Mario Sebastian Colin Cruz

Expediente 674/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
674/2020
Año
2020
Actuaciones
22
Última actuación
11/03/2021

Partes del expediente

  • Mario Sebastian Colin Cruz
  • MARIO SEBASTIAN COLIN CRUZ y Otros.
  • M.J. C. I.
  • Guadalupe Ibañez Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, devuélvase al Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, el cuaderno de pruebas que remitió como apoyo a su informe justificado, dado que carece de objeto que continúe en este Juzgado. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de la Secretaria, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la sentencia ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; por tanto, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en términos de lo dispuesto en el capítulo 7.1.1. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el Artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General y atendiendo a que se negó la suspensión definitiva, el cuaderno incidental original es destruible dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el último considerando de la interlocutoria de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESAI ".. (..) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Del análisis de la demanda y constancias de autos, se advierte que el acto reclamado es: La diligencia de quince de octubre de dos mil veinte, donde el juez responsable modificó la convivencia con su menor hija y negó que su hija fuera escuchada. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la Secretaria de acuerdos encargada por Ministerio de Ley del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, expresó: "1.- Respecto al acto que reclama el quejoso MARIO SEBASTIÁN COLIN CRUZ en su inciso a) de su demanda de garantías, se ACEPTA PARCIALMENTE. En el índice de este Juzgado existe el expediente 389/2014, promovido por Juana Cruz Rosales por propio derecho y en representación de su nieta menor de edad de nombre con iniciales M.J.C.I. relativo al Juicio de alimentos y guarda y custodia, tramitado en la vía de controversias contra Mario Sebastián Colín Cruz, y Guadalupe Ibáñez Hernández, mismo que fue radicado el doce de junio del año dos mil catorce. El treinta de enero de dos mil diecisiete, se dictó sentencia, en la que se concedió la guarda y custodia de la menor de edad con iniciales M.J.C.I, a favor de su progenitora Guadalupe Ibáñez Hernández, en la misma sentencia se condenó a Mario Sebastián Colín Cruz al pago de una pensión alimenticia para su citada hija, consistente en el treinta por ciento del salario y demás prestaciones que percibe en razón de su trabajo. Sentencia que, al haber sido recurrida, quedó firme por el Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, mediante resolución dictada el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo directo 537/2017. En auto de catorce de junio de dos mil dieciocho, se ordenó la entrega de la citada menor de edad a su progenitora, diligencia que se llevó a cabo el veinte de junio de dos mil dieciocho. En audiencia de carácter familiar celebrada el veintiséis de febrero del año dos mil veinte, los progenitores Mario Sebastián Colín Cruz y Guadalupe Ibáñez Hernández, llegaron un convenio respecto al régimen de convivencias entre el progenitor no custodio y su menor hija con iniciales M.J.C.I., aprobándose de forma definitiva el mismo, quedando el convenio de la siguiente manera: PRIMERA.- En cuanto al REGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS EN FORMA DEFINITIVA entre el ciudadano Mario Sebastián Colín con la menor de edad con iniciales M.J.C.I., serán UN FIN DE SEMANA de cada quince días, iniciando a las dieciséis horas del día sábado y concluyendo el domingo siguiente a las veinte horas, para lo cual el ciudadano MARIO SEBASTIAN COLIN CRUZ pasará a recoger a la niña con iniciales M.J.C.I., al domicilio donde habita con su progenitora y la retornará con la señora GUADALUPE IBAÑEZ HERNANDEZ, al mismo domicilio en la hora y días precisados en este convenio, en el domicilio de la ciudadana GUADALUPE IBAÑEZ HERNÁNDEZ, mismo que se encentra ubicado en CALLE EMILIANO ZAPATA, LOTE TREINTA MANZANA OCHETA Y OCHO, FRACCIONAMIENTO CIUDAD YAGUL, TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA. En caso de que la menor de edad con iniciales M.J.C.I., manifieste a su progenitor retornar al lado de su progenitora GUADALUPE IBAÑEZ HERNANDEZ, deberá el señor MARIO SEBASTIÁN COLIN CRUZ regresarla de manera inmediata y dar aviso de ello a la señora GUADALUPE IBAÑEZ HERNANDEZ, reanudando la convivencia al día siguiente previo acuerdo entre las partes en coordinación con su hija respecto a la hora en que pasara el señor MARIO SEBASTIÁN COLIN CRUZ a recoger a la niña. Por auto de fecha veintidós de abril del año en curso, derivado de la petición de GUADALUPE IBAÑEZ HERNANDEZ recibida el catorce de abril de año en curso se determinó que el régimen de visitas y convivencias en forma provisional entre la menor de edad identificada con las iniciales M.J.C.I., y el demandado MARIO SEBASTIAN COLIN CRUZ, quedara de manera abierta vía telefonía o video llamadas, sin interferir las actividades de la menor de edad, previa comunicación entre las partes, debido a la situación actual en la que atraviesa no solo en el Estado de Oaxaca, sino a nivel nacional respecto de las medidas de salud que se han implementado respecto a la previsión de una mayor propagación del COVID19 y proteger el derecho humano a la salud y más a un respecto de la responsabilidad que tiene el Estado de velar por la salud en materia de niñas, niños y adolescentes esta autoridad en base a las atribuciones que la propia ley le otorga, con fundamento en los artículo 429, 429 Bis A, 429 Bis B, del Código Civil, en relación a los artículos 962, 963 y 965 del Código de Procedimientos Civiles. Con fecha veintiocho de septiembre del año que transcurre, por solicitud de Guadalupe Ibáñez Hernández recibida el veintiuno de septiembre del año que transcurre, se señalaron las trece horas con treinta minutos del quince de octubre del año dos mil veinte, para la celebración de una audiencia de carácter familiar, con presencia del Agente del Ministerio Público y de los litigantes en el asunto, a efecto de mejorar las condiciones de convivencia estipuladas. En la fecha y hora indicada, fue celebrada la audiencia de carácter familiar con la presencia de Mario Sebastián Colín Cruz y Guadalupe Ibáñez Hernández; por lo que una vez que fueron escuchadas las partes y el Ministerio Público, se determinó lo siguiente: ".atendiendo a la situación actual en la que atraviesa no solo en el Estado de Oaxaca, sino a nivel nacional respecto de las medidas de salud que se han implementado respecto a la prevención de una mayor propagación del COVID-19 y protegiendo el derecho humano a la salud y más aún respecto de la responsabilidad que tiene el Estado de velar por la salud en materia de niñas, niños y adolescentes, esta autoridad en base a las atribuciones que la propia ley le otorga, con fundamento en los artículo 429, 429 Bis A, 429 Bis B, del Código Civil, en relación a los artículos 962, 963 del Código de Procedimientos Civiles, tomando en consideración los horarios labores de Guadalupe Ibáñez Hernández y el incumplimiento cabal de ambos respecto al convenio fijado el veintidós de abril de dos mil vente, ambos comparecientes acuerdan MODIFICAR EL REGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS QUE EN FORMA PROVISIONAL se había ordenado en auto de veintidós de abril de dos mil veinte, entre la menor de edad de nombre con iniciales M.J.C.I., con su progenitor no custodio, para quedar en los siguientes términos: "EL REGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS EN FORMA PROVISIONAL, entre la menor de edad M.J.C.I., con su progenitor no custodio se realizara VIA TELEFONICA O VIDEOLLAMADAS WHATSAPP, de lunes a sábado en un horario de nueve a once horas, comprometiéndose el señor Mario Sebastián Colín Cruz, a comunicarse al número telefónico de la señora Guadalupe Ibáñez Hernández y el día domingo quedará de manera abierta comprometiéndose la señora Guadalupe Ibáñez Hernández a comunicarse con el señor Mario Sebastián Colín Cruz para el verificativo de la convivencia de su hija". 2.- En cuanto al acto que reclama el quejoso en su párrafo tercero del inciso a), del apartado IV. ACTOS RECLAMADO, de su demanda de garantías, se ACEPTA PARCIALMENTE. Efectivamente, en la misma audiencia celebrada el quince de octubre del año dos mil veinte, se proveyó el escrito de MARIO SEBASTIAN COLIN CRUZ recibido en esa misma fecha en este Juzgado, en los términos que transcribe el quejoso en su demanda de amparo". De lo anterior, se concluye que existen los actos reclamados por el quejoso. CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto de los actos de los que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé la parte final del artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la Jurisprudencia 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Tomo VIII, Materia Común, el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En la especie, no existen causas de improcedencia que hubiesen hecho valer las partes o que deban atenderse de oficio, por lo que se continúa con el análisis de los motivos de inconformidad alegados por el quejoso. QUINTO. Conceptos de violación que hace valer el quejoso. "PRIMERO.- transcribe el artículo primero Constitucional. SEGUNDO.- Transcribe el artículo cuarto Constitucional. TERCERO.- Transcribe el artículo catorce Constitucional. CUARTO.- transcribe el artículo dieciséis Constitucional. Se violan en perjuicio de mi menor hija los preceptos constitucionales que he citado y transcrito con antelación, lo anterior es así, porque las determinaciones que se cometen a través del presente recurso y que fueron levantadas en la audiencia de carácter familiar el día 15 de octubre del año en curso, transgreden de principio el interés superior de mi menor hija que en términos generales consiste específicamente en un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño, y que pueda afectarlo, y debe conducir a una interpretación sistemática que para darle sentido a la norma en cuestión tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de estos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Por ello por lo que respecta al primer acto reclamado en el que juez de los autos de origen limitó la convivencia con el suscrito a una llamada telefónica o videollamada es evidente y claro que se transgreden en su perjuicio los artículos ya señalados de la Constitución General de la República, pues que es evidente que lejos de ampliar la convivencia para que mi menor hija estreche lazos de amor, afecto y cariño con el suscrito, la juez responsable los limitó al grado de concretarlos a una llamada telefónica, por lo que el contacto físico o presencial entre progenitor no custodio y la menor, en los términos y el suscrito, puesto que tal determinación distancia o aleja la convivencia presencial a la que tiene derecho mi menor hija. Por lo que respecta al diverso acto reclamado en el que la juez sin fundar ni motivar la parte relativa en donde acuerda lo solicitado por el suscrito en cuanto a que se escuche a mi menor hija para efecto de tomar en cuenta su opinión y con ello conocer de viva voz sus inquietudes, sus sentimientos, etc. Es claro que contrario a lo que refiere la juez en la parte relativa del acuerdo que se recurre, se viola el interés superior del menor dado que no lo está permitiendo participar en el procedimiento en el que se dirime alguna controversia que tenga relación inmediata y directa con ellos, ya que se ese modo la autoridad de carácter familiar conoce de manera directa las inquietudes y sentimientos del menor, para ello la propia Suprema corte de Justicia de la nación ha establecido un protocolo en el cual debe escucharse al menor y tomar en cuenta lo que requiere o necesita y a partir de ahí la autoridad familiar decidir lo que más le convenga a la menor, para efectos de lo anterior cito los artículos 73, 82, 83 y 92 relativos de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes". En ese tenor, previo análisis de los conceptos de violación formulados en la demanda, se advierte que la accionante aduce, en esencia: Que la autoridad responsable viola los artículos 1º, 4º, 14, y 16, en relación con cualquier otra norma que con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño; tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de estos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez; lo cual se traduce en violación el interés superior de su hija. Por ende, la determinación reclamada carece de fundamentación y adecuada motivación, en contravención a lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional. Para dar solución a los conceptos de violación, de inicio debe señalarse que en el presente juicio cobra vigencia la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en tanto que el asunto de origen versa sobre una controversia familiar en la que se ve involucrado una menor de edad; lo anterior, con independencia de la naturaleza de los derechos cuestionados en el asunto de origen y el carácter de quien promovió el juicio de amparo (en este caso, el progenitor). Ello, toda vez que los derechos fundamentales del niño, por mandado constitucional, deben atenderse primordialmente en todo asunto que afecte directa o indirectamente el ejercicio pleno de los mismos, radicando ahí la obligación de suplir la queja deficiente en su beneficio, dado que las pretensiones hechas valer por los interesados a título personal, aun bajo la idea de buscar su bienestar, no pueden estar por encima de su interés superior. Ilustra lo anterior, por las razones que informa, la tesis número 2a. LXXV/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 161 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII (julio de 2000), Materia Común, Civil, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PROCEDE EN TODO CASO, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. Los Jueces Federales tienen el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios respectivos, siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o el recurso de revisión, toda vez que el interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en las concernientes a los menores y a los incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar la situación de los hijos menores; por el contrario, es la sociedad, en su conjunto, la que tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Lo anterior, debido a que el propósito del Constituyente y del legislador ordinario, plasmada en los artículos 107, fracción II, párrafo segundo, constitucional y 76 bis, fracción V y 91, fracción VI, de la Ley de Amparo, y de las interpretaciones realizadas por la Suprema Corte fue tutelar el interés de los menores de edad y de los incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, incluso hasta el grado de hacer valer todos aquellos conceptos o razones que permitan establecer la verdad y lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. Luego, no hay excusa tocante a la materia ni limitante alguna para la intervención oficiosa y obligada de las autoridades jurisdiccionales en esta clase de asuntos, pues la sociedad y el Estado tienen interés en que los derechos de los menores de edad y de los incapaces queden protegidos supliendo la deficiencia de la queja, independientemente de quienes promuevan en su nombre o, incluso, cuando sin ser parte pudieran resultar afectados por la resolución que se dicte". Concordante con ello, debe señalarse que el aludido interés superior del menor, contemplado primordialmente en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, es un principio y criterio rector tanto para la creación de normas como para su aplicación, a fin de garantizar y proteger el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, así como el ejercicio pleno de sus derechos, siendo la cúspide de todo el sistema de protección de menores. De ahí que dicho principio, ampliamente desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales federales en el ámbito jurisdiccional, ha de guiar cualquier decisión que se tome relacionada con los menores de edad, erigiéndose como un instrumento orientador que implica llevar a cabo una interpretación sistemática que tome en cuenta los deberes de protección de las niñas, niños y adolescentes y los derechos especiales de éstos, previstos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes de protección de la niñez, a fin de resolver lo conducente en toda controversia que trascienda, directa o indirectamente, la esfera de derechos del infante, buscando siempre una solución estable, justa y equitativa para éste, ante la frecuente concurrencia de varios intereses que, derivado de las circunstancias de cada caso en particular, entran en conflicto. Bajo ese esquema argumentativo, el interés superior del niño en cuya representación se presentó la demanda de amparo, necesariamente debe constituir el punto de referencia para emprender el estudio del acto aquí reclamado, supliendo, como se dijo, la deficiencia de la queja directamente en su beneficio, al ser una cuestión de orden público e interés general garantizar el respeto y pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Al caso se invoca la jurisprudencia número 1a./J. 25/2012 (9a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 334 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV (diciembre de 2012), Tomo 1, Materia Constitucional, Décima Época, que enseguida se inserta: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: 'la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". En esa tesitura, el estudio atinente al acto reclamado parte de los motivos de disenso formulados por el progenitor del menor aquí quejoso, sin perjuicio de emprender su análisis oficioso por las razones antes señaladas, a fin de determinar lo relativo a su constitucionalidad o no, lo cual redunda en una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en acatamiento a lo estipulado en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal. Pues bien, los conceptos de violación formulados por el quejoso, cuyo estudio se realiza en términos de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo, dada la estrecha relación que guardan entre sí, son infundados. Convicción a la que se arriba toda vez que, en concepto de la suscrita juzgadora, la determinación de la autoridad responsable, contrario a lo expuesto por la parte quejosa, sí se encuentra fundada y motivada, en tanto que atendió, primordialmente, al interés superior de la menor involucrada en el asunto. En efecto, la juez responsable, en el auto reclamado, estableció un régimen de convivencias bajo el régimen del uso de medios electrónicos entre Mario Sebastián Colín Cruz y la niña de identidad reservada e iniciales M.J.C.I. padre e hija, para llevarse a cabo VIA TELEFONICA O VIDEOLLAMADAS WHATSAPP, de lunes a sábado en un horario de nueve a once horas, comprometiéndose el señor Mario Sebastián Colín Cruz, a comunicarse al número telefónico de la señora Guadalupe Ibáñez Hernández y el día domingo quedará de manera abierta comprometiéndose la señora Guadalupe Ibáñez Hernández a comunicarse con el señor Mario Sebastián Colín Cruz para el verificativo de la convivencia de su hija, atendiendo por una parte al incumplimiento con el anterior convenio por parte de las dos partes; a la contingencia originada por el virus SARS- CoV-19, y al derecho que todo niña tiene de mantener relaciones personales y contacto con ambos progenitores de modo regular, a efecto de que éstos contribuyan en el desarrollo, educación, protección, desenvolvimiento y cuidado del menor. En ese tenor, se estima que el auto reclamado no transgrede en modo alguno los derechos fundamentales de la menor que se ve involucrada en el asunto de origen, sino que, por el contrario, en el expediente existen suficientes elementos para considerar ajustada a derecho la determinación de la autoridad responsable, de manera fundada y motivada. Es así porque la juez estableció que atendiendo a la situación actual en la que atraviesa no solo en el Estado de Oaxaca, sino a nivel Nacional respecto de las medidas de salud implementadas respecto a la prevención de una mayor propagación del COVID-19 y protegiendo el derecho humano a la salud y más aún respecto de la responsabilidad que tiene el Estado de velar por la salud en materia de niñas, niños y adolescentes, esta autoridad en base a las atribuciones que la propia ley le otorga, con fundamento en los artículo 429, 429 Bis A, 429 Bis B, del Código Civil, en relación a los artículos 962, 963 del Código de Procedimientos Civiles, tomando en consideración los horarios labores de Guadalupe Ibáñez Hernández y el incumplimiento cabal de ambos respecto al convenio fijado el veintidós de abril de dos mil vente, ambos comparecientes acuerdan MODIFICAR EL REGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS QUE EN FORMA PROVISIONAL se había ordenado en auto de veintidós de abril de dos mil veinte, entre la menor de edad de nombre con iniciales M.J.C.I., con su progenitor no custodio, para quedar en los siguientes términos: "EL REGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS EN FORMA PROVISIONAL, entre la menor de edad M.J.C.I., con su progenitor no custodio se realizara VIA TELEFONICA O VIDEOLLAMADAS WHATSAPP, de lunes a sábado en un horario de nueve a once horas, comprometiéndose el señor Mario Sebastián Colín Cruz, a comunicarse al número telefónico de la señora Guadalupe Ibáñez Hernández y el día domingo quedará de manera abierta comprometiéndose la señora Guadalupe Ibáñez Hernández a comunicarse con el señor Mario Sebastián Colín Cruz para el verificativo de la convivencia de su hija". Criterios que la suscrita juzgadora comparte, por las siguientes consideraciones. El derecho de visitas y convivencias tiene como finalidad la búsqueda incesante del desarrollo pleno de la menor por medio de la implementación o fortalecimiento de los lazos entre él y sus familiares cuando los vínculos afectivos se han visto trastocados, mejorando o reencausando la convivencia; por ello, se encuentra por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentra la custodia del menor, por tratarse de un derecho humano principalmente dirigido al niño, aunque también favorezca indirectamente a sus ascendientes y a quienes conforman dicho grupo. En esa perspectiva, el interés superior del niño implica la necesidad de que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio, como es el caso. Bajo estas premisas, es necesario traer a colación el artículo 963 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, establece que el Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Así, del numeral referido se advierte la obligación del juez de velar en todo momento por el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el cual se definió en el párrafo que antecede como un principio y criterio rector tanto para la creación de normas como para su aplicación, a fin de garantizar y proteger el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, así como el ejercicio pleno de sus derechos, siendo la cúspide de todo el sistema de protección de menores. En ese contexto, la orden para que la convivencia del menor con el progenitor que no tiene la guarda y custodia se realice de manera electrónica bajo la modalidad de VIA TELEFONICA O VIDEOLLAMADAS WHATSAPP, de lunes a sábado en un horario de nueve a once horas, y el día domingo quedará de manera abierta, es una forma para preservar su derecho a ser cuidada y educada por ambos progenitores, así como para mantener contacto con ellos, preservando las relaciones familiares; de ahí lo infundado de los conceptos de violación a través de los cuales el quejoso pretende que las convivencias sean por más tiempo y de manera presencial; así como que sea escuchada la menor para determinar las convivencias, porque el interés de dicho quejoso, no debe estar por encima del derecho que tiene la menor de mantener el contacto y la convivencia con el progenitor de quien se encuentra separado, así como crear el lazo afectivo necesario como parte fundamental de su familia, con las medidas estipuladas para preservar su salud, como lo determinó la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia I.5o.C. J/28, visible en la página 965, tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de junio de dos mil once, cuyo rubro y texto dicen: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU IMPORTANCIA EN MOMENTOS DE CRISIS FAMILIAR.- Este derecho y específicamente la implementación del régimen de visitas y convivencias, adquieren una importancia inusitada en situaciones de crisis matrimoniales, extramatrimoniales o de malos entendidos entre los miembros de una familia, pues en esos casos, el ejercicio del derecho de visitas y convivencias constituye un remedio o recurso de protección excepcional al reactivar la convivencia que se ha perdido o desgastado en un sinnúmero de situaciones. En estos casos de crisis llega a ocurrir que alguno de los progenitores, o ambos, tomen partido y, frecuentemente, en lugar de buscar acuerdos convenientes a los intereses de los menores, cierran toda posibilidad al otro de ver o tener contacto con ellos, lo que provoca que los niños se vuelvan verdaderas víctimas de las desavenencias del matrimonio, y no en pocas ocasiones son utilizados como instrumentos para que los cónyuges o custodios se ofendan o dañen entre sí, siendo los hijos los más perjudicados. Por ello, en este tipo de crisis, la autoridad jurisdiccional competente debe implementar el régimen de visitas y convivencias a favor de los hijos menores de edad, de la manera más conveniente, atendiendo a su interés superior, con independencia de los intereses y derechos de sus progenitores, para incentivar, preservar y reencausar la convivencia en el grupo familiar." Por tanto, la determinación de la juez de ninguna forma puede considerarse ilegal, precisamente porque, de manera fundada y motivada, estableció un régimen de convivencia de manera electrónica a través de llamada o video llamada, a fin de que la niña no permanezca en un estado vulnerable ante el periodo de contingencia en materia de salud pública en que nos encontramos. A mayor abundamiento, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció diversos criterios en los que determinó que el régimen de convivencia o derecho de visita es un derecho fundamental de los menores y debe tener siempre como eje rector, el principio de interés superior de éstos, el cual busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados, desde luego, sin soslayar que este derecho no es absoluto, pero tampoco está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres, sino que debe atenderse al caso concreto para determinarlo y puede estar limitado de forma temporal, espacial y modal, para asegurar su bienestar y su estabilidad emocional. Consecuentemente, los órganos jurisdiccionales deben vigilar que la convivencia entre el infante y sus padres, cuando no existan las condiciones necesarias para ese efecto, se lleve a cabo de manera supervisada por especialistas en la materia y de acuerdo a su prudente arbitrio, para no provocar un cambio abrupto o sorpresivo que los exponga a una situación de riesgo. Ello, porque la convivencia armónica del infante con su ascendiente repercutirá en su desarrollo sano y equilibrado, quien necesita del cariño y apoyo de ambos progenitores. Al caso se invoca la tesis número 1a. CCCLXVIII/2014 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 600 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11 (octubre de 2014), Tomo I, Materia Constitucional, Décima Época, del tenor siguiente: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD. El derecho a las visitas y convivencias de los padres con los hijos menores es un derecho fundamental de éstos que se encuentra contemplado en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el artículo 4o. constitucional, toda vez que está vinculado directamente con el interés superior del menor, principio que sí está contemplado expresamente en el citado precepto constitucional. En este sentido, es evidente que cuando haya separación del menor de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que sólo uno de ellos detenta su guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del niño, lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio". Además, por las razones que informa, la tesis número III.1o.C.29 C (10a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 1775 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28 (marzo de 2016), Tomo II, Materia Constitucional, Civil, relativa a la Décima Época, de rubro y texto siguiente: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA. ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, NO PUEDE QUEDAR SUJETO A LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE PACTÓ EN EL CONVENIO DE DIVORCIO O HASTA QUE SE ESTABLEZCA EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Si la Sala responsable no resolvió el tema relativo al régimen de convivencia de los menores con sus padres, y sólo señaló que quedara sujeto a la forma y términos en que se pactó en el convenio de divorcio y que, de no hacerlo, se estableciera en ejecución de sentencia, ello es ilegal, pues ante el conflicto de ambas partes (progenitores) la convivencia debe resolverse por la responsable por ser de estudio oficioso y atento al interés superior del menor. En ese tenor, la convivencia amerita una relación a efecto de salvaguardar los derechos del menor, para restaurar la relación filial, es decir, su derecho a convivir con sus progenitores, que es de alto interés, porque para el sano desarrollo emocional y formación de su personalidad es necesario que los menores tengan relación con aquéllos, de conformidad con el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño(1) que establece el derecho de los niños de convivir con sus padres, el cual debe protegerse y procurarse a menos de que haya evidencia de que se ponga en riesgo su seguridad". Ahora en específico respecto a que la juez negó escuchar a la menor para decidir sobre las convivencias la juez precisó que el derecho de escucha de los niños no debe llevarse a cabo de manera indiscriminada, sino atendiendo a la particularidad del asunto, por lo que se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que corresponda, lo anterior con fundamento en el artículo 53 y 404 del Código de procedimientos Civiles vigente en el Estado a fin de no causar un detrimento de su interés superior y citó como apoyó la jurisprudencia de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA INVOLUCRA UNA VALORACIÓN DE PARTE DEL JUEZ". Lo que de manera acertada precisó ya que la finalidad de la diligencia era dicha determinación pues tenía como finalidad de mejorar las condiciones de convivencia estipuladas dejando a un lado sus intereses personales y buscando un acuerdo que atienda al bienestar de su hija, atendiendo únicamente a la contingencia sanitaria por la que atravesamos; además de que el régimen de convivencia a través de video llamada se considera una mecánica adecuada para que se logre lazo familiar que refiere. Máxime que, como ya se dijo, la orden para que la convivencia de la menor con el progenitor que no tiene la guarda y custodia se realice de tal forma, para preservar su derecho a ser cuidada y educada por ambos progenitores, así como a mantener contacto con ellos, preservando las relaciones familiares, hasta en tanto se emite la resolución correspondiente en definitiva con base en todos los elementos que alleguen al juicio las partes. Máxime que del estudio oficioso realizado por la suscrita juzgadora de las constancias que integran el juicio familiar de origen no se aprecian elementos que revelen o pongan de manifiesto, ni de manera indiciaria, que la niña se encuentre en una situación de riesgo; sino por el contrario se advierte que el aquí quejoso vierte violencia contra la menor y su madre, tan es así que en el propio acuerdo la juez determino: "se dicta la orden de protección de emergencia y se prohíbe al ciudadano Mario Sebastián Colón Cruz, intimidar o molestar a la víctima con sustraer a su hija con nombre de iniciales MJ.J.CI., de su lado en su entorno social, incluidos la vía telefónica o cualquier otro medio electrónico de comunicación, apercibido que en caso de incurrir en actos de violencia como lo manifiesta la actora se le impondrá como medio de apremio una multa."; luego entonces, también resultan infundados sus argumentos respecto a ese acto reclamado, como ya se dijo si está debidamente fundado y motivado dicho proveído. En consecuencia, sin que se advierta queja que deba suplirse en beneficio del menor de identidad reservada, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita. Resta precisar que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis aisladas invocadas en esta sentencia, no obstante que fueron integradas, en su caso, conforme a la ley anterior, continúan en vigor y son aplicables, dado que no se oponen a la ley de la materia vigente conforme al citado transitorio. SEXTO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a(.), contra los actos reclamados a la Juez tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro; en términos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (LA PRESENTE SENTENCIA SE PUBLICA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE SE AUTORIZÓ EL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO)

  4. Principal

    MESAI ".. (..) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Del análisis de la demanda y constancias de autos, se advierte que el acto reclamado es: La diligencia de quince de octubre de dos mil veinte, donde el juez responsable modificó la convivencia con su menor hija y negó que su hija fuera escuchada. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la Secretaria de acuerdos encargada por Ministerio de Ley del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, expresó: "1.- Respecto al acto que reclama el quejoso MARIO SEBASTIÁN COLIN CRUZ en su inciso a) de su demanda de garantías, se ACEPTA PARCIALMENTE. En el índice de este Juzgado existe el expediente 389/2014, promovido por Juana Cruz Rosales por propio derecho y en representación de su nieta menor de edad de nombre con iniciales M.J.C.I. relativo al Juicio de alimentos y guarda y custodia, tramitado en la vía de controversias contra Mario Sebastián Colín Cruz, y Guadalupe Ibáñez Hernández, mismo que fue radicado el doce de junio del año dos mil catorce. El treinta de enero de dos mil diecisiete, se dictó sentencia, en la que se concedió la guarda y custodia de la menor de edad con iniciales M.J.C.I, a favor de su progenitora Guadalupe Ibáñez Hernández, en la misma sentencia se condenó a Mario Sebastián Colín Cruz al pago de una pensión alimenticia para su citada hija, consistente en el treinta por ciento del salario y demás prestaciones que percibe en razón de su trabajo. Sentencia que, al haber sido recurrida, quedó firme por el Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, mediante resolución dictada el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo directo 537/2017. En auto de catorce de junio de dos mil dieciocho, se ordenó la entrega de la citada menor de edad a su progenitora, diligencia que se llevó a cabo el veinte de junio de dos mil dieciocho. En audiencia de carácter familiar celebrada el veintiséis de febrero del año dos mil veinte, los progenitores Mario Sebastián Colín Cruz y Guadalupe Ibáñez Hernández, llegaron un convenio respecto al régimen de convivencias entre el progenitor no custodio y su menor hija con iniciales M.J.C.I., aprobándose de forma definitiva el mismo, quedando el convenio de la siguiente manera: PRIMERA.- En cuanto al REGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS EN FORMA DEFINITIVA entre el ciudadano Mario Sebastián Colín con la menor de edad con iniciales M.J.C.I., serán UN FIN DE SEMANA de cada quince días, iniciando a las dieciséis horas del día sábado y concluyendo el domingo siguiente a las veinte horas, para lo cual el ciudadano MARIO SEBASTIAN COLIN CRUZ pasará a recoger a la niña con iniciales M.J.C.I., al domicilio donde habita con su progenitora y la retornará con la señora GUADALUPE IBAÑEZ HERNANDEZ, al mismo domicilio en la hora y días precisados en este convenio, en el domicilio de la ciudadana GUADALUPE IBAÑEZ HERNÁNDEZ, mismo que se encentra ubicado en CALLE EMILIANO ZAPATA, LOTE TREINTA MANZANA OCHETA Y OCHO, FRACCIONAMIENTO CIUDAD YAGUL, TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA. En caso de que la menor de edad con iniciales M.J.C.I., manifieste a su progenitor retornar al lado de su progenitora GUADALUPE IBAÑEZ HERNANDEZ, deberá el señor MARIO SEBASTIÁN COLIN CRUZ regresarla de manera inmediata y dar aviso de ello a la señora GUADALUPE IBAÑEZ HERNANDEZ, reanudando la convivencia al día siguiente previo acuerdo entre las partes en coordinación con su hija respecto a la hora en que pasara el señor MARIO SEBASTIÁN COLIN CRUZ a recoger a la niña. Por auto de fecha veintidós de abril del año en curso, derivado de la petición de GUADALUPE IBAÑEZ HERNANDEZ recibida el catorce de abril de año en curso se determinó que el régimen de visitas y convivencias en forma provisional entre la menor de edad identificada con las iniciales M.J.C.I., y el demandado MARIO SEBASTIAN COLIN CRUZ, quedara de manera abierta vía telefonía o video llamadas, sin interferir las actividades de la menor de edad, previa comunicación entre las partes, debido a la situación actual en la que atraviesa no solo en el Estado de Oaxaca, sino a nivel nacional respecto de las medidas de salud que se han implementado respecto a la previsión de una mayor propagación del COVID19 y proteger el derecho humano a la salud y más a un respecto de la responsabilidad que tiene el Estado de velar por la salud en materia de niñas, niños y adolescentes esta autoridad en base a las atribuciones que la propia ley le otorga, con fundamento en los artículo 429, 429 Bis A, 429 Bis B, del Código Civil, en relación a los artículos 962, 963 y 965 del Código de Procedimientos Civiles. Con fecha veintiocho de septiembre del año que transcurre, por solicitud de Guadalupe Ibáñez Hernández recibida el veintiuno de septiembre del año que transcurre, se señalaron las trece horas con treinta minutos del quince de octubre del año dos mil veinte, para la celebración de una audiencia de carácter familiar, con presencia del Agente del Ministerio Público y de los litigantes en el asunto, a efecto de mejorar las condiciones de convivencia estipuladas. En la fecha y hora indicada, fue celebrada la audiencia de carácter familiar con la presencia de Mario Sebastián Colín Cruz y Guadalupe Ibáñez Hernández; por lo que una vez que fueron escuchadas las partes y el Ministerio Público, se determinó lo siguiente: ".atendiendo a la situación actual en la que atraviesa no solo en el Estado de Oaxaca, sino a nivel nacional respecto de las medidas de salud que se han implementado respecto a la prevención de una mayor propagación del COVID-19 y protegiendo el derecho humano a la salud y más aún respecto de la responsabilidad que tiene el Estado de velar por la salud en materia de niñas, niños y adolescentes, esta autoridad en base a las atribuciones que la propia ley le otorga, con fundamento en los artículo 429, 429 Bis A, 429 Bis B, del Código Civil, en relación a los artículos 962, 963 del Código de Procedimientos Civiles, tomando en consideración los horarios labores de Guadalupe Ibáñez Hernández y el incumplimiento cabal de ambos respecto al convenio fijado el veintidós de abril de dos mil vente, ambos comparecientes acuerdan MODIFICAR EL REGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS QUE EN FORMA PROVISIONAL se había ordenado en auto de veintidós de abril de dos mil veinte, entre la menor de edad de nombre con iniciales M.J.C.I., con su progenitor no custodio, para quedar en los siguientes términos: "EL REGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS EN FORMA PROVISIONAL, entre la menor de edad M.J.C.I., con su progenitor no custodio se realizara VIA TELEFONICA O VIDEOLLAMADAS WHATSAPP, de lunes a sábado en un horario de nueve a once horas, comprometiéndose el señor Mario Sebastián Colín Cruz, a comunicarse al número telefónico de la señora Guadalupe Ibáñez Hernández y el día domingo quedará de manera abierta comprometiéndose la señora Guadalupe Ibáñez Hernández a comunicarse con el señor Mario Sebastián Colín Cruz para el verificativo de la convivencia de su hija". 2.- En cuanto al acto que reclama el quejoso en su párrafo tercero del inciso a), del apartado IV. ACTOS RECLAMADO, de su demanda de garantías, se ACEPTA PARCIALMENTE. Efectivamente, en la misma audiencia celebrada el quince de octubre del año dos mil veinte, se proveyó el escrito de MARIO SEBASTIAN COLIN CRUZ recibido en esa misma fecha en este Juzgado, en los términos que transcribe el quejoso en su demanda de amparo". De lo anterior, se concluye que existen los actos reclamados por el quejoso. CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto de los actos de los que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé la parte final del artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la Jurisprudencia 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Tomo VIII, Materia Común, el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En la especie, no existen causas de improcedencia que hubiesen hecho valer las partes o que deban atenderse de oficio, por lo que se continúa con el análisis de los motivos de inconformidad alegados por el quejoso. QUINTO. Conceptos de violación que hace valer el quejoso. "PRIMERO.- transcribe el artículo primero Constitucional. SEGUNDO.- Transcribe el artículo cuarto Constitucional. TERCERO.- Transcribe el artículo catorce Constitucional. CUARTO.- transcribe el artículo dieciséis Constitucional. Se violan en perjuicio de mi menor hija los preceptos constitucionales que he citado y transcrito con antelación, lo anterior es así, porque las determinaciones que se cometen a través del presente recurso y que fueron levantadas en la audiencia de carácter familiar el día 15 de octubre del año en curso, transgreden de principio el interés superior de mi menor hija que en términos generales consiste específicamente en un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño, y que pueda afectarlo, y debe conducir a una interpretación sistemática que para darle sentido a la norma en cuestión tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de estos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Por ello por lo que respecta al primer acto reclamado en el que juez de los autos de origen limitó la convivencia con el suscrito a una llamada telefónica o videollamada es evidente y claro que se transgreden en su perjuicio los artículos ya señalados de la Constitución General de la República, pues que es evidente que lejos de ampliar la convivencia para que mi menor hija estreche lazos de amor, afecto y cariño con el suscrito, la juez responsable los limitó al grado de concretarlos a una llamada telefónica, por lo que el contacto físico o presencial entre progenitor no custodio y la menor, en los términos y el suscrito, puesto que tal determinación distancia o aleja la convivencia presencial a la que tiene derecho mi menor hija. Por lo que respecta al diverso acto reclamado en el que la juez sin fundar ni motivar la parte relativa en donde acuerda lo solicitado por el suscrito en cuanto a que se escuche a mi menor hija para efecto de tomar en cuenta su opinión y con ello conocer de viva voz sus inquietudes, sus sentimientos, etc. Es claro que contrario a lo que refiere la juez en la parte relativa del acuerdo que se recurre, se viola el interés superior del menor dado que no lo está permitiendo participar en el procedimiento en el que se dirime alguna controversia que tenga relación inmediata y directa con ellos, ya que se ese modo la autoridad de carácter familiar conoce de manera directa las inquietudes y sentimientos del menor, para ello la propia Suprema corte de Justicia de la nación ha establecido un protocolo en el cual debe escucharse al menor y tomar en cuenta lo que requiere o necesita y a partir de ahí la autoridad familiar decidir lo que más le convenga a la menor, para efectos de lo anterior cito los artículos 73, 82, 83 y 92 relativos de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes". En ese tenor, previo análisis de los conceptos de violación formulados en la demanda, se advierte que la accionante aduce, en esencia: Que la autoridad responsable viola los artículos 1º, 4º, 14, y 16, en relación con cualquier otra norma que con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño; tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de estos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez; lo cual se traduce en violación el interés superior de su hija. Por ende, la determinación reclamada carece de fundamentación y adecuada motivación, en contravención a lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional. Para dar solución a los conceptos de violación, de inicio debe señalarse que en el presente juicio cobra vigencia la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en tanto que el asunto de origen versa sobre una controversia familiar en la que se ve involucrado una menor de edad; lo anterior, con independencia de la naturaleza de los derechos cuestionados en el asunto de origen y el carácter de quien promovió el juicio de amparo (en este caso, el progenitor). Ello, toda vez que los derechos fundamentales del niño, por mandado constitucional, deben atenderse primordialmente en todo asunto que afecte directa o indirectamente el ejercicio pleno de los mismos, radicando ahí la obligación de suplir la queja deficiente en su beneficio, dado que las pretensiones hechas valer por los interesados a título personal, aun bajo la idea de buscar su bienestar, no pueden estar por encima de su interés superior. Ilustra lo anterior, por las razones que informa, la tesis número 2a. LXXV/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 161 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII (julio de 2000), Materia Común, Civil, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PROCEDE EN TODO CASO, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. Los Jueces Federales tienen el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios respectivos, siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o el recurso de revisión, toda vez que el interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en las concernientes a los menores y a los incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar la situación de los hijos menores; por el contrario, es la sociedad, en su conjunto, la que tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Lo anterior, debido a que el propósito del Constituyente y del legislador ordinario, plasmada en los artículos 107, fracción II, párrafo segundo, constitucional y 76 bis, fracción V y 91, fracción VI, de la Ley de Amparo, y de las interpretaciones realizadas por la Suprema Corte fue tutelar el interés de los menores de edad y de los incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, incluso hasta el grado de hacer valer todos aquellos conceptos o razones que permitan establecer la verdad y lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. Luego, no hay excusa tocante a la materia ni limitante alguna para la intervención oficiosa y obligada de las autoridades jurisdiccionales en esta clase de asuntos, pues la sociedad y el Estado tienen interés en que los derechos de los menores de edad y de los incapaces queden protegidos supliendo la deficiencia de la queja, independientemente de quienes promuevan en su nombre o, incluso, cuando sin ser parte pudieran resultar afectados por la resolución que se dicte". Concordante con ello, debe señalarse que el aludido interés superior del menor, contemplado primordialmente en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, es un principio y criterio rector tanto para la creación de normas como para su aplicación, a fin de garantizar y proteger el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, así como el ejercicio pleno de sus derechos, siendo la cúspide de todo el sistema de protección de menores. De ahí que dicho principio, ampliamente desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales federales en el ámbito jurisdiccional, ha de guiar cualquier decisión que se tome relacionada con los menores de edad, erigiéndose como un instrumento orientador que implica llevar a cabo una interpretación sistemática que tome en cuenta los deberes de protección de las niñas, niños y adolescentes y los derechos especiales de éstos, previstos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes de protección de la niñez, a fin de resolver lo conducente en toda controversia que trascienda, directa o indirectamente, la esfera de derechos del infante, buscando siempre una solución estable, justa y equitativa para éste, ante la frecuente concurrencia de varios intereses que, derivado de las circunstancias de cada caso en particular, entran en conflicto. Bajo ese esquema argumentativo, el interés superior del niño en cuya representación se presentó la demanda de amparo, necesariamente debe constituir el punto de referencia para emprender el estudio del acto aquí reclamado, supliendo, como se dijo, la deficiencia de la queja directamente en su beneficio, al ser una cuestión de orden público e interés general garantizar el respeto y pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Al caso se invoca la jurisprudencia número 1a./J. 25/2012 (9a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 334 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV (diciembre de 2012), Tomo 1, Materia Constitucional, Décima Época, que enseguida se inserta: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: 'la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". En esa tesitura, el estudio atinente al acto reclamado parte de los motivos de disenso formulados por el progenitor del menor aquí quejoso, sin perjuicio de emprender su análisis oficioso por las razones antes señaladas, a fin de determinar lo relativo a su constitucionalidad o no, lo cual redunda en una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en acatamiento a lo estipulado en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal. Pues bien, los conceptos de violación formulados por el quejoso, cuyo estudio se realiza en términos de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo, dada la estrecha relación que guardan entre sí, son infundados. Convicción a la que se arriba toda vez que, en concepto de la suscrita juzgadora, la determinación de la autoridad responsable, contrario a lo expuesto por la parte quejosa, sí se encuentra fundada y motivada, en tanto que atendió, primordialmente, al interés superior de la menor involucrada en el asunto. En efecto, la juez responsable, en el auto reclamado, estableció un régimen de convivencias bajo el régimen del uso de medios electrónicos entre Mario Sebastián Colín Cruz y la niña de identidad reservada e iniciales M.J.C.I. padre e hija, para llevarse a cabo VIA TELEFONICA O VIDEOLLAMADAS WHATSAPP, de lunes a sábado en un horario de nueve a once horas, comprometiéndose el señor Mario Sebastián Colín Cruz, a comunicarse al número telefónico de la señora Guadalupe Ibáñez Hernández y el día domingo quedará de manera abierta comprometiéndose la señora Guadalupe Ibáñez Hernández a comunicarse con el señor Mario Sebastián Colín Cruz para el verificativo de la convivencia de su hija, atendiendo por una parte al incumplimiento con el anterior convenio por parte de las dos partes; a la contingencia originada por el virus SARS- CoV-19, y al derecho que todo niña tiene de mantener relaciones personales y contacto con ambos progenitores de modo regular, a efecto de que éstos contribuyan en el desarrollo, educación, protección, desenvolvimiento y cuidado del menor. En ese tenor, se estima que el auto reclamado no transgrede en modo alguno los derechos fundamentales de la menor que se ve involucrada en el asunto de origen, sino que, por el contrario, en el expediente existen suficientes elementos para considerar ajustada a derecho la determinación de la autoridad responsable, de manera fundada y motivada. Es así porque la juez estableció que atendiendo a la situación actual en la que atraviesa no solo en el Estado de Oaxaca, sino a nivel Nacional respecto de las medidas de salud implementadas respecto a la prevención de una mayor propagación del COVID-19 y protegiendo el derecho humano a la salud y más aún respecto de la responsabilidad que tiene el Estado de velar por la salud en materia de niñas, niños y adolescentes, esta autoridad en base a las atribuciones que la propia ley le otorga, con fundamento en los artículo 429, 429 Bis A, 429 Bis B, del Código Civil, en relación a los artículos 962, 963 del Código de Procedimientos Civiles, tomando en consideración los horarios labores de Guadalupe Ibáñez Hernández y el incumplimiento cabal de ambos respecto al convenio fijado el veintidós de abril de dos mil vente, ambos comparecientes acuerdan MODIFICAR EL REGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS QUE EN FORMA PROVISIONAL se había ordenado en auto de veintidós de abril de dos mil veinte, entre la menor de edad de nombre con iniciales M.J.C.I., con su progenitor no custodio, para quedar en los siguientes términos: "EL REGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS EN FORMA PROVISIONAL, entre la menor de edad M.J.C.I., con su progenitor no custodio se realizara VIA TELEFONICA O VIDEOLLAMADAS WHATSAPP, de lunes a sábado en un horario de nueve a once horas, comprometiéndose el señor Mario Sebastián Colín Cruz, a comunicarse al número telefónico de la señora Guadalupe Ibáñez Hernández y el día domingo quedará de manera abierta comprometiéndose la señora Guadalupe Ibáñez Hernández a comunicarse con el señor Mario Sebastián Colín Cruz para el verificativo de la convivencia de su hija". Criterios que la suscrita juzgadora comparte, por las siguientes consideraciones. El derecho de visitas y convivencias tiene como finalidad la búsqueda incesante del desarrollo pleno de la menor por medio de la implementación o fortalecimiento de los lazos entre él y sus familiares cuando los vínculos afectivos se han visto trastocados, mejorando o reencausando la convivencia; por ello, se encuentra por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentra la custodia del menor, por tratarse de un derecho humano principalmente dirigido al niño, aunque también favorezca indirectamente a sus ascendientes y a quienes conforman dicho grupo. En esa perspectiva, el interés superior del niño implica la necesidad de que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio, como es el caso. Bajo estas premisas, es necesario traer a colación el artículo 963 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, establece que el Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Así, del numeral referido se advierte la obligación del juez de velar en todo momento por el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el cual se definió en el párrafo que antecede como un principio y criterio rector tanto para la creación de normas como para su aplicación, a fin de garantizar y proteger el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, así como el ejercicio pleno de sus derechos, siendo la cúspide de todo el sistema de protección de menores. En ese contexto, la orden para que la convivencia del menor con el progenitor que no tiene la guarda y custodia se realice de manera electrónica bajo la modalidad de VIA TELEFONICA O VIDEOLLAMADAS WHATSAPP, de lunes a sábado en un horario de nueve a once horas, y el día domingo quedará de manera abierta, es una forma para preservar su derecho a ser cuidada y educada por ambos progenitores, así como para mantener contacto con ellos, preservando las relaciones familiares; de ahí lo infundado de los conceptos de violación a través de los cuales el quejoso pretende que las convivencias sean por más tiempo y de manera presencial; así como que sea escuchada la menor para determinar las convivencias, porque el interés de dicho quejoso, no debe estar por encima del derecho que tiene la menor de mantener el contacto y la convivencia con el progenitor de quien se encuentra separado, así como crear el lazo afectivo necesario como parte fundamental de su familia, con las medidas estipuladas para preservar su salud, como lo determinó la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia I.5o.C. J/28, visible en la página 965, tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de junio de dos mil once, cuyo rubro y texto dicen: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU IMPORTANCIA EN MOMENTOS DE CRISIS FAMILIAR.- Este derecho y específicamente la implementación del régimen de visitas y convivencias, adquieren una importancia inusitada en situaciones de crisis matrimoniales, extramatrimoniales o de malos entendidos entre los miembros de una familia, pues en esos casos, el ejercicio del derecho de visitas y convivencias constituye un remedio o recurso de protección excepcional al reactivar la convivencia que se ha perdido o desgastado en un sinnúmero de situaciones. En estos casos de crisis llega a ocurrir que alguno de los progenitores, o ambos, tomen partido y, frecuentemente, en lugar de buscar acuerdos convenientes a los intereses de los menores, cierran toda posibilidad al otro de ver o tener contacto con ellos, lo que provoca que los niños se vuelvan verdaderas víctimas de las desavenencias del matrimonio, y no en pocas ocasiones son utilizados como instrumentos para que los cónyuges o custodios se ofendan o dañen entre sí, siendo los hijos los más perjudicados. Por ello, en este tipo de crisis, la autoridad jurisdiccional competente debe implementar el régimen de visitas y convivencias a favor de los hijos menores de edad, de la manera más conveniente, atendiendo a su interés superior, con independencia de los intereses y derechos de sus progenitores, para incentivar, preservar y reencausar la convivencia en el grupo familiar." Por tanto, la determinación de la juez de ninguna forma puede considerarse ilegal, precisamente porque, de manera fundada y motivada, estableció un régimen de convivencia de manera electrónica a través de llamada o video llamada, a fin de que la niña no permanezca en un estado vulnerable ante el periodo de contingencia en materia de salud pública en que nos encontramos. A mayor abundamiento, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció diversos criterios en los que determinó que el régimen de convivencia o derecho de visita es un derecho fundamental de los menores y debe tener siempre como eje rector, el principio de interés superior de éstos, el cual busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados, desde luego, sin soslayar que este derecho no es absoluto, pero tampoco está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres, sino que debe atenderse al caso concreto para determinarlo y puede estar limitado de forma temporal, espacial y modal, para asegurar su bienestar y su estabilidad emocional. Consecuentemente, los órganos jurisdiccionales deben vigilar que la convivencia entre el infante y sus padres, cuando no existan las condiciones necesarias para ese efecto, se lleve a cabo de manera supervisada por especialistas en la materia y de acuerdo a su prudente arbitrio, para no provocar un cambio abrupto o sorpresivo que los exponga a una situación de riesgo. Ello, porque la convivencia armónica del infante con su ascendiente repercutirá en su desarrollo sano y equilibrado, quien necesita del cariño y apoyo de ambos progenitores. Al caso se invoca la tesis número 1a. CCCLXVIII/2014 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 600 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11 (octubre de 2014), Tomo I, Materia Constitucional, Décima Época, del tenor siguiente: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD. El derecho a las visitas y convivencias de los padres con los hijos menores es un derecho fundamental de éstos que se encuentra contemplado en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el artículo 4o. constitucional, toda vez que está vinculado directamente con el interés superior del menor, principio que sí está contemplado expresamente en el citado precepto constitucional. En este sentido, es evidente que cuando haya separación del menor de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que sólo uno de ellos detenta su guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del niño, lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio". Además, por las razones que informa, la tesis número III.1o.C.29 C (10a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 1775 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28 (marzo de 2016), Tomo II, Materia Constitucional, Civil, relativa a la Décima Época, de rubro y texto siguiente: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA. ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, NO PUEDE QUEDAR SUJETO A LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE PACTÓ EN EL CONVENIO DE DIVORCIO O HASTA QUE SE ESTABLEZCA EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Si la Sala responsable no resolvió el tema relativo al régimen de convivencia de los menores con sus padres, y sólo señaló que quedara sujeto a la forma y términos en que se pactó en el convenio de divorcio y que, de no hacerlo, se estableciera en ejecución de sentencia, ello es ilegal, pues ante el conflicto de ambas partes (progenitores) la convivencia debe resolverse por la responsable por ser de estudio oficioso y atento al interés superior del menor. En ese tenor, la convivencia amerita una relación a efecto de salvaguardar los derechos del menor, para restaurar la relación filial, es decir, su derecho a convivir con sus progenitores, que es de alto interés, porque para el sano desarrollo emocional y formación de su personalidad es necesario que los menores tengan relación con aquéllos, de conformidad con el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño(1) que establece el derecho de los niños de convivir con sus padres, el cual debe protegerse y procurarse a menos de que haya evidencia de que se ponga en riesgo su seguridad". Ahora en específico respecto a que la juez negó escuchar a la menor para decidir sobre las convivencias la juez precisó que el derecho de escucha de los niños no debe llevarse a cabo de manera indiscriminada, sino atendiendo a la particularidad del asunto, por lo que se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que corresponda, lo anterior con fundamento en el artículo 53 y 404 del Código de procedimientos Civiles vigente en el Estado a fin de no causar un detrimento de su interés superior y citó como apoyó la jurisprudencia de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA INVOLUCRA UNA VALORACIÓN DE PARTE DEL JUEZ". Lo que de manera acertada precisó ya que la finalidad de la diligencia era dicha determinación pues tenía como finalidad de mejorar las condiciones de convivencia estipuladas dejando a un lado sus intereses personales y buscando un acuerdo que atienda al bienestar de su hija, atendiendo únicamente a la contingencia sanitaria por la que atravesamos; además de que el régimen de convivencia a través de video llamada se considera una mecánica adecuada para que se logre lazo familiar que refiere. Máxime que, como ya se dijo, la orden para que la convivencia de la menor con el progenitor que no tiene la guarda y custodia se realice de tal forma, para preservar su derecho a ser cuidada y educada por ambos progenitores, así como a mantener contacto con ellos, preservando las relaciones familiares, hasta en tanto se emite la resolución correspondiente en definitiva con base en todos los elementos que alleguen al juicio las partes. Máxime que del estudio oficioso realizado por la suscrita juzgadora de las constancias que integran el juicio familiar de origen no se aprecian elementos que revelen o pongan de manifiesto, ni de manera indiciaria, que la niña se encuentre en una situación de riesgo; sino por el contrario se advierte que el aquí quejoso vierte violencia contra la menor y su madre, tan es así que en el propio acuerdo la juez determino: "se dicta la orden de protección de emergencia y se prohíbe al ciudadano Mario Sebastián Colón Cruz, intimidar o molestar a la víctima con sustraer a su hija con nombre de iniciales MJ.J.CI., de su lado en su entorno social, incluidos la vía telefónica o cualquier otro medio electrónico de comunicación, apercibido que en caso de incurrir en actos de violencia como lo manifiesta la actora se le impondrá como medio de apremio una multa."; luego entonces, también resultan infundados sus argumentos respecto a ese acto reclamado, como ya se dijo si está debidamente fundado y motivado dicho proveído. En consecuencia, sin que se advierta queja que deba suplirse en beneficio del menor de identidad reservada, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita. Resta precisar que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis aisladas invocadas en esta sentencia, no obstante que fueron integradas, en su caso, conforme a la ley anterior, continúan en vigor y son aplicables, dado que no se oponen a la ley de la materia vigente conforme al citado transitorio. SEXTO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a(.), contra los actos reclamados a la Juez tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro; en términos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (LA PRESENTE SENTENCIA SE PUBLICA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE SE AUTORIZÓ EL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO) LA PRESENTE SENTENCIA NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA.

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