Mario Santana Jimenez

Expediente 817/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
817/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
25/10/2018

Partes del expediente

  • Mario Santana Jimenez
  • Juez Primero de Primer Instancia Penal de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Principal

    Ciudad de México, a doce de diciembre de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo y protección de la justicia de la unión; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 817/2017, promovido por Mario Santana Jimenez, contra los actos reclamados de la Juez Primero Penal de la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veintisiete de septiembre del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que se precisará en el considerando segundo. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes e indicó que transgredieron sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Al día siguiente de su recepción, se admitió a trámite la demanda, que se registró con el orden 817/2017; se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se difirió en una ocasión. IV. En su oportunidad se emplazó a los terceros interesados. V. Por último, se realizó la audiencia de ley al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el número 1347 aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [aplicable de conformidad con el artículo SEXTO TRANSITORIO del decreto por el que se expidió la ley de la materia, dado que no se opone a su contenido], que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias de autos, se precisa que el acto reclamado de la Juez Primero Penal de la Ciudad de México es el siguiente: * El auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictado en la causa 223/2004, en que desechó de plano el recurso de revocación, interpuesto por el defensor del quejoso, contra el diverso de veinticuatro del mes y año preindicados, en que declaró infundado el incidente no especificado que planteó, relativo a la prescripción del pago de la reparación del daño a que se le condenó. TERCERO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo admitió la autoridad judicial responsable al rendir informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada que adjuntó, entre cuyas constancias se aprecia auto controvertido; documental que tiene valor probatorio pleno, al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Esto último encuentra apoyo en la jurisprudencia identificable con el número 1340 impresa en la página 1502, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, con el rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Los conceptos de violación son infundados, en una parte, e inoperantes, en la restante, sin que se advierta materia para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que es procedente negar la protección de la Justicia Federal solicitada. En efecto, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal establece, en lo conducente, que todo acto de molestia debe ser emitido por escrito, procedente de autoridad competente que funde y motive su forma de proceder. Así, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia que bajo el número 266 aparece publicada en la página 1239, del multicitado apéndice, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo título es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Ahora, para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar algunos antecedentes del acto reclamado, como a continuación se expone: 1. Mediante escrito presentado el diecisiete de agosto pasado, en la oficialía de partes de la autoridad judicial responsable, el quejoso planteó incidente no especificado, relativo a la prescripción del pago de la reparación del daño a que se le condenó en el proceso penal que se le instruyó. 2. En auto de veinticuatro del mes preindicado, la juez responsable resolvió de plano tal incidente, declarándolo infundado, medularmente porque el quejoso deberá de estar a lo resuelto en la interlocutoria pronunciada el veintidós de septiembre de dos mil quince, en que se indicó que la pena de reparación del daño prescribe en un tiempo igual al de la pena privativa de libertad impuesta; y 3. Inconforme, mediante comparecencia de veintiocho de agosto del año en curso, el defensor del quejoso interpuso recurso de revocación, por considerar que se causaban agravios al justiciable. Posteriormente, la autoridad judicial responsable emitió el auto reclamado, en que de conformidad con los artículos 412 y 413 del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad desechó de plano el recurso de revocación de referencia, dado que el defensor del quejoso no expresó agravios, por lo que concluyó que no existía materia para analizar la legalidad del acuerdo recurrido. En ese contexto, se estima que el acto reclamado está adecuadamente fundado y motivado, pues la juez responsable citó los preceptos legales que consideró aplicables y expuso las razones o causas particulares por las que resolvió en el sentido en que lo hizo; además, indicó la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Así se considera, porque del contenido de los preceptos que sirvieron de fundamento para la emisión del acto reclamado se obtiene que el recurso de revocación procede, por exclusión, contra aquellas determinaciones dictadas por el tribunal o juez que expresamente no se conceda el de apelación, como en el caso sucedió, pues el auto recurrido no está previsto en alguno de los supuestos que establece el numeral 418 del código procesal penal local. Asimismo, se advierte que el recurso de revocación se prevé como un medio ordinario de los denominados "horizontales", porque su resolución corresponde al propio órgano jurisdiccional que emitió la actuación cuestionada, con la finalidad de que en su caso pueda rectificar o reconsiderar sus providencias o determinaciones, respecto de cuestiones accesorias del planteamiento sometido a su consideración por alguna de las partes procesales, con base en los agravios que expongan, pues no debe perderse de vista que las autoridades judiciales no pueden, por sí, modificar las determinaciones que emitan, particularidad por la que el legislador estimó que no era menester mayor dilación ni la apertura de una nueva instancia para su resolución. Por otro lado, se prevé la posibilidad de admitir o desechar de plano dicho recurso, en esta última situación, sólo para el caso de que la autoridad judicial estimara que no es necesario oír a las partes, ello derivado a que se trata de cuestiones que no requieren mayor trámite y por su grado mínimo de dificultad pueden resolverse de inmediato, cuyo análisis sólo debe circunscribirse al análisis de aspectos de procedencia, como la oportunidad procesal o la legitimación e idoneidad del recurso y no a cuestiones de fondo, como en el caso se actualizó, porque la juez responsable legalmente estimó que si el recurrente no expuso agravios, no existía materia que cuestionara la legalidad del auto impugnado, por ende, debe prevalecer con sus consecuencias jurídicas. En ese sentido, es infundado el concepto de violación relativo a que la autoridad judicial responsable "con un razonamiento singular y abstracto" desechó el recurso de revocación, pues las consideraciones expuestas en párrafos precedentes permiten concluir que el acto reclamado está adecuadamente fundado y motivado. Por otra parte, es inoperante el restante motivo de disenso, en que el quejoso indicó que se violaron los derechos fundamentales que destacó, porque no se le otorgó la prescripción de la reparación del daño que solicitó; esto es así, porque tal aspecto no forma parte de las consideraciones que sustentaron el sentido del acto reclamado. En ese contexto, toda vez que la resolución reclamada no es violatoria de los derechos fundamentales del quejoso, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Mario Santana Jiménez, contra el acto reclamado de la Juez Primero Penal de la Ciudad de México, consistente en: * El auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictado en la causa 223/2004, en que desechó de plano el recurso de revocación, interpuesto por el defensor del quejoso, contra el diverso de veinticuatro del mes y año preindicados, en que declaró infundado el incidente no especificado que planteó, relativo a la prescripción del pago de la reparación del daño a que se le condenó.

  4. Principal

    Ciudad de México, a nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Martha Rosa Perez Galindo. En atención al contenido de dicho ocurso, en principio, dígasele que mediante proveído de treinta y uno de octubre pasado se le tuvo por reconocido el carácter de tercera interesada, luego, en relación con su restante petición, practíquensele las subsecuentes notificaciones mediante lista.

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