Mario Santos Palacios

Expediente 677/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
677/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/07/2022

Partes del expediente

  • Mario Santos Palacios

Actuaciones

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, catorce de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, por el que en atención a la competencia declinada de su parte, remite el original del Juicio de amparo promovido por Mario Santos Palacios, el cual lo registró con el número 615/2022 de su índice, con ocho anexos. Atento a lo anterior, tan solo agréguese sin mayor proveído la misiva de cuenta, con anexos, toda vez que en auto de trece de mayo de dos mil veintidós, se recibió el referido oficio vía electrónica, donde se aceptó la competencia declinada y se desechó la demanda por notoriamente improcedente, ordenándose su archivo definitivo en auto de veintisiete de junio último. Vuelvan los autos al archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que, el acuerdo de trece de mayo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: En el presente asunto sí obran documentos exhibidos por la parte quejosa de los que no están catalogados como originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretados en sentido contrario y 21, inciso d), del Acuerdo en cita. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos que exhibió la parte quejosa con su escrito aclaratorio no están catalogados como originales por lo que, su devolución se autoriza desde este momento, en el entendido que de no recogerlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. En el entendido que para recoger los referidos documentos, deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona autorizada para tal efecto; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que el horario de labores de este órgano jurisdiccional se encuentra comprendido de las nueve horas con quince minutos a las dieciséis horas con quince minutos, a efecto de que lo tome en consideración al momento de agendar su cita. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    Irapuato, Guanajuato, trece de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 236/2022 (645/2022), del índice de este Juzgado, enviado para notificar el auto de veintiuno de abril último al especialista ****, lo anterior, toda vez que el domicilio proporcionado es incorrecto. Esto, pues de la razón elaborada por la fedataria de esa adscripción se advierte que las oficinas de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República en el Estado de Guanajuato, donde se puede localizar al perito, se encuentran en la ciudad de León. Dese de baja la comunicación oficial de mérito y realícense las anotaciones respectivas. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, en relación con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en turno; para que, en apoyo a este órgano federal, comisionen al funcionario correspondiente para que notifiquen el auto de veintiuno de abril último, al especialista de mérito por conducto de la coordinación de su adscripción, corriéndole traslado con copia del mismo, copia de la demanda de amparo y del testimonio de la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en la capital, en autos del amparo en revisión 107/2021 de su índice -registrado con el progresivo 13590/2021-, así como del presente auto. Ahora, en consideración a las formas en que el perito designado puede aceptar y protestar su cargo, las cuales se delinearon en el Acuerdo General 21/2020, se hace de su conocimiento, que podrá ser mediante cita ante este tribunal federal, o en su caso, por medio de videoconferencia. Por ello, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiera al especialista mencionado, para que dentro del término de TRES DÍAS legalmente computado a partir del momento en que le sea notificado el presente proveído, informen lo siguiente: De qué forma aceptará y protestará su cargo; a efecto que, de ser presencial, este tribunal será el que genere la cita y, en su momento, le notifique el código QR para tal efecto; por otro lado, en caso de ser por videoconferencia, deberán contar con el equipo tecnológico adecuado para ello. Proponga una fecha para su aceptación y protesta; la data correspondiente la deberá fijar dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación de su escrito, a efecto de que este órgano jurisdiccional pueda acordar lo conducente al respecto, para lo cual, deberá proporcionar una forma de contacto, vía telefónica o por correo electrónico. Lo anterior en el entendido que, este tribunal tratará de acordar favorablemente siempre y cuando, las cargas de trabajo así lo permitan. Se apercibe a al perito que, en caso de que sea omiso en referir la forma en que aceptará y protestará el cargo conferido, este Juzgado señalará la manera en que se realizará tal cuestión y se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización al día que se integra. Notifíquese.

  4. Principal

    CON FUNDMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ***** EL PROVEÍDO DICTADO EL TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL DICE: Téngase por recibido el oficio remitido por el secretario del Juzgado Noveno de Distrito en estado de Guanajuato con residencia en esta ciudad a través del cual remite el diverso signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, por el que remite la siguiente documentación: - Copia certificada con sus anexos de la demanda de amparo promovida por *****; Ello, en virtud que declaró que carece de competencia legal para conocer de ésta. COMPETENCIA Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional asume la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda promovida por *****, por derecho propio, contra actos que reclama del Presidente del Honorable Consejo de Honor de la 36/o. Batallo de la Policía Militar y Comandante de ese mismo Batallón, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional y otras autoridades, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 13, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acúsese recibo y hágase del conocimiento del Juzgado oficiante la presente determinación. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 677/2022; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ESTUDIO DE PROCEDENCIA Ahora bien, el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En el caso, del estudio íntegro de la demanda se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en: La orden contenida en el oficio número ***** de dieciocho de abril de dos mil veintidós, en el que se le cita para presentarse a las once horas del nueve de mayo del año en curso, en las instalaciones que ocupa el Comedor de la 12/a. Brigada de la Policía Militar, con residencia en esta ciudad, para que de conformidad con las facultades y atribuciones establecidas en la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los consejos de Honor, conozca su conducta y su cumplimiento. Acto respecto del cual se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del numeral 61, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." En principio, para fijar el alcance de la citada causal de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ha establecido y la jurisprudencia del más alto tribunal del país ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de su derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas en la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XXIV, diciembre de 2006, Tesis: 2a./J. 181/2006, visible en la página 189 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Asimismo, se cita la jurisprudencia P./J.90/97, localizable en la página 9, del Tomo VI, Diciembre de 1997, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que dIce: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Ahora bien, como se señaló, la parte quejosa promovió el juicio constitucional contra el acto reclamado consistente en el oficio número ***** de dieciocho de abril de dos mil veintidós, en el que se le cita para presentarse a las once horas del nueve de mayo en curso, en las instalaciones que ocupa el Comedor de la 12/a. Brigada de la Policía Militar, con residencia en esta ciudad, para que de conformidad con las facultades y atribuciones establecidas en la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los consejos de Honor, conozca su conducta y su cumplimiento. Esto es, en el oficio reclamado se solicitó al quejoso compareciera a una audiencia ante el Consejo de Honor y Justicia a las once horas del día nueve de mayo de dos mil veintidós, para darle a conocer el resultado de la conducta ahí descrita y demás particularidades que se contienen en ese acto, incluso dándole a conocer la posible sanción en que podría derivar y, vinculado con esto, se le informaron sus derechos, entre ellos, el de comparecer asistido de abogado y ofrecer pruebas. De ahí que tal oficio se traduce en la citación para la audiencia a través del a cual el Consejo de Honor dará a conocer la "acusación" que se le atribuye para que esté en condiciones de hacer valer sus derechos previo a cualquier otra determinación. Por tanto, es inconcuso que si la fecha de la citada ccomparecencia ya pasó (era para el nueve de mayo en curso) entonces, aunque dicho acto existe, ya no puede surtir efecto material, por haber dejado de existir su objeto -la citación para esa fecha determinada- de tal manera que la consecuencia de ese acto ya no existe, siendo imposible retrotraer el tiempo. Ante tal panorama, al haber ya pasado la fecha señalada por la responsable en la citación mencionada, la sentencia que se llegara a dictar en el presente juicio de garantías concediendo el amparo solicitado, ningún efecto jurídico podría tener, ya que el acto reclamado no puede surtir consecuencia material alguna en la esfera jurídica del quejoso, ello en razón de que al quedar insubsistente el oficio de dieciocho de abril de dos mil veintidós, por el simple transcurso del tiempo, han dejado de existir el objeto o materia del mismo y sus efectos no pueden concretarse, en virtud de la modificación del entorno en donde tuvieron su origen. Siendo importante señalar que la citación no conlleva algún efecto material que subsista en perjuicio del quejoso pues además de que no contiene un apercibimiento en ese sentido, por lo contrario, de su contenido se desprende que la cita solo era para llevar a cabo una audiencia que por sí misma no trasciende a sus derechos sustantivos y menos de alguna forma que esa afectación perdurara aun cuando ya ha pasado la fecha fijada y se hubiera presentado o no a la audiencia. Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, la tesis número 2a. XCIX/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 357 del Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió contivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en la fracción XXII del artículo 61 de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN Y REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA La parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en las Instalaciones de la 36/o, Batallón de la Policía Militar, en el interior del Campo Militar número 16-, ubicado en *****, de esta ciudad. Por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado de distrito, para que se constituya en el mencionado domicilio y lleve a cabo la notificación al quejoso; corriéndole traslado con copia autorizada del presente proveído. Asimismo, se le requiere a fin de que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibida que de no hacerlo en el término indicado, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán mediante lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la planta baja del recinto en que se localiza este juzgado en el espacio que al efecto determine la administración del edificio, del tres de agosto de dos mil veinte al cinco de junio de dos mil veintidós, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión. Por economía procesal y para una mayor agilidad en la integración de este negocio, se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, para la práctica del emplazamiento; de igual forma se faculta al actuario respectivo, para que, de no encontrar a la persona buscada, y si se entera de un domicilio diverso donde puedan ser emplazado, podrá constituirse en el lugar que se le informe y llevar a cabo la diligencia de que se trata, ello, sin necesidad de previo acuerdo. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A *****, se le tiene como autorizada de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de lo asentado en la certificación de cuenta, y en términos restringidos a la diversa persona que menciona por así haberlo solicitado de manera expresa. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO Se invita a la parte quejosa y al resto de las partes a que propongan diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tal medio, en los casos en que se estime pertinente. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General multicitado,6 se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". De ser así, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la ederación y del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uo de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.

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