MARIO ROJAS VÁZQUEZ y Otros.

Expediente 424/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
424/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
13/08/2021

Partes del expediente

  • MARIO ROJAS VÁZQUEZ y Otros.
  • Diego Corona Cruz
  • Mario Rojas Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    *& MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, advirtiéndose que en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio principal de donde deriva este incidente, causó ejecutoria y se ordenó el archivo del expediente; y, toda vez que en el presente asunto no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Comuníquese a las partes que, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo, por haberse concedido la suspensión definitiva, el original de este expediente será DEPURABLE, el cual conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez fenecido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, será depurado; acontecido lo anterior, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto que, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de este auto, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-COV2 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo se ordena notificar por lista electrónica; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Además, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que únicamente resulta necesario notificar a las autoridades responsables por medio de oficio, cuando se trate de actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. En ese orden, resulta suficiente que los acuerdos que no deban notificarse obligadamente de manera personal conforme al artículo invocado, se publiquen en la lista de acuerdos del órgano jurisdiccional, tal es el supuesto, del auto que ordena el archivo del expediente, el cual no se precisó como uno de los referidos casos; de ahí que, resulta procedente que ese tipo de acuerdos se notifique en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, toda vez que se determina como de menor trascendencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, bajo el texto y rubro siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tenga el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio, entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso y tercer perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    *& MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto dictado el veintinueve de de abril de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO EJECUTORIA; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. II. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme al artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. III. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Devolución de constancias. Toda vez que carece de objeto la permanencia en este Juzgado de las constancias que la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, remitió como pruebas documentales de su parte (folio 55779), remítanse las mismas a la autoridad responsable de mérito, sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo, toda vez que bastará para tal efecto el sello que en la constancia respectiva al efecto se estampe. V. Notificación. Por último, dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo, se ordena notificar por lista electrónica; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. VI. Firma y envío de oficios. Se comisiona al actuario adscrito a efecto de que firme los oficios que deriven de este acuerdo; asimismo, los remita por correo electrónico, fax, interconexión o estafeta. En la inteligencia que si la dependencia u órgano jurisdiccional a la cual se encuentra dirigido no se encuentra laborando atendiendo a la contingencia sanitaria, deberá realizar la razón respectiva y entregarlo hasta en tanto reanuden labores. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades correspondientes.

  3. Principal

    (NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA TODA VEZ QUE NO SE PRESENTÓ EN EL JUZGADIO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL NI SUS AUTORIZADOS, A PESAR DEL CITATORIO JUDICIAL QUE SE LE DEJÓ CON ANTERIORIDAD)*& MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, por el cual rinden su informe justificado. Con el contenido del informe y anexo de cuenta, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia respectiva. De la misma manera, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngansele ofreciendo como pruebas documentales de su parte, diversas constancias deducidas de la carpeta judicial OAX/000112/2021, de su índice; en las que se encuentra la resolución dictada el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en la vinculó a proceso a los aquí quejoso ****, probanzas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en el momento procesal oportuno. Ahora, de dicha resolución se advierte que en este juicio se actualiza, de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia, por haber operado un cambio en la situación jurídica de los quejosos ***; precepto que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ." Pues bien, del texto de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la parte que interesa, se colige que para la actualización de la causa de sobreseimiento por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida, se genere una situación, en la cual, no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso concreto, la autoridad responsable, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, anexó copia certificada de la resolución del veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en la carpeta judicial OAX/000112/2021, instruida en contra de ****, y otros, como probable responsable en la comisión del delito de tortura, previsto en los artículos 24, fracción I, y con la agravante prevista en el diverso 27 fracción V, y sancionado por el artículo 26, párrafo primero y tercero de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes; en términos de los numerales 7, fracción II, 8 y 9, párrafo primero y 13, fracción VIII, del Código Penal Federal, en la que los vinculó a proceso, por tanto, es inconcuso que, en el caso, operó un cambio de situación jurídica, lo que impide analizar la orden de aprehensión reclamada; por lo que, con fundamento en el artículo 61, fracción XVII, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio, fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 1a./J. 95/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Texto: Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido a las responsables ejecutoras. Lo anterior, conforme al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 339, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, cuyo tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Además, toda vez que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, no se causa ningún agravio a la parte quejosa, ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional, podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002, visible en la página 386, tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, competa e imparcial." Por otra parte, de ninguna manera pasa desapercibido para este juzgado, que a la fecha de emisión del presente auto, aún transcurre la vista otorgada al quejoso en auto de veintisiete de abril pasado; respecto a la denominación de la autoridades responsables ejecutoras; sin embargo, como se precisó con anterioridad, al ser indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo; resultando ocioso esperar a que transcurra el plazo de tres días para que en su caso designe correctamente a las citadas autoridades responsables, ya que del contenido del informe justificado se advierte que no le depara perjuicio a la mencionada parte quejosa; por ende, se deja de tener como autoridades responsables ejecutoras a Titular de la Agencia de Policía Federal Ministerial en el Estado de Oaxaca y Comandante Encargado de las Órdenes de Aprehensión de la Agencia de Policía Federal Ministerial en el Estado de Oaxaca. Por ello, se instruye al analista jurídico SISE, realice la adecuación correspondiente respecto a dichas autoridades. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    *& MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vistos los autos, específicamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito, se advierte que se hizo presente en la Delegación Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Oaxaca, en donde fue atendido por quien adujo llamarse ****, Agente Federal Ministerial, quien le manifestó que no existen las autoridades responsables Titular de la Agencia de Policía Federal Ministerial en el Estado de Oaxaca y Comandante Encargado de las Órdenes de Aprehensión de la Agencia de Policía Federal Ministerial en el Estado de Oaxaca; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, dése vista a la parte quejosa, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que de no hacerlo, se dejarán de tener como autoridades responsables en este juicio y cesará toda comunicación con aquéllas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis y jurisprudencia, siguientes: "JUEZ DE AMPARO, NO TIENE OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. y "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS". Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa.

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