Mario Santos Soto
Expediente 895/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 895/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 01/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Mario Santos Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
EXPEDIENTILLO Vista la certificación que antecede de la que se advierte que a las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 895/2023 y que el asunto se encuentra en estudio para dictar la resolución correspondiente; en tales condiciones, con el oficio del Juez responsable, fórmese el expedientillo correspondiente. Atento al contenido, se toma conocimiento y se ordena agregar sin mayor pronunciamiento, Finalmente, una vez que se dicte la sentencia correspondiente, glósese el expedientillo al cuaderno principal. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 895/2023, promovido por ...; contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Primero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. La demanda se admitió en este órgano, dándose intervención a la representación social adscrita, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó llamar al tercero interesado, y se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que las autoridades rindieron su informe justificado; la Agencia del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; se emplazó a la parte tercera interesada; y finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 fracción IV de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un juicio del orden civil seguido ante un órgano jurisdiccional con sede la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo: El quejoso se ostenta tercero extraño al juicio oral civil ... del índice del Juzgado Primero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, y particularmente reclama la falta de llamamiento a la etapa de ejecución, así como los actos para desposeerlo del inmueble identificado como: "... en esta Ciudad de México.". TERCERO. Existencia. El Juez y Actuario responsables aceptaron la existencia de los reclamados, certeza corroborada con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la legislación en cita. El juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con la fracción IV, del dispositivo 107, ambos de la Ley de Amparo. A fin de demostrar lo anterior, primero es necesario establecer que al quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño, dado que se le emplazó al juicio, participó en él e incluso promovió la defensa de sus intereses en sede constitucional a través de la instanciación de un juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva. En efecto, de las constancias enviadas por la autoridad responsable durante la sustanciación del proceso constitucional -las cuales gozan de valor probatorio pleno por tratarse de actuaciones judiciales certificadas al tenor de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo-, se advierte que el quejoso ... tuvo la siguiente participación judicial con motivo del asunto de origen: El cinco de octubre de dos mil dieciocho se le emplazó a juicio natural. El dieciocho de ese mes y año el quejoso dio contestación a la acción en su contra, acordándose favorablemente el veintitrés siguiente. Al dictarse sentencia definitiva, el enjuiciado y aquí quejoso promovió juicio constitucional en vía directa, el cual fue desestimado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el A.D.C. ...; e incluso, contra la negativa de amparo, promovió recurso de revisión, el cual fue desechado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo lo anterior, pone de manifiesto que el quejoso formal y materialmente es parte en el juicio de origen y que en su oportunidad compareció en defensa de sus intereses, por lo cual, no puede considerársele como tercero extraño, dado su completo conocimiento del proceso del que emanan los actos reclamados. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Común, intitulada: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)." Así como la diversa tesis 2a./J. 47/2011 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, Constitucional, de rubro: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA." En esta tesitura, operan sin excepción las reglas que informan la procedencia de la acción constitucional en la etapa de ejecución de sentencia, particularmente la de la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con la fracción IV, del dispositivo 107, ambos de la Ley de Amparo. De estas disposiciones se observa que contra actos que se reclamen derivados de un proceso judicial, el juicio de amparo biinstancial procede contra aquéllos que se ejecuten fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo procederá contra la última resolución emitida en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; en caso de remates la que indistintamente ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación o la entrega del bien. En el caso, el quejoso reclama destacadamente la falta de llamamiento a la etapa de ejecución [particularmente la diligencia de siete de julio de dos mil veintitrés, para enterarle de diversos autos dictados en la etapa de ejecución, y que tienden a la entrega del bien identificado como: ... en esta Ciudad de México.], así como los actos para desposeerlo materialmente de dicho inmueble; sin embargo, ni la entrega ni las notificaciones constituyen la última resolución en la etapa de ejecución, dado que por su contenido se pueden relacionar al acatamiento del primer, segundo y tercer punto resolutivo de la sentencia definitiva, que establecen: "PRIMERO. Ha procedido la vía ORAL CIVIL, en donde la parte actora ... en su carácter de apoderada de ... y ... acreditó su acción y el DEMANDADO ... no justificó sus excepciones y defensas; en consecuencia: SEGUNDO. Se declara la rescisión del CONTRATO DE COMPRAVENTA DE FECHA 19 DE MAYO DE 2015 respecto del DEPARTAMENTO ..., hoy Ciudad de México. TERCERO.- Se condena al demandado a devolver a la parte actora por conducto de quien represente sus derechos el inmueble materia de la compraventa que ha sido privado de efectos jurídicos lo que deberá hacer dentro del plazo de OCHO DÍAS HÁBILES a partir de que sea legalmente ejecutable la presente resolución, apercibido de lanzamiento a su costa de conformidad con el artículo 525 del Código de Procedimientos Civiles. [.]". Luego, los actos reclamados no actualizan la procedencia de la acción constitucional biinstancial en la fase de ejecución, dado que por su contenido, no reconocen el cumplimiento total al fallo o la imposibilidad legal o materia para tal efecto; menos aún constituye el archivo definitivo del expediente natural. En estas condiciones, resulta claro que no existe excepción al principio de definitividad de los actos en ejecución, dado que no se está ante la última resolución emitida en tal fase, puesto que lo reclamado constituye parte inherente a las gestiones para el cumplimiento de la sentencia; sin aprobar o reconocer de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia; o declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, ni es la orden de archivo definitivo del expediente. De tal suerte que las violaciones e irregularidades que aduce en este asunto, podrá hacerlas valer al momento en que se dicte la última resolución que determine el cumplimiento de lo sentenciado. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 28/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, en Materias(s): Civil. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 60, que establece: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. También sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 19/2001, de la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, registro 189344, que dice: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." Sin que sea impedimento a lo anterior, que se invoque la indefensión por falta de notificación de las resoluciones correspondientes, pues lo cierto es que al haber sido emplazado al proceso principal, no es dable equiparar al enjuiciado a un tercero extraño y por ende, las notificaciones no pueden reclamarse inmediatamente en el juicio de amparo indirecto al ser una actuación intraprocesal cuyos efectos pueden ser destruidos si resultase fundada la alegación correspondiente en el juicio contra la última resolución, como ya lo sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 93/2008-PS, donde el Máximo Tribunal sostuvo: "Esta Primera Sala estima que debe prevalecer como criterio obligatorio que el amparo no es procedente contra la falta de citación al procedimiento de ejecución de sentencia, en virtud de tratarse del caso típico de una violación procesal que puede hacerse valer al promoverse el amparo contra la resolución con la que culmina el mencionado procedimiento. De la lectura atenta del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se sigue que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, establece un distingo entre: 1) los actos de ejecución de sentencia (y dentro de éstos cabe integrar el caso especial del remate) y 2) los que no se dictan dentro del procedimiento de ejecución de sentencia y, por tanto, gozan de autonomía con relación a dicha ejecución. En relación con los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, y que en el caso del procedimiento de ejecución específico de remate, lo es la que lo aprueba o desaprueba). La razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de garantías sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Con ese motivo en mente, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. Así, en virtud de un principio de economía, cualquier alegación referida al procedimiento podrá hacerse valer en este momento. Dadas estas premisas, se concluye que la falta de citación al procedimiento de ejecución (cuando se trata del remate) debe impugnarse en el amparo indirecto que se promueva en contra de la resolución que lo apruebe o desapruebe, solución que se fortalece por el hecho de que es una resolución intraprocesal cuyos efectos pueden ser destruidos si resulta fundada la alegación correspondiente. No debe perderse de vista además, que el ejecutado ya fue parte en un juicio en el que fue oído y vencido y, por tanto, no puede equipararse a una persona extraña al mismo, como sí lo es una persona que no ha sido emplazada a juicio. Así, por más que la falta de llamamiento a la fase de ejecución resulte ser una violación procesal de la mayor magnitud y de carácter grave, también es cierto que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales que no pueda ser restituido, sino la violación de derechos que produce únicamente efectos formales que pueden ser destruidos a la postre. No puede reclamarse, por ende, de manera inmediata en la vía indirecta del amparo. [.]" Lo anterior dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 108/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Civil, que establece: "REMATES. LA FALTA DE CITACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, DESPUÉS DE QUE ÉSTE HA INICIADO, ES UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LOS APRUEBE O DESAPRUEBE. Del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se advierte que el sistema de procedencia del juicio de garantías contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, distingue entre: 1) los actos de ejecución de sentencia; y, 2) los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución. Respecto de los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, la cual, en caso de los remates, por disposición expresa del citado precepto es la que los aprueba o desaprueba). La razón que originó esta regla de procedencia, es evitar que se utilice el juicio de garantías para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Así, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante éste y que hayan dejado sin defensa al quejoso. En congruencia con lo anterior, se concluye que tratándose de remates, la falta de citación al procedimiento de ejecución, después de que éste ha iniciado, es una violación intraprocesal que por sí misma no causa agravio a un derecho fundamental que no pueda restituirse y, por tanto, no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino que es impugnable a través del amparo indirecto que se promueva contra la resolución final que los apruebe o desapruebe, por ser la que pone fin a dicho procedimiento." Consecuentemente, dado que el quejoso no es tercero extraño al juicio de origen; y al no constituir los actos reclamados, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, cobra vigencia la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa IV del precepto 107, ambos de la Ley de Amparo; por lo que procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO. El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos que se reclaman de la autoridad responsable ejecutora, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Localizable en la página 339, Tomo VI, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial 1917-1995, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto 895/2023, promovido por ...; contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Primero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el último considerando. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma electrónicamente ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario que autoriza y da fe, en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Amparo; hasta hoy, tres de enero de dos mil veinticuatro, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
En Ciudad de México, siendo las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 895/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Los oficios por los cuales las autoridades responsables rindió su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa ofreció como pruebas las documentales adjuntas en su escrito inicial de demanda. Al efecto, se acuerda: Se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, las probanzas referidas. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el periodo probatorio y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.
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