Mario Tornez Herrera

Expediente 1257/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1257/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/09/2022

Partes del expediente

  • Mario Tornez Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por ********************, apoderado del quejoso; visto su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en el cual se le autorizó el correo y usuario de que señala en el ocurso de cuenta, lo que se le hace del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo propuesta, ha causado estado. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos de los diversos artículos 8 y 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por conducto de su apoderado legal ****, personalidad que se le reconoce en términos de lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, tal y como se desprende de la documental que anexa al escrito de demanda consistente en copia certificada del auto de veinticuatro de junio de dos mil diez, dictado en el juicio laboral 380/2010, quienes promueven contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número **** y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por no contraponerse al texto vigente de la ley de amparo, la jurisprudencia número I.6O.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese contexto, del análisis integro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente: ".LA OMISIÓN DE DICTAR LAS MEDIDAS EFICACES Y FIJAR EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN A SEGUIR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO;. LA NEGATIVA DE VINCULAR AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y AL CONGRESO DEL ESTADO,." Atento a lo anterior, se pone de manifiesto que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 77, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." (.) "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, esta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Lo anterior se sostiene, habida cuenta que ningún fin práctico tendría, en su caso, la concesión de la protección constitucional solicitada, por las consideraciones siguientes. Como antes quedó visto en el presente juicio de amparo la parte quejosa reclama en esencia la omisión de vincular al Poder Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, y al Congreso del Estado, al cumplimiento del laudo en el juicio laboral 380/2010, no obstante haberlo solicitado a través de su promoción presentada el doce de mayo de dos mil veintidós, dentro del mismo expediente de origen. Entonces, el reclamo en esencia del peticionario es que la responsable se abstiene de vincular a las dependencias que él cita para que se logre ejecutar la condena en el juicio laboral, como parte de las medidas eficaces para fijar el procedimiento de ejecución de laudo. No obstante lo anterior, ningún caso práctico tendría admitir la demanda de amparo propuesta y en un momento dado conceder el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el presidente responsable se pronuncie al respecto, en razón de que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte el diverso juicio de amparo ***, del índice de este órgano jurisdiccional promovido por ****, por conducto de su apoderado ****, mismo que se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. A lo antes expuesto tiene aplicación la tesis I.1o.A.14 K (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, marzo de 2014, tomo II, materia común, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, fue instaurado obligatoriamente en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, a fin de mantener un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento, razón por la que tales órganos pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida de éste como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo." Expuesto lo anterior, del juicio de amparo que se invoca como hecho notorio al cual se le concede valor probatorio pleno, se advierte que se precisó que el peticionario de amparo señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "A la primera responsable se reclama: LA OMISIÓN DE HACER EFECTIVA LA MULTA A LA DEMANDADA Y REQUERIR DE NUEVA CUENTA EL CUMPLIMIETO AL LAUDO Y LA NEGATIVA DE VINCULAR AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y AL CONGRESO DEL ESTADO, quien se encarga de ministrar los recursos económicos presupuestales a la demandada y por ello obligada a auxiliar a la responsable para hacer cumplir sus determinaciones, en la esfera de su competencia, PARA PROVEER LO CONDUCENTE PARA SOLICITAR Y PROPONER A LA SOBERANÍA ESTATAL LA PROGRAMACIÓN DE UNA PARTIDA ESPECIAL PARA HACER FRENTE A DICHO FALLO, ASÍ COMO REALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SOBRE EL RECURSO ASIGNADO A LA DEMANDADA PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, CUYA EJECUCIÓN ES IMPOSTERGABLE, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A la segunda responsable se reclama: LA OMISIÓN DE DAR A LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN DE LA DEMANDADA, PARA LA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL LAUDO, QUIEN DEBE PROVEER LO CONDUCENTE PARA AUTORIZAR Y PROGRAMAR UNA PARTIDA ESPECIAL A LA DEMANDADA PARA HACER FRENTE A DICHO FALLO, ASÍ COMO REALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SOBRE EL RECURSO ASIGNADO A LA DEMANDADA PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, CUYA EJECUCIÓN ES IMPOSTERGABLE, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Luego, en la sentencia de amparo dictada el seis de junio de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional, para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente, que en lo que interesa se cita (lo resaltado es propio): ".De la interpretación armónica de la fracción IV, del artículo 62 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero, así como de la fracción I del artículo 70, 145, 146 y 155, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, tomando en cuenta el artículo 116, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, y los artículos 9 y 14 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Guerrero, el Congreso del Estado se encuentra facultado, no sólo para la aprobación del presupuesto de egresos para cada Municipio, sino que también le corresponde la autorización para la contratación de endeudamiento y ampliación presupuestal para que los Municipios puedan hacer frente a sus obligaciones, tanto ordinarias como extraordinarias. Asimismo, de conformidad con las fracciones VI, VII, XXIV y XXV artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero y la fracción XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, corresponde a la Secretaría de Finanzas y Administración presentar, proponer, analizar y dictaminar el Presupuesto Anual de Egresos para el Estado de Guerrero. Consecuentemente, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, deberá respetar y seguir el procedimiento de ejecución siguiente: 1. Proceda a realizar la actualización de la cantidad liquida que se debe pagar a la parte actora. 2. Una vez efectuado lo anterior, requiera al Síndico Procurador y al Secretario de Administración y Finanzas (o tesorero) ambos del Municipio demandado para que realicen el pago de la cantidad actualizada, dándoles un tiempo prudente para el cumplimiento. En abundancia a este punto, el referido Presidente del Municipio demandado tendrá que instruir al Ayuntamiento que gestione la solicitud ante el Poder Ejecutivo del Estado, para que a cuenta del Municipio, realice el pago de la cantidad adeudada al accionante, con cargo a las participaciones que en ingresos federales le corresponda; y será intermediario entre el Municipio y la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, para subsanar en el ámbito de sus facultades, las trabas que pudieran generarse para lograr el cometido. El Cabildo del Municipio demandado se encargará de gestionar la solicitud ante el Poder Ejecutivo del Estado, para que con cuenta del Municipio, realice el pago adeudado al accionante con cargo a las participaciones que en ingresos federales le corresponda, y si se requiere de su participación en algún otro trámite, dentro del ámbito de sus facultades, deberá cumplir con lo que le sea requerido. 3. El Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerreo, una vez reciba la petición del Ayuntamiento para que con cuenta del Municipio, realice el pago adeudado, deberá llevar a cabo el trámite correspondiente en breve término, para que se efectúe el pago relativo adeudado. En caso de surgir algún impedimento para cumplir, deberá buscar alguna otra opción para satisfacer lo solicitado. 4. La Gobernadora del Estado de Guerrero, en su carácter de superior jerárquico, tendrá que conminar y supervisar el cumplimiento. 5. Finalmente, el Congreso del Estado de Guerrero, deberá dar respuesta a la solicitud efectuada por el Municipio de Tecoanapa, Guerrero. En consecuencia, al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, aunque suplidos ante la deficiencia de su queja, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal. SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77 fracción II, de la Ley de Amparo (una vez adquiera firmeza la presente sentencia), la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, queda obligada a respetar el derecho fundamental violado, por lo cual deberá: (I). En complemento al proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, pronunciado en el juicio laboral 380/2010, emitir un nuevo acuerdo en donde, siguiendo los lineamientos del presente fallo protector, vincule al cumplimiento del laudo condenatorio a la Gobernadora del Estado; así como al Presidente, Tesorero y Secretario de Finanzas, estos últimos del Municipio demandado y al Congreso del Estado de Guerrero. Con la precisión que, en el auto que emita en cumplimiento a esta sentencia, deberá determinar específicamente cuáles son las obligaciones de cada una de las autoridades vinculadas, así como las acciones que deberán efectuar, dentro del ámbito de sus facultades legales, mismas que se precisaron en la parte final de la presente sentencia; además, con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, en observancia a los artículos 14 y 16 Constitucionales, deberá efectuar los apercibimientos pertinentes." En ese contexto, de lo expuesto con antelación es dable advertir que en el juicio de amparo 519/2020, del propio índice, se analizó lo relativo a la omisión de vincular a las dependencias de gobierno, como fue solicitado por la parte trabajadora. Ante esas circunstancias, resulta inconcuso que el juicio de amparo ****, en que se actúa, es improcedente porque ningún fin practico tendría la concesión del amparo, en razón de que sólo seria para obligar a la responsable a pronunciarse respecto de la promoción de la parte trabajadora en el sentido de vincular al Poder Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y al Congreso del Estado, dentro del expediente laboral 380/2010, de manera que no se concretaría ni representaría algún beneficio para la quejosa, tomando en consideración que ya fue concedido el amparo en un diverso juicio para ese efecto. Además, no debe perderse de vista que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa; para la procedencia del mismo, es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución a la quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación. De manera que, aun admitiendo la demanda de amparo y en un momento dado dictar en forma favorable la sentencia de amparo que se llegare a dictar, físicamente sería imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, de ahí que esté plenamente acreditada la causal de improcedencia invocada; por tanto, lo que procede es desechar de plano la presente demanda en estudio, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, dada la materia del acto reclamado como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que designa, aunado a que se aprecia que el peticionario no es parte patronal. En otro orden, téngaseles señalando correo electrónico y número celular; por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el correo electrónico proporcionado con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. Por otra parte, como lo solicita y de conformidad con la certificación de cuenta se autoriza a **** con nombre de usuario "***", el acceso al expediente electrónico del presente asunto, con fundamento en los artículos 55, 62 y 64 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; por lo que, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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