Mario Rubén Domínguez Dzul
Expediente 2483/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2483/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 24/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mario Rubén Domínguez Dzul
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
VISTO, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 2483/2022-I-B, promovido por MARIO RUBÉN DOMÍNGUEZ DZUL; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo, el citado MARIO RUBÉN DOMÍNGUEZ DZUL, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamó del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en Kanasín, Yucatán. SEGUNDO. Por acuerdo dictado en el juicio principal el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que precede. C O N S I D E R A N D O PRIMERA. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, el cual hizo consistir en: El auto de vinculación a proceso dictado el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en la causa penal 137/2022, por la posible comisión del delito de abuso sexual equiparado. SEGUNDA. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en Kanasín, Yucatán (promoción 25317), toda vez que, así lo manifestó expresamente al rendir su informe previo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 286, publicada en la página 237 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917,820, del IUS Intranet, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse por cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión, si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." TERCERA. Medida cautelar. Primeramente, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, pues deviene incuestionable que resulta necesario atender dicha característica, a efecto de determinar si pueden ser o no paralizados. En razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado. Hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación relativa, así como de la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en virtud de que los actos reclamados por la aquí parte quejosa, se advierte que son actos consumados con efectos positivos, respecto del cual es procedente analizar la procedencia de la medida cautelar solicitada únicamente respecto de sus efectos y consecuencias. Atendiendo a lo anterior, respecto de los efectos y consecuencias del citado acto reclamado, con fundamento en los artículos 128 interpretado a contrario sensu, y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el numeral inicialmente señalado, el cual establece lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. En el presente caso, la parte quejosa en su escrito de demanda solicitó la suspensión provisional y a la postre la definitiva; y de concederse la suspensión, no se advierte afectación al interés social, ni se infringirían disposiciones de orden público. Por tanto, con apoyo en los artículos 163 y 166 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento, hasta que se resuelva lo procedente en el juicio principal del que derivan estos autos incidentales. Sin que obste a ello, que la autoridad juzgadora pueda decretar alguna medida cautelar, que estime procedente, al ser más amplio el catálogo de medidas que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales que la Ley de Amparo, y por tanto, más benéficas para el aquí quejoso. En el caso, se invoca por identidad de razón la tesis II.2.P.284 (9ª), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 4296, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, AL ANALIZAR DICHA DETERMINACIÓN, PUEDE REITERAR LOS CRITERIOS DE AFECTACIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL EMITIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ANTES DE LAS REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. Como lo refirió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de las reformas y adiciones de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, la diferencia entre el auto de formal prisión y el entonces llamado auto de sujeción a proceso radicaba entre otras en que este último no restringía la libertad del todo, sino sólo la perturbaba al obligar al procesado a comparecer periódicamente ante el Juez instructor y a no salir de su jurisdicción territorial si no era con su autorización; luego en atención a las citadas reformas constitucionales, donde existe un nuevo proceso penal de tipo acusatorio, adversarial y oral, aparece la figura del auto de vinculación a proceso que igualmente tiene por objeto someter al imputado a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso penal, esto es, a la investigación formalizada, la que concluye cuando el Ministerio Público declara cerrada la investigación y formula la acusación, entre otras determinaciones posibles, continuando así dicho proceso que puede terminar con el dictado de una sentencia privativa de su libertad personal. Ahora bien, el hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal implica que su libertad se afecte, al menos parcialmente, en la medida en que lo somete a un proceso penal con pretensión punitiva, cuya prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, por lo que lo obliga a comparecer en los plazos o las fechas indicadas por el Juez que conozca del asunto cuantas veces resulte necesario con miras a garantizar, precisamente, la finalidad potencialmente punitiva de la sentencia con la que culmine, pues la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de su libertad personal y deambulatoria en sentido estricto, sino que tal afectación también puede darse en el ámbito jurídico por el hecho de estar vinculado, precisamente, a un proceso de tal naturaleza donde, actualmente, con base en las potenciales audiencias subsecuentes que prevé el nuevo sistema procesal, así como las eventuales solicitudes de las partes (particularmente del Ministerio Público y a instancia de víctimas u ofendidos), la autoridad judicial competente puede, incluso, decretar otras medidas para garantizar el seguimiento del proceso penal; por lo que, aun cuando dicha determinación no lo priva, en sí misma, en forma directa de su libertad personal (pues es independiente de las posibles medidas cautelares adicionales), sí puede considerarse como un acto que la limita indirectamente, en tanto constituye una condición sine qua non para someterlo formal y materialmente a proceso, para la apertura y determinación del periodo de investigación subsecuente, para la continuidad del cauce procesal y para la posible imposición de alguna medida de coerción relacionada con las obligaciones derivadas de esa vinculación, lo cual sin duda repercute en la esfera jurídica del quejoso, al ubicar su condición como la de una persona sujeta a un proceso penal con todas las implicaciones jurídicas o sociológicas que ello conlleva. Y es que del mismo modo en que lo advirtió en su momento el Máximo Tribunal del País, al examinar el auto de "sujeción a proceso" del sistema procesal tradicional, el actual auto de vinculación a proceso genera igualmente una perturbación que, aunque indirecta, incide en la libertad personal. De no aceptarse que existe una afectación, al menos indirecta o en grado de perturbación de la libertad del imputado, como consecuencia del auto de vinculación, se llegaría al absurdo de hacer nugatoria o pretender ignorar la importantísima finalidad que como garantía ejerce la Constitución Mexicana, es decir, la función garantista del tipo penal, que consiste también en evitar que a cualquier gobernado se le someta a un proceso penal (que por naturaleza tiene fines de pretensión punitiva estatal), sin justificarse previamente la satisfacción de los requisitos mínimos para ello, que exigen un estándar suficiente de acreditamiento de un hecho delictivo (no cualquier clase de acto o hecho ajeno a la materia penal) y de razonable probabilidad de intervención en la comisión de ese hecho. Por tal razón se estima que la emisión de un auto de vinculación a proceso, aun sin existir medidas cautelares complementarias, sí perturba o afecta, al menos indirectamente, la libertad personal; de ahí que, en atención a esa especial naturaleza, debe estimarse como supuesto adecuado para la procedencia del amparo y del otorgamiento de la suspensión en lo conducente a esa misma naturaleza excepcionalmente especial. En ese sentido, es claro que la jurisprudencia superada por la legislación reformada no resulta aplicable ni exigible en sentido estricto, pero ello no quiere decir que la autoridad jurisdiccional esté impedida para reiterar el criterio que emana de ella si resulta igualmente aplicable en lo conducente a las nuevas hipótesis normativas, sobre todo cuando éstas son esencialmente idénticas en razones y circunstancias de potencial afectación a la misma garantía o derecho fundamental que la Constitución del País protege, toda vez que donde hay la misma razón no cabe desconocer la misma aplicabilidad de un criterio racional y sustancialmente depurado por la Suprema Corte, que en este caso, este Tribunal Colegiado, dentro del ámbito de su competencia, lo asume y reitera como propio. En efecto, este tribunal comparte tal consideración y reitera, en lo conducente, el aludido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aunque si bien se refiera al "acto de sujeción a proceso", resulta esencial y racionalmente análogo en defensa de la misma garantía de libertad personal, la cual con la creación del sistema penal acusatorio no sólo subsiste sino incluso se ve mayormente tutelada frente a ataques al debido proceso penal, entendido como derecho humano fundamental y reconocido como presupuesto válido de toda pretensión punitiva posible; aspecto que sigue siendo materia de control de constitucionalidad ineludible, independientemente del sistema procesal que se adopte". Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE CONCEDE a MARIO RUBÉN DOMÍNGUEZ DZUL, la suspensión definitiva de los actos que reclamó del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en Kanasín, Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución incidental. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en fecha catorce de noviembre del año en curso, se tuvo por rendido el informe justificado de la Juez del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, residente en Kanasín, Yucatán, por lo que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan las partes de los citados informes. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan como nueva fecha y hora las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 54/2000, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, en el IUS Intranet, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese y cúmplase.
- Principal
En catorce de noviembre de dos mil veintidós, doy cuenta al Juez con el estado procesal y con el informe justificado rendido por la Juez del Juzgado Primero de Control el Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, residente en Kanasín, Yucatán, registrado con el número 25816. Conste.Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el informe justificado rendido por la Juez del Juzgado Primero de Control el Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, residente en Kanasín, Yucatán y anexos que acompaña. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio signado por el suplente de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Yucatán de la Fiscalía General de la República, residente en esta ciudad, con el que informa que se da por enterado del oficio 43215/2022 de tres de los corrientes del índice de este Juzgado que se envió a fin de requerir al perito Jonathan Iván Villar Arellano, a fin de que en el plazo de veinticuatro horas, señalara a este órgano jurisdiccional la fecha en la cual realizará la visita a la granja porcícola para la toma de muestras de agua, a fin de llevar a cabo su estudio correspondiente. Del contenido de la misiva recibida, se advierte que el oficio de mérito le fue notificado al perito de referencia el nueve de los corrientes, por lo que se tiene a dicha autoridad informando lo anterior para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de Jonathan Iván Villar Arellano, perito oficial en la especialidad de delitos ambientales asignado por la Coordinación Estatal de Servicios Periciales Yucatán de la Fiscalía General de la República, residente en esta ciudad. En consecuencia, se tiene al citado experto oficial cumplimiento el requerimiento que le fue formulado en auto de tres de noviembre del año en curso, y refiere que el día jueves DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, a las nueve horas, acudirá a las instalaciones de la granja porcícola tercero interesada, a efecto de llevar acabo la toma de muestras de la planta de tratamiento, como parte de las acciones que tiene que realizar para emitir su dictamen. Por tanto, prevéngase a la parte tercero interesada PRODUCCIÓN ALIMENTARIA PORCÍCOLA, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, para que en la fecha ante citada, permita el acceso a la granja porcícola en cuestión al aludido perito, a fin de que pueda realizar los trabajos relacionados con su dictamen, debiendo brindarle las facilidades que requiera para realizar su encargo, poniéndole a la vista la planta de tratamiento de aguas de mérito. Con el apercibimiento para la parte tercero interesada, que de no hacerlo así, y para el perito, para el caso de no asistir en la fecha señalada para la toma de muestras, se les impondrá, a cada uno multa de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto a lo manifestado por el citado perito en el sentido de que desconoce la ubicación precisa de las instalaciones de la empresa PRODUCCIÓN ALIMENTARIA PORCÍCOLA, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en cuyas instalaciones se encuentra instalada la planta de tratamiento de aguas residuales, indíquesele que desde el día que tomo protesta como perito oficial (trece de junio de dos mil veintidós) tiene acceso a los autos de este juicio de amparo a fin de tomar los elementos necesarios para la elaboración de su dictamen; de ahí que tanto este dato que refiere le falta, y otros que tal vez pudiera necesitar, puede obtenerlos de la consulta directa al expediente, el cual se encuentra a su disposición; recordándole al experto que debe tener una participación más activa en torno al desahogo de la pericial que se le encomendó, No obstante lo anterior, se le precisa que la dirección de la tercero interesada PRODUCCIÓN ALIMENTARIA PORCÍCOLA, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, es en el terreno identificado como finca rústica con tablaje catastral ciento diez (110), del Municipio de Homún, Yucatán. Finalmente, con respecto a la diversa petición que realiza el aludido perito, en el sentido de que se cite a las partes del presente juicio y personal de este juzgado, para el día jueves DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para a la toma de muestras que llevará a cabo en relación con el desahogo de la prueba pericial a su cargo, para que funjan como "actores testigos" del debido cumplimento de la diligencias, no ha lugar a acordar de conformidad. Lo anterior, se le ha reiterado al citado perito en autos de dieciséis de agosto y tres de noviembre del presente año, pues es al referido experto a quien corresponde realizar los actos tendentes a efecto de desahogar los puntos del cuestionario sobre el cual versa su dictamen, sin que las partes o personal de este órgano jurisdiccional tenga intervención alguna en el desahogo de la diligencia; máxime que de acuerdo con la legislación de la materia, no se exige como formalidad la presencia de testigos que avalen la actividad de los peritos. Notifíquese; personalmente a la tercero interesada, así como al perito oficial Jonathan Iván Villar Arellano, y cúmplase.
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