Mario Sadot Gone Monroy
Expediente 1062/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1062/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Mario Sadot Gone Monroy
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, dos de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y en específico la certificación que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Mario Sadot Gone Monroy, para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, de autos se advierte que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Así mismo, en términos de los artículos 12, 14 y 20, fracción IV del Acuerdo General antes citado, toda vez que se desechó la demanda de amparo, el expediente relativo es susceptible de destrucción, una vez que transcurran TRES AÑOS de haberse dictado el acuerdo de asunto concluido, término que se computara a partir de que surta efectos la notificación de tal declaratoria. Hágase constar lo anterior en la carátula respectiva, en términos del diverso artículo 34. Concluido el plazo señalado, previamente a la realización de la vista de inspección que corresponda, se deberá destruir el expediente en el que se actúa y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, con las formalidades a las que se refiere los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General señalado. Se hace constar que en presente asunto NO existen documentos originales aportados por las partes, ni se ordenó la formación de anexos. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL EN LA QUE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA Y/O AUTORIZADOS NO ACUDIÓ DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTE AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE TRECE DE JULIO ACTUAL, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE PROCEDE A NOTIFICAR MEDIANTE LISTA DE ACUERDOS DE ESTE JUZGADO: ""Pachuca de Soto, Hidalgo, trece de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el escrito firmado por el quejoso ****** por medio del cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés. DETERMINACIÓN Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, los actos reclamados que señala la parte quejosa en su escrito inicial de demanda consiste: Y, debido a la confusión e imprecisiones de los mencionados actos reclamados, por auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se previno al quejoso en los siguientes términos: "PRIMERO. Precise cuál es el auto en que se decretó dejar subsistente las medidas provisionales. SEGUNDO. Manifieste cuál es el acuerdo en el que se decretó una pensión alimenticia a favor de Michel Villacorta Goméz. TERCERO. Establezca en qué fecha se notificó cada uno de los acuerdos referidos en los puntos que anteceden. CUARTO. En su caso, aclare si dichas determinaciones se encuentran contenidas en la sentencia definitiva, que dice se le notificó el siete de junio del año en curso. QUINTO. Proporcione la fecha en que dictó dicha sentencia y manifieste si la señala como acto reclamado, acompañando copia de la misma". En atención a lo anterior, el quejoso cumplió con dicha prevención, en los siguientes términos: Ahora bien, en términos del artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P. VI/2004, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", los actos reclamados son: a) El auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ******************** (en el que conforme a lo expuesto por el quejoso se decretó pensión alimenticia a favor de ***); y, b) La sentencia definitiva de uno de junio de dos mil veintitrés, emitida en el expediente ******************** (en la que acorde a la manifestación del impetrante según "prudentemente" se decreta el 10% de pensión alimenticia a favor de *** y demás prestaciones). Precisado lo anterior, se procederá a realizar el estudio por separada de cada uno de los actos reclamados. En primer lugar, respecto al acto reclamado consistente en el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos normativos legales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De las disposiciones legales precedentes, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En efecto, de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente se desprende, que el juicio de amparo debe instarse dentro del término de quince días, lapso que se contabilizará: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame. b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución; o, c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los mismos. Entre estos supuestos, se destaca lo que debe entenderse jurídicamente por, notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame; que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de sus actos de ejecución; y que el quejoso se haya ostentado sabedor de los mismos. Respecto del inciso a), es cuando el quejoso está notificado del acto o resolución que reclama, es decir, que existe una noticia formal del acto que puede traducirse en su perjuicio, lo que permite, al menos suponer, que tendrá a su alcance todos los elementos para su debida defensa en el proceso constitucional. Concerniente al diverso inciso b), relativo a que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de sus actos de ejecución, es cuando la noticia del acto reclamado la obtiene de diversos modos, como información de personas cercanas a él o las que de algún modo estén relacionadas con la ejecución de los actos reclamados o bien por información publicada por medio de prensa, radio, televisión, redes sociales, etcétera. Finalmente, por lo que hace al inciso c), respecto a que el quejoso se haya ostentado sabedor de los actos reclamados, es cuando una persona se ha manifestado, mostrado o ha hecho patente, tal es el significado literal de la voz ostentar, cuando ha comparecido ante la autoridad, a aun sin haber sido notificado, para actuar precisamente en relación con el acto de autoridad que pretende ser reclamado, cuando en documento consta que ya se ha mostrado sabedora de la existencia de los propios actos. En el caso particular, se actualiza la primera hipótesis del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, es decir, el cómputo de los quince días para promover la demanda de amparo, debe realizarse a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acto reclamado. En ese contexto, la determinación combatida dictada por el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, fue notificada a la parte quejosa el once de abril de dos mil veintitrés -como se advierte del sello de notificación que obra en las copias simples exhibidas por la parte quejosa-; por lo que dicha notificación surtió efectos el doce de abril siguiente, conforme al artículo 94 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo; de modo que, el plazo para la promoción del juicio de amparo en su contra transcurrió del trece de abril de dos mil veintitrés (día hábil siguiente) al cuatro de mayo de dos mil veintitrés, previo descuento del quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril, así como del uno de mayo, todos de año dos mil veintitrés, por haber sido inhábiles, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el diverso 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ABRIL DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 11 NOTIFICACION 12 (surte efectos la notificación) 13 (primer día computado) 14 (dos) 15 (inhábil) 16 (inhábil) 17 (tres) 18 (cuatro) 19 (cinco) 20 (seis) 21 (siete) 22 (inhábil) 23 (inhábil) 24 (ocho) 25 (nueve) 26 (diez) 27 (once) 28 (doce) 29 (inhábil) 30 (inhábil) MAYO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 1 (inhábil) 2 (trece) 3 (catorce) 4 (quince) cuando debió presentar la demanda 5 (inhábil) 6 (inhábil) 7 (inhábil) 8 9 10 20 21 22 En apoyo a las consideraciones vertidas, se cita la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1931, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En consecuencia si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, hasta el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, conforme se advierte del folio electrónico 5203198 de la papeleta en la que aparece el nombre del promovente ********************por lo que es evidente que ello sucedió fuera del término de quince días que para la promoción del juicio de amparo, prevé el ordinal 17 de la Ley de la materia, se puede concluir que fue extemporánea y como consecuencia de esto, se hace patente que la parte quejosa consintió el acto que reclama, al no haber promovido el juicio de amparo dentro del término legal establecido para tal efecto. En otras palabras, no cabe la menor duda que el amparo fue presentado fuera del plazo legal a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues este fue interpuesto hasta el veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Resulta aplicable el contenido de la tesis IV.3o.78 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 202, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, enero de 1994, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda". Sin que pase por alto destacar, que en el caso concreto, el solicitante de la tutela federal, no reclama la constitucionalidad de una ley a partir de su vigencia; ni el acto que le reclama importa un peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación o destierro o la incorporación forzosa al servicio del Ejercito o Armada Nacionales; entonces, no se surte en especie alguna de las hipótesis previstas en el citado numeral 22 de la ley de la materia. Por el cual se estima que el promovente consintió tácitamente el acto reclamado, en términos de la fracción XIV, párrafo primero, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo XI, Junio de 1993, visible a página 235, que a la letra dispone: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En consecuencia, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contemplada en los artículos 61, fracción XIV y 113 de la Ley de Amparo, en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA de derechos. En otro contexto, por lo que respecta al segundo de los actos reclamados, consistente en la sentencia definitiva de uno de junio de dos mil veintitrés, emitida dentro del expediente ********************, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. (.)" El precepto trascrito contempla el principio de definitividad, al establecer que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Dicho principio supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, de existir algún medio ordinario de defensa que el quejoso no hubiese interpuesto, el amparo resulta improcedente. Además, este principio, responde a la naturaleza jurídica del juicio biinstancial como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos humanos o fundamentales de los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de impugnación del acto reclamado legalmente establecidos. Es aplicable al tema la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Ahora, los artículos 382 y 399, fracción I, del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Hidalgo, dispone: "Artículo 382. El recurso de apelación tiene por objeto que el Superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior." "Artículo 399. Además de los casos determinados expresamente en la Ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan: I.- De las sentencias definitivas en los juicios previstos por este ordenamiento, salvo tratándose de alimentos, custodia y convivencia de los menores y diferencias conyugales respecto de la administración de bienes en los cuales la apelación será admitida en el efecto devolutivo;. Del análisis de los preceptos legales citados en el párrafo precedente, se advierte, en primer término, que la apelación tiene por objeto confirmar, revocar o modificar la resolución de primera instancia; seguidamente, es procedente el recurso de apelación contra autos, el cual se admitirá en efecto devolutivo. Por lo que resulta inconcuso que procede la apelación contra la sentencia definitiva de uno de junio de dos mil veintitrés, dictada por la Jueza responsable, dentro del expediente ******************** del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en la que se resolvió lo siguiente: Sin que obste a lo anterior, que cuando en un juicio del orden familiar, un acto pueda tener el carácter de ejecución irreparable, no excluye al justiciable para que agote los recursos ordinarios de defensa, que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto generador de molestia; por lo que, es obligación de la parte quejosa agotar el recurso de apelación, para la procedencia del juicio biinstancial que intenta. Ello, porque el citado recurso, tiene por objetivo que el órgano jurisdiccional analice los agravios que se formulen al respecto por el interesado y, de ser fundadas sus determinaciones, modificar las consideraciones que dieron origen a dicho acto, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia: 1ª/J. 44/2012 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Página 729, Localización: Libro X - Julio de 2012 - Tomo 1, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de epígrafe y contenido: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL." Bajo este contexto, la quejosa debió agotar el medio de defensa ordinario, que procede en contra del acto reclamado, antes de acudir a la presente instancia constitucional, dado que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Por tanto, al conceder la ley ordinaria un recurso por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada la sentencia de uno de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************; es inconcuso que el peticionario estaba obligado a agotar tal medio ordinario de impugnación, previo a que acudiera a esta instancia constitucional. Es aplicable en lo medular, la jurisprudencia 113/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda que promueve ********************por propio derecho, contra actos de la Jueza Primero Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. Notifíquese personalmente.""
- Principal
Manifestaciones.- Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por ***, representante especial de las menores de iniciales ***, en su atención se tienen por reproducidas las manifestaciones que refiere para ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Pruebas.- Por otra parte se tiene a la promovente ofreciendo como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, mismas que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, desde luego se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, lo anterior sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Notifíquese.
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