Mario Ulises Pereyra Castelán

Expediente 833/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
833/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
14/10/2019

Partes del expediente

  • Mario Ulises Pereyra Castelán

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio firmado por el Actuario Judicial Adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se le remitieron copias certificadas del expediente en el que se actúa, así como el correspondiente escrito de agravios, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por los quejosos Mario Ulises Pereyra Castelán y Reyna Edith Hernández Leal, en contra del auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo; asimismo, informa que dicho medio de impugnación quedó radicado en ese tribunal bajo el expediente número 260/2019. Atento a lo anterior, estese en espera de que se reciba en este juzgado la determinación que al respecto emita el referido órgano colegiado, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente.

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por los quejosos Mario Ulises Pereyra Castelán y Reyna Edith Hernández Leal, mediante el cual interponen recurso de queja en contra del auto de diecisiete de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98 y 99, de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto dicho medio de impugnación. En ese orden de ideas, en términos del precepto 101, de la Ley en comento, se rinde informe con justificación en relación con la materia de la queja, aceptándose como cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones Por tanto, remítanse copias debidamente certificadas de todas las actuaciones que integran el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, a través de su Oficina de Correspondencia Común, al que deberá anexarse el escrito original de agravios, y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado, para la substanciación de la queja en comento.

  3. Principal

    Agréguese para que obre como corresponda la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que para el notificador de la adscripción no fue posible notificar a los quejosos Mario Ulises Pereyra Castelán y Reyna Edith Hernández Leal, el proveído de diecisiete de septiembre del año en curso, toda vez que al verificar en los distintos mapas tantos físicos como digitales con los que cuenta para el desempeño de sus funciones advirtiendo que la colonia Independencia Sur de esta ciudad de Xalapa, no existe, aspecto que le fue confirmado por la Oficina de Correos de México, de esta ciudad, lugar donde se le informó que la calle Emilio Leysegui se ubica en la Colonia Mirador de esta ciudad, trasladándose a la referida colonia, procediendo a recorrer dicha calle, sin lograr advertir algún inmueble con el número buscado, dado que la numeración es irregular y discontinua. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase la notificación a los quejosos Mario Ulises Pereyra Castelán y Reyna Edith Hernández Leal, del proveído referido, por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado, así como las subsecuentes aún las de carácter personal, hasta en tanto señalen nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Mario Ulises Pereyra Castelán y Reyna Edith Hernández Leal contra actos reclamados a las autoridades responsables denominadas Magistrados de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 833/2019-III-B. Al respecto, se acuerda: FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el Juez de Distrito tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, toda vez que el suscrito se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo. Es así, en razón de que de la lectura de la demanda de amparo que se provee se aprecia que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, como lo prevé el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone que se debe de examinar la demanda de amparo a proveer y que en caso de que se advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia se deberá desechar de plano el precitado escrito de demanda. Es trascendente precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda no sea posible desvirtuar con probanzas la causa de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Ahora bien, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que en contra del acto que se reclame proceda un recurso en vía ordinaria, a través del cual se pueda modificar, revocar o confirmar la resolución que se controvierte y que de no agostarse tal medio de impugnación no se puede considerar que la resolución que se pretende reclamar tenga el carácter de definitiva y por consiguiente, no procede en su contra el juicio de amparo. En el caso, de la demanda de amparo se evidencia con claridad que el acto reclamado es la resolución de veintiséis de agosto del año en curso, emitida en los autos del Toca número 1507/2019, del índice la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por medio de la cual se desecha el recurso de apelación que interpusieron, en contra de la resolución del incidente de liquidación de intereses ordinarios pronunciada en el expediente hipotecario número 1059/2016/III, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia. Conforme al precepto legal antes citado, el juicio de amparo es improcedente cuando la ley que sirvió de fundamento para emitir el acto reclamado, contempla algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, por lo que al no agotarse el recurso ordinario que contempla la ley de donde emana el acto reclamado, se incumple el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, en su artículo 508, prevé el recurso de reposición, que según lo que establece tal dispositivo legal, procede en contra de decretos y autos del Tribunal de Segunda Instancia, el cual se substanciará en la misma forma que la revocación. Es importante, tomar en cuenta lo prescrito por el numeral 56 del citado ordenamiento legal, del cual se aprecia por autos se entiende cuando deciden sobre personalidad, competencia o cualquiera otra excepción dilatoria, procedencia de demanda, reconvención, compensación, denegación de pruebas y todas las que resuelvan un incidente y por decreto se debe entender como todas las demás no comprendidas en las anteriores. De lo antes precisado se desprende que contra los autos y decretos que no sean susceptibles de apelación y no causen un daño de imposible reparación en la sentencia, procede el recurso de revocación que será sustanciado por el propio juez, o en su defecto, quien lo substituya en su responsabilidad; y en el caso de que los autos que susciten el agravio hayan sido emitidos por el Tribunal de Alzada, procede el recurso de reposición, cuya finalidad será que la diligencia controvertida de ilegal sea susceptible de ser modificada, revocada o nulificada. Lo anterior, pone de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del presente juicio constitucional, tomando primordialmente en consideración que la determinación de la Sala responsable en el sentido de desechar por considerar improcedente el recurso de apelación, debe ser impugnada a través del recurso de reposición, por tratarse de una determinación que legalmente se clasifica como auto, recurso que debieron agotar los aludidos quejosos, ya que dicho recurso ordinario es susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama en la demanda de amparo y, por ende, sus consecuencias. Entonces, de lo antes expuesto se concluye que los aquí promoventes, antes de acudir a esta instancia, estaban obligados a interponer el recurso de reposición que prevé el artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, contra la resolución de veintiséis de agosto del año en curso, emitida en los autos del toca 1507/2019, del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, formado con motivo de la interposición del recurso de apelación hecho valer en contra de la resolución dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, en el Juicio Especial hipotecario número 1059/2016/III, promovido por Norma Araceli Lugo Pérez, apoderada legal de Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, en contra de los ahora quejosos y ya una vez resuelto tal recurso, en el caso de que la determinación que se emitiera fuera adversa a sus intereses, entonces sí estarían en aptitud de instar el juicio de amparo, por adquirir el carácter de resolución definitiva. En esa tesitura, es patente que los solicitantes de amparo no observaron el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por ello lo que procede es desechar la demanda de amparo en cuestión. Sirve de apoyo a la anterior determinación por identidad de razón la jurisprudencia 1a./J. 45/2005, que a la letra dice: "REPOSICIÓN. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DESECHA LA APELACIÓN EN UN JUICIO MERCANTIL Y DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación literal del artículo 1334 del Código de Comercio se advierte que procede el recurso de reposición contra cualquier decreto o auto dictado por los tribunales superiores, aun de los que serían apelables si se tratara de primera instancia. Ahora bien, si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de resolución judiciales, no se puede hacer una interpretación en contrario, por lo que, contra la resolución del tribunal de alzada que desecha o declara inadmisible una apelación en materia mercantil sí procede el recurso de reposición. Ello es así porque el citado numeral establece en forma genérica la procedencia de la reposición en contra de todos los autos y los decretos dictados en segunda instancia, sin excluir expresamente aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación, de manera que debe agostarse este medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo." También, sirve de apoyo a la anterior determinación por identidad de razón la jurisprudencia 1a./J. 8/2002, que a la letra dice: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS). Conforme a lo dispuesto en los artículos 156, 367 y 369 de los Códigos de Procedimientos Civiles para los Estados de Sonora y Zacatecas (de idéntica numeración y contenido), procede el recurso de reposición en contra de los proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal de Justicia. Ahora bien, de un estudio sistemático de los preceptos invocados se concluye que el medio de impugnación referido es procedente en contra de la determinación que declara desierto el recurso de apelación, pues cumple con los presupuestos de procedencia de dicho recurso, a saber: a) Es un auto, por tratarse de una resolución de carácter definitivo que puede imponer cargas o afectar derechos procesales, dado que provoca que la resolución combatida quede firme y, en su caso, deban cumplirse las obligaciones en ella determinadas, sin que el recurrente sea escuchado en defensa, con la consecuente afectación a su derecho de impugnar la resolución que lo lesiona; b) En las propias legislaciones procesales en cita no se hace alusión en forma expresa a la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual pueda ser combatida la determinación de referencia; y, c) Tampoco se establece que la resolución en comento sea irrecurrible. Aunado a ello, con la reposición se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal. De igual manera, ilustra al tópico el siguiente criterio de la Tercera Sala del Máximo Tribunal del país, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "APELACIÓN, RECURSO CONTRA EL AUTO QUE LA DESECHA (LEGISLACIÓN DE VERACRUZ). El artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles dispone que de los decretos y autos del tribunal de segunda instancia, puede pedirse reposición, que se sustancia en la misma forma que la revocación. Por tanto, contra el auto que desecha la apelación interpuesta por el quejoso, debe hacerse valer el recurso de reposición antes de acudir al amparo, y si no se agota dicho recurso, el juicio de garantías resulta improcedente, en los términos de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Finalmente, destaca el contenido del criterio VII.3o.C.59 C, que a continuación de transcribe: "REPOSICIÓN EN MATERIA CIVIL. PROCEDE DICHO MEDIO DE IMPUGNACIÓN CONTRA EL AUTO DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DESECHA LA APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles del Estado establece: "De los decretos y autos del tribunal de segunda instancia puede pedirse la reposición, que se substanciará en la misma forma que la revocación.", precepto del que se advierte claramente su sentido y alcance que, de ningún modo es oscuro o deja dudas con respecto a su contenido, pues de su interpretación literal se observa que la reposición es un medio de impugnación contemplado para autos o decretos emitidos por los tribunales de segunda instancia en los procedimientos civiles; por tanto, si la ley es clara al determinar la procedencia de ese medio de impugnación contra el auto que desecha la apelación, no puede hacerse interpretación alguna que sea contraria al precepto legal de referencia. En ese tenor, la resolución que desecha el recurso de apelación no es propiamente una sentencia, sino un auto que resuelve una cuestión de trámite, pues el código adjetivo civil de la entidad en su artículo 56 dispone: "Las resoluciones judiciales son: I. Sentencias, cuando deciden el asunto principal controvertido; II. Autos, cuando entrañan un mandamiento de pago, de entrega, de hacer o de no hacer, cuando deciden sobre personalidad, competencia o cualquiera otra excepción dilatoria, procedencia de demanda, reconvención, compensación, denegación de pruebas y todas las que resuelvan un incidente, y III. Decretos, todas las demás no comprendidas en las anteriores.-Todas las resoluciones serán autorizadas con la firma entera de los Magistrados, Jueces o secretarios que intervengan.", de lo que deriva que la resolución que desecha la apelación no puede considerarse una sentencia, sino un auto; consecuentemente procede la reposición al establecer el citado numeral 508 de manera genérica que puede pedirse contra todos los autos dictados por el tribunal de alzada, incluyéndose el que desecha la apelación." No pasa inadvertido para este juzgador, que el más Alto Tribunal del país al emitir la jurisprudencia 241, Octava Parte, de la Compilación 1917-1985, identificable con el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTÁCULO PARA ADMITIRLA", haya considerado que una demanda de amparo no pueda ser desechada, de conformidad con la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo, cuando no se tiene la certeza sobre la procedencia del recurso o medio de impugnación contra la resolución reclamada, por no ser un motivo manifiesto e indudable de improcedencia en el juicio de amparo; toda vez que el citado criterio jurisprudencial no tiene aplicación al caso, debido a que en el asunto que nos ocupa sí se tiene la plena convicción de la procedencia del recurso de reposición, según se ha señalado con antelación. En lo conducente es aplicable la jurisprudencia VI.3o.C. J/62, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo". Además, es necesario puntualizar que no se actualiza ninguna de las excepciones previstas en los incisos a), b), c) y d) del artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues dichas excepciones están orientadas al amparo en materia penal; salvo la contemplada en el inciso c) relativa a las personas extrañas al procedimiento, la cual se estima que no se actualiza en razón de que como se estableció anteriormente, la aquí promovente refiere bajo protesta de decir verdad que es parte del juicio natural y fue notificada del asunto de donde deriva el acto reclamado, razón por la cual está en aptitud de promover lo que a su interés convenga dentro del juicio en cuestión. Asimismo, la procedencia del recurso o medio de defensa no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, pues el propio artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece que el recurso de reposición procede contra los decretos y autos del Tribunal de Segunda Instancia el cual se substanciará en la misma forma que la revocación, y si el acto que se pretende reclamar en este juicio de amparo es un auto emitido por una autoridad de segunda instancia, por consiguiente, el fundamento legal que prevé tal recurso no se puede considerar insuficiente para determinar su procedencia. En otro aspecto, cabe precisar que no se pasa por alto que el acto reclamado es de imposible reparación, sin embargo, ello no exime a la parte quejosa de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, pues tal circunstancia no se encuentra dentro de las excepciones que prevé la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Fuente: Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: Página: 350, de rubro y contenido siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." DESECHAMIENTO Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en la demanda de amparo y como su autorizada en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a María Teresa Espinoza Cano, ya que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro 182627. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones personales que se ordenen durante la tramitación del presente juicio de amparo, aun en horas y días inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el actuario judicial, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Mario Ulises Pereyra Castelán y Reyna Edith Hernández Leal contra actos reclamados a las autoridades responsables denominadas Magistrados de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 833/2019-III-B. Al respecto, se acuerda: FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el Juez de Distrito tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, toda vez que el suscrito se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo. Es así, en razón de que de la lectura de la demanda de amparo que se provee se aprecia que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, como lo prevé el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone que se debe de examinar la demanda de amparo a proveer y que en caso de que se advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia se deberá desechar de plano el precitado escrito de demanda. Es trascendente precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda no sea posible desvirtuar con probanzas la causa de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Ahora bien, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que en contra del acto que se reclame proceda un recurso en vía ordinaria, a través del cual se pueda modificar, revocar o confirmar la resolución que se controvierte y que de no agostarse tal medio de impugnación no se puede considerar que la resolución que se pretende reclamar tenga el carácter de definitiva y por consiguiente, no procede en su contra el juicio de amparo. En el caso, de la demanda de amparo se evidencia con claridad que el acto reclamado es la resolución de veintiséis de agosto del año en curso, emitida en los autos del Toca número 1507/2019, del índice la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por medio de la cual se desecha el recurso de apelación que interpusieron, en contra de la resolución del incidente de liquidación de intereses ordinarios pronunciada en el expediente hipotecario número 1059/2016/III, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia. Conforme al precepto legal antes citado, el juicio de amparo es improcedente cuando la ley que sirvió de fundamento para emitir el acto reclamado, contempla algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, por lo que al no agotarse el recurso ordinario que contempla la ley de donde emana el acto reclamado, se incumple el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, en su artículo 508, prevé el recurso de reposición, que según lo que establece tal dispositivo legal, procede en contra de decretos y autos del Tribunal de Segunda Instancia, el cual se substanciará en la misma forma que la revocación. Es importante, tomar en cuenta lo prescrito por el numeral 56 del citado ordenamiento legal, del cual se aprecia por autos se entiende cuando deciden sobre personalidad, competencia o cualquiera otra excepción dilatoria, procedencia de demanda, reconvención, compensación, denegación de pruebas y todas las que resuelvan un incidente y por decreto se debe entender como todas las demás no comprendidas en las anteriores. De lo antes precisado se desprende que contra los autos y decretos que no sean susceptibles de apelación y no causen un daño de imposible reparación en la sentencia, procede el recurso de revocación que será sustanciado por el propio juez, o en su defecto, quien lo substituya en su responsabilidad; y en el caso de que los autos que susciten el agravio hayan sido emitidos por el Tribunal de Alzada, procede el recurso de reposición, cuya finalidad será que la diligencia controvertida de ilegal sea susceptible de ser modificada, revocada o nulificada. Lo anterior, pone de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del presente juicio constitucional, tomando primordialmente en consideración que la determinación de la Sala responsable en el sentido de desechar por considerar improcedente el recurso de apelación, debe ser impugnada a través del recurso de reposición, por tratarse de una determinación que legalmente se clasifica como auto, recurso que debieron agotar los aludidos quejosos, ya que dicho recurso ordinario es susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama en la demanda de amparo y, por ende, sus consecuencias. Entonces, de lo antes expuesto se concluye que los aquí promoventes, antes de acudir a esta instancia, estaban obligados a interponer el recurso de reposición que prevé el artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, contra la resolución de veintiséis de agosto del año en curso, emitida en los autos del toca 1507/2019, del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, formado con motivo de la interposición del recurso de apelación hecho valer en contra de la resolución dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, en el Juicio Especial hipotecario número 1059/2016/III, promovido por Norma Araceli Lugo Pérez, apoderada legal de Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, en contra de los ahora quejosos y ya una vez resuelto tal recurso, en el caso de que la determinación que se emitiera fuera adversa a sus intereses, entonces sí estarían en aptitud de instar el juicio de amparo, por adquirir el carácter de resolución definitiva. En esa tesitura, es patente que los solicitantes de amparo no observaron el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por ello lo que procede es desechar la demanda de amparo en cuestión. Sirve de apoyo a la anterior determinación por identidad de razón la jurisprudencia 1a./J. 45/2005, que a la letra dice: "REPOSICIÓN. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DESECHA LA APELACIÓN EN UN JUICIO MERCANTIL Y DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación literal del artículo 1334 del Código de Comercio se advierte que procede el recurso de reposición contra cualquier decreto o auto dictado por los tribunales superiores, aun de los que serían apelables si se tratara de primera instancia. Ahora bien, si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de resolución judiciales, no se puede hacer una interpretación en contrario, por lo que, contra la resolución del tribunal de alzada que desecha o declara inadmisible una apelación en materia mercantil sí procede el recurso de reposición. Ello es así porque el citado numeral establece en forma genérica la procedencia de la reposición en contra de todos los autos y los decretos dictados en segunda instancia, sin excluir expresamente aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación, de manera que debe agostarse este medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo." También, sirve de apoyo a la anterior determinación por identidad de razón la jurisprudencia 1a./J. 8/2002, que a la letra dice: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS). Conforme a lo dispuesto en los artículos 156, 367 y 369 de los Códigos de Procedimientos Civiles para los Estados de Sonora y Zacatecas (de idéntica numeración y contenido), procede el recurso de reposición en contra de los proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal de Justicia. Ahora bien, de un estudio sistemático de los preceptos invocados se concluye que el medio de impugnación referido es procedente en contra de la determinación que declara desierto el recurso de apelación, pues cumple con los presupuestos de procedencia de dicho recurso, a saber: a) Es un auto, por tratarse de una resolución de carácter definitivo que puede imponer cargas o afectar derechos procesales, dado que provoca que la resolución combatida quede firme y, en su caso, deban cumplirse las obligaciones en ella determinadas, sin que el recurrente sea escuchado en defensa, con la consecuente afectación a su derecho de impugnar la resolución que lo lesiona; b) En las propias legislaciones procesales en cita no se hace alusión en forma expresa a la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual pueda ser combatida la determinación de referencia; y, c) Tampoco se establece que la resolución en comento sea irrecurrible. Aunado a ello, con la reposición se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal. De igual manera, ilustra al tópico el siguiente criterio de la Tercera Sala del Máximo Tribunal del país, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "APELACIÓN, RECURSO CONTRA EL AUTO QUE LA DESECHA (LEGISLACIÓN DE VERACRUZ). El artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles dispone que de los decretos y autos del tribunal de segunda instancia, puede pedirse reposición, que se sustancia en la misma forma que la revocación. Por tanto, contra el auto que desecha la apelación interpuesta por el quejoso, debe hacerse valer el recurso de reposición antes de acudir al amparo, y si no se agota dicho recurso, el juicio de garantías resulta improcedente, en los términos de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Finalmente, destaca el contenido del criterio VII.3o.C.59 C, que a continuación de transcribe: "REPOSICIÓN EN MATERIA CIVIL. PROCEDE DICHO MEDIO DE IMPUGNACIÓN CONTRA EL AUTO DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DESECHA LA APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles del Estado establece: "De los decretos y autos del tribunal de segunda instancia puede pedirse la reposición, que se substanciará en la misma forma que la revocación.", precepto del que se advierte claramente su sentido y alcance que, de ningún modo es oscuro o deja dudas con respecto a su contenido, pues de su interpretación literal se observa que la reposición es un medio de impugnación contemplado para autos o decretos emitidos por los tribunales de segunda instancia en los procedimientos civiles; por tanto, si la ley es clara al determinar la procedencia de ese medio de impugnación contra el auto que desecha la apelación, no puede hacerse interpretación alguna que sea contraria al precepto legal de referencia. En ese tenor, la resolución que desecha el recurso de apelación no es propiamente una sentencia, sino un auto que resuelve una cuestión de trámite, pues el código adjetivo civil de la entidad en su artículo 56 dispone: "Las resoluciones judiciales son: I. Sentencias, cuando deciden el asunto principal controvertido; II. Autos, cuando entrañan un mandamiento de pago, de entrega, de hacer o de no hacer, cuando deciden sobre personalidad, competencia o cualquiera otra excepción dilatoria, procedencia de demanda, reconvención, compensación, denegación de pruebas y todas las que resuelvan un incidente, y III. Decretos, todas las demás no comprendidas en las anteriores.-Todas las resoluciones serán autorizadas con la firma entera de los Magistrados, Jueces o secretarios que intervengan.", de lo que deriva que la resolución que desecha la apelación no puede considerarse una sentencia, sino un auto; consecuentemente procede la reposición al establecer el citado numeral 508 de manera genérica que puede pedirse contra todos los autos dictados por el tribunal de alzada, incluyéndose el que desecha la apelación." No pasa inadvertido para este juzgador, que el más Alto Tribunal del país al emitir la jurisprudencia 241, Octava Parte, de la Compilación 1917-1985, identificable con el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTÁCULO PARA ADMITIRLA", haya considerado que una demanda de amparo no pueda ser desechada, de conformidad con la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo, cuando no se tiene la certeza sobre la procedencia del recurso o medio de impugnación contra la resolución reclamada, por no ser un motivo manifiesto e indudable de improcedencia en el juicio de amparo; toda vez que el citado criterio jurisprudencial no tiene aplicación al caso, debido a que en el asunto que nos ocupa sí se tiene la plena convicción de la procedencia del recurso de reposición, según se ha señalado con antelación. En lo conducente es aplicable la jurisprudencia VI.3o.C. J/62, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo". Además, es necesario puntualizar que no se actualiza ninguna de las excepciones previstas en los incisos a), b), c) y d) del artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues dichas excepciones están orientadas al amparo en materia penal; salvo la contemplada en el inciso c) relativa a las personas extrañas al procedimiento, la cual se estima que no se actualiza en razón de que como se estableció anteriormente, la aquí promovente refiere bajo protesta de decir verdad que es parte del juicio natural y fue notificada del asunto de donde deriva el acto reclamado, razón por la cual está en aptitud de promover lo que a su interés convenga dentro del juicio en cuestión. Asimismo, la procedencia del recurso o medio de defensa no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, pues el propio artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece que el recurso de reposición procede contra los decretos y autos del Tribunal de Segunda Instancia el cual se substanciará en la misma forma que la revocación, y si el acto que se pretende reclamar en este juicio de amparo es un auto emitido por una autoridad de segunda instancia, por consiguiente, el fundamento legal que prevé tal recurso no se puede considerar insuficiente para determinar su procedencia. En otro aspecto, cabe precisar que no se pasa por alto que el acto reclamado es de imposible reparación, sin embargo, ello no exime a la parte quejosa de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, pues tal circunstancia no se encuentra dentro de las excepciones que prevé la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Fuente: Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: Página: 350, de rubro y contenido siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." DESECHAMIENTO Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en la demanda de amparo y como su autorizada en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a María Teresa Espinoza Cano, ya que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro 182627. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones personales que se ordenen durante la tramitación del presente juicio de amparo, aun en horas y días inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el actuario judicial, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Luis Alberto Vázquez del Orbe, secretario que autoriza y da fe.

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