MARIO SEBASTIÁN GAVILANES PALLO y Otros.

Expediente 1203/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1203/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Mario Sebastián Gavilanes Pallo
  • MARIO SEBASTIÁN GAVILANES PALLO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del auto en el que se desechó la demanda relativa respecto de los quejosos ahí precisados, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Ahora bien, una vez que quede firme el auto de once de octubre del año en curso, por cuanto hace a los quejosos respecto a los cuales se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo se acordará lo relativo al archivo del presente asunto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones oficiales relativas en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/GRCG/jpsj

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, once de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCION III Y 29 DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE ONCE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ''Tijuana, Baja California, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte para mediante proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés se agregó en autos que el oficio remitido por el Encargado de Despacho del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad 1 ; del que se advierte, que informó que los directamente agraviados, 1) Mario Sebastián Gavilanes Pallo, 2) Luis Patricio Gavilanes Pallo, 3) José Luis Chicalca, 4) Stalin Joel Pila Viracocha y 5) Melida Jeaneth Toapanta Velasque, no se encuentran alojados en ninguna de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración en Baja California, que tampoco se encontraban a su disposición, que no tiene ninguna información de su ingreso y que no cuentan con algún procedimiento administrativo migratorio iniciado a su favor. Ahora bien, en atención a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que no obstante haberse realizado una búsqueda ante las autoridades responsables, de los directamente agraviados 1) Mario Sebastián Gavilanes Pallo, 2) Luis Patricio Gavilanes Pallo, 3) José Luis Chicalca, 4) Stalin Joel Pila Viracocha y 5) Melida Jeaneth Toapanta Velasque, para que manifestaran si era su deseo o no ratificar la demanda de amparo promovida a su favor por Carlos Saúl López Roa, no se logró su comparecencia. Asimismo, que de la constancia actuarial que obra en autos, se advierte que en atención al requerimiento formulado en auto de dieciséis de septiembre pasado, el promovente de la demanda de amparo manifestó que desconoce algún domicilio en el que puedan ser localizados los directamente agraviados. En ese tenor, no obstante de haber agotado los medios de localización de los directamente agraviados ante las autoridades señaladas como responsables y por medio del promovente del juicio de amparo, no se logró su comparecencia para que manifestaran si era su deseo o no ratificar la demanda de amparo promovida a su favor; por tanto, en atención a lo anteriormente señalado y al estado que guarda el presente expediente, en el caso procede desechar la demanda promovida a favor de agraviados 1) Mario Sebastián Gavilanes Pallo, 2) Luis Patricio Gavilanes Pallo, 3) José Luis Chicalca, 4) Stalin Joel Pila Viracocha y 5) Melida Jeaneth Toapanta Velasque, por las consideraciones siguientes. Al respecto, la fracción I del artículo 107 constitucional, establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Por ende, si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, en el caso, al no existir la voluntad de quienes aparecen como directamente 1) Mario Sebastián Gavilanes Pallo, 2) Luis Patricio Gavilanes Pallo, 3) José Luis Chicalca, 4) Stalin Joel Pila Viracocha y 5) Melida Jeaneth Toapanta Velasque, pues de autos se advierte que no existe dato alguno que en este momento se encuentren detenidos en las instalaciones de las autoridades responsables como inicialmente lo señaló el promovente, pues únicamente se advierte que tenía conocimiento que fueron detenidos por autoridad migratoria -el trece de septiembre de dos mil veintitrés- antes que presentara su demanda de amparo, aunado a que desahogó el requerimiento que le fue formulado el dieciséis de septiembre pasado, manifestando que desconoce algún domicilio en el que puedan ser localizados los directamente agraviados, por consiguiente, debe considerarse que los actos que se contienen en el escrito de demanda no afectan los intereses jurídicos de los peticionarios de amparo, puesto que no se logró su comparecencia para que manifestaran si era su deseo o no ratificar la demanda intentada a su favor por tercera persona y no se encontró dato de su detención ante la autoridad responsable. Establecido lo anterior, en atención a su falta de manifestación expresa de haber sido sometido a algún procedimiento migratorio y no haber podido ser localizados para que señalaran si ratificaban o no el escrito de demanda promovida a su favor por un tercero y, como consecuencia de ello al no existir instancia de parte agraviada, este Juzgador estima que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6º, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." En efecto, tomando en consideración que la hipótesis antes precisada respecto de los directamente agraviados 1) Mario Sebastián Gavilanes Pallo, 2) Luis Patricio Gavilanes Pallo, 3) José Luis Chicalca, 4) Stalin Joel Pila Viracocha y 5) Melida Jeaneth Toapanta Velasque, surge previo a la admisión de la demanda de amparo, no se surte la posibilidad de proveer sobre éste y dar inicio al juicio de amparo, ante la ausencia de voluntad de proseguir en el juicio; por lo que al carecer de ella, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto por el citado artículo 6º de la Ley de Amparo, por ser precisamente la voluntad de quien aparece como promovente una formalidad esencial para intentar la acción constitucional. Por lo anterior, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6º, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo, y el diverso 107, fracción I, constitucional; en consecuencia, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la presente demanda de amparo, presentada a favor 1) Mario Sebastián Gavilanes Pallo, 2) Luis Patricio Gavilanes Pallo, 3) José Luis Chicalca, 4) Stalin Joel Pila Viracocha y 5) Melida Jeaneth Toapanta Velasque. Cabe destacar, que de autos se advierte que en el caso no se señaló como actos reclamados la desaparición forzada de personas y, que el supuesto en el que se encontraban 1) Mario Sebastián Gavilanes Pallo, 2) Luis Patricio Gavilanes Pallo, 3) José Luis Chicalca, 4) Stalin Joel Pila Viracocha y 5) Melida Jeaneth Toapanta Velasque al parecer a disposición de la autoridad migratoria no se actualiza, puesto que como se señaló el propio promovente desconocía el lugar en el que se encontraban. Sin que se inadvierta que el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que se actualiza la causal de sobreseimiento en el juicio cuando se desista el quejoso de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento; sin embargo, se estima que tal hipótesis se actualiza una vez que el juicio de amparo ha sido admitido, por tanto iniciado conforme al artículo 115 de la ley de la materia, esto es, haber señalado fecha de audiencia constitucional y requerir el informe justificado respectivo al correr traslado a las partes con la demanda, lo cual en el caso no acontece. Ahora bien, la autoridad responsable, mediante proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés se agregó el oficio remitido por la autoridad responsable en el que remitió copia certificada de los oficios que contienen los documentos provisionales de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, emitidos en favor de Zayda Alexandra Guaman Manobanda, Luis Euclides Vargas Catota y Dennys Sebastián Vargas Toaquiza -a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202, 207 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, de las que consta que el diecisiete de septiembre de dos mil veintitrés, fueron puestos en libertad. Asimismo, que de la certificación secretarial se advierte que en el juicio de amparo 1192/2023-IV del índice de este Juzgado de Distrito mediante proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés se sobreseyó fuera de audiencia la demanda de amparo promovida por Darwin Fabian Toapanta Velasque, entre otros, al haber remitido el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, el oficio que contiene el documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas a su nombre expedido en diecisiete de septiembre de dos mil veintitrés; lo que constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que los quejosos Zayda Alexandra Guaman Manobanda, Darwin Fabian Toapanta Velasque, Luis Euclides Vargas Catota y Dennys Sebastián Vargas Toaquiza promovieron demanda de amparo contra actos del Subdirector de la Estación Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, y de otras autoridades, de la que se desprende que se reclama -esencialmente- la privación de la libertad, detención, alojamiento, deportación, traslado e incomunicación, demanda que fue ratificada por su parte el dieciséis de septiembre de dos mil veintitrés y admitida por este órgano jurisdiccional el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés . Por lo anterior, se advierte, que posterior a la presentación de la demanda, es decir, el diecisiete de septiembre de dos mil veintitrés se emitieron documentos provisionales de visitantes con permiso para realizar actividades remuneradas de los aquí quejosos, concluyendo en esa fecha el alojamiento en la estancia migratoria. Por lo expuesto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado sus efectos, por las consideraciones siguientes. En principio, es pertinente destacar que -como lo reconoció el Máximo Tribunal del País al analizar la Ley de Amparo abrogada- de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 772 2 de a ley de la materia, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia invocada se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Esto es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, registro 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, en el caso concreto, como se anticipó, el quejoso reclama la privación de la libertad, detención, alojamiento, deportación, traslado e incomunicación. No obstante, de las constancias que obran en autos y que fueron previamente valoradas, se desprende que la autoridad responsable emitió oficio de salida el diecisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en el expediente administrativo migratorio, instruido a los quejosos Zayda Alexandra Guaman Manobanda, Darwin Fabian Toapanta Velasque, Luis Euclides Vargas Catota y Dennys Sebastián Vargas Toaquiza, a través de las cuales y, en atención a la solicitud de los agraviados, se autorizó su salida de la estación migratoria. De tal documental, es dable advertir que, en atención a que el aquí quejoso interpuso juicio de amparo, en términos del artículo 111, fracción V3 , de la Ley de Migración, se determinó emitir el oficio correspondiente de salida de la estación migratoria. Por tanto, si -como se anticipó- el reclamo del promovente consiste en la detención en la estación migratoria y como consecuencia de ello la incomunicación así como la posible orden de deportación, y, a la fecha, se determinó su salida de la estación migratoria, en atención su solicitud dentro del procedimiento migratorio, del cual emanaban los actos reclamados y, como consecuencia se permitió a los quejosos abandonar las instalaciones de la autoridad responsable, debe concluirse que han cesado los efectos de los actos reclamados y sus consecuencias pues se han destruido todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto alestado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto únicamente respecto a los quejosos Zayda Alexandra Guaman Manobanda, Darwin Fabian Toapanta Velasque, Luis Euclides Vargas Catota y Dennys Sebastián Vargas Toaquiza; comuníquese lo anterior a las partes y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. ''

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por el tercero interesado Luis Manuel Matus Carrizosa; atento a su contenido, se le tiene por apersonado al presente juicio de amparo. En ese orden, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, y autorizando a Mariel Vera Valencia y José Luis Hernández Mendoza, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a Dania Flores Rojas y Christian Bórquez Ruíz, únicamente para oír y recibir notificaciones. Asimismo, realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos, las cuales podrán ser tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional en el presente asunto, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora bien, con relación a la solicitud de acceso electrónico, dígasele que por el momento no ha lugar acordar de conformidad su petición, toda vez que omitió proporcionar el nombre de la persona que corresponde al usuario señalado en el escrito que se atiende, lo que en términos de los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, resulta indispensable para que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de verificar si el titular de dicho "nombre de usuario", en efecto, cuenta con facultades suficientes para obtener los permisos para la consulta del expediente y, en su caso, conceder la autorización respectiva. Por tanto, una vez que proporcione esa información y previa insistencia de su parte, se acordará lo conducente. Finalmente, se le tiene ofreciendo como prueba de su parte, la documental consistente en la copia certificada de los autos del juicio laboral 622/2018 del índice de la Junta responsable, que precisa fue remitida por la citada autoridad. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/EBO/OGN

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