24. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla. 25. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente con sede en Tecamachalco, Puebla. 26. Titular del Juzgado Primero de lo Penal en el Estado de Puebla (Luis Fernando Cornejo Huesca) 27. Titular del Juzgado Segundo de lo Penal en el Estado de Puebla (Olga Margot Cortés León). 28. Titular del Juzgado Tercero de lo Penal en el Estado de Puebla (Alberto Zenteno Reyes). 29. Titular del Juzgado Cuarto de lo Penal en el Estado de Puebla (Juan Marcelino Romero de Jesús). 30. Titular del Juzgado Quinto de lo Penal en el Estado de Puebla (Lina Claudia Ordoñez Pérez). 31. Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Acatlán en el Estado de Puebla (Daniel Flores Garrido). 32. Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco en el Estado de Puebla (Enrique Zepeda Camacho. 33. Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula en el Estado de Puebla (Enrique Romero Razo). 34. Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo en el Estado de Puebla (Víctor Hugo Espinoza Montiel). 35. Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca en el Estado de Puebla (Marco Antonio Gabriel González Alegría). 36. Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán (Miguel Ángel Martín Hernández Jiménez). 37. Todos los Jueces de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Puebla. En el Estado de México 38. Todos los Jueces de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez (Altiplano). 39. Todos los Jueces de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl en la Ciudad de México. 40. Todos los Jueces de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Reclusorio Norte. 41. Todos los Jueces de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Reclusorio oriente. 42. Todos los Jueces de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Reclusorio sur. A quienes atribuyó la orden de aprehensión y como consecuencia de ello, su ejecución. La autoridad responsable Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente con Sede en San Andrés Cholula Puebla (denominación correcta), aceptó la existencia de los actos reclamados. En efecto, en su informe justificado la autoridad judicial responsable adujo que por determinación de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, libró orden de aprehensión en contra del hoy quejoso, por los hechos posiblemente constitutivos de los delitos de fraude especifico ilícito, previsto y sancionado por los artículos 403 fracción IV, 404 fracción IX, con relación a los diversos, 13, 19 y 21 fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla. De igual forma, informó que en el proceso penal de origen tiene la calidad de ofendida y/o víctima la moral Fundación Universidad de las Américas Puebla. De ahí, que se estima que este juzgado carece de competencia por razón de territorio para resolver este asunto, conforme al párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo, en razón de que los actos reclamados tendrán ejecución fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, en virtud a que la autoridad de puebla aceptó los actos que se le reclaman y las autoridades señaladas dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional -ordenadoras y ejecutoras- negaron los actos reclamados. Es aplicable el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Tomo XIV, de agosto de dos mil uno, página 1299, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 189167, que refiere: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Así, la competencia para conocer de una demanda de amparo por razón de territorio deriva de la naturaleza de los actos reclamados y de sus consecuencias jurídicas que deben atender, esto es si requiere ejecución material o no. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del análisis del citado precepto legal, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan.  La primera, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora de los actos reclamados, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se hayan ejecutado los actos reclamados, lo cual obviamente presupone que dichos actos es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora.  La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que los actos reclamados hayan comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que hayan prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y,  La tercera, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución; como se observa, en este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora de los actos que se reclaman (mismos que no requieren de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. Precisado lo anterior, en el presente caso, los actos reclamados requieren de ejecución material (orden de aprehensión), esto es, que con la emisión de los actos reclamados, se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismos o porque sus efectos conlleven a esa situación; es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido de los actos reclamados, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Por tanto, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél donde deba tener ejecución, traten de ejecutarse, se ejecuten o se hayan ejecutado los actos reclamados. En ese sentido, si en el caso en estudio, no se acreditó que en el Estado de Tabasco, el Jefe Regional de la Unidad Administrativa de la Policía Federal Ministerial en Tabasco de la Fiscalía General de la República o alguna otra autoridad local o federal con residencia en esta entidad federativa, tuviera a su cargo la ejecución y materialización de la orden de captura reclamada, como lo afirmaron bajo protesta de decir verdad el accionante de amparo en su libelo constitucional, aunado a que el quejoso tampoco desvirtúa lo anterior, es decir, no acredita que la ejecución tendría verificativo en la circunscripción territorial asignada a este órgano federal para ejercer su jurisdicción. Entonces, es inconcuso que al no haberse acreditado que dichos actos de captura se vayan a materializar en esta entidad federativa, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde los actos deberán tener ejecución. Toda vez que hay que tomar en cuenta el propósito del legislador al establecer el artículo 37 referido, al otorgar a la persona sujeta a proceso las condiciones necesarias para tener un fácil acceso al mismo. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia PC.I.P. J/39 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, materias común, penal, página 1071, con registro digital 2016596, que se transcribe a continuación: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución". Sin que sea obstáculo a lo anterior, se insiste, que el quejoso haya manifestado bajo protesta de decir verdad que se presentaron al domicilio de un familiar ubicado en Calle Santa Lucía 104, el Recreo, Villahermosa, Tabasco, diversos sujetos armados para cumplimentar la orden de captura solicitada; puesto que también adujo que ello era debido a que tenían una orden de aprehensión dictada en su contra por la autoridad Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente con sede en San Andrés Cholula, Puebla, derivada de la Causa Penal 468/2021. Entonces, si el artículo 37 de la Ley de Amparo, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecuten o se hayan ejecutado los actos reclamados, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio; lo cual es motivo suficiente para declinar competencia en favor del Juez de Distrito que tiene jurisdicción en la residencia de la autoridad ordenadora (Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente con sede en San Andrés Cholula Puebla), que emitió y ordenó se ejecutara el acto reclamado. Dado que, adoptar el criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso determinara la competencia, equivaldría a dejar al arbitrio del promovente de derechos humanos la determinación de la competencia, con el sólo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover. Pues lo anterior, no desvirtúa que la ejecución de la orden de aprehensión tendrá lugar en el Estado de Puebla, en donde reside la autoridad ordenadora que aceptó la existencia del acto reclamado, además, no se debe tomar en cuenta para el conocimiento del asunto que los quejosos señalaran como su domicilio el ubicado dentro de la jurisdicción de este juzgado, pues se reitera, conforme al citado artículo 37 de la Ley de Amparo, se debe atender al lugar en el que se ejecutarán los actos reclamados y no al domicilio señalado para ese fin. Ya que al ser actos que requieren ejecución material, es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en esta jurisdicción que hayan aceptado los actos reclamados, situación que en el caso concreto no acontece, pues, se insiste, no se acreditó que alguna autoridad del fuero común o federal correspondiente al Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, la fueran a ejecutar, ni tampoco la parte quejosa acreditó tal circunstancia. Con lo que se corrobora que la ejecución material de la orden de captura reclamada se verificará en el Estado de Puebla. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro XXIII, de agosto de dos mil trece, Tomo 1, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 383, con registro digital: 2004166, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables". Asimismo, sirve de fundamento la jurisprudencia 1a./J. 12/95, emitida por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Unión, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo II, septiembre de 1995, materia penal, visible en la página 97, registro digital 200455, de rubro y texto: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar". [Lo subrayado no es de origen]. Por tanto, es incuestionable que la circunstancia que, en principio pudo originar la duda de que este juzgado federal era competente ha desaparecido, pues en ningún momento se trató de ejecutar y mucho menos se ejecutó la orden de aprehensión reclamada en el Estado de Tabasco, dado que como ha quedado precisado, el Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente con Sede en San Andrés Cholula Puebla, admitió la existencia de los actos aquí reclamados. Y por su parte las autoridades responsables ordenadoras y ejecutorias de esta ciudad, negaron los actos que les fueron atribuidos. En esas condiciones, como los actos reclamados fueron ordenados y tienen su ejecución en el Estado de Puebla y no en la jurisdicción territorial en donde ejerce competencia este Juzgado de Distrito, que lo es en Tabasco; este Juzgado de Distrito no podría válidamente pronunciarse respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, y por ende, se estima que este órgano jurisdiccional no es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo. Por las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se declina la competencia para conocer de los autos del juicio de amparo número 185/2022-8, promovido por Carlos Miguel Ortiz García, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del Mario Vallejo Pérez, al Juez de Distrito en el Estado de Puebla, en turno, quien ejerce jurisdicción territorial en el lugar donde tienen ejecución los actos reclamados. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, de los Juzgados de Distrito. Por ello, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, el juicio en que se actúa, así como los cuadernos incidentales respectivos. Fórmese cuadernillo con las constancias para que obren en este juzgado. Solicítese de la manera más atenta al Juez que conozca del juicio, se sirva comunicar si acepta la competencia que se declina. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y comuníquese lo anterior a las partes para su conocimiento. Cabe aclarar que la totalidad de los criterios jurisprudenciales que se han invocado a lo largo de este fallo, no se oponen a la Ley de Amparo vigente, por lo que se aplicaron con sustento en el artículo sexto transitorio de dicha legislación actual. SEGUNDO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a la parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se determina que este Juzgado de Distrito carece de legal competencia para conocer del presente juicio de amparo radicado con el número 185/2022-8, promovido por Mario Vallejo Pérez, por conducto de su apoderado Carlos Miguel Ortiz García, en los términos y por las razones expuestas en el considerando primero de la presente resolución. SEGUNDO. Remítase los autos de este juicio de amparo, así como los cuadernos incidentales respectivos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, para que siga conociendo del mismo, solicitando el acuse de recibo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. TERCERO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese; electrónicamente al quejoso y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante esta misma data, se está dando vista a las partes con el informe rendido por la autoridad responsable Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de ocho días para que las partes se impongan de su contenido se encuentra transcurriendo. Asimismo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, autoridad señalada como responsable, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de dieciocho de mayo del año en curso, remite su informe justificado. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se ordena diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha y hora para su celebración las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de veinticinco de febrero del año en curso, se ordenó remitir el oficio 7312/2022, dirigido a la autoridad responsable Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con sede en el Municipio de Nezahualcóyotl, a través del cual se le remitió copia simple de la demanda de amparo, así como transcripción del auto admisorio de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, a fin de que estuviera en aptitud de rendir su informe justificado; toda vez que del rastreo realizado a la guía de Correos de México con número de código MN025816126MX, en la página electrónica http://www.correosdemexico.net/sepomexrastreo, se desprende que dicha misiva fue recepcionada el veintitrés de marzo del presente año, por tanto, el término de QUINCE DÍAS que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, ya le transcurrió, sin que a la presente fecha haya hecho lo propio. Sin embargo, a fin de estar en aptitud de resolver el presente asunto conforme a derecho, resultan necesarias la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado; en ese sentido, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la ley de la materia, REQUIÉRASE a la citada autoridad responsable, a fin de que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del día al en que sea notificada del presente proveído, remita la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado; lo anterior, a fin de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de emitir una sentencia apegada a derecho. En la inteligencia que dichas constancias deberán estar debidamente legibles, foliadas y costuradas, toda vez que son necesarias para resolver el presente asunto; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia visible en la página 728, Tomo VII, Marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "PRUEBAS. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABAR DE OFICIO LAS RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. REFORMAS AL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO." Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se ordena diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha y hora para su celebración las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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