Mario Trejo Acevedo
Expediente 1161/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1161/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Mario Trejo Acevedo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad de México, a diez de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 3, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se negó, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese impresión con evidencias criptográficas del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En Ciudad de México, a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de garantías número 1161/2020-VIII, en audiencia pública el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo Peña, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez que autoriza y da fe, que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de a las partes, y proveídos que acordaron lo conducente. El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias de autos y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. En período probatorio: la Secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes. El Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por las partes. No existiendo pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. Periodo de alegatos, abierto éste, la Secretaria certifica: que las partes no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 124 de la Ley de Amparo así como tampoco el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito presentó el pedimento que a su representación social compete. El Juez acuerda: se declara desierto este periodo y se tiene por hecha la certificación que antecede. Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede a dictar la sentencia correspondiente. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1161/2020-VIII, promovido por Mario Trejo Acevedo, por propio derecho, contra actos del Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y otras autoridades,; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Por escrito recibido el cuatro de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado a este Juzgado de Distrito el once siguiente, Mario Trejo Acevedo, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se precisan: SEGUNDO. Por auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo previsto en la circular SECNO/10/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, con motivo de la prolongación del periodo de contingencia sanitaria, que se tienen como hechos notorios, se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, y por tanto, se radicó la demanda de garantías con el número 1161/2020-VIII, se admitió la demanda, se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado. TERCERO. Por auto de dos de marzo de dos mil veintiuno, se requirió al quejoso para que manifestara la denominación correcta de las autoridades señaladas por él como Director General de Recursos Humanos y Jefe de la Unidad Departamental de Procesamiento de Nómina, toda vez que no existen en el organigrama de la secretaría citada, sin que hubiera desahogado dicho requerimiento, por lo que el diecisiete de marzo siguiente, se hizo efectivo el apercibimiento dejó de tener como autoridades responsables a las citadas, mismo que causó estado el diecinueve de abril del año en curso. CUARTO. Seguida la secuela procesal, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 114, fracción II de la Ley de Amparo, 48 en relación con el 52, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Considerando Cuarto, Artículo Primero, fracción I, Artículo Segundo, fracción I, punto 3 y, Artículo Cuarto, fracción I, del Acuerdo General número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclama una omisión a una autoridad administrativa, con residencia en la jurisdicción que corresponde a éste juzgado. SEGUNDO. Para efectos de determinar la certeza del acto reclamado, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se toma en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció la obligación de que el juez de amparo analice la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. La jurisprudencia citada es de rubro y datos de localización siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Registro: 192097, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32) En el presente caso, de la lectura integral que al efecto se realiza de la demanda, se colige que el acto reclamado es: ? La orden de cancelación del pago por concepto 2103 Estímulo de Protección Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a partir de la segunda quincena de noviembre de dos mil veinte, y su ejecución. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados al Subdirector de Nóminas y Remuneraciones y al Director General de Administración de Personal, ambos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, consistentes en la orden de cancelación del pago por concepto "2103 Estímulo de Protección Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a partir de la segunda quincena de noviembre de dos mil veinte, y su ejecución, toda vez que si bien al rendir su informe justificado lo negaron, y remitieron las impresiones de los recibos de pago correspondientes al periodo del uno de noviembre de dos mil veinte al veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, de las que se desprende el pago retroactivo del estímulo referido, así como su pago subsecuente, lo cierto es que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (cuatro de diciembre de dos mil veinte), no se había realizado dicho pago. CUARTO. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: ARTÍCULO 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Precisado lo anterior, las autoridades responsables de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aducen que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Como puede verse, el ordinal transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ha cesado en sus efectos y las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo, o bien, cuando realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Lo anterior, porque el juicio no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, que en términos del arábigo 77 de la ley en consulta es restituir al peticionario en el pleno goce y respeto del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión. Para que dicha causa de improcedencia se actualice, es necesario que todos los efectos del acto o actos reclamados, se hayan destruido en forma total o incondicional, por parte de las autoridades que participaron en su creación. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. (Registro: 193758, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38) En ese sentido, toda vez que el acto reclamado consiste en la orden de cancelación del pago por concepto 2103 Estímulo de Protección Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a partir de la segunda quincena de noviembre de dos mil veinte, y su ejecución, dicha situación ya fue subsanada, puesto que la primera quincena de diciembre de dos mil veinte, se realizó el pago al aquí quejoso, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se dictó la resolución correspondiente, en los siguientes términos: ... En ese sentido, ya no existe la cancelación del estímulo reclamada, al haberse pagado retroactivamente el correspondiente a la segunda quincena de noviembre de dos mil veinte, en la primera quincena de diciembre del mismo año, además de que se continuó pagando de manera subsecuente, por tanto, se concluye que han cesado los efectos de los actos reclamados. Máxime que mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista al quejoso para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, el cual se le notificó el veintiséis siguiente, sin que hubiera realizado manifestación alguna. En tales condiciones, al haber cesado los efectos del acto reclamado, circunstancia de la que tuvo conocimiento el quejoso, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73 a 79, 124, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señalan los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de diecisiete de marzo del año en curso, sin que a la fecha lo hubiese hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales procedentes se declara que HA CAUSADO ESTADO el auto en que se determinó no tener como autoridades responsables a las señaladas por el quejoso como Director General de Recursos Humanos y Jefe de la Unidad Departamental de Procesamiento de Nómina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido al quejoso para atender el requerimiento de dos de marzo de dos mil veintiuno, sin que lo hubiese desahogado; en consecuencia, ante la imprecisión del señalamiento de las autoridades responsables y su imposibilidad de emplazamiento a juicio, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto y no se tienen como autoridades responsables para efectos del presente juicio de amparo, a las señaladas por el quejoso como Director General de Recursos Humanos y Jefe de la Unidad Departamental de Procesamiento de Nómina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Apoderada General para la Defensa Jurídica, en representación del Director de Política Laboral y del Director General de Administración de Personal, todos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por medio del cual rinde su informe justificado. Se agrega el oficio de cuenta y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad citada en el párrafo precedente, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional, con éste se da vista a las partes a fin de que manifiesten y puedan hacer valer lo que a su interés y derecho convenga. Con apoyo en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades citadas a las personas que menciona. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, del citado ordenamiento, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, exhibidas y admitidas las pruebas documentales que anexa, así como la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al momento de celebrar la audiencia constitucional y darles el valor probatorio que les corresponda. Con fundamento en el artículo 66, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés y derecho convenga respecto de las constancias que se agregan, sin perjuicio de hacer nueva relación de éstas en la audiencia constitucional. Por su contenido medular es de citarse la tesis: I.5o.C.2 K, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y datos de localización siguientes: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. ( Registro: 204616, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, Agosto de 1995, Página: 594.) Por lo que, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe de cuenta, y a su vez evitar cualquier violación procesal, atendiendo a las cargas excesivas de trabajo, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se DIFIERE la audiencia constitucional que debería tener verificativo a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Al respecto es aplicable, la jurisprudencia P./J. 54/2000, que es del Tribunal Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, de rubro y datos de localización: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. (Registro: 191995, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000, Página: 5) Así como las tesis de la Segunda y Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "AUDIENCIA EN EL AMPARO. QUEJA INFUNDADA CONTRA EL SEÑALAMIENTO DE ELLA FUERA DEL TÉRMINO LEGAL." y "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE." Finalmente, toda vez que de las constancias que adjuntó la autoridad oficiante, se advierte que pudiera actualizarse una causa de improcedencia, cuyo estudio es de orden público y estudio preferente; con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que en plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe si ya le fue restituido el pago por concepto de "2103 ESTIM PROTECCION CIUDADANA SSP, QUE ES UN ESTÍMULO DE PROTECCIÓN CIUDADANA", asimismo, informe si dicho estímulo le fue pagado de forma retroactiva, respecto del periodo del dieciséis al treinta de noviembre de dos mil veinte, como aduce la autoridad oficiante. Apercibido que en caso omiso de su parte, en el momento procesal oportuno, se emitirá el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso Mario Trejo Acevedo, en el domicilio ubicado en calle Guanábana número doscientos cuarenta y dos (242), despacho B, colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco, en esta ciudad. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
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