Mario Rosas Andrade

Expediente 1403/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1403/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
20/12/2023

Partes del expediente

  • Mario Rosas Andrade

Actuaciones

  1. Principal

    Firme auto. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días para recurrir el acuerdo que desechó la demanda sin que se hubiese hecho; en ese sentido con fundamento en los artículos 97 fracción I inciso a) 98 y 99 de la Ley de Amparo y 356 fracción II del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles se declara que ha quedado firme el auto en cita. Archivo. En su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido y remítase en la remesa de veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés. Valoración del expediente. Este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 20 fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración destrucción digitalización transferencia resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; dado que carece de relevancia documental y no encuadra en las hipótesis contempladas en los numerales 15 17 y 18 del citado Acuerdo General por lo que en términos del artículo 9 del referido Acuerdo General resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General en la carátula del expediente insértese la leyenda "Destruible" mediante uso de sello. Transición al expediente electrónico. Se informa a las partes que a partir de este proveído se integrará únicamente el expediente electrónico de conformidad con en el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De conformidad con el Acuerdo General citado se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; en el entendido que al expediente físico únicamente se deberán integrar los documentos que se reciban de manera física y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional para practicar las notificaciones que se ordenen llevar a cabo en este procedimiento. Integración del expediente. De igual manera conforme al acuerdo citado hágase del conocimiento de las partes que únicamente las promociones que se reciban de manera física serán digitalizadas e integradas al expediente electrónico con firma electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad no así las que se reciban de manera electrónica las cuales ya se encuentran digitalizadas y firmadas por ese medio debido a su naturaleza. Notifíquese. MESA III.

  2. Principal

    Aviso judicial se notifica por medio de lista el proveido de veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés a la parte quejosa De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la jueza de distrito está obligada a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ********************************************************* Ahora, de la lectura integral realizada a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en: El acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintitrés, en el que se certificó que el periodo de ofrecimiento transcurriría del doce al veinte de ese mes y año, en los autos del juicio ordinario civil expediente 611/2020, del índice del Juzgado Cuadragésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El auto de siete de noviembre del año en curso, en el que se dictó auto admisorio de pruebas. En esas condiciones, la suscrita juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)". De la interpretación de las porciones normativas reproducidas, se concluye que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos en el juicio que tengan efectos de imposible reparación, es decir, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados o convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos ya no pueden repararse en el curso del procedimiento del que derivan, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera. Luego, conforme a los artículos transcritos, un acto con efectos de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución y en los tratados; en oposición a los actos intraprocesales que no reúnen estas características para por sí mismos dañar a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia respectiva, en cuyo caso podrán interponerse recursos e incluso combatirlos en la vía de amparo que corresponda. Así, los actos procesales que sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. De acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, pues son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación determinar cuándo se produce una afectación irreparable, como sucedió antaño, sino que fue taxativo al señalar qué debe entenderse por dicha cuestión jurídica. Conforme a lo expuesto, los actos aquí combatidos, por su naturaleza, carecen de tales efectos, pues se trata de actuaciones procesales que no tienen efectos materiales sobre los derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en las convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al existir la posibilidad de que la resolución que ponga fin al juicio de origen, sea favorable al quejoso. Por tanto, si los actos reclamados en el presente asunto, se hacen consistir en el acuerdo donde se realizó la certificación del periodo de ofrecimiento de pruebas y el diverso auto de admisión de pruebas. Es inconcuso que dichas determinaciones no constituyen un acto dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte, porque sólo ocasionan consecuencias de carácter adjetivo que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, amén de que esas determinaciones no privan del derecho de defensa a las partes, ni alteran las cuestiones debatidas y existe la posibilidad de que la parte quejosa al desahogarse el periodo de pruebas en el juicio de origen la resolución que ahí se dicte sea favorable a los intereses del impetrante, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo. Así, no obstante que, como acontece en el presente caso, se aleguen violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de alguna determinación autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. En ese tenor, cuando en el juicio de amparo se aduce violación a tales derechos, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto reclamado, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que tales prerrogativas no se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, al tratarse de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que afecte su esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Además, el Alto Tribunal ha puntualizado que acorde a la Ley de Amparo, sólo la violación de derechos sustantivos o de afectación material al gobernado, son considerados de imposible reparación; y, en el caso, las determinaciones que aquí se combaten no afectan materialmente tales prerrogativas, puesto que no se restringe o suprime algún derecho de esta naturaleza o priva de ellos. Ahora, en efecto, el juicio de amparo indirecto solamente procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa; lo que en el caso no sucede, como se ha visto. ******************************************************* Habida cuenta que, se insiste, se trata de violaciones intraprocesales, las cuales pueden ser resarcidas al momento de emitirse la sentencia respectiva en el procedimiento de origen, la cual, de serle desfavorable, estará en aptitud de impugnar por medio del recurso ordinario previsto en la ley aplicable, o en su caso, en la vía de amparo que corresponda, de considerar que dicha violación trascendió al resultado del fallo. Por tanto, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues es requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que la afectación de esos derechos sea material y debe traducirse o reflejarse en una mutación o cambio en la esfera jurídica de la quejosa, lo que no acontece. En consecuencia, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al resultar incuestionable que en el presente juicio se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA en estudio

  3. Principal

    Notifíquese personalmente al quejoso. MESA* III

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