Mario Talavera Flores

Expediente 441/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
441/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
04/11/2021

Partes del expediente

  • Mario Talavera Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó la negativa del amparo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable, ya que se negó el amparo en este asunto, y el incidente de suspensión de igual manera es depurable, pues se concedió la medida cautelar, por lo que deberá glosarse a este juicio. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Notifíquese, personalmente al quejoso.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese la razón por la que el actuario de la adscripción hace del conocimiento la imposibilidad de notificar a la tercera interesada de iniciales D.V.A la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno dictada en los autos del presente Juicio de Amparo. En tal virtud, ya que en autos no obra diverso domicilio donde pueda practicarse aquella diligencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificarle por medio de lista el proveído de treinta de septiembre de la presente anualidad, así como los autos subsecuentes, aún los de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese.

  3. Principal

    V i s t o para resolver los autos del juicio de amparo 441/2021-VI; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, y remitido el veintiuno de mayo siguiente por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Mario Talavera Flores, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México y otra autoridad, por el acto que se indicará en el considerando segundo. Segundo. Trámite y admisión de la demanda. Por acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, previo desahogo de prevención, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda que registró con el número 441/2021-VI, otorgó la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a las autoridades responsables su informe justificado y fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se celebró el trece de agosto de dos mil veintiuno. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 35 y 37 primer párrafo, de la Ley de Amparo; toda vez que se reclaman actos cuya ejecución tiene lugar dentro del ámbito territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reprochados que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el peticionario de amparo reclama: - El auto de vinculación a proceso de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictado en su contra en la causa de control 308/2021, del índice del Juzgado de Control de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por su probable intervención en el delito de secuestro exprés (en la hipótesis de privación de la libertad, con el propósito de ejecutar el delito de robo), ilícito previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso d), agravado por el artículo 10, fracción I, inciso b), y fracción II, inciso a) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en relación con los diversos numerales 6, 7, 8 y 13, fracción III, del Código Penal Federal, en agravio de la víctima de identidad resguardada D.V.A. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México y el Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, al momento de rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos que se le atribuyen. La certeza de que se habla se corrobora además con las constancias remitidas por la Juez referida en apoyo a su informe con justificación; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que se trata de la reproducción de actuaciones que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. En cuanto a las videograbaciones, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, registro 2004362, página 703, del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Por lo anterior, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por acreditada la existencia de los actos reclamados. Cuarto. Causales de improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo dispone el numeral 62 de la legislación de la materia; sin embargo, las partes no hicieron valer causa de improcedencia ni se advierte de oficio que se actualice alguna de ellas, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. Quinto. Cuestión jurídica de fondo a resolver. A continuación, se examinará la constitucionalidad del acto combatido, sin que para tal efecto sea necesaria la transcripción de los motivos de disenso formulados por la parte agraviada, por no causar perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello. No obstante, debe indicarse que sustancialmente, la parte disconforme aduce que se violan en su perjuicio los numerales 1, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida que: -La responsable no cumplió las formalidades esenciales del procedimiento, esto es el debido proceso, ya que de acuerdo al caudal probatorio, no se sostiene la acusación del ministerio público, ni la conducta que la ley señala como delito. -La responsable no ponderó adecuadamente los datos de prueba y la adecuación del hecho al tipo penal fue incorrecta. -Se violó el principio de presunción de inocencia en su perjuicio. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, aún suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En primer término, resulta necesario verificar si el auto de vinculación a proceso satisface las exigencias a que alude el dispositivo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, se precisa que por cuestión de método y para una mejor comprensión del asunto, al abordar el análisis de los requisitos que debe cumplir el auto de vinculación a proceso impugnado, se dará contestación simultánea a los conceptos de violación que así lo ameriten. Ahora, el numeral constitucional citado, en lo que interesa, establece: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Por su parte, el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone los elementos que debe contener todo auto de vinculación a proceso, a saber: a) Se haya formulado imputación -que el Ministerio Público comunique al imputado frente al Juez de Control que desarrolla una investigación en su contra por determinado hecho o hechos que la ley señala como delito cumpliendo con los requisitos del numeral 311 del citado código adjetivo nacional (hecho que se atribuye con fecha y lugar de comisión, modo de comisión, clasificación jurídica, forma de intervención, calificación jurídica preliminar y nombre del acusador -salvo que sea necesario reservar su identidad-). b) Se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar -previa verificación por parte del juez de que el imputado conoce sus derechos dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer. c) De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, esto es, que existan indicios razonables que así permitan suponerlo. d) Que no se actualice alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Así, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, el artículo en cita señala que deberá contener los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Es decir, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, ya que su objeto es fijar la materia de la investigación y el eventual juicio, para lo cual el Juez de Control debe examinar con grado de razonabilidad, para concluir si se justifican o no el hecho ilícito y la probabilidad en la comisión o participación del imputado, para lo cual se basa en los datos que aporten las partes y no propiamente en pruebas. Ahora, de la reproducción de los discos ópticos remitidos por la Juez responsable, relativos a la causa de control 308/2021 de la que deriva el acto reclamado, se advierte que, posterior a la individualización de los intervinientes, a la lectura de los derechos constitucionales de los imputados y a la designación y protesta del cargo de los defensores, se llevó a cabo la formulación de imputación por parte de la fiscalía investigadora, entre otros, contra Mario Talavera Flores, por el hecho delictuoso de secuestro exprés (en la hipótesis de privación de la libertad, con el propósito de ejecutar el delito de robo), ilícito previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso d), agravado por el artículo 10, fracción I, inciso b), y fracción II, inciso a) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en relación con los diversos numerales 6, 7, 8 y 13, fracción III, del Código Penal Federal, en agravio de la víctima de identidad resguardada D.V.A.. Ahora, de la interpretación sistemática constitucional y legal se advierte que el auto de vinculación a proceso debe satisfacer los requisitos de orden formal y material, que a continuación se enlistan: a) El delito que se impute al indiciado; b) El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; c) Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; d) La decisión se deberá emitir dentro de las setenta y dos horas siguientes a que el imputado sea puesto a su disposición; o su duplicidad de haberse solicitado. Además, para emitir el auto de vinculación a proceso resulta indispensable que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo. En relación con el primer requisito relativo a que la resolución precise el delito que se imputa al indiciado; en el caso, se ve colmado, pues, como se advierte, el ilícito por el cual se investiga es secuestro exprés (en la hipótesis de privación de la libertad, con el propósito de ejecutar el delito de robo), ilícito previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso d), agravado por el artículo 10, fracción I, inciso b), y fracción II, inciso a) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en relación con los diversos numerales 6, 7, 8 y 13, fracción III, del Código Penal Federal, en agravio de la víctima de identidad resguardada D.V.A. En cuanto al segundo de los requisitos, como se aprecia de la resolución reclamada, se estableció que el ilícito en comento tuvo su origen el día veintidós de agosto de dos mil diecinueve, cuando a las trece horas con veinte minutos, se encontraba la víctima de iniciales D.V.A., justamente a las afueras de su taller ubicado en calle San Pedro, esquina con calle Sur 8, colonia San Agustín, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en donde tenía a las afueras de ese lugar su vehículo que estaba a la venta, este siendo un vehículo de la marca Dodge, tipo Avenger, color blanco, con placas MTN4998, modelo dos mil ocho (2008), que tenía un signo de pesos. Momento en el que arriba de una camioneta marca Ford, Explorer, color negra, descendió quien ahora responde al nombre de Ortega Rodríguez Ángel César, quien se hizo pasar como un supuesto comprador, acompañado de una persona del sexo femenino, quien le manifestó que se encontraba interesado en comprar el vehículo, solicitando si le podía mostrar los documentos, por lo que la víctima con la intención de vender su vehículo le hizo entrega de la factura, tarjeta de circulación, y algunos pagos de tenencias anteriores, por lo cual se percata que Ángel César se hacía señas con un tercer sujeto que no había bajado de la camioneta tipo Explorer, y que después reconoció con el nombre de Fernando Hernández Díaz, después de unos minutos una segunda camioneta de la marca Ford, tipo pick up, F150, color blanca, con placas de circulación MRR8408, que venía tripulada por el piloto, Talavera Flores Mario a quien así lo reconoció posteriormente y como copiloto Corona Martínez Efraín, y sentada en la parte posterior de esa camioneta venía una persona del sexo femenino, que descienden de esa camioneta y en ese momento llega una tercer camioneta de la marca Mitsubishi, de color blanco, donde venían dos sujetos armados a quien le reconoció con el nombre de un diverso, y del lado del copiloto que Becerril Manzano Ricardo, quienes descienden de la camioneta y se dirigieron hacia la víctima, siendo esa persona que aún no se cuenta con su presencia quien se acerca a la víctima y le indica que si todo estaba bien, por lo que le manifiesta que estaba platicando con esas personas para la posible venta de su vehículo, es por lo que en ese momento le indica que los documentos ya le habían sido entregados a Ángel César, diciendo que el señor de identidad aún no conocida, revisa esos documentos y le indican que sus documentos estaban mal y que tendrían que ir a OCRA, ya que tenía reporte de robo. Es así que el sujeto de nombre Ricardo Becerril Manzano y una persona del sexo femenino en todo momento vigilaban a la víctima y que esa persona del sexo femenino se puso al lado del vehículo Avenger, y que la reconocía porque se reía con él o de él, por lo que después de unos minutos, ese comandante que se refiere aún no ha sido presentado, le sigue diciendo a la víctima que efectivamente, ese vehículo era robado, por lo que el oficial Mario Talavera Flores, lo sube a la camioneta de placas de circulación MRR8404, sentándolo en los asientos posteriores de ese vehículo de doble cabina, sentándolo en medio, por lo que de su lado izquierdo arriba Fernando Hernández Díaz, y de su lado derecho Efraín Martínez Corona, mientras que Mario Talavera Flores se sube en el asiento del conductor, observando la víctima que se sube del lado del conductor de su vehículo Ricardo Becerril Manzano, y es quien iba hasta enfrente del convoy, para dirigirse a las oficinas de OCRA, estas ubicadas en Avenida Central, Carlos Hank González, sin número, Jardines de Morelos, quinta sección, Ecatepec de Morelos, Estado de México. En el trayecto el oficial Efraín Corona Martínez le cuestionó si traía dinero y a qué se dedicaba, repitiéndoselo en varias ocasiones, asimismo, durante el camino a OCRA, le pasaron al denunciante un teléfono, percatándose de y reconociendo la voz de esa persona que aún no ha sido detenida y lo sabe y reconoce ya que tiene la voz ronca, y que éste le indica a la víctima que se iba a chingar porque el coche tenía problemas que fuera viendo como le iba a hacer o le fuera juntando porque ni con veinte mil ni con treinta mil pesos la iba a hacer". Posteriormente, en una segunda ocasión, le vuelven a pasar nuevamente el teléfono y era la misma persona que le dijo que se arreglara con el que iba manejando, es decir, con Mario Talavera Flores, por lo que metros más adelante detienen la marcha de las camionetas, siendo ese oficial que aún no ha sido detenido quien le indica que cómo le iban a hacer y lo cuestiona sobre sus datos personales y familiares y que cosas tenía para dárselas a cambio de dejarlo ir, manifestando la víctima que no tenía nada, que su vehículo estaba bien, es como siguen la marcha, es así que al llegar antes de las oficinas de OCRA, específicamente al exterior lo bajan, ya que para esto, desde el lugar donde lo privaron de su libertad hasta ese momento, ya había transcurrido aproximadamente una hora, agregando que durante el camino no dejaban de amenazarlo, entre ellos Hernández Díaz Fernando, era una persona que durante el recorrido y una vez que estaban afuera de las instalaciones de OCRA, le decía a la víctima que consiguiera dinero para que lo soltaran y que cuánto dinero les podía juntar para que lo dejaran en libertad, asimismo, indica Efraín Corona Martínez, estando afuera de las instalaciones de OCRA, insistía al denunciante de cómo iba a conseguir dinero, por lo que lo tuvieron privado de su libertad, aproximadamente una hora, insistiéndole en todo momento que juntara dinero para no presentarlo al Ministerio Público de OCRA. Posteriormente, se percata que entra una llamada al celular de Mario Talavera Flores, quien segundos después le entrega el teléfono a la víctima y le dice que le hablan, contestando esta víctima, y se percata nuevamente que es el comandante cuya detención no ha sido lograda, lo reconoce de inmediato y nuevamente este le indica que su vehículo tenía reporte de robo que cómo le iban a hacer, manifestándole la víctima que no tenía dinero colgando el teléfono, es por lo que Mario Talavera Flores, en su equipo telefónico lo empieza a grabar y le dice que tenía que manifestar sus generales, que lo habían detenido por traer un carro robado, entre otras cosas, por lo que al percatarse que no podía juntar dinero, le dicen que se van a quedar con el vehículo Avenger, color blanco, y es así como le dan cincuenta pesos para un taxi y lo suben diciéndole que lo aborde y que como no les dio dinero le iban a dar chance pero que se quedan con sus documentos y el vehículo de su propiedad. También se advierte que el auto de vinculación a proceso se dictó en el tiempo exigido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el ahora quejoso fue puesto a disposición de la autoridad judicial el veintitrés de abril de dos mil veinte y su situación jurídica se resolvió dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas siguientes, esto es, el veintiocho de abril del año próximo pasado, es decir, dentro del término constitucional duplicado, por así haberlo solicitado la defensa del imputado. Asimismo, consta en la causa de control de la que deriva el acto reclamado, concretamente en la audiencia inicial que el inculpado, hoy quejoso, previo asesoramiento con su defensa, expresó su deseo de guardar silencio y no rendir declaración en relación con los hechos imputados. Respecto a los requisitos consistentes en que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, la juez de control responsable al emitir el auto de vinculación a proceso en la causa de control 308/2021, estimó configurado el hecho delictuoso ya señalado con los siguientes datos de prueba: 1. Entrevista de la víctima de iniciales D.V.A. de veintidós de agosto de dos mil diecinueve. 2. Impresión de REPUVE de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. 3. Entrevista de Alberto Mislam Valdez, de seis de septiembre de dos mil diecinueve. 4. Entrevista de Antonio Juárez Martínez, de seis de septiembre de dos mil diecinueve. 5. Entrevista del testigo circunstancial José de Jesús Avilés Hernández. 6. Entrevista del testigo circunstancial José Rodrigo García Nolasco. 7. Descripción de los lugares en que se desarrollaron los hechos de "siete de agosto de dos mil diecinueve" practicada por la policía de investigación Citlali Sarai Guerrero. 8. Ampliación de entrevista del denunciante D.V.A, de siete de noviembre de dos mil diecinueve. 9. Oficio DSPYT/JA/9674/12/2019 de tres de diciembre de dos mil diecinueve, suscrito por el Subdirector Jurídico Administrativo de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec, Estado de México. 10. Oficio DSPYT/JA/220/01/2020 de veinte de enero de dos mil veinte, firmado por el Subdirector Jurídico Administrativo de Seguridad Pública y Tránsito. 11. Oficio 41010323T/080/2020 de veintinueve de enero de dos mil veinte, signado por el Fiscal Especializado Licenciado Uriel Piña Hernández. 12. Oficio DSPYT/JA/1320/02/2020 de veintiuno de febrero del año dos mil veinte también suscrito por el Subdirector Jurídico Administrativo de Seguridad Pública y Tránsito. 13. Oficio número DA/SRA/DDP/1210/2020 de fecha veintinueve de junio del año dos mil veinte signado por el Director de Administración Roberto Jesús Patiño Méndez. 14. Oficio marcado con el número DSPYT/JA/42/4908/2020 de veinte de agosto del año dos mil veinte suscrito por el Subdirector Jurídico Administrativo de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec. 15. Comparecencia de la víctima de veintisiete de agosto del año dos mil diecinueve. 16. Inspección realizada por la policía de investigación Tania Ramírez Rodríguez quien al inspeccionar el CD de la marca Sony con capacidad de 700 mega bytes, color plata advirtió 29 archivos en su mayoría imágenes. 17. Oficio número 400LG8000/2779/2021 de veinticuatro de febrero del año dos mil veintiuno, signado por el Encargado de la Unidad de gestión de información de vehículos 18. Diligencia de reconocimiento por fotografía de nueve de septiembre de dos mil veinte. 19. Inspecciones de las videograbaciones practicadas por Tania Ramírez Rodríguez de veintiocho de agosto del año dos mil veinte, respecto del dispositivo de almacenamiento tipo CD-R de la marca Verbatim con capacidad de 70 mega bytes de color plata el cual contiene 55 archivos. 20. Inspección realizada por la policía de investigación Tania Ramírez Rodríguez de veintinueve de mayo del año dos mil veinte respecto de un DVD de la marca Sony color gris. En ese contexto, los datos probatorios, analizados y apreciados de acuerdo con las reglas de valoración de la prueba en términos de los numerales 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y atendiendo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, en el caso a estudio, como lo sostuvo la juez responsable, resultan idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que el día veintidós de agosto de dos mil diecinueve, a las trece horas con veinte minutos, se encontraba la víctima de iniciales D.V.A., a las afueras de su taller ubicado en calle San Pedro, esquina con calle Sur 8, colonia San Agustín, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en donde tenía su vehículo el cual tenía en venta, siendo un auto de la marca Dodge, tipo Avenger, color blanco, con placas MTN4998, modelo dos mil ocho (2008), que tenía un signo de pesos. Que en ese momento arribó una camioneta marca Ford, Explorer, color negra y descendió quien ahora responde al nombre de Ortega Rodríguez Ángel César, quien se hizo pasar como un supuesto comprador, acompañado de una persona del sexo femenino, quien le manifestó que se encontraba interesado en comprar el vehículo, solicitando si le podía mostrar los documentos, por lo que la víctima con la intención de vender su vehículo le hizo entrega de la factura, tarjeta de circulación, y algunos pagos de tenencias anteriores, por lo cual se percata que Ángel César se hacía señas con un tercer sujeto que no había bajado de la camioneta tipo Explorer, y que después reconoció con el nombre de Fernando Hernández Díaz, indica que después de unos minutos una segunda camioneta de la marca Ford, tipo pick up, F150, color blanca, con placas de circulación MRR8408, la que venía tripulada por el piloto, Talavera Flores Mario y como copiloto Corona Martínez Efraín, y que sentada en la parte posterior de esa camioneta venía una persona del sexo femenino, que descienden de esa camioneta y en ese momento llega una tercer camioneta de la marca Mitsubishi, de color blanco, donde venían dos sujetos armados a quien reconoció con el nombre de un diverso elemento y como copiloto Becerril Manzano Ricardo, quienes descienden y se dirigen hacia la víctima. Posteriormente, que la persona que aún no se encuentra detenida se acercó y le preguntó a la víctima si todo estaba bien, contestando la víctima que estaba platicando con las personas para la posible venta de su vehículo, indicándole que había hecho entrega de los documentos a Ángel César, por lo que el elemento de identidad aún no conocida revisa los papeles y le indican que estaban mal por lo que tendrían que ir a OCRA, ya que tenía reporte de robo. Mientras tanto, el sujeto de nombre Ricardo Becerril Manzano y una persona del sexo femenino en todo momento le vigilaban, mientras que la persona del sexo femenino se posicionó a un lado del vehículo Avenger, a quien reconoce porque se reía con él o de él, por lo que después de unos minutos el comandante que aún no ha sido presentado, le dice a la víctima que efectivamente, ese vehículo era robado, por lo que el oficial Mario Talavera Flores, lo sube a la camioneta de placas de circulación MRR8404, sentándolo en los asientos posteriores en la parte de en medio, a su lado izquierdo ingresó Fernando Hernández Díaz, y en el derecho Efraín Martínez Corona, mientras que Mario Talavera Flores se sube en el asiento del conductor, observando la víctima que se sube del lado del conductor de su vehículo Ricardo Becerril Manzano, y es quien iba hasta enfrente del convoy, para dirigirse a las oficinas de OCRA, estas ubicadas en Avenida Central, Carlos Hank González, sin número, Jardines de Morelos, quinta sección, Ecatepec de Morelos, Estado de México, que en el trayecto el oficial Efraín Corona Martínez le cuestiona si traía dinero y a qué se dedicaba, repitiéndoselo en varias ocasiones, asimismo, durante el camino a OCRA, le pasaron al denunciante un teléfono, percatándose y reconociendo la voz de la persona que aún no ha sido detenida, quien le indica que se iba a chingar porque el coche tenía problemas, que fuera viendo como le iba a hacer o le fuera juntando porque ni con veinte mil ni con treinta mil pesos la iba a hacer. Posteriormente, en una segunda ocasión, le vuelven a pasar el teléfono, siendo la misma persona, quien le dijo que se arreglara con el que iba manejando, es decir, con Mario Talavera Flores, por lo que metros más adelante detienen la marcha de las camionetas, siendo el oficial que aún no ha sido detenido quien le indica que cómo le iban a hacer y lo cuestiona sobre sus datos personales y familiares y qué cosas tenía para dárselas a cambio de dejarlo ir, manifestando la víctima que no tenía nada, que su vehículo estaba bien, es como siguen la marcha, es así que al llegar antes de las oficinas de OCRA, específicamente al exterior lo bajan, siendo que desde el lugar donde lo privaron de su libertad hasta ese momento, ya había transcurrido aproximadamente una hora, agregando que durante el camino no dejaban de amenazarlo, entre ellos Hernández Díaz Fernando, quien durante el recorrido y una vez que estaban afuera de las instalaciones de OCRA, le decía a la víctima que consiguiera dinero para que lo soltaran y que cuánto dinero les podía juntar para que lo dejaran en libertad, asimismo, indica Efraín Corona Martínez, estando afuera de las instalaciones de OCRA, insistía al denunciante de cómo iba a conseguir dinero, por lo que lo tuvieron privado de su libertad, aproximadamente una hora, insistiéndole en todo momento que juntara dinero para no presentarlo al Ministerio Público de OCRA. Luego, se percata que entra una llamada al celular de Mario Talavera Flores, quien segundos después le entrega el teléfono a la víctima y se percata que es el comandante cuya detención no ha sido lograda y nuevamente le indica que su vehículo tenía reporte de robo que cómo le iban a hacer, manifestándole la víctima que no tenía dinero colgando el teléfono, es por lo que Mario Talavera Flores, en su equipo telefónico lo empieza a grabar y le dice que tenía que manifestar sus generales y que lo habían detenido por traer un carro robado, entre otras cosas, por lo que al percatarse que no podía juntar dinero, le dicen que se van a quedar con el vehículo Avenger y es así como le dan cincuenta pesos para un taxi y lo suben diciéndole que lo aborde y que como no les dio dinero le iban a dar chance pero que se quedan con sus documentos y el vehículo de su propiedad. Con ello, se estima que fue correcto que la juez responsable tuviera por conculcado el bien jurídicamente protegido por la ley, consistente en la libertad y la seguridad de las personas, así como la probabilidad de que el imputado, hoy quejoso y otras personas, intervinieron en los hechos delictuosos en examen. Lo que se obtiene de los datos de prueba que tomó en cuenta la juez responsable para dictar el auto de vinculación a proceso, de los que se advierte la posible participación, entre otros, del hoy quejoso en el hecho delictuoso; de ahí que en concepto de quien esto juzga, la resolución en estudio satisface las formalidades exigidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se verá enseguida. En ese sentido, la suscrita estima acertada la decisión de la juez de control responsable acerca de que existen datos que establecen que se cometió el hecho delictuoso de secuestro exprés (en la hipótesis de privación de la libertad, con el propósito de ejecutar el delito de robo), ilícito previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso d), agravado por el artículo 10, fracción I, inciso b), y fracción II, inciso a) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en relación con los diversos numerales 6, 7, 8 y 13, fracción III, del Código Penal Federal, en agravio de la víctima de identidad resguardada D.V.A., para cuya comprobación como datos de prueba existen, como se reseñó, (1) la entrevista del denunciante, quien resintió personalmente los hechos referidos en párrafos que preceden, y quien narra de propia voz lo acontecido, esto es, el lugar, el momento y la forma en que ocurrió el evento de la privación de la libertad y el desapoderamiento del vehículo. Lo anterior, se robustece también con las entrevistas tanto de los testigos presenciales (2) Alberto Mislam Valdez, y (3) Antonio Juárez Martínez, como de los circunstanciales (4) José de Jesús Avilés Hernández y (5) José Rodrigo García Nolasco, ambas de seis de septiembre de dos mil diecinueve. Los primeros atestes dieron cuenta de la manera en que los sujetos activos procedieron a ejecutar los actos tildados de ilícitos, atesto que es idóneo pues refieren ser compañeros de trabajo del denunciante y haber presenciado los hechos materia de investigación, además da certeza de la existencia material del vehículo robado, así como de que éste era propiedad de la víctima y que además se encontraba en venta. Lo que adquiere mayor solidez con el testimonio de los atestes circunstanciales que, si bien no presenciaron los hechos, dan mayor certeza tanto de lo narrado por la víctima, por haber escuchado de su voz los hechos, así como de la existencia del vehículo, de la propiedad del denunciante sobre éste, así como de los documentos que la acreditaban. De igual manera, abona a lo anterior, la (6) descripción del lugar de los hechos, llevada a cabo por la agente Citlali Sarai Guerrero, que si bien se encuentra fechada el siete de agosto de dos mil diecinueve, resulta patente que se trata de un error mecanográfico, pues la realización de la diligencia fue solicitada con fecha posterior, lo que fue posible acreditarlo con las constancias que obran en la causa de control, y de la que se advierten los lugares en el que se desarrollaron los hechos, así como la ruta que tomaron las camionetas el día de los hechos, lo que concuerda con lo narrado por el denunciante, y permite corroborar la existencia y características de los lugares en que acontecieron los hechos, así como la dinámica de estos. Por otra parte, tomó en cuenta la (7) ampliación de entrevista por parte del denunciante, en la que informó a la autoridad investigadora que un vecino de la colonia donde trabaja, quien solicitó la confidencialidad de su identidad, le informó que quienes le habían detenido eran policías municipales de Ecatepec y le dio el apellido de uno de ellos; con ello, la autoridad investigadora reencausó la investigación y obtuvo (8) el oficio DSPYT/JA/9674/12/2019 de tres de diciembre del año dos mil diecinueve, suscrito por el Subdirector Jurídico Administrativo de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec, Estado de México, con el que informó que la unidad marcada con el número placa de circulación MRR8408, pertenece al parque vehicular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, y que se encuentra asignada a la Coordinación de Investigación. De igual forma, informó que dicho vehículo había sido tripulado en el horario y día en que acontecieron los hechos, por los elementos Talavera Flores Mario y Cepeda Saavedra Sara Abigail, remitiendo las fichas personales, la fatiga de servicio de dichos servidores públicos, así como un álbum fotográfico de forma impresa con los nombres de los elementos que se encuentran asignados a la Coordinación de Investigaciones Recuperación de Vehículos, las listas de asistencia del día de los hechos de la Coordinación de Investigación de la Dirección Pública y Tránsito de Ecatepec, dónde quedó patente la existencia de los imputados Becerril Manzano Ricardo, Corona Martínez Efraín, Hernández Díaz Fernando, Ortega Rodríguez Ángel César así como Talavera Flores Mario, e incluso que la unidad encomendada lo era la Fiscalía 8408. Asimismo, se obtuvo el diverso (9) DSPYT/JA/220/01/2020 de veinte de enero del año dos mil veinte, suscrito por el Subdirector Jurídico Administrativo de Seguridad Pública y Tránsito del que se advierte que los encargados de la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos lo son una persona que no se encuentra en este momento así como él, incluso remite la ficha de esta persona acreditando con ello que es empleado adscrito a esa Dirección con la categoría de Coordinador. De igual manera, el (10) oficio 41010323T/080/2020 de veintinueve de enero del año dos mil veinte, suscrito por el Fiscal Especializado Licenciado Uriel Piña Hernández, con el que comunica que el vehículo relacionado con el evento no fue puesto a disposición de esa autoridad. Igualmente, (11) el oficio DSPYT/JA/1320/02/2020 de veintiuno de febrero del año dos mil veinte, del Subdirector Jurídico Administrativo de Seguridad Pública y Tránsito, por medio del cual remite las fatigas de asistencia de la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos, así como las fichas de identificación personal con fotografía y último domicilio proporcionado por los elementos siguientes, así como la categoría de cada uno de ellos: Ángel Ortega Rodríguez quien tenía la categoría de policía sector o cuadrante Coordinación de Investigación, Fernando Hernández Díaz con categoría de policía sector o cuadrante Coordinación de Investigación, Mario Talavera Flores tenía una categoría de policía sector o cuadrante 16, Efraín Corona Martínez con la categoría de policía sector cuadrante Coordinación de Investigación y Ricardo Becerril Manzano tenía una categoría de policía tercero sector o cuadrante 60. El (12) oficio DA/SRA/DDP/1210/2020 de fecha veintinueve de junio del año dos mil veinte signado por el Director de Administración Roberto Jesús Patiño Méndez quién remite la ficha de identificación de una diversa persona aún no detenida. El (13) oficio marcado con el número DSPYT/JA/42/4908/2020 de veinte de agosto del año dos mil veinte, del Subdirector Jurídico Administrativo de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec, con el que remite copia certificada del parte de novedades de la Coordinación de Investigación de Vehículos del día veintidós y veintitrés de agosto del año dos mil diecinueve. Oficios lo anteriores, con los que atinadamente la juzgadora de control corrobora la conducta que se atribuye a los investigados, pues con la información que le fue allegada, da cuenta del origen del vehículo que participó de placas MRR8408 en los hechos, así como que éste sí pertenece a la corporación policiaca señalada y que se encontraba designado en la hora y fecha de los hechos al investigado -ahora quejoso- Mario Talavera Flores, de igual forma, con ello pudo corroborar que en el día de los hechos los demás investigados sí asistieron a trabajar a dicha dirección. También se suma la (14) comparecencia de la víctima de veintisiete de agosto del año dos mil diecinueve, en la que exhibe un comprobante de verificación vehicular, un formato universal de pago por concepto de tenencia y una póliza de seguro relativas al automóvil con placas de circulación MTN4998, lo que contribuye a acreditar la existencia objetiva del vehículo, así como su propiedad, lo concatenado con la inspección llevada a cabo por la policía de investigación Tania Ramírez Rodríguez, respecto del CD de la marca Sony con capacidad de 700 mega bytes, color plata advirtió 29 archivos en su mayoría imágenes donde se observa el vehículo desde diversos ángulos, así como diversas partes de él antes de que acontecieran los hechos. También se tomó en consideración (15) el oficio 400LG8000/2779/2021 de veinticuatro de febrero del año en curso, por medio del cual el Encargado de la Unidad de gestión de información de vehículos hace patente que al realizar una búsqueda hasta el día veinticuatro de febrero del año dos mil veintiuno, siendo las veintitrés horas con un minuto, dentro del Registro Estatal de vehículos robados y recuperados así como del Sistema Nacional de vehículos robados y recuperados no existía reporte de robo respecto del vehículo de la marca Dodge, tipo Avenger, con placa de circulación MTN4998. Por ende se advierte a todas luces que el vehículo propiedad de la víctima no tenía reporte de robo al momento de acontecer el evento, lo que da pie a tener por acreditada la intención de los imputados de engañar a la víctima sobre ello, privarlo de la libertad y presionarlo con la finalidad de que les entregara una cantidad de dinero y al no poder hacerlo, le desapoderaron del vehículo y de los documentos relativos, sin que éste fuera puesto a disposición de la autoridad de recuperación de vehículos, tal como se refirió anteriormente. Ahora bien, respecto a la (15) diligencia de reconocimiento por fotografía en la cual interviniera la víctima de iniciales D.V.A., de nueve de septiembre de dos mil veinte, ésta se llevó a cabo por un Agente del Ministerio Público distinto al encargado de la Carpeta (Licenciado Mario Eduardo Escobar Zavala), por lo que la juez correctamente consideró colmado el primero de los requisitos del artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, asimismo, se cumplió con el requisito consistente en colocar diversas fotografías con diferentes sujetos de similares características a los investigados, de dónde se desprende que la víctima al tener treinta y cuatro imágenes fotográficas de diversas personas, señaló específicamente a los hoy investigados, quienes resultan ser los que se encontraban en servicio el día de los hechos de acuerdo con las listas de asistencia. Ante ello, resulta infundado el argumento del quejoso en el sentido de que la diligencia no se debió llevar a cabo por medio de fotografías, sino que se debió citar personalmente a los investigados, así como el hecho de que en las fotografías también se encontraran personas de sexo femenino y que no hayan sido fotografías de personas con rasgos similares a él, dado que, como de forma correcta lo refirió la juez responsable, no resultaba viable para los fines de la investigación citar directamente a los investigados a una diligencia de reconocimiento, ya que esto los pondría en alerta e incluso podrían sustraerse de la acción de la justicia, comprometiendo así la investigación, asimismo, que no es materialmente posible encontrar a personas idénticas ni de rasgos totalmente parecidos, aunado a que las imágenes fueron proporcionadas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, y finalmente, que también intervinieron mujeres en el hecho delictivo, tal como lo narro la víctima en su entrevista, lo que justifica el por qué había fotografías de mujeres,. Sin embargo, no debe soslayarse el hecho de que el denunciante reconoció, de entre treinta y cuatro fotografías específicamente a los intervinientes en el hecho delictivo y describió la actividad que llevó a cabo cada uno de ellos, lo que otorga mayor credibilidad a su denuncia y, a su vez, acredita el grado de probable intervención de cada uno de ellos, por lo que la juez responsable atinadamente reconoció valor probatorio a la diligencia de que se trata. Lo anterior, adminiculado con las (16) inspecciones de las videograbaciones practicadas con Tania Ramírez Rodríguez el veintiocho de agosto del año dos mil veinte, respecto del dispositivo de almacenamiento tipo CD-R de la marca Verbatim con capacidad de 70 mega bytes de color plata el cual contiene 55 archivos, del cual, entre otros, apreció un video en el que se ve un predio delimitado por una malla ciclónica, una calle con una persona del sexo femenino la cual viste playera negra con un tipo de estampado, pantalón de mezclilla color azul en la parte frontal de un vehículo tipo camioneta en la parrilla se aprecia una luz en color azul con características similares a las luces que portan los vehículos oficiales y con placas de circulación MRR8408; también señala que se aprecia uno diverso con duración de veintiocho segundos en la cual se lleva a cabo en el interior de un vehículo se observa el volante, el tacómetro y se observan las características de dicho vehículo. De igual forma apreció una videograbación con una duración de aproximadamente treinta y un segundos observándose un vehículo de la marca Chrysler en color blanco con terminación de placas 4998, acto seguido gira esa grabación hacia la izquierda apreciando un sujeto del sexo masculino de entre cuarenta y siete y cincuenta y siete años de edad, tez morena, forma de cara cuadrada, cabello y frente no visible portar accesorios tipo gorra color azul marino con letras bordadas en color blanco que decían "Nike" una flecha en color blanco en la parte inferior izquierda y se aprecia también que viste una chamarra en color naranja con detalles en color negro continuando la grabación por varias partes del taller y finalmente se apreció el vehículo motivo del presente asunto. Así también se realizó una (17) inspección más por esa misma policía el veintinueve de mayo del año dos mil veinte, respecto de un DVD de la marca Sony color gris de donde se advierte que se observa una calle en donde se aprecia un vehículo de la marca Ford color blanco con placas de circulación MRR8408, misma que cuenta en el área de la parrilla con códigos que aprenden de manera intermitente en color rojo y azul, asimismo en la banqueta del lado contrario se encuentra que cruzan dos personas, una del sexo masculino y otra del sexo femenino, la videograbación da un giro corto hacia la izquierda en donde se aprecian dos vehículos siendo el primero de color blanco mismo que se encuentra estacionado sobre la banqueta en el asiento del conductor se aprecia una persona, en el vidrio de la puerta trasera se alcanza apreciar la leyenda "2008" y posterior a este unos números que no se alcanzan a distinguir, sobre la calle se aprecia una camioneta en color blanco así como una persona del sexo masculino que cruza por delante de este vehículo que en su mano derecha trae unos documentos el cual sube al vehículo. Asimismo, se aprecia que la primera camioneta con placas de circulación MRR8408 comienza a marchar en reversa por lo cual se aprecia una camioneta en color negro, en el minuto treinta y cuatro la cámara gira hacia la izquierda se aprecia que la camioneta blanca donde abordo la persona del sexo masculino y de igual forma comienza a marchar de reversa y hace referencia a los momentos de la videograbación y se aprecia la ubicación de la camioneta con un número de placas MRR8408 sin poder referir mayores datos, se advierte también de esa inspección la presencia de diversas camionetas siendo en total tres; dichas inspecciones resultan idóneas y pertinentes para corroborar la ubicación de la unidad MRR8408 así como el arribo de una persona con documentos, así como la presencia de una camioneta color negra y dos blancas, siendo un total de tres camionetas y la presencia de varios sujetos del sexo masculino justamente en el lugar donde acontece el evento y lo cual evidentemente corresponde con la narración que verte la víctima. Así, de un examen de los datos de prueba relatados conforme a un grado de razonabilidad, analizados por la juez responsable atento a la narración que de ellos le expuso la fiscal, permiten arribar a la conclusión que, como lo dijo, son idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para justificar la actualización de un hecho circunstanciado delictivo. Ahora, las modificativas agravantes de haberse cometido por dos o más personas (artículo 10, fracción I, inciso b) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro) y que el o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo (artículo 10, fracción II, inciso a) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro); la juez responsable correctamente las tuvo por acreditadas con la conducta atribuida a los imputados, entre ellos el aquí quejoso, que se hizo consistir en los hechos expuestos por la víctima y de las grabaciones a que ya se ha hecho alusión, así como por los testigos presenciales de los hechos, quienes fueron coincidentes en precisar que diversos elementos policiacos llegaron a las afueras del taller en que trabajaba, luego de que la víctima se encontrara dando informes respecto a la venta de su auto a un supuesto comprador, mismos elementos que se lo llevaron, en su carácter de elementos de policía, supuestamente a las oficinas de OCRA, privándolo de su libertad de tránsito durante al menos una hora, argumentando falsamente que el vehículo de su propiedad tenía un reporte de robo, para finalmente despojarlo de él. Actos que evidentemente consideró como privativos de la libertad y como un medio para desapoderarlo del vehículo de su propiedad, puesto que éste no les dio el numerario que ellos pretendían obtener por su liberación, por lo cual lograron apoderarse del vehículo y de los papeles de propiedad de éste. Asimismo, acertadamente la juez responsable tuvo por acreditada la pertenencia de los investigados a una institución de seguridad pública derivado de los oficios a través de los cuales se le remitieron las fichas de identificación de estos, las listas de asistencia y último domicilio de cada uno de los elementos, así como el grado que ostentaba cada uno de ellos. En cuanto a la probable intervención del hoy quejoso en la comisión de los ilícitos atribuidos, de los datos de prueba relatados se advierten circunstancias que revelan la participación de aproximadamente ocho sujetos, entre ellos Mario Talavera Flores, quien se encontraba encargado del vehículo policial que intervino en los hechos y que se encuentra identificado y que además ejecutó actos con el ánimo de presionar a la víctima para que pagara el numerario que le exigían, pues el sujeto pasivo, no dio su consentimiento para que se apropiaran de su vehículo, tan es así que presentó la denuncia correspondiente. Así, se estima correcto que en el acto reclamado se haya tenido por demostrada la probable intervención de los sujetos activos del delito, entre ellos el aquí quejoso, también con los mismos elementos de prueba reseñados que sirvieron para justificar el hecho ilícito, pues ello no contraviene disposición alguna, porque aun cuando delito y responsabilidad penal son conceptos disímiles, ya que el primero se refiere a cuestiones impersonales relativas a la materialización de una conducta con relevancia penal, independientemente de su autoría, y el segundo tiene como esencia verificar la viabilidad de atribuir un hecho a una persona determinada, lo cierto es que un mismo medio de convicción puede acreditar ambos extremos, ya que por un lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y, por otro, atribuir la comisión del suceso a un sujeto específico. Sin que le asista la razón al quejoso en el sentido de que la autoridad violó los lineamientos necesarios para el dictado del auto de vinculación a proceso, pues -dice- únicamente atendió a la entrevista llevada a cabo con los testigos y con la propia víctima, sin tomar en consideración lo que a su parecer son diversas contradicciones, sin embargo debe decirse que las contradicciones que plantea en su demanda fueron expuestas por la defensa ante la juez de control cuando ésta expresó sus argumentos no vinculatorios, mismas que fueron, a juicio de la suscrita debidamente aclaradas por la fiscal y resueltas por la juez responsable. Sin que, como lo refiere el quejoso, hayan sido los únicos medios de prueba considerados por la juez, puesto que como ya se ha hecho mención en párrafos precedentes, ésta tomó en consideración más datos de prueba, que concatenados entre sí, le permitieron llegar a la conclusión lógica de lo que se afirmó en la denuncia y en las entrevistas señaladas. Bajo ese contexto, debe indicarse que tampoco tiene sustento el motivo de disenso propuesto por el impetrante relativo a que la determinación reclamada viola en su perjuicio el derecho a la presunción de inocencia en razón que el juzgador debe analizar todos los datos de prueba y en el caso, únicamente atendió a los datos de cargo, sin tomar en cuenta los lineamientos establecidos en la constitución y en los tratados internacionales. Es así, ya que como se ha señalado antes, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para dictar el auto de vinculación a proceso puede ser dictado si de los antecedentes de la investigación se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, siendo que debe efectuarse dicho análisis de forma razonable. De lo que se obtiene que el auto de vinculación no exige que se acredite fehacientemente la participación y responsabilidad, sino únicamente que existan datos que hagan razonablemente probable la participación del investigado, ahora bien, de los datos de prueba que ofreció la fiscalía, se desprende que el auto de vinculación a proceso se encuentra suficientemente apoyado en los datos aportados y que obran en la carpeta de investigación, sobrepasando así el estándar probatorio establecido por el numeral citado, sin que el quejoso o su defensa hayan incorporado medio de prueba alguno en la audiencia inicial o su continuación, solicitado el auxilio judicial para llevar a cabo diligencia alguna o bien de los datos de pruebas y argumentos incorporados en la audiencia, se desprenda algún dato que desvanezca los ofertados, por lo cual el auto de vinculación fue dictado con los elementos que le fueron aportados a la juez responsable, sin que se desprenda una determinación arbitraria o irracional, por los motivos que se han expuesto a lo largo de la sentencia. Además, con los datos de prueba reseñados por la juez responsable, conforme a la exposición que de ellos realizó la fiscal investigadora, se advierte que la forma de intervención del inculpado, hoy quejoso, así como los elementos que configuraron el hecho que la ley señala como delito, pues si bien, también expuso la defensa del quejoso que consideraba que debía dictarse auto de vinculación a proceso por diverso ilícito y no por el que se investiga, lo cierto es que no indicó qué delito consideraba se configuraba, ni la juez advirtió que se actualizara diverso ilícito diverso al propuesto por la fiscalía, lo que como se dijo, fue correcto, sin que ello le produzca una afectación de imposible reparación ya que la reclasificación del delito puede llevarse a cabo de manera posterior (artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales) y previo al dictado de la sentencia. Lo que también sucede respecto de la prueba que refiere como ilícita (diligencia de reconocimiento de persona), la cual indica no cumple con los parámetros legales y debe ser excluida, en ese sentido, debe decirse que una vez que se encuentre en la etapa intermedia podrá solicitar la exclusión de los medios de prueba que considere, sobre lo cual se debatirá en el momento respectivo, sin embargo, hasta este momento, se considera acertada la determinación de la juez responsable de tomarla en consideración. Así, los datos de prueba que fueron hechos del conocimiento del juez responsable y que en términos del artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, acertadamente tuvo por idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para establecer razonadamente la probable participación del imputado; es decir, se advierten indicios suficientes para establecer que Mario Talavera Flores y otros sujetos, aproximadamente ocho, probablemente ejecutaron los delitos por los que se le acusó bajo la concurrencia de los elementos cognoscitivo y volitivo, como presupuesto de su actuar ilícito, es decir, su conducta es dolosa al estar consciente de lo que hacían; pues ciertamente, como lo afirmó la juez responsable no se advierte una causa legal de justificación. En congruencia con lo anterior, es evidente que la decisión reclamada se ajusta a la garantía de legalidad, pues la autoridad responsable invocó los preceptos normativos aplicables al caso y expuso pormenorizadamente las razones y motivos que tuvo en consideración para emitir el acto reclamado; además, cabe destacar que en el caso se configuran las hipótesis normativas; razón por la cual, como se dijo, el acto reclamado satisface la garantía de legalidad. Lo anterior, sin soslayar que, de igual forma, los datos de prueba reseñados son jurídicamente aptos y eficaces para sustentar un auto de vinculación a proceso, en términos del artículo 19 constitucional. Así, ante la ausencia de datos de prueba que desvirtúen los expuestos por el agente del Ministerio Público ante el juez de control, es obvio que éstos deben prevalecer. En ese tenor, como quedó demostrado en el contexto de esta sentencia, contrario a lo afirmado por el impetrante del amparo, al dictarse el auto de vinculación a proceso la juez de control atendió a los datos de prueba que fueron referidos por el fiscal investigador, sin que se advirtieran datos objetivos en contrario, por lo cual consideró que hasta ese momento se cumplía con los requisitos establecidos para tal efecto en el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo expuesto se tiene, como se dijo, que ese cuadro procesal permite, objetiva y fundadamente, desprender datos, que por ahora, involucran al hoy quejoso como probable interventor en los hechos que la ley señala como ilícitos y, que desde el punto de vista opuesto, no es dable jurídicamente exonerarlo, de su probable comisión; de tal manera que será en otro momento procesal, cuando con los elementos probatorios que se incorporen al juicio, que permitan, con mayores elementos, efectuar una valoración de las pruebas incriminatorias, y en su caso de descargo, para definir si en el asunto existe reproche penal, o no, respecto de Mario Talavera Flores; ya que, tratándose de auto de vinculación a proceso, basta que los datos convictivos expuestos sirvan de apoyo a la denuncia de hechos que la ley castiga y exista la probabilidad de que el imputado o imputados lo cometieron o participaron en su comisión, para que los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se satisfagan; probabilidad, con grado aproximado a la certeza, no únicamente posibilidad, que, en el caso, conforme a las constancias de autos, se actualiza. Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Mario Talavera Flores, contra el auto de vinculación a proceso de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, en la causa de control 308/2021. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Mario Talavera Flores, por propio derecho contra el acto reclamado y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de esta resolución. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido, a la víctima de iniciales D.V.A y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y mediante oficio a las autoridades responsables y a la agente del ministerio público que interviene en la carpeta administrativa de origen.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio procedente de la Coordinación General de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de once de junio del año en curso, remite copia certificada de la constancia de notificación a la licenciada Karina Espejel Oliva, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, encargada de la carpeta administrativa 308/2021, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se tiene por emplazada al presente juicio de amparo a la tercera interesada antes nombrada. Notifíquese.

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