Mario Rodríguez Silva

Expediente 384/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
384/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
03/04/2018

Partes del expediente

  • Mario Rodríguez Silva

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de marzo de dos mil dieciocho. RADICACIÓN Vista la demanda que promueve Mario Rodríguez Silva, regístrese bajo el número 384/2018-III-A. DESECHAMIENTO Del análisis de la demanda se advierte que el acto reclamado consiste en: El auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 3/2018, por el cual el Juez Tercero de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, ordenó la exclusión de Mario Rodríguez Silva del domicilio conyugal y el reingreso de Fany Jante Ballesteros Valle, así como la entrega de los bienes personales de ésta, la suspensión de visitas familiares con sus menores hijos y prohibición de presentarse al colegio de éstos, así como la prohibición de enajenar un vehículo y vender o hipotecar la casa que fue hogar conyugal. Atento a lo anterior, en la especie se considera actualizada la causal de improcedencia, establecida en los artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." A fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo" Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, este Juzgador advierte que el quejoso se duele del auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 3/2018 del índice del Juez Tercero de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, por el que se ordenó su exclusión del domicilio conyugal, así como la suspensión de visitas familiares y prohibición de presentarse al colegio por sus menores hijos, enajenar un vehículo y vender o hipotecar la casa que fue hogar conyugal. Sin embrago, en su escrito de demanda manifestó que promovió recurso de revocación contra dicho auto, el cual aduce está pendiente por resolver. Así, se advierte que la parte quejosa podía obtener la modificación del auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante el recurso de revocación, el cual resulta ser el idóneo conforme al ordinal 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Dicho precepto jurídico dispone: "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." En efecto, del análisis sistemático del precepto legal transcrito se advierte que está previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, los casos en que procede el recurso de revocación; por tanto, el auto combatido puede ser revocado por el juez de origen, debiendo dictar uno nuevo en su lugar. De ahí que, la parte quejosa al promover el recurso de revocación, se encuentra en aptitud de obtener una determinación distinta a la actual, por lo que la resolución de dicho recurso puede beneficiar al impetrante. Y, de no ser así, será entonces la resolución que recaiga a dicho medio de defensa, contra la que puede hacer valer el juicio de amparo indirecto. Por tanto, atento a lo dispuesto por los artículos 61 fracción XVIII, 62, en relación con los artículos 112, 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Mario Rodríguez Silva, por propio derecho, en virtud de ser notoriamente improcedente.

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