Mario Sánchez Cruz
Expediente 1485/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1485/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Mario Sánchez Cruz
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; trece de noviembre de dos mil veintitrés. Resolución de conflicto competencial. Agréguese a los autos lo de cuenta; en su atención, se tiene al Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito remitiendo la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 34/2023, en que se resolvió: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial entre el Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo y el Juez Primero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez. SEGUNDO. El Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, es la autoridad legalmente competente para conocer del juicio de amparo, promovido por ***, número ***, por las razones contenidas en la presente ejecutoria. TERCERO. Con testimonio de la presente ejecutoria remítanse los autos y anexos respectivos al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, y copia certificada de la presente resolución al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, para su conocimiento y efectos legales. CUARTO. Comuníquese esta resolución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo dispuesto en el punto Décimo Tercero del Acuerdo General 5/2013 del pleno de ese Alto Tribunal, para los fines ahí indicados" Confírmese su recepción y háganse las anotaciones conducentes en el libro de control electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Prevención. Conforme al artículo 114 de la Ley de Amparo, el órgano de control constitucional debe requerir al promovente para que aclare su escrito de demanda cuando en ésta existan deficiencias, irregularidades u omisiones. Por su parte, el numeral 108 disponen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De las fracciones III y V del numeral transcrito, se obtiene que, dentro de los requisitos que debe cumplir el escrito inicial, están: Señalar a las autoridades responsables: es un requisito indispensable de la demanda de amparo que en ésta se precisen tanto las autoridades responsables como los actos (norma general, acto en sentido estricto u omisión) que se le atribuyan a cada una de aquellas; pues tales aspectos son fundamentales para la correcta integración de la litis constitucional. Debe partirse de que, de acuerdo con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de su naturaleza formal; incluso, ese carácter puede recaer en un particular cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De igual forma, procesalmente esa exigencia también responde a la necesidad de que las autoridades responsables se encuentren en posibilidades de saber de manera cierta y clara, cuál es el acto y los hechos que se les imputan, y de esta manera rendir su informe con justificación, ya sea negando o aceptando su existencia, y en su caso, defender la constitucionalidad del mismo, o bien, alegar alguna causal de sobreseimiento. Antecedentes del cato reclamado: Narrar los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o bien, aquellos que sirvan de fundamento a sus conceptos de violación, lo cual debe hacer bajo protesta de decir verdad; pues tal aspecto es fundamental para la correcta fijación de la litis constitucional; por tanto, al no colmarse tal exigencia, el juez de distrito no está en aptitud de admitirla a trámite. En efecto, uno de los requisitos que debe colmar la demanda, es que se realice una narración cronológica de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto reclamado, y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo; esto, bajo protesta de decir verdad. En el caso concreto, el quejoso reclama esencialmente el emplazamiento al juicio familiar 837/2015 del índice del Juzgado Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo -así como todo lo actuado-, el cual fue practicado a través del exhorto 650/2016, radicado ante el Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Sin embargo, omitió señalar como autoridad responsable ejecutora al Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; si bien señaló a la notificadora adscrita a ese órgano jurisdiccional, lo cierto es que, conforme al artículo 71 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, cuando el emplazamiento deba realizarse fuera del territorio en que el órgano jurisdiccional sea competente, se practicará por medio de exhorto, en ese sentido, ambas autoridades, juez exhortante y juez exhortado tienen participación en el acto procesal, el primero como ordenador y el segundo como ejecutor. Por otra parte, en vía de consecuencia, el quejoso también reclama la resolución del incidente de liquidación de pensiones vencidas; no obstante, no precisó a cuánto asciende el monto determinado en dicho incidente; debe tenerse en cuenta que el mismo quejoso indicó que acudió al Juzgado Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, es decir, tiene acceso al expediente familiar de origen y, por tanto, no está en imposibilidad para proporcionar la información requerida. En ese sentido, se requiere al quejoso para que, dentro del plazo de cinco días y por escrito, subsane su escrito de demanda, de la siguiente manera: 1. Señale como autoridad responsable al Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en su carácter de ejecutora. 2. Complemente sus antecedentes, para lo cual deberá manifestar bajo protesta de decir verdad a cuánto asciende el monto determinado en el incidente de pensiones vencidas planteado en el juicio familiar 837/2015, del índice del Juzgado Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no cumplir con la prevención, se procederá de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Protesta de forma personal. Ahora, la prevención la deberá formular bajo protesta de decir verdad, es decir, de manera personal, ya que es un requisito formal que debe ser realizado forzosamente por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual los autorizados por la parte quejosa, no pueden desahogar la prevención relativa. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 4/2020 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 19, con número de registro 202221, de rubro siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU EXIGIBILIDAD EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY ABROGADA." Así como, por las razones que contiene, la Jurisprudencia 50/2014 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". Con el apercibimiento de que en caso de que afirme hechos falsos u omita los que les consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, con fundamento en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización) . Su aclaración debe presentarla en original y copias simples suficientes para ser distribuidas entre las partes, en caso de que la demanda de amparo sea admitida en términos del artículo 110 de la ley de la materia vigente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P. VII/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 235, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE». En esa misma tesitura, se apercibe al solicitante de amparo y a sus autorizados, para que dentro del presente juicio se conduzcan con rectitud y veracidad, y se les hace de su conocimiento que en caso de presentar documentos falsos en la sustanciación del presente controvertido constitucional se dará vista al representante social adscrito a este órgano federal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 261, fracción II de la Ley de Amparo . Apoya a lo anterior, por las consideraciones que la rigen la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 310130, Quinta Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo LVIII, página 729, de título y contenido: "FALSEDAD EN DEMANDA DE AMPARO, COMPETENCIA TRATANDOSE DE. Si el delito que se imputa al acusado, es haber falsificado la firma del quejoso en una demanda de amparo, como la falsificación de la firma en un documento presentado ante la autoridad federal, no interesa únicamente a individuos particulares, como son la parte demandada y el tercero perjudicado, porque el hecho delictuoso atenta directamente contra el Tribunal Federal, cuya actividad se pone en juego al presentarse la demanda de amparo, mediante la aplicación de leyes de carácter genuinamente federal como son la Constitución Federal de la República y la Ley de Amparo, cuya respetabilidad y decoro se afecta gravemente, no es posible desatenderse de que la falsificación de firma cometida en la demanda de amparo, produce su efecto ante el Tribunal Federal, perjudicándose el alto interés que existe en que la acción titular de la administración pública federal se imparta con firmeza y no a base de procedimientos delictuosos; situación que, por lo tanto, afecta al orden público en materia federal y no es admisible que la Federación carezca de interés y ese mismo interés no sufra con la comisión del delito de que se trata. En tal virtud, el caso queda comprendido en el artículo 41, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación porque esta entidad resulta ser sujeto pasivo del mencionado delito. Lo anteriormente expuesto, cobra mayor fuerza, si se advierte que el artículo 204 de la Ley de Amparo dispone que cuando las autoridades responsables en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, rindan informes en los que afirmaren una falsedad o encubran la verdad, en todo o en su parte, serán castigadas en los términos de la fracción V del artículo 437 del Código Penal, esto es, las autoridades locales pertenecientes al fuero común, cuando cometen una falsedad dentro del juicio de amparo, incurren en una infracción de carácter penal del orden federal, puesto que ella está prevista y castigada por las Leyes federales y por cuanto que toca directamente al Tribunal Federal y al procedimiento del juicio de amparo que se funda en las leyes de notario carácter federal. En consecuencia, corresponde conocer del proceso en averiguación del delito de falsificación de la firma del quejoso en la demanda de amparo, al fuero federal." Forma de notificación. En atención a la naturaleza de esta determinación y a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, así como 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, a efecto de que en auxilio de este juzgado, comisione al actuario de su adscripción a fin de que se constituya en calle ****y notifique personalmente al quejoso el presente proveído, del que se anexa copia autorizada para debido traslado. 5
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. No acepta competencia. Téngase por recibido el oficio signado por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, por el cual informa que no aceptó la competencia planteada a su favor para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por ******, por propio derecho, debido a que, los actos reclamados en esta vía constitucional, esto es, el emplazamiento y todo lo actuado en el juicio familiar 837/2015, tienen ejecución en el domicilio en el que pueden ser localizados los acreedores alimentarios (terceros interesados), es decir, en Tlanalapa, Hidalgo; por tanto, el competente para conocer del presente asunto es este juzgado federal. Confírmese su recepción. Conflicto competencial Al respecto, este Juzgador Federal de manera respetuosa disiente de lo señalado por el homólogo oficiante, ello es así, ya que si bien el quejoso en la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, señaló como domicilio para ser localizados a los acreedores alimentarios el ubicado en Tlanalapa, Hidalgo, fue únicamente para efectos del juicio constitucional que promovió, sin que ello signifique que, necesariamente los acreedores alimentarios tienen su domicilio en el lugar que indicó el quejoso. En ese sentido, se considera que, no es dable afirmar que los actos reclamados tienen ejecución en Tlanalapa, Hidalgo. Se reitera, de la interpretación del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en armonía con el artículo 107, fracción VII, constitucional, en el cual dispone que la demanda de amparo indirecto deberá presentarse "ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o se haya ejecutado"; de donde se sigue también la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del referido juez de amparo, ya que el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime. En el caso, la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: / / De ahí que, resulta evidente que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, consistente en que será competente el juez en cuya jurisdicción se ejecutó el acto reclamado, esto es, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, además de que una de las autoridades señaladas como responsables Notificadora adscrita al Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, también tienen su residencia en ese lugar. Conforme a lo anterior, advertir la competencia en el presente asunto, debe atenderse al principio de ejecución, que en este caso es el lugar en el que se verificó el acto reclamado (emplazamiento) llevado a cabo en el Estado de México, específicamente en Naucalpan de Juárez. Al respecto, se estima aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 66, tercera parte, materia común, página 53, Séptima Época, con registro digital 238543, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACION ANALOGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PARRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. La competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional. La hipótesis legal prevista en el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, se refiere al caso de que el acto reclamado no requiere ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado. No existe analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado no hace variar los motivos que informa la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna, y el que sí la requiere, hipótesis en la que sí se da intervención de tal autoridad-. Finalmente, debe decirse que la aplicación analógica de que se habla contraviene la regla interpretativa que prohíbe al aplicador de la ley distinguir cuando ésta no distingue, y que la ejecución del acto reclamado, así haya quedado totalmente consumada, no implica que la autoridad ejecutora deje de tener participación en el curso del juicio, y aun después de concluido éste, al cumplimentarse la sentencia que otorgue el amparo." Por lo que, debe concluirse que es competente para conocer del presente juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se llevó a cabo la ejecución del acto reclamado, es decir, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional insiste en declinar la competencia de que se trata, por tanto, se ordena remitir los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en Turno, fin de que se sirva resolver sobre el conflicto competencial; solicitando acuse de recibo. Lo anterior, hágase del conocimiento del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, para los efectos legales conducentes. 5
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Se exhibe publicación. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ***, apoderado del quejoso ***; en atención a su contenido, se le tiene exhibiendo la impresión del Diario Oficial de la Federación correspondiente al día veintiuno de agosto de dos mil veintitrés; así como de quince de agosto del diario "El Financiero", a través de los cuales se realiza el emplazamiento del tercero interesado ***6
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. No ha lugar a tramitar la modificación de la suspensión definitiva. Agréguese el escrito de cuenta remitido por las autoridades responsables Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social, y ejecutor de su adscripción, ambos por conducto del Encargado del Departamento de Jubilación y Pensiones de la Delegación en Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del cual solicita la modificación de la suspensión, a efecto de que se fije cantidad líquida por concepto de garantía de la medida cautelar otorgada, exigible a la parte quejosa para su eficacia. No ha lugar a acordar de conformidad por las razones que a continuación se expondrán. La modificación de la suspensión definitiva encuentra sustento en el artículo 154 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión". Del numeral transcrito se advierten los siguientes requisitos de procedibilidad: 1. Que no se haya dictado sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. 2. La existencia de un hecho superveniente que le sirva de fundamento para modificar la suspensión definitiva. El primero de los requisitos se surte, en virtud de que no se ha decretado que la sentencia definitiva pronunciada en el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente de suspensión, haya causado ejecutoria, derivado del recurso de revisión promovido por la parte quejosa. Respecto al segundo requisito debe señalarse que como hecho superviniente se entiende: a) El acaecimiento de un hecho posterior o simultáneo a la resolución dictada cuya modificación o revocación se pretende. b) Que ese hecho sea de tal naturaleza que cambie la situación jurídica que tenían las cosas antes de resolver sobre la suspensión definitiva. c) Que el hecho invocado como superveniente guarde relación directa con los actos reclamados suspendidos o, en su caso, con aquellos por los que se negó la medida cautelar. Se cita como apoyo la tesis aislada IV.3o.C.2 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro electrónico 182756, de rubro y texto: SUSPENSIÓN DEFINITIVA POR HECHO SUPERVENIENTE. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA INTERLOCUTORIA QUE LA CONCEDE O NIEGA. Para la procedencia del incidente de revocación o modificación de la suspensión definitiva por hecho superveniente, previsto en el artículo 140 de la Ley de Amparo, es necesario que concurran los siguientes requisitos: a) El acaecimiento de un hecho posterior o coetáneo a la resolución dictada cuya modificación o revocación se pretende; b) Que ese hecho sea de tal naturaleza que cambie la situación jurídica que tenían las cosas antes de resolver sobre la suspensión definitiva; c) Que el hecho invocado como superveniente guarde relación directa con los actos reclamados suspendidos o, en su caso, con aquellos por los que se negó la medida cautelar; y, d) Que no se haya pronunciado sentencia ejecutoria en el juicio de amparo de que se trate. Además, para la calificación del hecho superveniente no deben tenerse en cuenta los actos reclamados ni el capítulo de suspensión tal como fueron planteados en la demanda de garantías que motivó el juicio del que deriva el incidente respectivo, sino únicamente la situación jurídica que creó la resolución de suspensión definitiva, toda vez que la finalidad que se persigue con la tramitación del incidente por hecho superveniente consiste en demostrar que el hecho acarrea como consecuencia natural y jurídica la revocación o modificación fundada de la concesión o negativa de dicha suspensión definitiva. Asimismo, se cita la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con registro electrónico 253804, de rubro y texto: HECHO SUPERVENIENTE, CONFIGURACION JURIDICA DEL. SUSPENSION. Para que se configure un hecho superveniente que sirva de fundamento para modificar o revocar el auto en que se haya concedido la suspensión, en los términos del artículo 140 de la Ley de Amparo, no basta que el hecho invocado ocurra con posterioridad a la fecha de otorgamiento de la suspensión, sino que se requiere que el hecho guarde relación directa con los actos suspendidos y, por lo tanto, que modifique el estado que guardaban las cosas al decretarse dicha suspensión. Por otra parte, para la calificación del hecho superveniente, no deben tenerse en cuenta los actos reclamados tal como fueron planteados en la demanda de garantías que motivó el juicio del que deriva el incidente respectivo, sino únicamente la situación jurídica que creó la suspensión definitiva. Ahora bien, en el caso, el delegado de las responsables de mérito únicamente refiere que debe ser modificada la medida cautelar otorgada en su aspecto definitivo en cuanto a la garantía, ya que el no haberla fijado en su momento le genera un perjuicio a dichas autoridades. Sin embargo, de las manifestaciones realizadas por la autoridad responsable, no se advierte que se actualice algún supuesto que revista las características indispensables para considerar que se trata de un hecho superveniente, ya que las actuaciones en las cuales basa sus argumentos, fueron practicadas con anterioridad a la emisión de la interlocutoria que concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa, aunado a que dicha autoridad responsable tiene pleno acceso a la misma desde su inicio; motivo por el cual resultan insuficientes para estimar que es procedente la modificación de la medida cautelar, pues no existió cambio alguno en la situación jurídica que tenían las cosas antes de ese suceso. Con base en lo anterior, se considerara que no se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 154 de la Ley de Amparo, que dieran lugar a la modificación de la medida cautelar, pues esto sólo puede realizarse si se presentan hechos supervenientes, los cuales se refieren a acontecimientos posteriores al dictado de la resolución que se combate. En ese orden de ideas, la solicitud para modificar la suspensión concedida a la quejosa, particularmente la fijación de una garantía monetaria, resulta improcedente, pues no es la vía idónea para inconformarse con ese aspecto, ya que no se alteró de forma alguna el estado que guardaban las cosas al decretarse dicha suspensión. Por consiguiente, si lo que pretendía combatir la autoridad responsable, es la garantía por considerar que sí existían bases para fijarla, esos argumentos debió hacerlos valer al interponer el recurso condigno en contra de la resolución que concedió la suspensión definitiva, mismo que se encuentra pendiente de substanciación ante la superioridad.,M-I
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,652 expedientes
- Mario Reyes López1258/2022
- Mario Rico Moreno798/2023
- Mario Rico Moreno1526/2022
- Mario Rico Moreno853/2023
- Mario Rivero Cruz445/2023
- Mario Ruiz Tovar803/2021
- Mario Sánchez Obregón288/2017
- Mario Sánchez Obregón190/2017
- Mario Santos Gómez666/2017
- Mario Valera Monroy901/2022
- Mario Velazquez Delgado1720/2023
- Marion Lucciano Briseño Arteaga485/2020