Mario Uki Díaz Medina
Expediente 857/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 857/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Mario Uki Díaz Medina
Actuaciones
- Principal
Vista la constancia que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, que desechó de plano la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer; consecuentemente, el proveído de mérito HA QUEDADO FIRME. Consecuentemente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Determinaciones relacionadas con el cuaderno de principal. De conformidad con el artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación; se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se desechó de plano la demanda de amparo; además, no es de relevancia documental. Finalmente, se hace constar que dentro del expediente en que se actúa, no obran agregados documentos originales presentados por la parte quejosa para su devolución. Notifíquese por lista.
- Principal
AVISO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO**********, EL CONTENIDO DEL AUTO DE 27 DE JULIO DE 2023. agréguese el escrito firmado por Mario Uki Díaz Medina por propio derecho y como representante de la niña de iniciales ********************, mediante el cual desahoga la prevención realizada en proveído de diecisiete de los cursantes; contra actos del Juez Primero de lo Familiar de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Cuidad de México******* En tales condiciones, ténganse por desahogada la prevención ordenada en autos. Desechamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo********el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causal manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, pues la procedencia del amparo es un presupuesto procesal que se analiza de oficio. Por manifiesto, debe entenderse aquello que se advierte de forma clara y patente, esto es que no se requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios para determinar la actualización de una causal de improcedencia. Por indudable, debe entenderse aquella certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de modo que, ni con el informe justificado de la autoridad responsable, ni con las pruebas que en su caso se allegaran al proceso jurisdiccional, se podría variar la actualización de la causa de improcedencia en el juicio de amparo. En ese sentido, el juez de amparo se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, siempre que de su contenido se advierta de manera clara y precisa la actualización de una de las causales de improcedencia previstas en el artículo ******** En el caso, del análisis integral al escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Primero de lo Familiar de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en los autos del juicio oral familiar 396/2019 de su índice, a través del cual negó la solicitud realizada por quien aquí promueve para que la autoridad responsable girara oficios siguientes: A la Agencia Investigadora del Ministerio Público FDS-6, a fin de que remitiera copia autentificada de la Carpeta de Investigación******* Al Jefe de Unidad Departamental de Gestión Administrativa del Programa de Revinculación Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México a fin de que se sirviera dejar sin efectos la entrevista diagnóstica programada para el quince de junio de dos mil veintitrés. Así, del análisis de lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista********en virtud de que se estima que la resolución reclamada no constituye un acto de imposible reparación, con la cual se transgreda materialmente en perjuicio del quejoso algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el artículo********** Por su parte, el artículo******** De conformidad con la disposición transcrita, cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Por lo antes expuesto, resulta indudable determinar que el acto reclamado no actualiza los supuestos previstos para considerarlo como de imposible reparación, pues por un lado, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuya afectación o sus efectos no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación de la garantía individual; sino que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, derivados de la eventual infracción a derechos adjetivos o procesales; lo cual, no necesariamente va a ocasionar que la sentencia definitiva que en su caso llegue a dictar el juez responsable sea desfavorable a los intereses del quejoso, sino que únicamente incide en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En caso contrario, si las violaciones que señala como acto reclamado en la demanda que se provee trascienden al resultado del fallo, habiendo dejado sin defensa a la parte promovente, podrá hacer valer en el juicio de amparo directo que se promueva contra la respectiva sentencia, atento a lo dispuesto por los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo vigente, por tanto, los aspectos que reclama en su demanda de amparo constituyen propiamente cuestiones intraprocesales. Por ende, este acto no puede ser calificado como de imposible reparación para la parte quejosa, con el fin de reconocer la procedencia del amparo indirecto, pues no se surte ninguno de los supuestos determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto cabe precisar que en esencia el auto de catorce de junio de dos mil veintitrés dictado por el Juez Primero de lo Familiar de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resolvió lo siguiente: "(.) Sin lugar a proveer de conformidad lo solicitado en el sentido de girar oficio a la representación social a efecto de recabar copia autentificada de la Carpeta de Investigación que refiere a fin de resolver el fondo del presente contradictorio, pues no ajusta su petición a lo que establece el artículo 98 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México (.) Sin lugar a proveer de conformidad lo solicitado en el sentido de girar oficio al Jefe de Unidad Departamental de Gestión Administrativa del Programa de Revinculación Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México a fin de que deje sin efectos la entrevista diagnóstica programada para el quince de los corrientes, pues de la documental que al efecto se acompañó al escrito recibido el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, no se advierte la imposibilidad para llevar a cabo las entrevistas diagnósticas (.)." En ese sentido, como se anticipó, el acto reclamado no es de imposible reparación, pues no afecta directa e inmediatamente las prerrogativas fundamentales (verbigracia: propiedades, posesiones o derechos). En ese orden de ideas, tal violación pudiera combatirla a través del amparo directo; de ahí que no deba considerarse como un acto dentro de juicio de imposible reparación, dado que sus efectos son meramente procesales o adjetivos, por ello es evidente que resulta impugnable en términos ******** Sin que pase inadvertido para el suscrito que si bien conforme a lo manifestado por el promovente, la entrevista diagnóstica tenía como objeto la fijación de las condiciones necesarias para determinar la convivencia entre la niña de iniciales ********************y la progenitora ********************, de las documentales que presenta el promovente anexas a su escrito de cuenta, se desprende que estaban previstos distintos horarios para cada una de las partes. En efecto, señala como horario para el desarrollo de la entrevista con quien aquí se señala como tercero interesada ******************** el horario de las catorce a las quince horas (14:00-15:00), para la entrevista con el promovente, de las quince a las dieciséis horas (15:00-16:00) y para la entrevista con la niña de iniciales ********************, el horario comprendido de las dieciséis a las dieciséis treinta horas (16:00-16:30); por lo que dicha entrevista no causa perjuicio alguno al promovente ni a la niña de iniciales ********************. En ese contexto, se concluye que el acto reclamado no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o algún Tratado Internacional del que el Estado Mexicano sea parte y, por ende, no puede considerarse que dicho acto tenga la naturaleza de ser irreparable, toda vez que el acto reclamado simplemente negó la posibilidad de suspender dicha entrevista al no encontrar el Juez responsable motivo justificado para ello; máxime que en el caso no se ha ordenado que la niña conviva con su progenitora. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia contemplada en los artículos*********se desecha de plano la presente demanda. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente al promovente.
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito firmado por Mario Uki Díaz Medina por propio derecho y como representante de la niña de iniciales ********************, mediante el cual desahoga la prevención realizada en proveído de diecisiete de los cursantes; contra actos del Juez Primero de lo Familiar de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Cuidad de México, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. En tales condiciones, ténganse por desahogada la prevención ordenada en autos. Desechamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causal manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, pues la procedencia del amparo es un presupuesto procesal que se analiza de oficio. Por manifiesto, debe entenderse aquello que se advierte de forma clara y patente, esto es que no se requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios para determinar la actualización de una causal de improcedencia. Por indudable, debe entenderse aquella certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de modo que, ni con el informe justificado de la autoridad responsable, ni con las pruebas que en su caso se allegaran al proceso jurisdiccional, se podría variar la actualización de la causa de improcedencia en el juicio de amparo. En ese sentido, el juez de amparo se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, siempre que de su contenido se advierta de manera clara y precisa la actualización de una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII-mayo de 1998, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Asimismo, es de invocarse la diversa tesis I.16o.A.11 K (10a.), de registro 2012418, sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2534, libro 33-agosto de 2016, tomo IV, materia común, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuya sinopsis es: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU DESECHAMIENTO DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE ADVERTIRSE DE SU CONTENIDO, SUS ANEXOS Y, EN SU CASO, DE LOS ESCRITOS ACLARATORIOS, SIN NECESIDAD DE CONOCER EL INFORME JUSTIFICADO O CONTAR CON MAYORES PRUEBAS PARA DEFINIR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO. El precepto citado establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano; de ahí que cuando éste se advierta de manera notoria será factible desechar dicha instancia constitucional, entendiéndose que esas características se dan cuando la improcedencia no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios, sin necesidad de conocer el informe justificado de las autoridades responsables o contar con mayores elementos de prueba para definir la procedencia del juicio, pues si para ello es menester conocer o contar con éstos, lo prudente y razonable es admitirla a trámite, brindando así la oportunidad al accionante de desestimar las causas de improcedencia relativas, y sólo, en caso contrario, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, atento a una interpretación conforme del citado artículo 113, según el diverso artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el principio pro persona que prioriza la interpretación más favorable al gobernado.". En el caso, del análisis integral al escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Primero de lo Familiar de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en los autos del juicio oral familiar 396/2019 de su índice, a través del cual negó la solicitud realizada por quien aquí promueve para que la autoridad responsable girara oficios siguientes: A la Agencia Investigadora del Ministerio Público FDS-6, a fin de que remitiera copia autentificada de la Carpeta de Investigación CI-FDS/FDS-3/UI-FDS-3-03/00130/02-2020. Al Jefe de Unidad Departamental de Gestión Administrativa del Programa de Revinculación Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México a fin de que se sirviera dejar sin efectos la entrevista diagnóstica programada para el quince de junio de dos mil veintitrés. Así, del análisis de lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que se estima que la resolución reclamada no constituye un acto de imposible reparación, con la cual se transgreda materialmente en perjuicio del quejoso algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". De conformidad con la disposición transcrita, cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Por lo antes expuesto, resulta indudable determinar que el acto reclamado no actualiza los supuestos previstos para considerarlo como de imposible reparación, pues por un lado, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuya afectación o sus efectos no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación de la garantía individual; sino que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, derivados de la eventual infracción a derechos adjetivos o procesales; lo cual, no necesariamente va a ocasionar que la sentencia definitiva que en su caso llegue a dictar el juez responsable sea desfavorable a los intereses del quejoso, sino que únicamente incide en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En caso contrario, si las violaciones que señala como acto reclamado en la demanda que se provee trascienden al resultado del fallo, habiendo dejado sin defensa a la parte promovente, podrá hacer valer en el juicio de amparo directo que se promueva contra la respectiva sentencia, atento a lo dispuesto por los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo vigente, por tanto, los aspectos que reclama en su demanda de amparo constituyen propiamente cuestiones intraprocesales. Por ende, este acto no puede ser calificado como de imposible reparación para la parte quejosa, con el fin de reconocer la procedencia del amparo indirecto, pues no se surte ninguno de los supuestos determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto cabe precisar que en esencia el auto de catorce de junio de dos mil veintitrés dictado por el Juez Primero de lo Familiar de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resolvió lo siguiente: "(.) Sin lugar a proveer de conformidad lo solicitado en el sentido de girar oficio a la representación social a efecto de recabar copia autentificada de la Carpeta de Investigación que refiere a fin de resolver el fondo del presente contradictorio, pues no ajusta su petición a lo que establece el artículo 98 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México (.) Sin lugar a proveer de conformidad lo solicitado en el sentido de girar oficio al Jefe de Unidad Departamental de Gestión Administrativa del Programa de Revinculación Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México a fin de que deje sin efectos la entrevista diagnóstica programada para el quince de los corrientes, pues de la documental que al efecto se acompañó al escrito recibido el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, no se advierte la imposibilidad para llevar a cabo las entrevistas diagnósticas (.)." En ese sentido, como se anticipó, el acto reclamado no es de imposible reparación, pues no afecta directa e inmediatamente las prerrogativas fundamentales (verbigracia: propiedades, posesiones o derechos). A lo anterior, se aplica adicionalmente la jurisprudencia 361, que resuelve la contradicción de tesis entre las sustentadas por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 307, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS, SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueve contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de labores del presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90, Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." Y además se cita la jurisprudencia 1086, publicada en la página 751, del Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917 a 1995, que establece: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías". Asimismo, por identidad de razones jurídicas, tiene aplicación la jurisprudencia número 945, visible en la página 649 del Tomo VI, Parte TCC, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS. LA VIOLACIÓN PROCESAL TRATÁNDOSE DE ELLAS, PUEDE COMETERSE AL PROVEER SOBRE EL OFRECIMIENTO O AL MOMENTO DEL DESAHOGO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo dice: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley". Tomando en cuenta que el dispositivo hace referencia a la recepción de pruebas, lo que constituye una acepción muy amplia, la violación puede cometerse al proveer sobre el ofrecimiento o al momento del desahogo, esto último en los casos en que para ese fin sea menester un acto procesal específico, y así, en las hipótesis que en seguida se enumeran puede sobrevenir la infracción al procedimiento que se estudia, ya que en cualquiera de ellas, la actitud autoritaria se traduce en que el material probatorio no habrá de recibirse en el juicio: a) Que la autoridad decida expresamente no admitir las pruebas ofrecidas o parte de ellas; b) Que habiéndolas admitido se niegue a desahogarlas; c) Que no las admita como fueron propuestas y d) Que no las desahogue legalmente." En ese orden de ideas, tal violación pudiera combatirla a través del amparo directo; de ahí que no deba considerarse como un acto dentro de juicio de imposible reparación, dado que sus efectos son meramente procesales o adjetivos, por ello es evidente que resulta impugnable en términos del artículo 170 con relación al diverso 174 de la Ley de Amparo, como violación a las normas procesales que dejan sin defensa al peticionario del amparo y trascienden al resultado de la sentencia. Sin que pase inadvertido para el suscrito que si bien conforme a lo manifestado por el promovente, la entrevista diagnóstica tenía como objeto la fijación de las condiciones necesarias para determinar la convivencia entre la niña de iniciales ********************y la progenitora ********************, de las documentales que presenta el promovente anexas a su escrito de cuenta, se desprende que estaban previstos distintos horarios para cada una de las partes. En efecto, señala como horario para el desarrollo de la entrevista con quien aquí se señala como tercero interesada ******************** el horario de las catorce a las quince horas (14:00-15:00), para la entrevista con el promovente, de las quince a las dieciséis horas (15:00-16:00) y para la entrevista con la niña de iniciales ********************, el horario comprendido de las dieciséis a las dieciséis treinta horas (16:00-16:30); por lo que dicha entrevista no causa perjuicio alguno al promovente ni a la niña de iniciales ********************. En ese contexto, se concluye que el acto reclamado no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o algún Tratado Internacional del que el Estado Mexicano sea parte y, por ende, no puede considerarse que dicho acto tenga la naturaleza de ser irreparable, toda vez que el acto reclamado simplemente negó la posibilidad de suspender dicha entrevista al no encontrar el Juez responsable motivo justificado para ello; máxime que en el caso no se ha ordenado que la niña conviva con su progenitora. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia contemplada en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente al promovente. Lo proveyó y firma Hugo Roberto Pérez Lugo, Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de la secretaria Ximena Betzabe López Dávila, con quien actúa y da fe.
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Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalemente a la parte quejosa.
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