MARIO SUAREZ ESPINOZA y Otros.
Expediente 71/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 71/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 08/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Mario Suarez Espinoza
- MARIO SUAREZ ESPINOZA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Se declara que el citado auto de veintiocho de febrero de la anualidad en curso ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Sin que resulte óbice a lo anterior, el hecho de que no exista constancia en autos de que la totalidad de las autoridades responsables han quedado notificadas del acuerdo en comento; pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado, lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse sobreseído el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, al encontrarse totalmente concluido el presente asunto, se ordena su archivo definitivo. Debido a que el presente juicio se encuentra concluido, es necesario analizar lo relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. Luego, en atención al contenido del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que el presente juicio de amparo es susceptible de depuración debido a que se concedió la suspensión de plano del acto reclamado y, atendiendo al prudente arbitrio judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo General invocado, se considera que es de relevancia documental.
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda, el telegrama enviado por el Subdirector de lo Contencioso de la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación de la autoridad responsable Presidente de la República, ambos con sede en la Ciudad de México, a través del cual pretende rendir su informe justificado. Lo anterior, sin mayor proveído, toda vez que de autos se desprende que el veintiocho de febrero de la anualidad en curso, se dictó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, dejándose sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de marzo de dos mil veintidós. No obstante lo anterioro, se tiene a dicha responsable por designando como delegados a los profesionistas que menciona en el telegrama de cuenta; y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el mismo. Notifíquese por medio de lista...,
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que Mario Suárez Espinosa y Rosalinda Gurza Jaidar, solicitaron por propio derecho y en representación de su menor hijo identificado con las siglas M.S.G., el amparo y protección de la Justicia Federal contra la omisión de aplicar a este la vacuna Pfizer- BioNtech. De igual manera, se advierte que en proveídos de veintiséis de enero y dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidos los oficios remitidos, el primero por el Médico Cirujano del Hospital Militar Regional del Grupo Coordinador de Vacunación y la Coordinadora Regional de Programas para el Desarrollo en la Región Laguna, ambas con sede en esta ciudad, a través de los cuales informaron que el veinte de enero y quince de febrero de este año, se aplicaron la primera y segunda dosis del menor quejoso de iniciales M.S.G., respectivamente, completando el esquema de vacunación contra el SARS CoV2, y para justificar su dicho adjuntaron los folios de vacunación debidamente certificados. Documental cuyo valor probatorio es pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, al ser expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En ese sentido, el suscrito juzgador considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." El segmento normativo inserto prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado. Sobre el particular, es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en diversos criterios jurisprudenciales respecto de esa causa de improcedencia, la cual se preveía por el ordinal 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al que se contiene por el arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, por lo que esos criterios son aplicables en el caso, en tanto que no se oponen a lo señalado por esta última legislación, conforme a lo estatuido por su artículo sexto transitorio que dispone: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Uno de los criterios a que se ha hecho alusión se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, página 38, de rubro y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del criterio jurisprudencial transcrito se obtiene que los efectos de un acto controvertido cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad constituye una situación jurídica que destruye de manera definitiva la que dio motivo al juicio de amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, sin revocar o dejar insubsistente el acto. En ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, ya que es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del quejoso, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio biinstancial, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho conculcado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que ese derecho exija. Por lo tanto, acorde con la teleología que se desprende del arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Y, en ese sentido, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los numerales 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la hipótesis de inejercitabilidad invocada se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. Como ya fue precisado, los promoventes del amparo reclaman la omisión de aplicar la vacuna Pfizer- BioNtech a su menor hijo. Por su parte, de las constancias allegadas por Médico Cirujano del Hospital Militar Regional del Grupo Coordinador de Vacunación y la Coordinadora Regional de Programas para el Desarrollo en la Región Laguna, ambas con sede en esta ciudad, informaron y acreditaron que el veinte de enero y quince de febrero de este año, se aplicaron la primera y segunda dosis de vacunas al menor de edad quejoso de iniciales M.S.G., completando el esquema de vacunación contra el SARS CoV2 (COVID-19). Bajo ese contexto fáctico y legal, si los agraviados directos recibieron la vacuna cuya omisión de suministrársele se impugnó en el presente juicio; entonces, es evidente que los efectos de los actos reclamados han desaparecido. Lo que cobra relevancia si se toma en cuenta que el presente juicio tenía por objeto, precisamente, que las autoridades responsables dictaran las medidas necesarias para ese fin. Desde esa perspectiva, si en el caso se destruyeron los efectos de manera inmediata, absoluta e incondicional, es decir, que se eliminó de manera total, completa, definitiva y permanente el resultado que producían los actos combatidos, lo que propició que se restablecieran las cosas al estado en el que se encontraban antes de la promoción del juicio de amparo y en esa medida se repuso al justiciable en el derecho fundamental violado. En consecuencia, es evidente que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que conduce a sobreseer el presente juicio fuera de audiencia, en términos de lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, ibídem. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 415, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Novena Época, página 356, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en al página trescientos ochenta y seis, del Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, resulta aplicable la tesis de Jurisprudencia número 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochenta y uno, del tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Criterios aplicables en tanto que no se oponen a la presente ley, por lo que continúa su vigencia conforme al artículo sexto transitorio de la ley de la materia. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de marzo de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y VÍA OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
- Principal
Por recibido el telegrama de la autoridad responsable, a través del cual informa que la representación Presidencial en el presente juicio de amparo se otorgó a la Secretaría de Salud, por lo que solicita que las posteriores notificaciones se realicen en el domicilio de dicha dependencia. Notifíquese.
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